El actual esquema de reorganización económica impulsado por la administración nacional expone una matriz que trasciende la mera transferencia de activos públicos al sector privado. El análisis de los expedientes administrativos y las decisiones de política pública revelan que los procesos de privatización y reestructuración en marcha funcionan como un canal de intermediación financiera para firmas de reciente creación, sellos extranjeros y consultores vinculados al poder. Lejos de atraer inversiones productivas directas de manera transparente, se consolida el desmantelamiento de los organismos de ciencia, investigación, extensión y desarrollo (I+D) y la paralización u oferta al mercado de empresas públicas estratégicas para cederlas al negocio del corretaje financiero.

 

Los casos testigo: La entrega de la soberanía energética, minera y de saneamiento

La documentación oficial y las medidas regulatorias exponen la mecánica de desguace y triangulación financiera a través de casos concretos en sectores clave del entramado estatal:

 

1. El Complejo Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y la Central de 240 MW

La intermediación corporativa: La propuesta formalizada bajo el expediente EX-2025-141628464-APN-DGDA#MEC por la firma Energy Commodities Group LLC —radicada en el estado de Florida, EE.UU.— pretende el gerenciamiento integral del complejo por 50 años bajo un régimen de Participación Público-Privada (PPP).

Cesión de control y "operadores de papel": El contrato diseñado prohíbe taxativamente al Estado ejercer cualquier instrucción operativa o comercial, a pesar de retener formalmente el 51% de las acciones. La firma carece de infraestructura minera global propia y actúa como un "operador de papel" diseñado para subcontratar la ejecución técnica y quedarse con comisiones de intermediación en la comercialización exclusiva del carbón hacia mercados regionales.

Fideicomisos especulativos: En paralelo, consorcios extranjeros como Holocorp Group Co. (Maryland, EE.UU.) y Gialimont S.A. (Uruguay) se han presentado mediante cartas de intención directa para la puesta en marcha del Módulo I de la Central Termoeléctrica. El esquema propuesto busca estructurar un Fideicomiso de Inversión abierto a co-inversores, exigiendo garantías respaldadas en las propias reservas de carbón del Estado, lo que expone al patrimonio nacional al riesgo de embargo.

 

Los intermediarios: CEOs, antecedentes societarios y nivel de confiabilidad

a. Alexis Romero (Director Latam de Energy Commodities Group LLC)

Identificación y CUIL: No registra CUIL de empleo de carrera en las bases operativas de la minería local; opera bajo representación corporativa internacional.

Antigüedad y creación de la firma: Formada en el estado de Florida, EE.UU. (Headquarters: 6930 NW 12th St. Miami FL, 33126). Aunque alegan operaciones aisladas de comercialización en 2019 y 2025, carecen de infraestructura minera propia a nivel global.

Nivel de confiabilidad: BAJA. El contrato redactado por la firma exige un blindaje absoluto por 50 años, donde el Estado retiene el 51% accionario pero tiene prohibido emitir instrucciones operativas o comerciales. Es una propuesta diseñada para un "operador de papel" que subcontratará la verdadera ejecución técnica.

 

b. Francisco José Dedomenici (Administrador Titular de Spica Capital S.A.S.)

Identificación y CUIT corporativo: CUIT 30-71875652-5.

Antigüedad y creación de la firma: Constituida recientemente bajo la modalidad de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las S.A.S. se caracterizan por su veloz creación, bajo capital mínimo requerido y laxitud en el registro público de sus verdaderos accionistas inversores.

Nivel de confiabilidad: NULA (Como operador técnico) / MEDIA (Como consultor de corretaje). La misma nota firmada por Dedomenici aclara que la información crítica es requerida para "completar el modelo técnico-económico" y convocar a terceros interesados. Admite textualmente que actúa como un eslabón intermedio en la cadena financiera.

 

c. Raúl S. Salguero (Director General de Holocorp Group Co.)

Identificación corporativa: Registro estadounidense Stodernummer 254070116 / HRB 30333 (Rockville, Maryland, EE.UU.). Sin CUIT local de actividad comercial directa.

Antigüedad y creación de la firma: Empresa extranjera con nula trayectoria previa en la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de la República Argentina.

Nivel de confiabilidad: BAJA. Presenta una propuesta conjunta para la Central Termoeléctrica aclarando que la iniciativa podrá ejecutarse mediante un fideicomiso donde "podrán incorporarse otras personas humanas o jurídicas en carácter de inversores". Esto confirma su rol de cazador de capitales externos antes que de inversor directo.

 

d. Gonzalo Brusa Dovat (Socio Director de Gialimont S.A.)

Identificación y RUT: Registro corporativo RUT 217071260010, con domicilio legal en Santander N° 6, Colonia del Sacramento, República Oriental del Uruguay.

Antigüedad y creación de la firma: Firma constituida en el exterior bajo el régimen de sociedades anónimas uruguayas, habitualmente utilizadas por su flexibilidad impositiva para la triangulación financiera de servicios internacionales.

Nivel de confiabilidad: BAJA. La propuesta busca abrir una instancia de "reconocimiento y recupero de inversiones" respaldada en garantías de generación eléctrica o reservas de carbón. Esto expone al Estado Nacional a la pérdida o embargo de sus recursos estratégicos si el fideicomiso incurre en cesación de pagos.

 

2. La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y la reconversión de fertilizantes

El desmantelamiento del sector nuclear: A través del expediente EX-2026-53105041-APN-GACOYA#CNEA, la firma Spica Capital S.A.S. impulsa un proceso de due diligence para evaluar la reconversión de la PIAP —ubicada en Arroyito, Neuquén— en una planta de fertilizantes nitrogenados. Esta medida implica el desmantelamiento fáctico de la capacidad de producción de agua pesada (D?O) del sistema nuclear argentino.

Intermediarios de ruta crítica: Spica Capital S.A.S. es una sociedad de reciente constitución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la modalidad flexible de S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada), caracterizada por la opacidad en su registro de accionistas. La propia firma reconoce que carece de la capacidad técnica y financiera, solicitando la información crítica de la planta administrada por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) al solo efecto de armar el modelo de negocios y revender los derechos a licenciantes de tecnología y financistas externos.

 

3. MetroGas y AySA: El retorno de las concesiones de servicios públicos sin control

MetroGas y la desregulación tarifaria: La distribuidora de gas más grande del país entra en el radar de privatización integral de sus participaciones estatales remanentes. Bajo un esquema de flexibilización regulatoria, los intermediarios financieros buscan adquirir paquetes accionarios minoritarios y mayoritarios apostando puramente al flujo de caja generado por los tarifazos y la quita de subsidios, eliminando las obligaciones contractuales de inversión en expansión de redes domiciliarias.

AySA (Agua y Saneamientos Argentinos): La empresa de agua y cloacas del AMBA es sometida a un ahogo presupuestario sistemático para justificar su transferencia al sector privado. El atractivo para los grupos de infraestructura e intermediarios no radica en la mejora del servicio o la extensión de redes a los barrios vulnerables, sino en la dolarización encubierta de la tarifa técnica y la securitización de la recaudación mediante fideicomisos financieros controlados por bancos locales vinculados a funcionarios públicos.

 

4. Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y Dioxitek: La entrega de la cadena de valor atómica

NASA (Centrales Nucleares Atucha I, II y Embalse): La declaración de sujeta a privatización (ya sea parcial o total mediante esquemas de concesión o venta de acciones) pone en jaque la soberanía energética del país. Intermediarios internacionales buscan la concesión operativa de activos amortizados por el Estado Nacional que generan energía base constante, estructurando contratos de compra de energía (PPA) de largo plazo con precios garantizados en dólares que indexarán el costo de la electricidad para toda la industria y los hogares argentinos.

Dioxitek S.A.: Es una pieza crítica y estratégica de la cadena nuclear dedicada a la producción de dióxido de uranio (combustible para las centrales) y de fuentes de Cobalto-60 para medicina e industria. Su privatización significa transferir a manos privadas —posiblemente a intermediarios comerciales de uranio extranjero— el monopolio del insumo sin el cual el país no puede encender sus reactores nucleares, destruyendo décadas de desarrollo tecnológico propio y autónomo.

 

El desguace del sistema de ciencia, tecnología y extensión: Los casos de INTI e INTA

El proceso de desmantelamiento estatal no se agota en las empresas energéticas; avanza con idéntica agresividad sobre las instituciones fundamentales de investigación, desarrollo y asistencia al entramado productivo:

INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial)

El instituto es sometido a un proceso de reestructuración forzada que incluye despidos de personal técnico calificado, cierre de centros de investigación regionales y desfinanciamiento de laboratorios de certificación. El objetivo de fondo es desmantelar el poder del Estado para auditar, certificar estándares de calidad y dar asistencia tecnológica a la pequeña y mediana empresa (PyME) nacional. Esto despeja el terreno para que consultoras privadas nacionales y extranjeras —manejadas por intermediarios del sector— monopolicen el negocio de las certificaciones técnicas y regulatorias de importación y exportación.

INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)

La política oficial avanza hacia el recorte de sus agencias de extensión rural, el congelamiento de proyectos de investigación biotecnológica y la presión para la venta de tierras e instalaciones experimentales de alto valor inmobiliario y agrícola. Al ahogar el desarrollo estatal de semillas, fitosanitarios y tecnologías de manejo ambiental, se busca que el conocimiento y los patentes pasen a ser controlados exclusivamente por corporaciones multinacionales del agro, eliminando la asistencia gratuita al pequeño y mediano productor agropecuario para transformarla en un servicio privado arancelado por agrónomos de consultoras intermediarias.

 

La respuesta de un Gobierno Nacional y Desarrollista: Soberanía productiva 100% Estatal

Frente a la entrega patrimonial y el negocio de la intermediación de las firmas "sello", un gobierno de pensamiento nacional, soberano y desarrollista debe aplicar un criterio de defensa del interés público y de reactivación industrial bajo control absoluto del Estado. Este enfoque integral debe estructurarse bajo los siguientes ejes rectores:

 

1. Plan Federal de Soberanía Energética y Saneamiento Público

Integración de YCRT y la Central Termoeléctrica: Rechazar las propuestas de intermediarios financieros de papel y utilizar los flujos del Mercado Eléctrico Mayorista para finalizar de manera 100% pública el complejo, inyectando energía base al SADI desde la Patagonia.

Recuperación de MetroGas y blindaje de AySA: Sostener el saneamiento y la distribución de gas y agua bajo gestión pública eficiente. Las tarifas deben fijarse con base en los costos reales de producción y mantenimiento local (pesificados), orientando la ganancia de la empresa hacia la inversión obligatoria en infraestructura y la universalización de los servicios básicos como un derecho humano y no como un activo financiero de especulación bursátil.

 

2. Consolidación de la Autonomía Tecnológica y del Ciclo Nuclear Completo

Defensa de NASA, Dioxitek y la PIAP: Detener cualquier intento de descalce accionario o privatización parcial. El ciclo de combustible nuclear (desde el mineral de uranio hasta la producción de dióxido en Dioxitek, la fabricación de elementos combustibles y la operación de las centrales por NASA) debe permanecer integrado bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Operación de la PIAP al servicio del plan atómico y la exportacion: Sostener la planta de Arroyito bajo la órbita de ENSI y la CNEA para la producción prioritaria de agua pesada (D?O), asegurando el insumo de los reactores nacionales actuales y futuros y la exportación para la industria nuclear , electrónica y medicinal. La diversificación petroquímica hacia fertilizantes nitrogenados debe ser encarada por el Estado y privados  como una unidad de negocio complementaria utilizando el gas excedente de Vaca Muerta, abaratando los costos de los productores nacionales y garantizando la soberanía alimentaria.

 

3. Fortalecimiento del INTI y el INTA como Pilares del Desarrollo Productivo

Soberanía Tecnológica Industrial y Agropecuaria: Reincorporar a los cuadros científicos desplazados y dotar presupuestariamente al INTI y al INTA. El Estado debe liderar la investigación científica aplicada, la transferencia de tecnología hacia las PyMEs y la extensión rural independiente. El desarrollo autónomo de biotecnología agropecuaria y la validación técnica de los procesos industriales locales son barreras estratégicas irremplazables para evitar la subordinación económica del aparato productivo nacional a los intereses de las patentes y corporaciones transnacionales.

 

4. Control de Gestión Operativa y Transparencia

Auditorías e inventarios del Estado: Todo proceso de reestructuración orgánica debe estar supeditado a auditorías e inventarios técnicos previos e independientes realizados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN). No se pueden convalidar los diagnósticos ni los modelos técnico-económicos diseñados por los propios oferentes privados y consultores intermediarios interesados en la adquisición de los activos.

Gobernanza con Control Técnico y Obrero: Fortalecer la participación vinculante de los trabajadores profesionales, científicos y cuadros técnicos locales en los directorios corporativos de las empresas estatales (Acciones Clase C), blindando el conocimiento estratégico acumulado frente a las decisiones políticas de desguace financiero de coyuntura.

 

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 Fuentes documentales del artículo

Expediente CNEA: EX-2026-53105041-APN-GACOYA#CNEA – Solicitud formal de información — Evaluación técnica, económica y legal para la reconversión productiva de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), Arroyito, Provincia del Neuquén (Spica Capital S.A.S., 6 de agosto de 2026).

Expediente Ministerio de Economía: EX-2025-141628464-APN-DGDA#MEC (Carátula PV-2025-141628478-APN-DGDA#MEC) – Presentación de Iniciativa de Participación Público-Privada (PPP) - Complejo Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) (Energy Commodities Group LLC, 22 de diciembre de 2025).

Contrato de Concesión PPP YCRT: Estructura de Clases de Acciones, Blindaje Contractual, Plan de Inversiones CAPEX e Interpretación Pro-Inversor (Capítulos Preliminares al IX, Anexos I y II).

Mesa de Entradas YCRT Buenos Aires: Acta de Recepción Administrativa (Fecha: 28 de enero de 2026, Hora: 10:15) – Carta Intención y Solicitud de Declaración de Interés Público para la puesta en marcha progresiva de la Central Termoeléctrica Río Turbio (CTRT-240 MW) (Consorcio Holocorp Group Co. - Gialimont S.A.).

Informes de Auditoría de Gestión SGE y Decretos de Reorganización de Empresas Públicas (2024-2026): Normativa general del Poder Ejecutivo sobre reestructuración de AySA, MetroGas, NASA, Dioxitek y decretos de modificación de las estructuras orgánicas descentralizadas del INTI y el INTA.