El pasado 6 de noviembre la Asociación del Personal Aeronautico (APA) convocó a una asamblea informativa de trabajadores para tratar el tema de un despido en la empresa estatal Intercargo que se ocupa del servicio de embarque y desembarque de pasajeros, carga y descarga de equipajes, limpieza y remolque de aeronaves. Las asambleas convocadas en pleno ejercicio de un derecho constitucional por la entidad sindical, provocaron demoras en los servicios particularmente en el Aeroparque Metropolitano. 

Frente a esta situación, el gobierno en lugar de intentar encauzar el conflicto mediante una mesa de diálogo, acusó a los trabajadores de secuestrar a más de 2000 personas de 10 aviones que esperaban el servicio, un verdadero dislate propio del estilo libertario que en términos jurídicos no tiene ni pies ni cabeza. No contento con eso, el día jueves la empresa despidió a 15 empleados más. 

La representación sindical contestó las provocaciones del gobierno mediante un comunicado expresando que: “la acusación de que cientos de pasajeros, incluidos nin?os, embarazadas, ancianos y personas con capacidades reducidas, no pudieron descender de los aviones por casi tres horas, poniendo en riesgo su salud, es una manipulación de la realidad. La asamblea se llevó? a cabo de manera pacífica y siguiendo todos los protocolos necesarios para asegurar la seguridad de todos los involucrados, desde la colocación de las escaleras y mangas en las aeronaves hasta la coordinación del descenso de los pasajeros que fueron trasladados fuera del hall de Aeroparque.”

Desregular como eufemismo de privatizar

El recrudecimiento del conflicto por parte del gobierno tiene como horizonte privatizar una empresa que en 2023 dio superávit financiero por $1245 millones y, en el primer semestre del 2024, incrementó esa suma en unos $9636 millones, un botín bastante tentador para quien se haga con la empresa que actualmente cuenta con una plantilla de 1580 trabajadores.

Con el eufemismo de desregular para que entren nuevos “jugadores” al mercado y acusando a Intercargo de monopolio, cuestión que no es cierta porque empresas como Aerolíneas Argentinas, Flybondi y American Airlines ya utilizan su propio servicio, el ministro Struzenegger busca vaciar la empresa para dejar el negocio en manos de alguno de sus amigos del mercado.

Así lo denunció A.P.A en un comunicado: “Esto es una operación mediática para quedarse con Intercargo, una empresa que no necesita el respaldo del Estado ya que es superavitaria, fue premiada internacionalmente por British Airways en la calidad del servicio, factura en dólares y esta? siendo llevada al vaciamiento y destrucción para entregarla a los amigos.”

La compañía fue declarada en la Ley Bases como “sujeta a privatización”. Si bien aún no hubo acciones concretas en ese sentido, Franco Mogetta, secretario de Transporte, indicó en declaraciones a medios nacionales que la compañía está “en proceso de privatización". “Es una de las empresas que ha quedado en el listado y en cuanto sea posible de acuerdo a las propuestas que tengamos lo vamos a llevar a cabo”, agregó.

El nuevo Plan CONINTES  

En medio del conflicto, el ministerio que comanda Patricia Bullrich, emitió una resolución mediante la que autorizó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria a hacerse cargo de la operación de Intercargo durante los periodos de medidas de fuerza. Una directiva recuerda aquella que emitiera el presidente Arturo Frondizi durante la vigencia del denominado Plan de Conmoción interna del Estado que obligó en ese entonces, durante un conflicto ferroviario, a personal de las fuerzas armadas a manejar formaciones sin la capacitación adecuada. El cuento terminó con decenas de locomotoras fundidas por mal uso. 

Sobre esta decisión del gobierno también se expresó la Asociación del Personal Aeronáutico haciendo responsable a la ministra de seguridad Patricia Bullrich y acusando a la actitud prepotente y provocadora, dejando en claro que ningún trabajador de la empresa se verá obligado a atender un vuelo con personal policial al lado.