Arrancó oficialmente el RIGI que el gobierno pudo aprobar en la Ley de Bases y, si bien aseguraba que esto iba a traer grandes inversiones a nuestro país, solamente tres proyectos entraron a jugar. Fue Luis Caputo quien anuncio que estos tendrán una inversión total de USD 1.500 millones en sectores como minería y energías renovables, en tres provincias.

En Salta, la empresa surcoreana Posco desembolsará USD 1000 millones. Se trata del quinto holding empresarial más grande de Corea del sur y una de las cuatro firmas siderúrgicas más importantes del mundo. Aún desde el Ministerio de Hacienda no proporcionaron la información sobre los detalles de dicho proyecto, pero la semana pasada el gobernador de la provincia, Gustaron Sáenz, estuvo con autoridades de la firma en la inauguración de la primera planta comercial de producción de hidróxido de litio del país. Según las autoridades de Salta, la planta cuenta con la “capacidad para producir 25.000 toneladas de hidróxido de litio al año.”

En Catamarca, la minera Galán Lithium busca ampliar el desarrollo minero Hombre Muerto Oeste. Este proyecto, denominado HMW, se encuentra en la cuenca Hombre Muerto y es una de las más prolíficas del mundo. Se calcula que cuenta con una capacidad de producción de 12.000 toneladas de carbonato de litio equivalente. La inversión ronda los USD 200 millones, el monto mínimo que deben garantizar las empresas para poder ingresar al RIGI.

En Mendoza, más específicamente en un parque de Las Heras, YPF Luz construirá la primera etapa del parque solar El Quemado. Esta firma, es dueña del 75,1 por ciento de las acciones de nuestra empresa petrolera y adquirió el terreno en junio de 2023.

Primeramente, se instalarán 330 mil paneles bifaciales de alta generación en 350 hectáreas y, con la segunda, se alcanzará una capacidad de 305 megavatios. ¿La inversión? También, bastante cerca del monto mínimo, USD 220 millones.

Las autoridades explicaron que una vez que el proyecto adhiere al RIGI, comienzan Los procesos administrativos para analizar a las empresas y sus intenciones. Esta tarea se encuentra dividida entre los Ministerios de Economía, Producción e Infraestructura. También explicaron que hay varios proyectos que están a la espera de que se terminen las evaluaciones y que, en poco tiempo, también verán la luz.

Lo llamativo es que los primeros tres se realizan en provincias en las que sus oficializamos le aportan al gobierno de Javier Milei una cuota de confianza y votos en el congreso de la Nación para aprobar las leyes que pide el ejecutivo.

Si bien el artículo 163 del RIGI parece limitar el accionar de los gobiernos provinciales sobre estos proyectos, es interesante pensar como sus autoridades permiten que se exploten sus recursos naturales (y por extensión, de todos los argentinos). Tampoco queda claro si las provincias podrán hacerse del total del dinero que entre por la explotación de estos recursos naturales, con el crecimiento de los índices de pobreza, la falta de obra pública y sin recibir la coparticipación del poder ejecutivo.

Cuando las grandes empresas aportan dinero lo llamamos inversión, pero si el gobierno debe realizar pagos que garanticen la salud, la educación y una mejor calidad de vida a sus ciudadanos lo llaman “gasto”. En la Argentina de Javier Milei, vivimos bajo las reglas que nos cantaba el gran Atahualpa Yupanqui “Las penas y las vaquitas. Se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas. Se van por la misma senda. Las penas son de nosotros. Las vaquitas son ajenas.”