Decimos mayoritario pero no total, dado que siguiendo el ejemplo de los jubilados y pensionados, violentamente reprimidos ante el Congreso de la Nación por manifestar contra el veto presidencial y exigir que los legisladores insistan con el paliativo que significa la ley de movilidad previsional aprobada, que garantiza que si los salarios le ganan a la inflación (que es el índice de ajuste actual), se realice una actualización adicional en marzo de cada año de acuerdo al índice de salarios Ripte que publica la Secretaría de Trabajo de la Nación. Asimismo, la ley agrega que la jubilación mínima no podrá ser inferior a 1,09 de la Canasta Básica Total, cuando actualmente es el 74% de la CBT[1].

Por lo que es auspicioso que parte de la CGT (que conforman el Frente Sindical y la Corriente Federal), las dos CTA y la UTEP fijen posición y planteen la movilización para el miércoles 11 de septiembre 2024 al Congreso de la Nación, en “rechazo” de la política económica del presidente Javier Milei, contra el veto al aumento de las jubilaciones y pensiones, y que la Cámara de Diputados se digne a tratar la anulación del DNU 70/23

La medida de fuerza fue anunciada a través de una conferencia de prensa conjunta realizada en la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Allí estuvieron presentes los jefes sindicales Hugo “Cachorro” Godoy, de la CTA Autónoma; Hugo Yasky, CTA de los Trabajadores; Pablo Moyano, cosecretario general de la CGT en representación del Frente Sindical, y Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria quien, junto al Gráfico, Héctor "Gringo” Amichetti, lidera la Corriente Federal.

Son los mismos dirigentes y sectores que propician el “Foro Economía y Trabajo” que plantea medidas concretas para recomponer el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones y pensiones, de lucha contra la pobreza, un programa de industrialización federal, un plan de obras públicas y de construcción de viviendas que cree empleo alentando el desarrollo económico y social con justa redistribución del ingreso, y esencialmente propicia la investigación de la deuda bruta nacional que pasó de 222.703 millones de dólares en diciembre de 2015 a 452.071 millones de dólares al 31 de julio de 2024, y en ese lapso que más que se duplicó la deuda, cae la Inversion Interna Bruta Fija, cae el PIB y aumenta la pobreza y la indigencia.

Un programa de gobierno que siempre que se aplicó en la Argentina fue exitoso, se crecía y aumentaba la participación de los trabajadores, jubilados y pensionados en el PBI, lo demostró el peronismo de junio de 1943 a septiembre de 1955, el radicalismo del 12 de octubre de 1963 al 28 de junio de 1966,  el Plan Trienal desde mayo de 1973 hasta septiembre de 1974,  y el kirchnerismo desde mayo de 2003 a diciembre de 2015.

La verdad es evidente y como es evidente, la mentira del liberalismo que llama adaptarse al mundo moderno y a la competencia internacional desprotegiendo nuestra producción y entregando nuestro mercado interno (cosa que no hace ningún país desarrollado), por lo que beneficia a una ínfima minoría asociada al capital extranjero.

Cómo nos explicamos que la Argentina en 1974 era el país más integrado (donde menos diferencia había entre los ricos y los pobres) de todo el continente americano, donde la pobreza no alcazaba al 6% de la población, crecía el PIB (ese año los hizo en un 6,1%), crecían las exportaciones y, en ella, la mayor tasa de incremento era las ventas al exterior de productos industriales. Cuando ahora, por ejemplo, en el primer semestre del 2024 la pobreza alcanzó al 52 por ciento de la población y la indigencia al 17,9 por ciento, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). Estas cifras representan un aumento significativo frente al 41,7 por ciento y 11,9 por ciento registrados por el Indec en 2023.

Paralelamente, el INDEC estima que los residentes argentinos tienen capitales fugados (riqueza generada en el país) por 448.184 millones de dólares[2], el “blanqueo” propuesto por Milei no los seduce, al 5 de septiembre 2024 ingresaron 133 millones de dólares, incluso no seduce a los funcionarios de este gobierno que declaran en promedio, poseer el 90% de su capital en el exterior, pero ninguno sirve de referencia.

El modelo de defensa del mercado interno, de la producción nacional, de industrialización y de sustitución de importaciones, creaba empleo, creaba riqueza y distribuía mejor el ingreso. El modelo extractivista y financiero en función del mercado externo, concentra ingreso, genera pobreza y propicia el endeudamiento y la fuga de capitales.

¿Cuál es el problema?

Si todo lo que afirmamos es cierto y verificable, porque se insiste con un modelo que ha fracasado tantas veces, desde el Plan Prebisch; al que hay que “pasar el invierno” de Alsogaray; “tenemos que terminar con esto, para empezar de nuevo” de Krieger Vasena; hasta la de “Achicar al estado es agrandar la Nación” de Martínez de Hoz; o la de Roberto Dromi readaptada por Javier Milei, “Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar” y finalmente la de Federico Sturzenegger: “van a poder diseñar el sistema de despidos que quieran.”

Y al modelo imperante lo imponen fuertes intereses que pretenden seguir expoliando al país para que sea un mero proveedor de energía, materias primas y alimentos, como asevera Marc Stanley “La Argentina tiene lo que el mundo necesita”.

El enemigo no se lo ve nítidamente, pero es el gran capital financiero con sede central en Manhattan, quien impone el modelo extractivista amparado en una deuda creciente e imposible de pagar con los recursos corrientes que, a su vez, los tiene a ellos, al capital financiero con base en Manhattan, como sus principales acreedores.

En un marco en que la financiarización equivale a la captura del Estado por parte de los grandes fondos de cobertura (o de inversión como les gusta llamarse), que se fortalecen al apropiarse de cada vez mayor parte de la producción y del ingreso y con ello, empujan a la población a la pobreza, pero también cercenando el nivel de vida de los sectores medios, y lo hacen con un Estado que se limita principalmente al rol represivo, delegando al capital financiero la planificación, qué se produce, cómo y para quién.

La crisis financiera de 2008 hizo que, principalmente en los EEUU, se duplicara la base monetaria (la cantidad de dólares emitidos y puesto en circulación por la Reserva Federal), de esa manera se trató de licuar y refinanciar los créditos impagos. Paralelamente se fortaleció a las empresas y con ello se recuperó el valor accionario de las mismas. En esa tarea las desprestigiadas instituciones financiera como los bancos y mutuales de créditos fueron reemplazadas mayoritariamente por las sociedades de gestión de activos (fondos de cobertura, principalmente el capital financiero con base en Manhattan), quienes fueron comprando esas acciones y títulos del Tesoro, en forma sistemática y acumulativa. Esto les confirió a sus administradores el poder de influir sobre las empresas y los Estados.

El control de la producción se reorganiza en torno a la posesión de capital financiero más que en torno a la propiedad directa de capital fijo, como maquinaria y fábricas. La acumulación del capital no es el resultado del número de empresas, sino de la movilidad del capital, con lo que se genera una mayor internacionalización, unos proveen alimentos y materias primas, otros recursos estratégicos, otros lo industrializan y el capital financiero dirige y coordina todo el sistema.

Y allí en ese esquema entra la Argentina y los países con recursos naturales valiosos y abundantes como el petróleo, gas, uranio enriquecido, litio, minerales raros, oro, plata, cobre, hierro, etc. De manera tal que relega en este lugar del mundo, a un segundo término la producción de alimentos, donde de por sí y desde hace muchos años y en forma creciente en nuestro país, también depende del capital financiero, como es el caso de los pools de siembra que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Igual puede extenderse la financiación y/o participación directa del capital financiero en los grandes acopiadores y comercializadores de granos que operan en la Argentina como Viterra, Cargill, Louis Dreyfus, ADM (Archer Daniels Midland), etc.

Es más, en la Cámara de Comercio EEUU-Argentina, AmCham, en las 622 empresas asociadas, en todas tiene participación y/o la financia el capital financiero liderado por BlackRock, Vanguard Group, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Gramercy, Greylock, etc.

Y es esa la razón de nuestro sistema bimonetario, donde se emplea la moneda local (el peso) como moneda de cambio y, la moneda extranjera (el dólar) como moneda de ahorro, porque los grandes formadores de precios internacionalizan los mismos y con ello plantean sus utilidades medidas en moneda dura[3].

Y del lado de la internacionalización de los precios, las grandes empresas igualan el valor que obtienen en el exterior con el que venden al mercado argentino.  Que en la actualidad incluso en la Argentina es mayor, por un pésimo manejo de los precios relativos de la administración de Caputo y Bausili, que no previeron el fuerte aumento de los importes de las grandes empresas formadoras de los mismos, y que tarde pretendieron en marzo 2024 (cuando devaluaron el peso en más de un 100% el 12 de diciembre de 2023) con patéticas rondas con los acopiadores y comercializadores de granos, más tarde con las empresas que controlan el mercado interno de lácteos, carnes, harina, aceite, productos de limpieza, farmacéuticos, etc., y por último la tercera ronda, con los grandes supermercado mayoristas y minoristas y en todos los casos, la respuesta era echarle la culpa a otros.

En síntesis

La deuda bruta es el acicate, el motivo de toda la formulación que hacen con la ley 27.742 denominada “Ley base y punto de partida…” que contiene el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) que es un Estado dentro del Estado Nacional, con sus propias reglas, sus propias normas, con prioridad de abastecerse del agua o de cualquier otro insumo, sin obligación de proveer al mercado local, desde el quinto año no están obligados a vender los dólares de sus exportaciones en el país, en caso de controversia judicial pueden recurrir a fueros internacionales, y la autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía de la Nación (Luis Caputo).

Deuda que jamás se investigó y es a su vez, la causa del silencio cómplice de los que cobardemente la aceptan hipotecando el presente y el futuro del pueblo argentino.

Es más, ese cobarde silencio es el que permite, por ejemplo, que el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, se comprometa con el capital financiero de Manhattan que no está en la Argentina, y un mes más tarde con el Consejo Empresarial (The BusinessCouncil[4]) en Whasington, que no va a haber salto devaluatorio y que la unificación del tipo de cambio se genere a través de una convergencia a la baja de los dólares paralelos. Para ello, es imprescindible una remonetización consistente en la “movilización de los dólares que los argentinos tienen en el colchón”.

O sea, planifican ahogar a los sectores medios para que vendan sus dólares ahorrados y con ellos pagar parte de los fuertes vencimientos de intereses y capital de deuda, ante el fracaso evidente del “blanqueo” de capitales y el poco resultado que tienen en presionar al “campo” para que liquiden sus exportaciones.

Así, arrastrándose, esperan llegar al 20 de enero de 2025 en que asume un nuevo Presidente de los EEUU y que, con los buenos oficios de los principales acreedores de la Argentina (el FMI y el capital financiero con sede en Manhattan) financien los vencimientos para amortizarlos con los recursos naturales de nuestro país, que no le pertenece a este gobierno, ni a esta generación, sino principalmente a las generaciones venideras.