La placa de Nazca es un bloque tectónico oceánico ubicado en el Pacífico oriental, cuyo margen colisiona con el borde del subcontinente sudamericano y se hunde bajo él mediante subducción, siendo la causa principal de la actividad sísmica debido al roce constante entre las estructuras.

De similar manera funciona el capital financiero en la estructura económica de un país, opera por debajo de la misma generando riqueza para una minoría y perjudicando a la mayor parte de la población por la deuda y sus intereses.

Es más, toda la lógica financiera va en desmedro de la lógica económica de producir más bienes y servicios y mejorar su distribución generando empleos y mejorando el nivel de vida de la población, dado que su objetivo no es alimentar, cuidar, educar, hacer obras de infraestructura con el objetivo de la “felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”, sino el de generar renta sin importar si es por intereses, por si se producen armas o soja, si se extrae minerales de todo tipo para abastecer las cadenas de suministro de insumos y tecnología relacionada con la IA (inteligencia artificial) para los Estados Unidos, si se blanquean fondos ilícitos, etc.

En el acuerdo que firmó con ese país Javier Milei, sin pasar por el Congreso de la Nación, el 26 de junio de 2026, denominado “Pax Silica” dice: “Los firmantes se comprometen también a profundizar la cooperación en I+D para ampliar la infraestructura energética, fortalecer la producción de minerales críticos y acelerar el desarrollo de semiconductores confiables, además de movilizar al sector privado e impulsar nuevos centros de datos y modelos de IA, tanto abiertos como cerrados”.

Es más, con la sumisión del “cipayo”, el ministro Luis Caputo coordinador de este nuevo avance del capital financiero de Manhattan sobre nuestro país, define que sectores deben desarrollarse y que son funcionales a la renta financiera y a la red de suministros de “Pax Silica”, y critica severamente la industrialización argentina, sin contemplar que todos los países crecen sustituyendo importaciones, como lo trata de hacer Donald Trump en los EEUU.

Con su soberbia de “mesa dinerista” no sabe que el desarrollo económico es un proceso de creciente productividad que se realiza fundamentalmente dentro de las industrias, principalmente a través de la transferencia de mano de obra desde las industrias con bajo valor agregado hacia industrias con gran valor agregado —industrias que emplean tecnología de avanzada y pagan altos salarios promedio–.El desarrollo económico exige que un país que adquiere capacidad tecnológica sea capaz de transferir su mano de obra hacia industrias con mayor valor agregado per cápita. No tiene sentido que un país esté limitado estructuralmente respecto de las industrias en que puede especializarse porque su tipo de cambio está sobrevaluado, sino, por ejemplo, Japón o Corea del Sur no hubieran desarrollado su extraordinaria capacidad industrial.

Con el mismo fin los países de fuerte planificación estatal como son los casos de la República Popular China y de Vietnam, por ejemplo, ellos han sabido combinar los objetivos planteados por el Estado con el mercado y las empresas privadas, pero el plan económico, el capital financiero y la tierra los administra el Estado.

Pueden ceder la tierra en cooperativas, en colectivos rurales, en asociaciones de distinto tipo, pero la propiedad de la tierra es del Estado.  Y con el capital financiero, lo regula severamente su Banco Central. Para China es el Banco Popular de China, para Vietnam es el Banco Estatal de Vietnam, y funciona con centralización de los depósitos y orientación del crédito. Ambos países permiten la operación de bancos extranjeros y cuenta con instituciones privadas con capital internacional. Existen sucursales de bancos extranjeros autorizados, así como límites de propiedad foránea en bancos comerciales locales que ambos gobiernos han incrementado hasta el 49 % en entidades privadas específica, pero su política debe ser complementaria a los objetivos fijados de los bancos centrales

El economista chileno Carlos Matus Romo, Presidente del Banco Central en el hermano país en el gobierno de Salvador Allende, afirma: “El mercado es de vista corta, no resuelve bien los problemas de mediano y largo plazo; es ciego al costo ecológico de los procesos económicos; es sordo a las necesidades de los individuos y sólo reconoce las demandas respaldadas con dinero; el hambre sin ingresos no vale; es deficiente para dar cuenta de las llamadas economías externas, es decir cuando hay costos o beneficios indirectos; es incapaz de lograr el equilibrio macroeconómico; opera torpemente cuando en el sistema dominan los monopolios, se cierra la entrada a nuevos competidores y las economías de escala son discontinuas; no puede lidiar contra la falta de patriotismo, la corrupción y la deshonestidad; distribuye mal el ingreso nacional y hace más ricos a los ricos a costa de los pobres, etc.”[1]

Haber desregulado la tasa de interés mediante el DNU 70/23 no bien llegaron al gobierno para favorecer el carry trade (después de la devaluación del 100% del 12 de diciembre de 2023) cobrando tasas positivas por encima de la inflación, que el IPC del INDEC dice que en el año 2024 fue del 117,8%. Y el precio del dólar (en sus distintas variantes) se incrementó en todo ese año en torno al 25%

Qué decir de lo que va del año 2026 que el dólar oficial se incrementó en 7 meses y 12 días solo $25 (1,6% acumulado punta contra punta) y las tasas de interés ajustadas por IPC más un plus o TAMAR[2] superaron en ese lapso el 18%, generando una renta en dólares de más del 16%.

Obviamente el problema es mucho mayor para los pequeños y medianos tomadores de créditos que deben pagar tasas por sus descubiertos en cuenta corriente en pesos del 100% nominal anual. Tasas que deflacionadas implican para el deudor costas equivalente en dólares del 40% anual. No hay ningún negocio lícito que puede pagar esa tasa confiscatoria del capital.

Según informa el BCRA, en mayo 2026 del total de los clientes de las 77 entidades autorizadas a funcionar como prestamistas, la morosidad de las empresas se ubicó en 3,6% del crédito, pero la de los hogares alcanzó el 12,7% del crédito ($ 6,8 billones), afectando a unas 5.300.000 personas.

A la que se le debe sumar los Fintech como MercadoPago, la billetera digital y plataforma de servicios financieros de MercadoLibre. Ualá, Technysis, Tarjeta Naranja, Nubi y Ripio, etc.  Cooperativas y mutuales, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. En total, el universo analizado comprende 19,8 millones de personas con algún tipo de financiamiento vigente.  De ellos la irregularidad del total de los créditos personales al mes de mayo 2026 alcanza a 8,1 millones de personas, quienes mantienen al menos una deuda impaga.

Deuda que es impagable cuando si se tiene ingresos crece nominalmente al año un 33 -35%, y los intereses al 100%, y cuando mes a mes se profundiza la depresión del mercado interno, demostrado en datos oficiales que desde noviembre 2023 a junio 2026 se cerraron 28.262 establecimientos, se perdieron 341.396 puestos de trabajo,  la desocupación subió de 5,7% del IV trim2023 a 7,8% al Ier trim2026 (los desocupados aumentaron en unas 900.000 personas), con creación de trabajos precarios y mal pagos ,etc.

El cierre de empresas, el desempleo, la precarización laboral, el descenso del salario real y su pérdida del poder adquisitivo, obliga a las familias a endeudarse para financiar gastos corrientes y sostener su consumo básico

El país oculto

Paralelamente y según “Cohen Aliados Financieros” el total de Obligaciones Negociables[3] colocadas por las grandes corporaciones sean locales o extranjeras, que operan en el país, acumulan deudas desde enero 2024 a junio de 2026 por la suma de 31.200 millones de dólares.

En el año 2024 las emisiones totales de obligaciones negociables se aproximaron a los 8.000 millones de dólares, con 12 compañías operando bajo legislación extranjera por más de 5.500 millones y un alto número de empresas activas en el mercado local.  En el año 2025 y sobre todo tras las elecciones nacionales del 26 de octubre y en los primeros seis meses del año 2026, las ONs sumaron 23.200 millones de dólares más.

En un principio las ONs dollar-linked y las emitidas bajo ley local con liquidación en MEP cumplieron la función de refugio permitiendo dolarizarse sin salir del sistema, con la ventaja adicional de participar en la suscripción a precio de emisión, pero tras las elecciones de octubre 2025 la primacía fue de Ons en dólares y en el mercado externo.

El sector de petróleo, gas y transporte/distribución eléctrica concentró cerca del 60% de las emisiones internacionales desde 2024, configurando una nueva estructura económica del país y de la deuda en divisas.

Habría que ver a su momento de cancelación y ante una segura depreciación cambiaria, que actitud va a tener la Administración Nacional, en que la actual se desentiende del problema de la mora en el mercado interno (que el mismo modelo engendró), pero no dudan en otorgarles seguros de cambio y/o avales estatales a las corporaciones como ha sucedido a lo largo de nuestra historia.

Obviamente para ello necesitan de la opacidad de una administración como la actual en la que el ministro coordinador Luis Caputo, se queda con 4 billones de pesos (equivalente a unos 2.600 millones de dólares) de la licitación de deuda pública del 28 de julio de 2026, recién aclara que lo depositó en el Banco de la Nación Argentina 13 días más tarde, no dice para que, ni tampoco a que tasa de interés, se infiere que es a una tasa menor que la de la licitación (el Estado bobo paga más y percibe menos) y es para dar call money a los bancos amigos con problemas de liquidez.

Administran la plata del Estado como si fuera propia, cobran tasas de interés que no conocemos, pero podemos deducir que es menor que la del mercado, y el Poder Judicial, el Congreso de la Nación (decide el cuerpo, más allá de pedidos de informes que Caputo siempre contestó como quiso), la Auditoria General de la Nación, y los grandes medios de prensa, en clara connivencia ocultan[4].

Hay excepciones, el periodista Hugo Alconada Mon publicó en “La Nación” el 9 de agosto 2026: “Durante dos años y medio, el gobierno de Javier Milei recaudó más de 1,5 billón de pesos en el fideicomiso creado para financiar obras viales, pero sólo aplicó la cuarta parte a ese fin. A fines de mayo pasado mantenía más de $ 1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos”. 

Pero la Justicia nacional no puede obviar la denuncia penal de la diputada nacional Marcela Pagano, de malversación de fondos y administración fraudulenta contra el gobierno de Milei y su ministro coordinador Luis Caputo, al no girar automáticamente a las provincias el fondo de combustible para obras viales, y si de hacerlo y muy parcialmente, a cambio de votos para leyes claves. Según la denuncia, se desviaron 33.786 millones de pesos de impuestos al combustible durante jornadas de votación a las provincias de Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta, y Santa Cruz, de las leyes de “Reforma Laboral” ($17.139 millones del 11al13 de febrero 2026); la Ley de Glaciares ($12.551 millones del al 10 de abril de 2026); Hojarasca y Zonas Frías ($14.096 millones del 1al 21 de mayo 2026), sin contemplar leyes aprobadas en los años 2024 y 2025.

También Caputo y compañía desviaron el 69% del fondo para obras hídricas que surge del impuesto a los combustibles. Desde enero 2024 hasta mayo de 2026, el Gobierno nacional invirtió en obras hídricas 116 mil millones de pesos, pero la recaudación del impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) con asignación específica contra las inundaciones sumó 375.400 millones de pesos. Sólo ejecutó el 31% del total al que lo obliga la ley 26.181 de 2006. En junio de 2026, el fondo fiduciario alimentado por el gravamen que se cobra con cada carga en el surtidor mantenía 290 mil millones de pesos invertidos en Letras del Tesoro de la Nación y 247 millones en plazos fijos. Además, había 49 mil millones de pesos en depósitos a la vista, administrado por el mesa dinerista Luis Caputo.

En síntesis

Eso sí, avanzan a paso redoblado en ceder la participación de YPF SA en Metrogas por 780 millones de dólares al grupo financiero de origen suizo cuyo operador es José Luis Manzano; en tasar y concesionar las cuatro represas del Comahue, y vender la participación del Estado en Trasener SA, por un engendro en el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) cuando existe el Tribunal de Tasación de la Nación. En concesionar por 25 años nuestro Río Paraná. Y como no pudieron mal vender Intercargo SAU la reorganizan y limitan en sus funciones, por ejemplo, deja de operar en las terminales de Río Gallego y de Comodoro Rivadavia. Eso sí, la concesión de Aeropuerto 2000 que vence en el año 2028, el gobierno de Milei pretende extenderla este año, hasta el año 2056.

Paralelamente, el Gobierno buscará utilizar los procesos judiciales “sumarísimos” de “desalojo exprés” contemplados en la sanción del Senado del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, para desplazar a las comunidades originarias de las tierras federales que reclama, de envalentonar a los gobernadores en sus ansias de desalojar pese a que no alcance a la normativa provincial, y de desalojar a los inquilinos incluso antes que exista la sentencia.