La causa principal de la mora crediticia es el esquema perverso de frenar la creación de dinero y la de deprimir el nivel de actividad interna.

La cantidad de dinero en términos de saldos monetarios reales es cada vez menor, dado que el incremento de la Base Monetaria, que es la cantidad de dinero legal en circulación emitido por el banco central de un país, sumado a las reservas (esencialmente el encaje o efectivo mínimo) que los bancos comerciales tienen depositadas en la autoridad monetaria, se ajusta a una tasa muy menor al aumento generalizado de los precios.

Según el INDEC el IPC, en los ocho primeros meses del corriente año, creció acumulativamente en 21,3%, y la inflación acumulada en Argentina desde enero de 2024 hasta agosto de 2026 fue de 239,88%, dado el encadenamiento de los índices mensuales informados por el INDEC. Pero, en clara demostración de que la canasta de precios del INDEC no refleja la realidad y no puede tomarse como indicador, es el trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, para la ciudad y el gran Buenos Aires, pero que es similar en todo el país, y asevera que:

Lo mismo se puede hacer para los alimentos[1], enseres personales, combustible, salud y medicamentos, etc. Por ende, el crecimiento de los precios en los primeros ocho meses del año no fue del 21,3% sino un porcentaje mucho mayor, cuando la emisión primaria de dinero fue en esos ocho meses de solo el 11,17%.

Y miente el INDEC, porque las jubilaciones y pensiones de la ANSeS se ajustan por el IPC con dos meses de retraso.  Los haberes de los empleados públicos en promedio, incluso por menos de ese guarismo.  En el caso de la Administración Nacional, en los organismos descentralizadas del Estado como el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), INTA (Instituto Nacional de Tecnología  Agropecuaria), ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), INCUCAI (Instituto Central Único Coordinador Ablación e Implante), CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones),SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), Dirección Nacional de Vialidad, etc. que le han sacado funciones,  le ajustan sus haberes en forma discrecional y por debajo del IPC del INDEC.

El impacto en el ingreso de las familias de trabajadores estatales nacionales es mayor porque entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la dotación de personal del Sector Público Nacional se redujo en 72.522 puestos de trabajo, lo que implica una reducción del personal del 21%, pasando de 343.357 empleados a 270.835, que significa aumento de los desocupados y/o de los trabajadores formales. Y otro tanto, aunque en menor escala, sucede son las administraciones provinciales y municipales  

Lo mismo pasa con el sector privado donde el cierre de empresas, el desempleo, la precarización laboral, el descenso del salario real y su pérdida del poder adquisitivo, según datos oficiales, de enero 2024 a junio 2026 se cerraron 28.262 establecimientos, y se perdieron 341.396 puestos de trabajo, significa menos ingresos para la familia trabajadora e incluso para los empresarios que cierran sus establecimientos (comercio, industria, construcción, etc.)

Si crecieron y crecen fuertemente los precios de los sectores más cartelizados, como el de combustible; acero; aluminio; alimentos como la leche y la carne, la yerba mate, el aceite; los servicios públicos (luz, gas, agua, comunicaciones, etc.); los medicamentos; y la tasa de interés bancaria y para bancaria, generando una super ganancia que es la transferencia del ingreso de la población que se ve obligada a pagar esos precios.

Una demostración de lo que decimos es el Balance Cambiario del BCRA que muestra que la cuenta Personas Humanas, desde enero 2024 a Julio 2026, tiene un saldo negativo de 64.255 millones de dólares que nacen del mercado interno, dado que la subfacturación de exportaciones y la sobre facturación de importaciones que sumadas explican el total de divisas que no ingresan al país (fuga de capitales), no son contabilizadas por el balance cambiario.

La disminución del dinero ante consumos de bienes y servicios que tienen un precio mayor implican por la ley de la oferta y la demanda, una tasa de interés que confisca el poder adquisitivo de la población, incluida las empresas locales que se financian en el mercado interno, posibilitadas por el DNU 70/23 que desreguló el pago del servicio bancario y parabancario, y permite que emitan tarjeta de créditos las Fintech[2].

La licuación de ingresos de los salarios, jubilaciones y pensiones, obliga a las familias a endeudarse para financiar gastos corrientes y sostener su consumo básico. Ante la disminución del ingreso de las familias, primero recurrieron a los ahorros propios (certificados de depósitos a plazo fijo, tenencia de dólares, etc.), después se toma plata prestada para mantener el nivel de consumo.

Por lo general se tomó créditos con los bancos y compañías financieras, después con las billeteras virtuales a una tasa de interés mayor. Para finalmente con los prestamistas no registrados (la más de las veces ligados al narco menudeo y/o a la reducción de cosas robadas).

Al problema de la caída vertiginosa del ingreso de las familias, debe sumarse las elevadas tasas de interés encarecen el financiamiento, reducen la porción del ingreso disponible para afrontar los gastos cotidianos, y alimentan un proceso de endeudamiento creciente. La tasa de la tarjeta de crédito bancaria en pesos es en septiembre 2026 del 80 a 85% nominal anual, más el IVA, IIBB sobre los intereses y otros gastos, supera el 100%, que significa una tasa mensual del 7,5% (cuando en el mejor de los casos los haberes se ajustan de acuerdo al IPC del INDEC).

Si el financiamiento de la tarjeta de crédito bancaria es de deuda en dólares, la tasa nominal es del 40% en dólares y más (a la que se le debe sumar los impuestos y demás comisiones y gastos).

La morosidad total del sector privado no financiero de las entidades financieras subió de 7,63% en junio a 7,73% a julio, los atrasos de más de 90 días en el segmento de préstamos a hogares aumentaron de 12,77% a 12,94%, mientras que la mora de empresas pasó de 3,50% a 3,61%.

A la mora bancaria le sumamos las Fintech (billeteras virtuales), según la Cámara Argentina de Fintech la morosidad en este segmento superó en julio 2026 el 33,7%, encabezados por Tarjeta Naranja (Banco Galicia) y Mercado Pago (Grupo Galperin), que en conjunto representan el 54% del total de financiamiento a familias por este medio. Actualmente, más de 8 millones de personas acceden al crédito a través de las “Fintech”. De ese total, 2,3 millones tienen en estas plataformas su única fuente de financiamiento, una situación que puede asociarse a los sectores precarizados con menores ingresos.

Los préstamos de las Fintech son sumas menores y de más corto plazo, pero las tasas son usurarias, por ejemplo, Mercado Pago:

Esta empresa que cobra tasas por arriba del 1.000% anual, el gobierno de Milei la beneficia por estar adherida a la ley 27.506 de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (software), de manera tal que en el primer semestre 2026 se ahorró de pagar Impuesto a las Ganancias por 29 millones de dólares, y contribuciones sociales (Aportes al SIPA; Obra Social; Fondo de Desempleo; ART) por 13 millones de dólares, no le pago al fisco 52 millones de dólares en un semestre, y a las pymes se las persigue por incumplimiento hasta el hartazgo por suma irrisorias.

Sumando deudores de entidades financieras y Fintech, el total a julio de 2026 son 5.923.788 personas según cifras de la Central de Deudores (Cendeu) del BCRA. En el país, 20,9 millones de individuos mantienen deudas con al menos una entidad, lo que implica que el 28% de los sujetos de crédito presenta algún atraso en sus pagos, de los cuales 15,7% están en mora.

 

Morosidad en créditos por personas y por provincias

 A JULIO 2026                                                                                                             

Ratio de irregularidad del crédito en familias (bancos + billeteras virtuales) y cantidad de deudores morosos por provincia                             

Aproximadamente 40% de los que no pueden pagar su deuda, están en esa situación desde hace meses, y el BCRA los encuadra como Situación 3 (Riesgo medio) atraso de más de 90 y hasta 180 días. Y Situación 4 (Riesgo alto) atraso de más de 180 días y hasta un año.

El CENDEU (Central de Deudores) del BCRA del mes de julio de 2026, afirma que unas 2.400.000 personas están en mora por menos de un salario mínimo, y el 28,3% de los deudores, tienen al menos una cuota o un saldo impago (era la mitad de deudores hace dos años atrás).

 

Usura

La complicidad de la Cámara de Diputados de la Nación que no se dignó a tratar el rechazo del DNU 70/23  que tenía sanción del Senado, y de los jueces que en ningún caso aplicaron el artículo 175 bis del Código Penal Argentino, que castiga el delito de usura, y se aplica cuando alguien se aprovecha de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de otra persona para cobrarle intereses desproporcionados o exigirle garantías de tipo extorsivo caso las Fintech, pero también los bancos y compañías financieras por más que el DNU 70/23 rompe la relación entre tasas pasivas y activas, porque es claro que son tasas usurarias.   

Es más, el Código Civil y Comercial de la Nación permite a los jueces reducir las tasas de interés abusivas mediante la figura de la "lesión subjetiva-objetiva".

Y, además, no se pregona el Decreto 484/87 que fija los porcentajes de embargo por deudas comunes o de consumo, que son las obligaciones financieras que las personas adquieren habitualmente para cubrir gastos cotidianos, bienes o servicios. que dice:

Hasta 1 SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil): No se puede embargar nada (0%).

Entre 1 y 2 SMVM: Se puede embargar hasta el 10% de lo que supere el monto del salario mínimo.

Más de 2 SMVM: Se puede embargar hasta el 20% de lo que supere el salario mínimo

Los haberes previsionales (se excluye los de privilegio) no se pueden embargar en Argentina porque tienen carácter alimentario y protegen la subsistencia del beneficiario.

Es cierto que el SMVM de septiembre 2026 es $ 383.300.- mensual, y neto (se deduce el11% de aportes previsionales, el 3% para PAMI, y el 3% para la obra social) es de $318.554.- Pero, en la práctica, los bancos y las billeteras virtuales han embargado el 50% y más del sueldo del trabajador endeudado, violando el Decreto 484/87

Finalmente, según el Código Civil y Comercial de la Nación, una deuda con una entidad financiera en Argentina prescribe a los 3 (tres) años si es por el uso de tarjetas de crédito, y a los 5 (cinco) años si se trata de un préstamo personal, y en caso de la insistencia por el acreedor se debe recurrir a la justicia y/o a los organismos de DDHH y denunciarlo por acoso.

 

En síntesis

La restricción monetaria es para que la tasa de interés sea positiva y de esa manera ingresan divisas, se pasan a títulos en pesos y retornan cuando quieren a divisas, ganando en dólares tasas del 40% y más (el dólar en 8 meses de este año creció solamente $ 30 es un incremento del 2%, es más caro el costo de entrada y salida que la depreciación cambiaria).

Obviamente que el efecto complementario es detraer el poder adquisitivo de la población que debe pagar precios que no dejan de crecer fijado por las grandes corporaciones que, a su vez, esa ganancia la convierten mayoritariamente en divisas y fugan. Finalmente, el tipo de cambio controlado por el BCRA permite a las administraciones públicas (y a los deudores reales o supuestos) comprar dólares baratos para pagar parte de los servicios de la deuda externa.

El resultado es un mercado deprimido para aumentar los saldos exportables de energía, minerales de todo tipo, alimentos, etc. a costa del ajuste económico y social de la población, suma que mayoritariamente se fuga.

La extrema situación generada por la deuda de las familias (y de las empresas que están orientadas al mercado interno) hace que se tenga que recurrir al prestamista del barrio, cuya liquidez en la mayoría de los casos es fruto del narco menudeo y/o de la reducción de robos.

El problema se agrava día a día y el gobierno no lo puede resolver porque tiene que terminar con la bicicleta financiera, y el JP Morgan que es el patrón de Caputo y Bausili, dejaría de sacar la renta extraordinaria que obtienen (y con ellos todo el capital financiero) que son los que administran el país.