En nuestro país el Estado desde las colonias con sus permisos de vaquerías, fue un factor clave en la conformación de las grandes unidades de producción (las estancias) y, posteriormente en la generación de tecnologías para el sector, pero nunca avanzó en la promoción de un emprendimiento propio, pese a contar con altas capacidades y con organismos con la potencialidad adecuada para aportar la investigación necesaria, sin embargo la sociedad toda financió y financia la apropiación privada de la tierra y del conocimiento producido públicamente.

Ya lo afirmaba Domingo Faustino Sarmiento: “Quieren que nosotros que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Unzué, a los Pereyra, a los Luro, a los Duggan y los Leloir y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas”[1]. Y ese estigma sigue vigente como una condena para nosotros y, para ellos, en cambio, como si fuera una merced, un privilegio, un derecho natural, una gracia divina que les da las fuerzas del cielo.

El auge del ciclo agrícola y ganadero se acompaña en forma creciente por múltiples problemas sociales, ambientales y económicos, e impacta en distorsiones en la estructura social agraria. La desaparición de agricultores familiares y pequeños productores y la consolidación de la polarización social en el medio rural –producto del encarecimiento del paquete tecnológico básico y del alquiler de la tierra cuando no es propia– son algunas de sus consecuencias más visibles, que continúan incrementándose sin límite en el tiempo.

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales de la Argentina, creado por la ley 26.737 del año 2011 (y derogada de hecho por este gobierno por el DNI 70/23), el 0,89 % de los propietarios poseen el 33,89 % de la superficie con una extensión promedio de 22.000 hectáreas y, el otro 99,11 % de propietarios se reparte el 66,11% restante.

El Registro afirma que 26 millones de hectáreas, de las 266.707.361 hectáreas de tierras rurales que dispone el país, está en poder de 1.200 titulares, de los cuales 11.790.229,15 hectáreas corresponden a firmas extranjeras, y de ellas, 1.877.885 hectáreas son propiedad de firmas que tienen domicilio en guaridas fiscales.

La propiedad de la tierra y su poder económico e influencia hace a la vez que la recaudación del impuesto inmobiliario rural (que cobran las provincias) sea cada vez menor, en el año 2024 solamente fue del 0,4% del PIB (se recauda más por impuesto a la patente automotor, o por el impuesto inmobiliario urbano que por el gravamen a las tierra rural), y la explotación de tierras rurales está exento del Impuesto a los Bienes Personales,  cuando el IVA (que es el impuesto al consumo y pagamos todos) representó el 10,5% del PIB. Estamos hablando de las tierras más fértiles del planeta, donde coexisten la concentración de la propiedad (y que viven de su alquiler) y una cada vez mayor migración del sector, que no puede ser retenida en el campo bajo las condiciones del actual modelo productivo de cada vez menos productores y éstos a su vez, más concentrados y poderosos, y por tanto fuera del alcance de nuestras leyes y de nuestra Constitución Nacional.

Paralelamente las ventas internas y externas se hacen por declaración jurada y los organismos oficiales o privados (caso el IPCVA- Instituto Promotor de la Venta de la Carne Vacuna; la  Bolsa de Comercio de Rosario y su centro de difusión ROSGAN; etc.) aceptan dichas declaraciones como reales, cuando son sospechadas de fuga, de doble contabilidad, de evasión y elusión de impuestos, para lo que cuentan con los  principales estudios jurídicos-contables, y con el sector financiero que hace coincidir sus declaraciones juradas con las Letras de Cambio o Carta de Créditos de los bancos, que es garantizada y asegurada por la fuerte cartelización del sector.

En Argentina, existen más de 350 establecimientos frigoríficos registrados que faenan bovinos. Estos frigoríficos están registrados ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Además, existen frigoríficos que procesan otras especies como porcinos, ovinos y caprinos, así como establecimientos que elaboran subproductos como cueros y chacinados

“La Aduana denunció en abril y mayo de 2021 a 19 de esos frigoríficos ante la Justicia por evasión tributaria y menor ingreso de divisas al mercado cambiario y les impuso multas por casi 6 millones de dólares.  Los usuarios de servicios de faena, que carecen de una condición económica que permita explicar el movimiento de animales realizado, contratan los servicios de frigoríficos, denunció la AFIP. Una de las hipótesis de trabajo explorada por los inspectores de la DGI es que los matarifes sin capacidad económica que recurren al uso de facturas apócrifas constituyen una pantalla para algunos frigoríficos que les permite evadir impuestos y generar créditos fiscales ficticios. Los frigoríficos denunciados declararon exportaciones de hueso y de carne no apta para consumo humano, mercadería, que paga un 5% de Derechos de Exportación, pero la fiscalización detectó que se trataba de alimento apto para consumo humano, tal como lo había certificado el SENASA en los permisos de embarque. Su alícuota es casi el doble, el 9%”[2].

La fijación de los precios la pueden hacer por la fuerte concentración económica, por ejemplo, en el precio de la carne vacuna el “Consorcio ABC” de exportadores de carne realiza el 80% de esas ventas externas. Es además el que controla las ventas por Cuota Hilton y Cuota 481 a Europa y los contratos con Estados Unidos.  Presidido por Mario Raventino  (quién es también Vicepresidente del IPCVA), constituido por “Frigorífico Rioplatense” de los Costantini, “La Anónima” de los Braun, las brasileña SWIFT Argentina S.A (Minerva Foods de Brasil) y, el Grupo Marfrig (Paty, Vienissima, Good Mark, Green Life, Patyviena, ICB, Barfy, Tres Cruces, QuickFood, La Morocha y Gaucho's Beef); Frigorífico Gorina (Carlos Riusech, CEO del frigorífico Gorina, y Vicepresidente del Consorcio ABC), Arre Beef[3], Azul Natural Beef (asociada con el Frigorífico Devesa), Compañía Bernal (Presidente Martín Diego Boquín), etc., al poder exportar igualan el precio de la carne vacuna con el del exterior de allí la importancia de los derechos de exportación (igualan el precio que obtienen afuera con el que venden en el país, las retenciones son ingresos para el Estado y “abaratan” el precio en el mercado local).

Los datos oficiales de faena dan cuenta de que en la Argentina se sacrificaron en el año 2024 un total de 13.924.455 bovinos, eso explica que se registran 4.300  operadores de todo tipo y tamaño, desde grandes frigoríficos exportadores que procesaron 400 mil cabezas ese año (y que conforman los 350 frigoríficos principales), hasta muy pequeños matarifes.

Un dato relevante es que en el año 2024 los diez principales frigoríficos faenaron en conjunto 2.746.388 vacunos, lo que representa casi 20% de la faena total. En tanto, la suma de las veinte principales plantas llega a 4,37 millones, más del 31% del total

En este caso, los brasileños que controlan dos plantas de Swift sumaron un total de 494 mil cabezas y se constituyeron en el principal grupo de faena, mientras que el supermercado Coto (que vende principalmente al mercado interno, exporta un 25% de su producción, y no está asociada al Consorcio ABC), quedó en segundo lugar con 470 mil vacunos faenados. Completan las primeras posiciones por operador el frigorífico Gorina, el Rioplatense, Arre Beef, La Anónima, Compañía Bernal, Quickfood (Marfrig), y Carnes Pampeanas SA.

En Argentina se produce 3,2 millones de toneladas de carne bovina, de las cuales  en el año 2024 se declara  exportar un millón de toneladas, y se destinaron al mercado interno 2,2 millones, da un promedio de 46,8 kilogramos per cápita por año, que es el dato menor desde que se lleva registro, que los 46,9 kilogramos de 1920 (hace 105 años).  Consumo que es sustituido parcialmente por el de carne de pollo y de cerdo, pero que demuestra la disminución del poder adquisitivo de la mayor parte de la población[4].

El débil mental dice “En la Argentina está prohibido no exportar” y, no bien asumió, a través del SENASA habilitó a partir del 1 de enero de 2024, la exportación de cortes bovinos frescos y de los denominados cortes preferidos frescos, enfriados o congelados, que es el asado con o sin hueso; falda; matambre; tapa de asado, nalga; paleta y vacío, que todos los gobiernos anteriores preservaron para el consumo interno (La medida se basa en que el 31 de diciembre de 2023 finalizaron los efectos del Decreto 911/2021 por el cual estaba suspendida la exportación de esos cortes bovinos).  Y a través del Decreto 133/2025, publicado el 26 de febrero de 2025 en el Boletín Oficial, se eliminó la restricción de exportar ganado vacuno en pie.

Las ventas externas, y el cada vez menor pago de derechos e impuestos

Según el INDEC  las exportaciones del año 2024 sumaron 79.721 millones de dólares, y el complejo exportador bovino contribuyó con 3.790 millones de dólares (solo el 4,75% del total con la extensión de tierras que se dedica a la ganadería, que torna ya de por sí poco creíble es número). Y  en su trabajo los “Complejos Exportadores” de ese año (última publicación del INDEC),el 88,8% del total correspondió a carne bovina (principalmente deshuesada, congelada y fresca o refrigerada); mientras que el 11,2% restante estuvo constituido por cueros (fundamentalmente curtidos).

Los principales destinos de las exportaciones de carne bovina fueron China (1.663 millones de dólares), Unión Europea (560 millones de dólares), USMCA (325millones de dólares con una participación de Estados Unidos del 77,5%) y Medio Oriente (284 millones de dólares, de los cuales 267 millones fueron a Israel).

Los cueros bovinos se dirigieron fundamentalmente hacia ASEAN (157 millones de dólares) y China (126 millones de dólares).

El viernes 25 de julio 2025 fue a almorzar a la exposición de la Sociedad Rural Argentina el ministro Luis Caputo, para que el Presidente anuncie un día después, la eliminación de los derechos de exportación aplicados al sector cárnico vacuno, que se encuentran en el 6,7% del valor FOB (con excepción de los cortes provenientes de vaca conserva que están libres del impuesto), más la promesa de que EEUU ampliará los cupos de exportación de carne bovina procedente de la Argentina

En primer lugar y con datos de la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) en el primer semestre ingresó por el IVA la suma de 28,7 billones de pesos, y por el  total de los derechos de exportación (retenciones) 4,2 billones de pesos (el 14,8% del IVA y solo el 4,88% del total de la recaudación tributaria). El pago de las retenciones por exportación del complejo bovino fue en ese lapso de sólo 0,14 billones de pesos, pese al mayor volumen de exportación declaradas.

En síntesis

Consultado si los empresarios cárnicos son poco productivos o existe falta de vientres, Alberto Samid respondió que "hace 25 años se declara la misma cantidad de vacas, 55 millones de cabezas, de ese total hay 20 millones es de madres. Hay que poner cupo de exportación y darles la exportación a los frigoríficos que históricamente que ya vienen trabajando. Los supermercados no deben exportar".

La única forma de negociar con los 220.000 productores y los 4.300 matarifes e industriales es limitando las exportaciones y obligando a aumentar la oferta local a precios acordes a las posibilidades de los consumidores.

La Sociedad Rural Argentina no festeja la baja de retenciones y demás favores fiscales, festeja la “libertad” que tienen para declarar lo que ellos quieren, grandes extensiones de tierra, mejora de la ganadería por cruza con nuevas razas, y toda una red sanitaria y de servicios a su disposición. 

El camino debe ser exactamente al revés, castigar severamente las actividades monopólicas y cuasi monopólicas, detraer con impuestos parte de esa renta, y  luego tomar medidas que impulsen la producción y el trabajo.

El Estado debe tener empresas testigos en la producción y en la comercialización de carnes ( y de todos los alimentos), para garantizar un precio acorde a la capacidad de ingresos de la mayoría de la población.

En lugar de ello, la ANSeS anuncia que para el mes de agosto de 2025 la jubilación mínima es de 314.305,37 pesos. Y es un aumento de 5.010 pesos respecto del valor de julio, cuando el kilo de carne picada esta a $ 9.000.-  y el kilo de asado entre 12.000 a 14.000 pesos.

La “libertad” avanza.