Cuando el Poder Ejecutivo no debe, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones legislativas, y el DNU 70/2023 modificó o derogó una enorme cantidad de leyes y regulaciones en 366 artículos. Entre ellos la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, desregula los alquileres, el crédito, las reglas sobre los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga como el funcionamiento de las obras sociales, la transformación en sociedades anónimas de las empresas públicas para su privatización, deroga la ley de abastecimiento, la ley de góndola, dispuso la disolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate (el organismo que regulaba distintos aspectos de la cadena yerbatera), deroga la ley del compre nacional, modificó el código aduanero,  la ley de Argentina digital, modificó el régimen aerocomercial y avanzó con la política conocida como “cielos abiertos”, etc.

El DNU 70/23 también modificó la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas laborales. Cambió el período de prueba, las reglas de registración laboral, las indemnizaciones por trabajo no registrado, las condiciones de negociación colectiva y distintas disposiciones sobre medidas de fuerza. También derogó la Ley 25.323 y modificó normas sobre empleo, trabajo agrario y casas particulares.

La única respuesta a la pregunta de porque no hubo quorum el jueves 15 de octubre de 2026 en la cámara baja (más baja que nunca), es porque de derogarse el DNU 70/23  pierden sus privilegios la minoría parásita y rentista que se apropia de los que es de todos, y corrompe a los supuestos representantes como gobernadores, intendentes, legisladores, funcionarios, jueces, etc.

Ante la  violación de las leyes y de la Constitución Nacional, se hacen sendas presentaciones judiciales que la familia judicial “cajonea ”sistemáticamente, con su hijo Juan Bautista Mahique de Ministro de Justicia, y ambos, el poder judicial y el poder legislativo incumplen con la Constitución Nacional, esencialmente con el Artículo 75 que detalla las atribuciones del Congreso de la Nación, fundamentalmente en las autorizaciones de deuda pública, en los códigos de fondo (Civil, Comercial, Penal, Laboral, Minero y de Seguridad Social), en reconocer la preexistencia étnica, cultural y en los derechos  de los pueblos originarios, y en la jerarquía constitucional de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica.

Ante la indefensión de la población, los que dignamente reclaman son reprimidos violentamente, generando con infiltrados y el proceder déspota de las fuerzas de seguridad, la indignación y la respuesta de los manifestantes.

Todo ello en beneficio de negociados de una deuda pública que es una estafa, que se genera con el gobierno de Macri, se convalida en la gestión de Alberto Fernández, y se expande en la actual administración, en que incluso, para el pago de una parte de los intereses de la misma, se incurre en negociados como fueron la concesión a precio vil (tasados por una oficina creada en el BICE -Banco de Inversión y Comercio Exterior, cuando existe el Tribunal de Tasaciones de la Nación) del dragado y balizamiento del Río Parana, de las cuatro represas del Comahue, de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, de la venta de la participación del Estado en Transener, de la participación de YPF en Metrogas, y la concesión a 30 años del AySA, todos a grupos económicos de dudosa constitución y de aportes de capitales, pero con el aval de la Embassy.

 

La estafa de la deuda

Desde diciembre de 2015 la deuda bruta no ha dejado de crecer y su composición se ha deteriorado en gran forma.

En primer lugar, en el gobierno de los Kirchner la deuda era principalmente intra sector público, prácticamente el 40% los títulos lo poseían el FGS de las ANSeS, el Banco de la Nación Argentina, distintos fondos fiduciarios, y había una orden no escrita que todo organismo público que tuviera un excedente monetario por falta de ejecución, debía comprar títulos de deuda nacional. Kirchner había logrado cancelar la deuda y los compromisos con el FMI en enero de 2006, después de 50 años de supervisión y dependencia. No existían títulos capitalizables de interés porque se abonaba en su totalidad.

La administración de Cambiemos nos sobre endeuda en 94.984 millones de dólares, de los cuales 44.129 millones es con el FMI (retomando a su dependencia y subordinación).  Alberto Fernández no solo no auditó la deuda de la gestión de Macri, ni estudio lo incorrecto del acuerdo con el FMI, sino que transformó el stand by en un plan de facilidades extendidas a diez años en un plan de pagos incumplible.

El gobierno de Caputo-Bausili acrecienta la deuda en 33 meses en 115.955 millones de dólares, que solo se emplea para pagar menos de la mitad de los intereses que la misma deuda devenga, fugar capitales, y/o financiar el carry trade controlando severamente el precio del dólar para garantizar su compra y salida:

 

Deuda bruta administración nacional argentina

A la infamia de la deuda debemos sumarle la obtención de un superávit comercial de más de 49.000 millones de dólares en el mismo lapso, fruto del brutal ajuste económico, empobreciendo a la población y desindustrializando al país para reducir las importaciones, y exportar más alimentos, energía y minerales que no se emplean en la Argentina. Y debe agregarse el ingreso de divisas por el “blanqueo de capitales” por 20.631 millones de dólares que se fugaron y volvieron sin pagar impuestos, que si pagan los trabajadores y productores locales.

Esa montaña de dólares y de deuda en lugar de emplearse para recuperar para el país el Río Paraná, crear una marina mercante, y/o construir un millón de viviendas, se emplea para el enriquecimiento y la fuga de la minoría parásita y rentista asociada al capital extranjero.

 

Dolo, estafa y asociación ilícita

El claro ejemplo es el desmanejo del oro de las reservas del BCRA

DOLO: Es la voluntad deliberada y consciente de cometer un delito, engañar a alguien o incumplir una obligación a sabiendas de que se causa un daño o se infringe la ley Es la intención deliberada de cometer una acción u omisión contraria a la ley, sabiendo las consecuencias que esta va a provocar.

ESTAFA: Una estafa es un delito contra la propiedad en el que se emplea el engaño, la trampa o la manipulación para hacer que las otras personas caigan en un error y entregue voluntariamente dinero, bienes o datos personales en su propio perjuicio y con ánimo de lucro.

Y es lo que sucedió con el accionar del BCRA cuando envía al exterior, en los meses de junio y julio de 2024, aproximadamente 37 toneladas de oro (alrededor de 1,98 millones de onzas troy)[1], un volumen valuado inicialmente en torno a los US$ 4.981 millones, dado que el precio de la onza troy era, en ese momento, algo menor a los U$s 2.500.-

Lo hizo en primer lugar para que sea garantía de la obtención de un crédito REPO (a un año de plazo y si no se cancela en esa fecha se ejecuta la garantía hasta cobrarse el crédito y los intereses).

Como la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, que tenía la demanda sobre la estatización de YPF SA, envió un pedido de informe para saber dónde estaba el oro del BCRA, no lo pudieron realizar

Pero como en marzo de 2025 se produce una corrida cambiaria, la dupla Caputo-Bausili deciden hacerse de dólares para sofocarla. Como tenían el oro en el exterior (inferimos en el Banco de Inglaterra, por más que Santiago Bauisli lo niegue), no tuvieron mejor idea que su venta.

Venta de una opción de compra (Call): El BCRA vendió a un tercero (inferimos que son los mismos bancos que prestaron en REPO, encabezados por el JP Morgan, y sería asociación ilícita) el derecho de comprarle oro a un precio máximo estipulado.  El contrato se hizo en los primeros días de marzo de 2025 a un precio entorno a los  U$s 2.500 la onza troy, pero la recompra en octubre fue a un precio de no menos de U$s 4.200.  Al subir tanto el precio del metal, la contraparte que había comprado la opción Call ejerció su derecho, por lo que fueron U$s 1.022,8 millones de pérdida que pagó el BCRA en dólares en efectivo (divisas líquidas), que salieron de las reservas del BCR A[2] para pagar la recompra del oro.

La falta de información sobre los compradores del Call es uno de los puntos que la AGN denunció como "opacidad" u obstrucción en el acceso a la información pública (encubren la asociación ilícita que le hicieron ganar millones de dólares a los bancos que le compraron la opción).  El organismo de control continúa exigiendo el levantamiento de las cláusulas de confidencialidad para auditar quiénes cobraron los U$s 1.022,8 millones de la liquidación de las opciones

La estafa se realiza porque con los dólares obtenidos en marzo de 2025 los vendieron en el mercado “Contado con Liquidación” para achicar la brecha ente ambos mercados (el oficial –MULC- y, el paralelo –CCL-), vende divisas en el CCL que obtuvo de empeñar y/o vender con compromiso de recompra los lingotes de oro. Engañando a la población de que se tenían esas divisas, cuando eran de las reservas de oro del BCRA.

El gobierno interviene en el mercado cambiario, comprando dólares en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio, que es el mercado oficial de compra y venta de dólares) esencialmente a los exportadores, para pagar los servicios de la deuda pública. La emisión de pesos equivalente es esterilizada con la venta de dólares en el mercado de contado con liquidación (CCL). El mercado de contado con liquidación (CCL) es el mercado de fuga de capitales, venden títulos y acciones y reciben directamente dólares en el exterior. 

Los que se beneficiaron además de los bancos que le compraron y le vendieron el oro al BCRA, son los que compraron títulos en pesos (y ganaron fortuna con ello por la inflación desatada después que devaluaron el 12 de diciembre de 2023), y de esa manera transforman esa renta financiera (carry trade) en dólares y fugan ese capital.

La deuda del BCRA son divisas que se fugan.

El mecanismo de endeudamiento y fuga que propicia este gobierno, tajantemente demostrado en el Balance Cambiario del BCRA que dice que las compras netas de divisas por “Personas Humanas” (así se llama la cuenta) asciende en 32 meses a 67.621 millones de dólares

 

Se preparan para la corrida cambiaria

El RIGI y los beneficios de la ley 27.742 ya existen.  El Super RIGI tiene la sanción de la cámara baja pero “confían” en su aprobación. La extensión de la concesión de los aeropuertos hasta el 13 de febrero de 2049, con una posible prórroga adicional hasta el 2056, también. Las privatizaciones y concesiones principales ya las hicieron. El ajuste fiscal permanente con el fin de pagar parte de los intereses de la deuda y la no investigación de la misma, la pérdida de derechos laborales, la modificación de los presupuestos mínimos de preservación de los glaciares, etc. son leyes.

Pero la deuda es de tal magnitud y sus vencimientos en tan corto plazo, que tanto afuera (por eso la tasa de riesgo país no deja de crecer y cerró el viernes 16 de octubre de 2026 en 648 puntos, por ende, la obtención de un crédito en dólares es a una tasa de 9,73% anual), como en el mercado interno, se preparan para incrementar y acelerar los plazos de la compra de divisas y su fuga.

Carta Económica que es la consultora que dirige Miguel Ángel Broda y tiene como clientes a los que Mauricio Macri definió como el “circulo rojo” local, hizo público (a pedido de sus clientes) que el poder de fuego en divisas que tiene el actual gobierno es solo de un tercio de la cantidad de pesos que tiene el sistema monetario argentino, desmintiendo enfáticamente a Caputo y a Milei.

M3 es la mayor oferta de dinero del marcado local (Se suma todo el circulante puesto en el mercado argentino por el BCRA, más los depósitos en cuenta corriente, en caja de ahorro, y en plazo fijo en pesos de todo el sistema) en poder del sector privado (fuera del Estado). Para que sea suma homogénea es en pesos, pero se convierte en dólares, y es de U$s 84.454 millones (1)

La deuda pública en títulos en pesos en poder del sector privado que vence entre octubre 2026 a diciembre de 2027 es por U$s 99.020 millones (2)

Si sumamos (1) más (2) la cantidad de pesos que se pueden convertir en dólares es de U$s 183.474 millones

1. Dólares en el mercado argentino: Las reservas netas del BCRA al 30 de septiembre de 2026 (descontado el swaps de China, y los encajes de los depósitos en dólares) fue de U$s 15.277 millones, se han colocado posiciones en futuro por U$s 14.722 millones, más títulos en dólar link por U$s 5.900 millones, da un total de U$s 35.899 millones.
2. Dólares solicitados en el exterior: El ya otorgado en septiembre del año 2025 swaps de los EEUU por U$s 20.000 millones (que habría que ver si se renueva), y del swaps de China serían unos U$s 8.000 millones de dólares que le van a pedir que le dejen utilizar para pagar deuda:  Total U$s 28.000 millones 

De a) + b) suman U$s 63.899 millones, que es el total de dólares que puede contar la dupla Caputo-Bausili, contra la tenencia en pesos del mercado (como le gusta autodefinirse) por el equivalente a U$s 183.474 millones

Conclusión:  Solo cuentan con un 35% de cobertura de la cantidad de pesos que hay en el sistema financiero y bursátil local.