El Gobierno Nacional tuvo un freno en desregular el dictamen de DNU Nº 340/2025, por intermedio de Congreso de Nación, tanto en la cámara de diputados como de senadores, deteniendo el desguace de la soberanía nacional.

Esta norma aprobaba un Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, modificando la Ley 20.094 (ley de navegación), el Decreto Ley 19.492/44 (navegación y comercio de cabotaje nacional), la Ley 27.419 (desarrollo de la marina mercante nacional), Ley 27.418 (régimen de promoción de la industria naval), Ley 25.877 (ordenamiento del régimen laboral), y normas concordantes.

Se establecía desregulaciones en beneficio de grandes empresas e intereses extranjeros en detrimento de nuestra soberanía, industria, y trabajadores del sector.

Se intentaba anular el derecho de huelga (en sus Arts. 2 y 3) en favor de la flexibilización laboral, declarando como servicio esencial a la navegación marítima y/o fluvial destinada al transporte de personas y mercadería; estableciéndose una regulación similar a la dispuesta en el DNU 70/2023 (en su Título IV) respecto de las actividades y servicios que se declaran como esenciales, y los que se denominan de importancia trascendental.

Los contenidos de ambos decretos (respecto del 340/2025 fueron declarados inconstitucionales por el fuero del trabajo, y estaban a la espera de resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se habilitaba que a los trabajadores que prestan labores en buques con bandera extranjera se les aplique la regulación laboral de ese país, como en los años ‘90, y no se garantice la necesidad de contratar trabajadores argentinos.

Se volvía al régimen de bandera de conveniencia (navieras nacionales que pueden operar con bandera de otros países) para obtener beneficios impositivos, desmejorar las condiciones de trabajo.

Se desregulaba y se entrega la navegación por nuestros ríos y mar, estableciendo no solo la vuelta del régimen de bandera de conveniencia, sino también habilitando el cese provisorio de la bandera nacional sin que el buque pierda tratamiento nacional.

Se suprimía el requisito de residencia habitual y nacionalidad argentina para los armadores (las navieras), facilitando la participación de operadores extranjeros, con escasa o nula vinculación económica con el país.

Se derogaba las restricciones para la operación en tráfico de cabotaje, permitiendo que embarcaciones extranjeras o matriculadas en el extranjero sin exigencias de nacionalidad puedan participar en rutas que históricamente se reservaban al interés económico nacional.

Se quería destruir lo poco que queda de nuestra Marina Mercante Nacional y para avanzar en la extranjerización de nuestros ríos y mar.

Se quería destruir nuestra Industria Naval al posibilitar a las navieras la importación de buques usados, y el arrendamiento de estos para ponerlos a operar en nuestros ríos y mar.   

Además, derogaba la obligación de contratar con astilleros locales, e incentivos existentes; destruyendo a la industria naval (industria de industrias) y, consecuentemente, se fomenta la pérdida de soberanía y de fuentes de trabajo. 

Se eliminaba la Comisión Asesora de la Industria Naval.  El comercio exterior pasa a ser más manejado todavía, por intereses transnacionales.

Se incentivaba a la transferencia de divisas a favor de empresas transnacionales; dado que, al año, en flete fluvial y marítimo, se paga aproximadamente la suma seis mil millones de dólares. 

Todo iba de la mano, y en la misma línea, con la licitación del dragado, balizamiento, operatoria y manejo de la navegación por el río Paraná y Paraguay.

Un sistema liberalizado y en beneficio de flotas extranjeras para transportar nuestros productos, en detrimento de la soberanía y los intereses nacionales sobre nuestros ríos y mar; y con desprotección de nuestros trabajadores (flexibilización laboral).