La liturgia del extractivismo periférico siempre necesita de nuevos mesías. En las oficinas gubernamentales y los despachos corporativos que orbitan alrededor de la cuenca neuquina, la llegada de capitales foráneos se celebra con la sumisión acrítica de quienes confunden entrega de soberanía con desarrollo. La reciente ronda licitatoria impulsada por la estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y la reconfiguración accionaria en los bloques no convencionales acaban de consagrar un nuevo hito en el proceso de colonización energética: el desembarco masivo de Continental Resources, el mascarón de proa del magnate estadounidense Harold Hamm.

No se trata de una mera transacción comercial entre privados ni de una virtuosa inyección de divisas. Es la consolidación de un modelo de enclave subordinado a la doctrina geopolítica de los Estados Unidos, diseñado para extraer renta extraordinaria, blindar jurídicamente la fuga y disciplinar un recurso estratégico mientras las poblaciones que habitan sobre la roca madre siguen pagando la energía a precios prohibitivos.

La doctrina Hamm: de la cuenca Bakken a la estepa patagónica

Para comprender la magnitud del actor que desembarca en el territorio, es imprescindible quitar el velo corporativo. Harold Hamm no es un petrolero más; es conocido en el establishment norteamericano como el "rey del fracking". Fundador de Continental Resources y artífice de la explotación a gran escala en la formación Bakken (Dakota del Norte), Hamm fue una pieza decisiva para que Estados Unidos alcanzara su autoabastecimiento y se proyectara como exportador neto global de hidrocarburos.

Pero Hamm es, fundamentalmente, un operador de la diplomacia fósil. Financista central de las campañas de Donald Trump y asesor de cabecera en materia energética, fue el ideólogo del concepto de Energy Dominance (Dominio Energético). Esta doctrina no concibe a la energía como un vector de industrialización o bienestar social para los pueblos, sino como un instrumento de chantaje geopolítico y control de mercados internacionales.

El desembarco de Continental en Vaca Muerta, articulado a través de la adquisición del 50% de la plataforma operativa de Phoenix Global Resources, no responde a un repentino interés filantrópico por el desarrollo patagónico. Se trata de replicar en el Cono Sur el modelo extractivo del Permian y Bakken: acelerar la curva de agotamiento del recurso no convencional, capturar áreas de alta productividad y subordinar la cuenca a las necesidades de abastecimiento y arbitraje de precios de las potencias occidentales, bloqueando cualquier atisbo de integración regional autónoma o vinculación con los países del bloque BRICS.

El banquete de GyP y el entramado societario

La alfombra roja fue desplegada con precisión quirúrgica desde el Estado provincial. Tras las recurrentes giras de promoción en Houston, el gobierno de Neuquén dispuso la licitación de 15 bloques exploratorios reservados a favor de la empresa provincial GyP. El resultado de la apertura de sobres fue elocuente: de las ocho áreas que recibieron ofertas, el tándem Continental-Phoenix concentró el interés mayoritario, postulándose en seis de ellas.

El vehículo societario utilizado para este despliegue describe a la perfección la matriz de intermediación del capitalismo local. Phoenix Global Resources opera en el terreno formal con el respaldo de Mercuria Energy Group, uno de los cuatro colosos mundiales del trading de materias primas con sede en Ginebra (que al mismo tiempo consolida su integración vertical tras la adquisición de la red de refinería y estaciones de servicio que operaba Raízen bajo la marca Shell). En el esquema societario persiste además la presencia minoritaria de capitales locales asociados a Integra Capital, el grupo comandado por José Luis Manzano. La arquitectura es clásica: una burguesía intermediaria que aceita contactos locales, una corporación comercial transnacional y un gigante operativo de Oklahoma que toma las riendas técnicas y financieras del subsuelo.

La sociedad proyecta un desembolso estimado en 4.000 millones de dólares a cinco años. Sin embargo, detrás del anuncio rimbombante, la estructura de costos y financiamiento repite los vicios estructurales del extractivismo: contratos de servicios tecnológicos en el exterior, importación de equipamiento e ingeniería foránea y esquemas de endeudamiento intrafirma que reducen artificialmente la base imponible en el país.

El RIGI como cerrojo neocolonial

La condición de posibilidad para este asalto sobre los recursos neuquinos no es la magia del mercado, sino la arquitectura legal que consagra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El esquema funciona como un traje a medida para que corporaciones como Continental Resources operen en la Argentina bajo un estatus casi extraterritorial.

El régimen otorga beneficios fiscales inadmisibles para cualquier pyme o productor nacional: reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, exención total de derechos de importación para bienes de capital e insumos, y la eliminación progresiva de las retenciones a las exportaciones. A esto se suma el núcleo central del drenaje: la libre disponibilidad de hasta el 100% de las divisas generadas por la exportación a partir del tercer año, sin la obligación de liquidar un solo dólar en el Banco Central de la República Argentina.

El círculo se cierra con la cesión incondicional de soberanía jurídica: cualquier controversia tributaria, ambiental o regulatoria será dirimida en tribunales arbitrales extranjeros (como el CIADI), despojando al Estado nacional y a las provincias de su potestad regulatoria. El RIGI no atrae inversiones para el desarrollo; blinda el saqueo para que el crudo fluya por los ductos directamente hacia los buques factoría en el Atlántico, mientras los dólares quedan depositados en guaridas fiscales o cuentas matrices en el hemisferio norte.

El contraste material: la paradoja de Añelo

Mientras los balances corporativos celebran récords de producción en barriles diarios y las cotizaciones en Wall Street festejan la llegada de Hamm, las consecuencias materiales sobre el territorio son inocultables. Vaca Muerta funciona como una economía de enclave puro: la riqueza se genera a miles de metros de profundidad, pero su valor se evapora instantáneamente de la geografía local.

En el corazón de la cuenca, localidades como Añelo y las barriadas periféricas de Neuquén y Río Negro exhiben la crudeza de la desigualdad estructural. Familias trabajadoras que no tienen acceso a la red de gas natural y dependen de la garrafa subsidiada para no congelarse en invierno; rutas provinciales colapsadas y destruidas por el tránsito incesante de camiones de arena silícea; sistemas de salud y educación saturados; y pasivos ambientales acumulados en basureros petroleros que ningún balance corporativo contempla en sus pasivos.

A este cuadro de desposesión se suma un fenómeno aún más amplio: el avance coordinado sobre los resortes estratégicos no solo seduce a los tradicionales magnates del crudo fósil. La reciente adquisición de participaciones accionarias en operadoras locales como Vista Energy por parte de financistas del complejo tecno-militar e inteligencia de Silicon Valley (como Peter Thiel, fundador de Palantir) confirma que la Patagonia se ha convertido en el botín predilecto donde convergen la renta petrolera, los algoritmos de vigilancia y el capital financiero transnacional.

Soberanía o factoría

La entrega de bloques petroleros a corporaciones alineadas con la geopolítica de Washington no es un camino hacia la prosperidad: es la renuncia explícita a utilizar los recursos energéticos como palanca de desarrollo soberano. Un país que entrega su subsuelo a cambio de regalías marginales, resigna sus divisas y ata el precio de la energía doméstica a las fluctuaciones del mercado internacional se condena a sí mismo a la condición de factoría colonial.

La energía debe ser un bien social y un insumo estratégico para la industria, el trabajo y los hogares argentinos, no una mercancía de exportación rápida para engordar los balances de los financistas de Oklahoma. Frente al avance del capital concentrado y la complicidad de las administraciones de turno, la defensa de los hidrocarburos no es una discusión técnica: es la disputa central por el destino de la soberanía nacional.