La Ley de Tierras Rurales N° 26.737, sancionada en 2011, fija un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. En términos generales, alrededor del 5% del territorio argentino se encuentra en manos extranjeras, más de 13 millones de hectáreas, una superficie equivalente al territorio de Inglaterra. Sin embargo, ese promedio nacional oculta concentraciones territoriales específicas: “Aunque a nivel provincial ninguna jurisdicción incumple la ley, cuando uno baja al detalle aparecen departamentos que sí superan el límite, muchos de ellos en áreas clave”, explica Matías Oberlin, profesor de Historia y becario doctoral del CONICET.

El Observatorio de Tierras Rurales presentó el mapa el 10 de diciembre, un día después de que el Gobierno anunciara su intención de modificar la normativa: “Ante el debate público que se venía, pensamos que era importante que la sociedad pudiera acceder a esta información de manera clara”, señala Oberlin. El trabajo fue desarrollado junto con la socióloga Julieta Caggiano y equipos de trabajo vinculados con el Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA).

La base de datos proviene del Registro Nacional de Tierras Rurales. Los investigadores aclaran que la definición utilizada considera extranjerizadas aquellas tierras en manos de ciudadanos que no residen permanentemente en el país o de empresas y capitales extranjeros, y no las de comunidades migrantes que trabajan y viven en el territorio. La normativa también establece que ninguna nacionalidad puede superar el 30% del cupo permitido y prohíbe la propiedad extranjera sobre cuerpos de agua.

En el caso del departamento mendocino de Malargüe, se muestra por qué mirar el detalle territorial modifica la lectura general. Con cerca de cuatro millones de hectáreas, roza el límite legal del 15% de extranjerización, lo que equivale a unas 600.000 mil hectáreas en manos extranjeras: “Es una barbaridad de superficie concentrada en una zona cordillerana con enorme valor hídrico y ambiental”, advierte Oberlin.

Se trata de un territorio de alta montaña con presencia de glaciares y fuentes de agua estratégicas, donde además se proyectan nuevas iniciativas extractivas. El gobierno nacional anunció al menos 16 proyectos mineros para la zona, varios de ellos bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Desde la perspectiva oficial, el RIGI busca atraer inversiones mediante condiciones fiscales y regulatorias especiales que permitan acelerar proyectos de gran escala y competir con otros destinos mineros de la región. Para los investigadores, en cambio, este contexto vuelve central observar quiénes concentran grandes extensiones de tierra en áreas destinadas a la explotación de recursos naturales: “Muchas de estas tierras probablemente estén vinculadas a un modelo de producción extractivista. Malargüe es un ejemplo claro porque el propio Gobierno anunció múltiples inversiones mineras en la región”, sostiene Oberlin.

El intento de modificar la Ley de Tierras Rurales no es nuevo. En diciembre de 2023, el presidente Javier Milei incluyó su eliminación en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, una iniciativa orientada a desregular distintos sectores económicos. Desde el oficialismo sostienen que la normativa limita la llegada de inversiones extranjeras, restringe el derecho de propiedad y envía señales negativas al mercado global.

La iniciativa fue frenada meses después por un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, que declaró inconstitucional la modificación por vía de decreto. El Gobierno no apeló el fallo y la ley continúa vigente, aunque el oficialismo mantiene su intención de reabrir el debate en el Congreso.

Para los autores del mapa, la discusión actual refleja procesos históricos más amplios: “El fenómeno no nace ahora. La extranjerización vinculada al modelo extractivo tiene raíces fuertes en la década del 90”, explica Oberlin. En ese período se flexibilizaron controles sobre la venta de tierras en zonas de frontera y se consolidaron adquisiciones emblemáticas como las tierras patagónicas del grupo Benetton o el caso de Lago Escondido, vinculado al empresario británico Joe Lewis.

La Ley de Tierras Rurales llegó recién en 2011, con amplio consenso parlamentario. Sin embargo, gran parte del proceso de concentración ya estaba avanzado: “Muchos de los puntos rojos que aparecen hoy en el mapa no se volvieron así después de la ley. Ya venían desde los años 90. Como toda normativa, regula hacia adelante y no puede revertir lo ocurrido antes”, señala el investigador.

El escenario volvió a modificarse en 2016 con el Decreto 820, firmado durante la presidencia de Mauricio Macri. Hasta entonces, las empresas con más del 25% de capital extranjero eran consideradas extranjeras; el nuevo criterio elevó ese umbral al 51%, permitiendo que sociedades con fuerte participación internacional pasaran a computarse como nacionales.

Además, se redujeron mecanismos de control que permitían identificar beneficiarios finales y cruzar información financiera entre organismos estatales: “Por eso decimos que la fotografía actual puede ser inexacta. Es la imagen más precisa que podemos reconstruir con los datos disponibles, pero probablemente la extranjerización real sea mayor”, advierte Oberlin.

Estados Unidos encabeza la titularidad extranjera

Los datos del Observatorio indican que los capitales estadounidenses lideran la propiedad extranjera en la Argentina, con aproximadamente 2,7 millones de hectáreas, una superficie equivalente a casi toda la provincia de Misiones. Le siguen capitales británicos, chilenos e italianos. El relevamiento también desmiente versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta concentración de tierras israelíes, que no aparece entre las principales nacionalidades propietarias

En su primer informe, el equipo propone una lectura histórica del fenómeno vinculada a debates sobre soberanía territorial en América Latina. Retoman el llamado “corolario Roosevelt” de la doctrina Monroe, una interpretación geopolítica que plantea la potestad de Estados Unidos de intervenir en la región para proteger intereses considerados estratégicos: “Como historiadores, lo que hacemos es analizar quién controla qué recursos y con qué finalidad”, plantea Oberlin.

Desde esa perspectiva, sostienen que las empresas que buscan expandir mercados o asegurar materias primas suelen operar en sintonía con intereses estatales de sus países de origen para consolidar territorios estratégicos. El departamento neuquino de Lácar funciona como ejemplo concreto de esa dinámica. Con niveles de extranjerización superiores al 50% y fuerte presencia de capital estadounidense, la región que incluye a San Martín de los Andes combina grandes fuentes de agua cordillerana, expansión inmobiliaria vinculada al turismo de alta gama y cercanía con una de las principales provincias hidrocarburíferas del país.

Neuquén es actualmente el mayor productor de petróleo y gas de Argentina. El control territorial en zonas con acceso a recursos hídricos y energéticos adquiere así una dimensión adicional: “Hay una triple dimensión: frontera cordillerana, control de fuentes de agua y acceso a recursos hidrocarburíferos”, sintetiza Oberlin.

Incluso en la provincia de Buenos Aires aparecen concentraciones relevantes. Los partidos de Campana y Zárate, ubicados sobre la costa del río Paraná y con fuerte presencia portuaria e industrial, superan el límite legal departamental con capitales chilenos vinculados a nodos logísticos estratégicos para el comercio fluvial: “Son puntos clave para el transporte y la circulación de mercaderías”, explica el investigador.

El relevamiento también identifica concentraciones en zonas de frontera del norte argentino y en departamentos ligados a corredores logísticos centrales: “Cuando una empresa extranjera controla tierras en áreas limítrofes puede generar zonas de menor control estatal. Eso abre debates sobre soberanía territorial”, señala Oberlin. La mayoría de los países de la región mantienen legislaciones restrictivas en áreas de frontera por motivos similares. Brasil posee normativas de protección desde la década del 70 y restricciones equivalentes existen también en Estados Unidos y varios países europeos.

Un debate que recién empieza

El mapa interactivo generó repercusiones más allá del ámbito académico. Según el equipo, legisladores de distintos espacios políticos solicitaron reuniones para profundizar en los datos y algunos dirigentes difundieron la herramienta en redes sociales. Desde el Ggobierno nacional, en cambio, no hubo contacto formal ni declaraciones públicas sobre el relevamiento: “Estamos abiertos al diálogo y celebramos que el tema esté en discusión porque es un problema que nos afecta a todos como país», señala Oberlin.

El Observatorio planea continuar con informes provincia por provincia y buscará cruzar datos de extranjerización con conflictividad agraria y concentración de tierras. Para los investigadores, el debate excede las estadísticas: “La tierra es un recurso irreproducible y central para cualquier sociedad. Pensar quién la controla implica discutir soberanía, un debate que tenemos pendiente”, concluye.

Se pueden chequear todos los datos y seguir de cerca la investigación en Instagram: @priha_fce