Javier Milei fue elegido presidente de la Argentina el 10 de diciembre de 2024 con un discurso reivindicatorio de las Fuerzas Armadas, incluso en relación a los momentos más horrorosos de su protagonismo en la vida interna del país durante el siglo XX, como fueron las dictaduras militares, especialmente la última (1976–1983). Su vicepresidenta, Victoria Villarruel, es hija de Eduardo Villarruel un ex militar del Ejército Argentino que participó en la “lucha contra la subversión”, eufemismo empleado antes y durante la dictadura de 1976 para el terrorismo de Estado en la Argentina; en la Guerra de Malvinas, y ya en democracia se negó a jurar por la Constitución Nacional. Villarruel, asimismo, ha sido durante más de dos décadas una reconocida defensora de la impunidad de las Fuerzas Armadas por los crímenes cometidos durante aquellos años de dictadura.

Sin embargo, a pesar de esos antecedentes, la gestión del libertario Milei dista de impulsar una mejora sustancial en las capacidades y recursos de las instituciones castrenses. Apenas asumido el Gobierno, su ministro de Defensa, Luis Petri, proveniente de la Unión Cívica Radical (UCR), dejó sin efecto el esquema de jerarquización salarial concebido en tiempos del segundo período en el Ministerio de Defensa de su antecesor, Agustín Rossi, e implementado en sus primeros pasos por Jorge Taiana, sucesor de éste último.

Ahora, con la Ley de Presupuesto 2025, Milei busca eliminar, en los hechos, aunque se preserve formalmente, el instrumento legal más importante de la historia argentina para financiar un esquema sustentable de equipamiento de las Fuerzas Armadas, la Ley N° 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).

FONDEF

La Ley del FONDEF fue sancionada en 2020 a iniciativa de Rossi, cuyo impulso por parte del Poder Ejecutivo Nacional había sido acordado con Alberto Fernández (presidente de la Argentina 2019 – 2023) antes de que aquel fuera nombrado ministro.

“Nosotros imaginamos el FONDEF a partir de un análisis que hicimos sobre lo que había pasado con las Fuerzas Armadas, fundamentalmente después de la Guerra de Malvinas, con la que se habían sufrido, de alguna manera, un proceso de achicamiento y desmantelamiento del aparato militar”, señaló Rossi en diálogo con la agencia TSS de la Universidad Nacional de San Martín sobre el tema.

El histórico problema del financiamiento de las inversiones en Defensa estuvo atizado por su dependencia de un presupuesto del Gobierno nacional siempre fluctuante, con recurrentes crisis, y en un sector que en las últimas cuatro décadas no ha sido prioritario. “necesitábamos un proceso de reequipamiento (en materia de Defensa)”,

enfatizó Rossi . Y agregó: “Pero para ello se necesitaba un andamiaje legal. Las cuestiones de Defensa son de mirada estratégica pero la coyuntura en la Argentina siempre tiene más peso que lo estratégico. Para decirlo claramente, iba yo como ministro de Defensa al ministro de Economía, o a la presidenta de ese momento, a solicitarle una inversión para tal equipamiento, e iba también el ministro de Seguridad para pedir una inversión, y la urgencia estaba del lado de éste último y él era más favorecido por la asignación de recursos”.

El FONDEF fue ese andamiaje legal para garantizar un porcentaje mínimo de recursos económicos, calculados sobre el total de los ingresos corrientes del presupuesto anual consolidado del Sector Público Nacional, con una progresión de crecimiento a partir de 2020 hasta alcanzar un tope en el 2023 que se mantendría a futuro.

El esquema de aseguramiento del financiamiento por parte del FONDEF posee cuatro ventajas. Compromete al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en la asignación anual de fondos para el equipamiento de la Defensa; brinda un parámetro cuantitativo claro de cuál debe ser el monto mínimo a destinar a ese fin; establece un propósito específico para esos recursos evitando así que terminen sirviendo para cubrir gastos corrientes como salarios; y, al tratarse de un porcentaje sobre los ingresos del Estado nacional, crecen al ritmo del presupuesto público, una fórmula que también resulta útil si se plantea que las cuentas estatales operen en un régimen de déficit cero.

La Ley del FONDEF es muy clara en su artículo 2 sobre los destinos que deben tener los recursos que provee: “Recuperación, modernización y/o incorporación de material de conformidad con lo previsto en el Artículo 19 de la Ley N° 24.948”. Esta última norma es la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas de 1998, lo que muestra, además, una línea de continuidad a lo largo de más de dos décadas y de diferentes gobiernos, incluso de adscripciones ideológicas muy diferentes, en lo que respecta a la recuperación de la capacidad defensiva de Argentina. El citado Artículo 19 de la Ley N° 24.948 determina un conjunto de prioridades a la hora de procurar la adquisición de nuevos equipos para la Defensa.

A pesar que los años desde la implementación del FONDEF no fueron los mejores para la economía argentina, ni para las cuentas de su Estado, enfrentándose a las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 y la terrible deuda externa legada por la Presidencia de Mauricio Macri (2015–2019), los recursos obtenidos por medio de aquel fondo sirvieron para financiar un conjunto de programas de incorporación y recuperación de sistemas de armas y otros equipamientos para la defensa, como no había ocurrido desde el retorno de la democracia en 1983. Como señaló el propio Rossi, “es la primera vez en la historia argentina que las Fuerzas Armadas, que nacieron con la Patria, tienen una asignación específica para su reequipamiento”.

Impulso industrial

El FONDEF también fue concebido como un instrumento de impulso a la industria nacional para la Defensa. Otrora gran bastión del desarrollo local, como resultado de las transformaciones neoliberales que asolaron a la Argentina de forma recurrente desde 1976 y por la falta de una voluntad política contundente para su reconstrucción en otros períodos de la historia reciente del país, aquélla había quedado fuertemente rezagada y fragmentada, con algunas honrosas excepciones como INVAP y sus radares.

No obstante, “es una industria (la de la Defensa) que tiene mucho más de lo que aparece en la superficie”, enfatizó Rossi: “No son sólo las empresas del Estado, sea el nacional con Fabricaciones Militares, FAdeA o TANDANOR; o las provincias, conINVAP que es de Río Negro o Astilleros Río Santiago, de la Provincia de Buenos Aires; hay también una multiplicidad de pequeñas y medianas empresas que son proveedoras de las Fuerzas Armadas o de las grandes empresas estatales que nos permite ir teniendo un horizonte mucho más amplio”, agregó.

El desarrollo industrial en materia de Defensa pasa, igualmente, por la nacionalización de componentes de sistemas de armas ya existentes. Un caso testigo es el del avión de entrenamiento militar avanzado producido por FAdeA, el IA-63 Pampa, que de un 5% de componentes nacionales hace tres décadas, pasó en la actualidad a cerca del 15%, proyectándose llegar a más del 20%.

Ahora bien, “si quiero reemplazar o sustituir un componente importado por uno nacional tengo que encontrar a alguien que lo produzca, a quien le tengo que pedir que arme una línea de producción para ello. A este empresario le tengo que dar un horizonte de negocio, de compra. Debo asegurarle que en 10 años, por mencionar un plazo, le voy a comprar, como Estado, un número específico de productos para que pueda amortizar su inversión y consiga una rentabilidad razonable. El FONDEF también sirve para generar esa previsibilidad”, puntualizó Rossi.

FAdeA ha sido un caso testigo de la continuidad de los proyectos tecnológicos complejos para la defensa que ha posibilitado el FONDEF. “Desde 2016 a 2019 se realizaron contratos anuales con la Fuerza Aérea Argentina que impedían la incorporación de proyectos de largo aliento como el de IA100 ‘Malvinas’, la modernización del IA-58 ‘Pucará’ y la producción y modernización del IA-63 ‘Pampa III’. Con el FONDEF se pudo obtener el respaldo económico para abordar estos, y otros proyectos de largo aliento, a través de contratos plurianuales sostenidos por una planificación. Cabe destacar que estos contratos, que concluiría a fines del 2024 y en algunos casos cuentan con una extensión hasta el 2025, han sido suspendidos por parte del cliente, o sea, por la actual conducción del Ministerio de Defensa”, explicó Mirta Iriondo. Iriondo fue presidenta de FAdeA entre 2016 y 2024, y antes había sido directora General de Planificación Industrial y de Servicios para la Defensa (2007-2011) y subsecretaria de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (2011-2013) en el Ministerio de Defensa.

Planificación militar

El Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL) es el documento final del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional (CPDN) que fija las prioridades para la adquisición y mantenimiento de capacidades militares, y se articula con la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), máximo instrumento político de determinación de la estrategia de defensa nacional.

El PLANCAMIL vigente es el aprobado en 2023 por el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, a través de la Resolución RESOL-2023-1365-APN-MD; la última DPDN emitida fue la de 2021(Decreto PEN N° 457/2021) durante el gobierno de Alberto Fernández. Estos instrumentos legales son fundamentales y su desarrollo desde los primeros gobiernos kirchneristas ha sido un aporte institucional para la Defensa cuyo valor aún no se termina de aquilatar. Sin embargo, para su concreción requieren dinero y ese fue uno de los costados que más flaqueó.

“El FONDEF permite hacer realidad el PLANCAMIL, que es el documento final del Ciclo de Planeamiento surgido de la DPDN”, remarcó Rossi. Y agregó en relación a la adquisición de sistemas de armas, “las Fuerzas Armadas no compran por oportunidad, puede ser que aparezca alguna y valga la pena, pero en general tienen una hoja de ruta para hacer sus inversiones que contempla un largo plazo de ejecución.Y esa hoja de ruta está en el PLANCAMIL, que junto a la DPDN, son los dos instrumentos más importantes que tiene un ministro de Defensa para conducir el proceso militar”.

Motosierra y endeudamiento

El proyecto de Ley de Presupuesto 2025 enviado al Congreso Nacional por el Gobierno libertario en su Artículo 27, entre otras cosas, suspende la aplicación del Inciso 1 del Artículo 4 de la ley del FONDEF, o sea, el corazón del financiamiento que dispone. La tan reiterada necesidad de continuidad institucional y seguridad jurídica que suele esgrimir como slogan la derecha es pulverizada en un instante a la menor oportunidad.

Como si el daño causado con aquella suspensión no fuera descomunal, en la planilla anexa al Artículo 41 se dispone la toma de deuda externa por más de 4.600 dólares estadounidenses a fin de adquirir o construir una serie de sistemas de armas como submarinos; buques de combate, anfibios, logísticos y patrulleros oceánicos; helicópteros navales y elementos de infraestructura para la base naval de Ushuaia. O sea, se elimina una fuente de financiamiento genuino para la defensa como el FONDEF, mientras se abre el grifo de otra espuria como el endeudamiento externo, con las negativas consecuencias que esta vía ha tenido en múltiples experiencias del propio pasado nacional y en la de otros países, como ocurrió con Grecia, donde la crisis de deuda externa iniciada en 2009 tuvo como uno de sus orígenes principales los cuantiosos préstamos tomados en años anteriores para la compra de armamento en el exterior.

Sin respuesta

La agencia TSS se comunicó con las tres Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto (EMCO), el Ministerio de Defensa (MINDEF), y las presidencias de las Comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, a cargo de Ricardo López Murphy y Luis Juez, respectivamente; a fin de recabar sus opiniones sobre la virtual eliminación del FONDEF en el proyecto de Ley de Presupuesto 2025. Tanto la Armada Argentina, la Fuerza Aérea, el Ejército y el EMCO, respondieron que era un tema sobre el cual debían dirigirse las consultas al MINDEF. Éste último, al igual que la oficina del diputado López Murphy y la del senador Juez, nunca respondieron.