Acá el barrio aprendió a cuidar la vida – dice un sacerdote en el barrio Santa Lucía, en el noroeste rosarino, uno de los puntos geográficos que según parte de la justicia federal, el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de la provincia de Santa Fe y el de Rosario, justifican el estreno de la llamada ley antimafia, la 27.786, publicada el 10 de marzo de 2025 y que según la resolución 572 del 13 de mayo ya se aplica en la ex ciudad obrera mucho antes de ser votada por la Legislatura santafesina.

Los barrios bajo investigación especial son, además de Santa Lucía, 7 de Septiembre y Emaús, históricas conglomeraciones urbanas estragadas por las bandas narcopoliciales desde 2014 a 2023 pero que ahora, por distintos motivos, algunos de ellos misteriosos, no tienen ni por aproximación los niveles de violencia urbana del ayer cercano.

Allí en Santa Lucía las organizaciones sociales y parroquiales hicieron más por recuperar la paz que las fuerzas de seguridad, sean nacionales o provinciales. Ahora hay talleres que ofrecen actividades de todo tipo a chicas, chicos, mujeres y hombres, como también jubiladas y jubilados en un costado de la ciudad que alguna vez atrajera familias enteras de provincias vecinas por las chimeneas flamígeras de sus fábricas.

En Santa Lucía no está presente el paraíso pero tampoco se percibe ninguna señal de potencial control territorial por alguna organización criminal como repite el texto de los quince artículos de la ley antimafia.

No necesitan de fuerzas federales si no de tendidos de agua potable, trabajo, educación, cultura, clubes y alegría que de represión institucional.

No muy lejos de allí, en ese punto del mapa que antes se llamaba simplemente Fisherton pobre, ahora dividido en los barrios 7 de Septiembre, Emaus, La Bombacha y Stela Maris, la gente que tuvo la amabilidad de charlar con este cronista sostiene que no hay negocio ni violencia que esté lejos de la corrupción de la comisaría 17.

Que no les resulta creíble la exagerada implementación de la ley antimafia en una zona que por sobre todas las cosas sufre la falta de reparación de las escuelas, la necesidad de dotar con mayor cantidad de profesionales como psicólogos en los centros de salud por los reiterados casos de suicidios y la lejanía de trabajos dignos y estables.

Los ministerios de seguridad, tanto el provincial como el nacional, ahora descubren a la banda narcopolicial de “Los Menores”, como si fuera la nueva marca del terror, como alguna fue la de “Los Monos”, mientras la circulación del dinero del narcotráfico está muy lejos de las geografías saqueadas más allá de los bulevares.

La droga, igualmente, fluye con extraña libertad y son pibitos los que ahora se ofrecen como vendedores pero no está presente la violencia homicida de 2023 o años anteriores. También hay usurpaciones pero las palabras contundentes de la ley no parecen anclarse en la realidad cotidiana de estos barrios.

La aplicación de la ley antimafia parece ser una jugada política de la señora Patricia Bullrich, una de las principales voceras de las ideas y propuestas del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos para América del Sur que usan al “narcoterrorismo” como excusa de intervención para generar control social y no seguridad ciudadana y democrática.

También pone en evidencia la contradicción con los dichos permanentes del gobierno provincial que se jacta de la reducción de los homicidios de manera conjunta con el municipio rosarino.

O miente Patricia Bullrich o mienten los gobiernos de Santa Fe o Rosario o quizás mientan los tres.

Porque allí en los barrios la vida se cuida gracias al trabajo diario de gente común que busca alumbrar un presente de inclusión y no cumplir con las pautas de colonia cruel que hoy se impone en el sur del mundo.