A lo largo del siglo XX, en los países centrales de la esfera occidental se da una tensión entre dos formas de entender la economía y el rol del Estado al interior del capitalismo. Una de ellas concibe al Estado como un actor económico que ejerce un rol clave tanto en la planificación social como en la esfera de la distribución. La segunda posición, claramente librecambista, aboga por un Estado mínimo que interfiera lo menos posible en la libre concurrencia de los actores económicos en el mercado, garantizando el marco jurídico acorde para la defensa irrestricta de la propiedad privada.

En la Argentina estas dos miradas se encuentran en lucha permanente debido al carácter dependiente de su formación social. De allí que, en nuestro país como el del resto de las naciones sudamericanas, encuentre sus luchas políticas, económicas y sociales, determinadas por las relaciones de fuerza internacionales.

Durante la primera mitad del siglo pasado, Argentina modeló su institucionalidad estatal y su aparato productivo en forma acorde a los requerimientos que la división internacional del trabajo le había destinado como país agroexportador. Este modelo, sostenido por una alianza entre la oligarquía local con el capital anglosajón, recién es cuestionado por el Estado Justicialista al apropiarse de parte de la renta agraria para ser destinada al desarrollo industrial y políticas públicas redistributivas bajo la bandera de la justicia social.

El peronismo representó una alianza entre la burguesía industrial, algunos sectores de las Fuerzas Armadas y el movimiento obrero organizado sindicalmente. Bloque social que logra articularse como hegemonía y programa para todas las clases entre 1946 y 1955.

Luego del golpe de 1955, las 62 Organizaciones se erige en el brazo político del movimiento obrero sindical expresando su programa de clase (político, social y económico) en La Falda (1957) y Huerta Grande (1959). Sintetizando ambas instancias, se aboga por 1) control estatal del comercio exterior; 2) nacionalización de empresas extranjeras; 3) planificación de la comercialización; 4) nacionalización de las fuentes de energía; 5) nacionalización de los frigoríficos extranjeros; 6) estatización del crédito y nacionalización de la banca; 7) reforma agraria; 8) extensión del cooperativismo agrario; 9) control obrero de la producción y distribución de la riqueza nacional; 10) prohibición de toda exportación directa o indirecta de capitales; 11) desconocimiento de todo tipo de deuda contraída y firmada a espaldas del pueblo; 12) prohibición de toda importación competitiva con nuestra producción; 13) expropiación a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación; 14) abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales; 15) planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la Nación y el Pueblo Argentino, fijando líneas de prioridades y estableciendo topes mínimos y máximos de producción.

El debate de línea estratégica e intervención táctica girará en torno a estos puntos programáticos tensionando constantemente al interior del movimiento posiciones más proclives a la conciliación de clases con aquellas que perciben como necesaria una vía democrática revolucionaria de masas como forma de imponerse ante el régimen.

El Cordobazo tiene su origen en el intento de unificación del mercado de trabajo por el gobierno de Onganía al modificar la legislación de promoción industrial y la eliminación del “sábado inglés” (donde las horas extras trabajadas en día sábado se abonaban al doble). Por ende, el mismo tiene origen en una contradicción local entre patronales y obreros.

La acción directa de las masas organizadas tras un programa estratégico (La Falda y Huerta Grande) en un contexto de huelga general con movilización explicita la conformación de una nueva moral que al desbordar los límites reformistas permite la articulación con otros sectores de clase (estudiantes y pequeña burguesía) identificando un enemigo común bajo la dirección hegemónica del movimiento obrero. De esta forma, el Cordobazo, pone de manifiesto que la resolución real de la contradicción capital-trabajo ya no puede darse dentro de los marcos de conciliación de clases, presentándose como necesaria una vía de acción revolucionaria. Al momento que esto ocurre, la iniciativa obrera toma forma de enfrentamiento social contra el régimen cuando éste ordena la intervención de las Fuerzas Armadas.

La convocatoria de una huelga general para el 30 de mayo por parte de las dos centrales sindicales (CGT y CGT-A) instala a nivel nacional la lucha social cordobesa engarzándola con instancias previas y posteriores (Rosariazo, Vivorazo) de confrontación contra el régimen. La iniciativa obrera tracciona al resto de los sectores sociales en lucha obligando a la dictadura a una salida electoral para 1973.

En la Argentina del presente, vale preguntarnos bajo qué acción coordinada y la conducción de qué sector de clase se da la confrontación contra el régimen antinacional de Milei y el imperialismo anglosajón. Y, sobre todo, si es posible plasmar en un programa de alcance nacional una salida que rompa el statu quo partidocrático.

El Cordobazo nos invita a pensar que en una cosa es la acción democrática de las masas populares en la calle como expresión democrática de un programa de Liberación Nacional (La Falda, Huerta Grande, 1° de Mayo, 26 Puntos de la CGT, etc.) y otra es la acción coordinada de camarillas políticas con representación institucional (e institucionalizante) que al no proponer una confrontación directa con el régimen de dominación terminan revistiéndolo con girones de una democracia que ya no da de comer, no educa, no cura, ni conmueve.