Golpes, represión y neoliberal

El violeto derrocamiento del peronismo en 1955 por parte de los sectores dominantes del capital implicó una revancha clasista en todos los órdenes de la estructura social. El mayor énfasis y virulencia se plasmó en el plano de la estructura económico-productiva. Estos cambios, que se aceleran con otro golpe cívico-militar en 1976, hirieron de muerte el proceso industrial de sustitución de importaciones y, por ende, modificaron la composición y destino de la producción como de los excedentes. Asimismo, también se asiste a un cambio de la hegemonía al interior del bloque de clases dominante, las fracciones que lo integran y su relación con el capital transnacional.

Sin el quiebre de la institucionalidad democrática y la represión sobre el movimiento obrero, los cambios en el aparato estatal y la estructura económica del país no se hubieran podido llevar adelante. El genocidio sobre el pueblo argentino no fue una cuestión colateral al proceso de restructuración, sino una condición de base necesaria para el mismo.

El plan económico de la Junta Militar, anunciado por José Martínez de Hoz el 2 de abril de 1976, fue descripto por Agencia Clandestina de Noticias (ANCLA) a cargo de Rodolfo Walsh, de la siguiente manera:

“Liberó los precios, congeló los salarios, derogó la legislación laboral sancionada a lo largo de medio siglo de luchas obreras, anunció la desnacionalización de todas las empresas estatales que no guardaran directa vinculación con la defensa, preparó una ley de radicación de capitales que coloca a los inversores extranjeros en las mismas condiciones que los argentinos y suprime las trabas para la remesa de utilidades, eliminó el derecho de huelga que puede ser castigado con prisión de 10 años, anuló las preferencias impositivas y crediticias para las pequeñas y medianas empresas nacionales, despejó de gravámenes la importación de bienes que se producen en la Argentina, viajó a Estados Unidos, Europa y Japón en procura de créditos para responder a los vencimientos inmediatos de la apremiante deuda externa de 12.000 millones de dólares, firmó un acuerdo de stand by con el FMI, inició un plan de despidos de agentes estatales que creará casi un millón de nuevos desocupados sobre una población laboral activa de poco más de seis millones, elevó en cinco años la edad necesaria para jubilarse y redujo los haberes que se pagan a los ancianos retirados del trabajo. De este modo precipitó un agudísimo cuadro recesivo, en el que la industria trabaja a menos del 50% de su capacidad y los asalariados ven reducidos sus ingresos reales a la mitad de lo que valían en 1960. Un millón de argentinos no tienen empleos y la inflación sigue superando holgadamente a la que cualquier otro país del mundo con un índice mayor del 500% anual”.

La apabullante similitud del plan económico de la Junta Militar de 1976 con las políticas del actual gobierno de Milei saltan a la vista. Y esto es así, porque la estructura legal que permite al capital extranjero realizar inversiones directas y luego fugar capitales no se ha modificado en sustancia desde aquel momento. Cuestión que la reforma constitucional de 1994 profundizó al transferir a las provincias el dominio sobre los recursos naturales enajenando la riqueza nacional y permitiendo, de implementarse el RIGI, acercarnos a un verdadero escenario de disgregación del país. Eso sí, manteniendo sus ropajes de república democrática … ¿Pero, por cuánto tiempo?

 

El Movimiento Obrero tiene algo que decir

El encarcelamiento de dirigentes peronistas, entre ellos John William Cooke a quien Perón había ungido como su único representante, y frustrada la acción insurreccional del Gral. Valle, es evidente que la lucha frontal y directa contra el régimen no era posible. Desde las bases del movimiento obrero surge entonces una estrategia de lucha contra el régimen con un carácter más indirecto. La posibi­lidad y la necesidad de recuperar los sindicatos en manos de los interventores militares motoriza a las bases gremiales, que con­forman con ese objetivo las agrupaciones sindicales.

Entre 1956 y 1957, la lucha por la recuperación de las estructuras y acción gremiales se centró fundamentalmente en los sindicatos industriales en donde se asiste a un recambio en los cuadros dirigentes. Así, la primera CGT Regional recuperada fue la de Córdoba, que el 1 de julio de 1957 elige en Plenario General a Atilio López de UTA como Secre­tario General. Los sindicatos y delegaciones regionales recuperadas formaron la "Intersindical” que el 12 de julio lanza un paro general obligando al gobierno a convocar al Congreso Normalizador de la CGT intervenida hasta ese mo­mento.

Aun así, el interventor de la CGT, Capitán de Navío Patrón Laplacette, procurando obtener una dirección complaciente con el gobierno pacta con 32 gremios (llamados “democráticos”) y logra romper el Congreso. Los restantes gremios dan nacimiento a las “62 Organizaciones”.

Este hecho revitalizó al movimiento obrero peronista, quien, tejiendo alianzas con sectores de la izquierda independiente y el comunismo, logra una estrategia conjunta en la recuperación y legalización de más sindicatos.

En este marco de resistencia, se realiza en la localidad cordobesa de La Falda un Plenario Nacional de Delegaciones Regionales de la CGT y de las 62 Organizaciones donde se constituye y aprueba un verdadero programa de gobierno. El mismo, de claro tenor antioligárquico y antiimperialista entronca el acumulado de las luchas sociales y la experiencia de gobierno justicialista con la necesidad de trascender el capitalismo encarando la lucha por la liberación nacional y social.

A continuación, trascribiremos en forma completa el programa de La Falda. Como se habrá de notar, no es para nada moderado en sus pretensiones y en la actualidad pondría los pelos de punta a la mayoría de la dirigencia política y sindical. Sin embargo, para el momento de su elaboración cuadraba dentro del sentido común de la militancia obrera y popular; vale preguntarnos entonces cual sería nuestro actual sentido común militante.

Es verdad que el programa no habla de la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, ni de la relación de independencia entre el Estado y la clase trabajadora, como a las corrientes de pensamiento más radicales les agradaría escuchar. Y tampoco se mencionan los métodos de lucha por los cuales lograr semejante obra, como esperaría posiciones de vanguardia. Pero a luz vista desde nuestro presente (y para nuestro presente mismo), el solo hecho de plantear el control obrero de la producción, la planificación de la economía sobre el mercado y la nacionalización de toda la estructura productiva, lo vuelve un verdadero camino de transición a una sociedad mucho más cercana al poscapitalismo. O cuando no, por lo menos a una sociedad mucho más justa con centralidad en la clase trabajadora ya no como columna vertebral, sino como cabeza, mente, corazón y dirección del cambio social.

El programa de La Falda, como otros que le siguieron (Huerta Grande en 1962; 1 de Mayo de 1968 CGT-A; Programa de los 26 puntos para la Unión Nacional de la CGT en 1986), no deberían ser vistos como reliquias de un museo de utopías, sino como insumos para pensar nuestras prácticas políticas actuales y forzar horizontes de futuro.

Al neoliberalismo represivo de Javier Milei no se lo enfrenta eficazmente ni pidiendo la moderación de las formas de la protesta, ni ejerciendo el denuncionismo compulsivo de quien siendo parte de una minoría partidocrática ve peligrar el mismo status quo que le dio origen y sustento. Ambas maneras son la antesala de la inacción y el macartismo. Es en la acción directa y organizada de las masas donde se plasman los programas de emancipación y se forjan los líderes populares.

 

• Programa de La Falda (1957)

Para la Independencia Económica:

a) Comercio exterior:

Control estatal del comercio exterior sobre las bases de la forma de un monopolio estatal.

Liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación.

Control de los productores en las operaciones comerciales con un sentido de defensa de la renta nacional. Planificación del proceso en vista a las necesidades del país, en función de su desarrollo histórico, teniendo presente el interés de la clase laboriosa.

Ampliación y diversificación de los mercados internacionales.

Denuncia de todos los pactos lesivos de nuestra independencia económica.

Planificación de la comercialización teniendo presente nuestro desarrollo interno.

Integración económica con los pueblos hermanos de Latinoamérica, sobre las bases de las experiencias realizadas.

b) En el orden interno:

Política de alto consumo interno; altos salarios, mayor producción para el país con sentido nacional.

Desarrollo de la industria liviana adecuada a las necesidades del país.

Incremento de una política económica tendiente a lograr la consolidación de la industria pesada, base de cualquier desarrollo futuro.

Política energética nacional; para ello se hace indispensable la nacionalización de las fuentes naturales de energía y su explotación en función de las necesidades del desarrollo del país.

Nacionalización de los frigoríficos extranjeros, a fin de posibilitar la eficacia del control del comercio exterior, sustrayendo de manos de los monopolios extranjeros dichos resortes básicos de nuestra economía.

Soluciones de fondo, con sentido nacional a los problemas económicos regionales sobre la base de integrar dichas economías a las reales necesidades del país, superando la actual división entre "provincias ricas y provincias pobres’.

Control centralizado del crédito por parte del Estado, adecuándolo a un plan de desarrollo integral de la economía con vistas a los intereses de los trabajadores.

Programa agrario, sintetizado en: mecanización del agro, "tendencia de la industria nacional", expropiación del latifundio y extensión del cooperativismo agrario, en procura de que la tierra sea de quien la trabaja.

Para la Justicia Social:

Control obrero de la producción y distribución de la riqueza nacional, mediante la participación efectiva de los trabajadores en: a) la elaboración y ejecución del plan económico general, a través de las organizaciones sindicales; b) participación en la dirección de las empresas privadas y públicas, asegurando, en cada caso, el sentido social de la riqueza; c) control popular de precios.

Salario mínimo, vital y móvil.

Previsión social integral: unificación de los beneficios y extensión de los mismos a todos los sectores del trabajo.

Reformas de la legislación laboral tendientes a adecuarla al momento histórico y de acuerdo al plan general de transformación popular de la realidad argentina.

Creación del organismo estatal que con el control obrero posibilite la vigencia real de las conquistas y legislaciones sociales.

Estabilidad absoluta de los trabajadores.

Fuero sindical.

Para la Soberanía Política:

Elaboración del gran plan político-económico-social de la realidad argentina, que reconozca la presencia del movimiento obrero como fuerza fundamental nacional, a través de su participación hegemónica en la confección y dirección del mismo.

Fortalecimiento del estado nacional popular, tendiente a lograr la destrucción de los sectores oligárquicos antina­cionales y sus aliados extranjeros, y teniendo presente que la clase trabajadora es la única fuerza argentina que re­presenta en sus intereses los anhelos del país mismo, a lo que agrega su unidad de planteamientos de lucha y fortaleza.

Dirección de la acción hacia un entendimiento integral (político-económico) con las naciones hermanas latinoamericanas.

Acción política que reemplace las divisiones artificiales in­ternas, basadas en el federalismo liberal y falso.

Libertad de elegir y ser elegido, sin inhabilitaciones, y el fortalecimiento definitivo de la voluntad popular.

Solidaridad de la clase trabajadora con las luchas de liberación nacional de los pueblos oprimidos.

Política internacional independiente.