Los dos objetivos centrales fueron desprestigiar a la AFA e instalar en la opinión pública la idea de que las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) son la solución a los problemas del fútbol. Para ello, esta organización desplegó tareas específicas: impulsar denuncias mediáticas falsas, presionar desde organismos de control y recaudación, y utilizar al Poder Judicial con promesas de ascensos.

La operación está liderada por el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Lo secunda el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene conflictos previos con la AFA por la no renovación de contratos de representación de amistosos de la selección argentina. La diputada Juliana Santillán actúa como una de las principales impulsoras de las SAD. Distintas fuentes señalaron que el expresidente Mauricio Macri sería la mente detrás del grupo. Santillán realizó una gira por clubes del interior para promover la conversión en SAD, sin éxito relevante.

Integran también este grupo Daniel Roque Vítolo, extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ); el exjuez Alberto Baños, quien reivindicó a la dictadura ante la ONU; y Mariano Leguiza Capristo, exsubsecretario de Investigación y Estadística Criminal de CABA. Baños, tras ser dado de baja de su cargo, volvió al ejercicio privado y actualmente defiende a Tofoni en múltiples causas judiciales, entre ellas una contra la AFA.

Cúneo Libarona armó el equipo con roles asignados y contó con el aval del asesor presidencial Santiago Caputo. Vítolo, desde la Inspección General de Justicia (IGJ), impulsó denuncias mediáticas, entre ellas una relacionada con el cambio de domicilio de la AFA y supuestas modificaciones estatutarias que nunca ocurrieron. Paralelamente, recurrieron a la agencia de recaudación (actual ARCA) para presionar desde el Estado. Solo lograron avanzar con una denuncia por supuesta retención de aportes, basada en datos falsos. La AFA demostró que los pagos se ajustaban a la ley. Santiago Caputo puso a disposición la SIDE para complementar el accionar. En el ámbito judicial, el juez Amarante –quien habría recibido la promesa de ser nombrado juez de casación– mantiene un proceso contra dirigentes de la AFA por esa misma denuncia.

El grupo operó como una red. Uno de sus contactos fue Juan Pablo Beacon, ex empleado de la AFA que manejó el Consejo Federal de Fútbol. Beacon es abogado, ex mano derecha del tesorero de la AFA, y su hermano Guillermo trabaja en el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro como intermediario del gobernador Weretilneck. Audios revelan una supuesta urgencia económica de Beacon por adicción al juego. Otro nexo es el representante de futbolistas Marcelo Di Lauro, vinculado a Mariano Leguiza Capristo (subsecretario de investigaciones de la SIDE). Di Lauro habría actuado como nexo inicial, fue cercano a Diego Maradona como también Maximiliano Pomargo, cuñado del ex apoderado, Matías Morla. Luego habrían aparecido Hernán Finessi, representante también de jugadores de futbol, y José Ignacio Llados, ex La Nación y actual gerente de relaciones institucionales de TyC Sports, Grupo Clarín.

El punto central de la investigación es el denominado pendrive. Según fuentes judiciales y de los servicios de inteligencia, el dispositivo surgió a partir de una copia del teléfono de Juan Pablo Beacon. La copia fue realizada por personas vinculadas al Ministerio de Justicia y a la SIDE, conducida por Santiago Caputo. El pendrive llegó a manos de la SIDE a través de un ex empleado de la AFA que mantenía vínculos con Beacon. Una vez en poder de la agencia de inteligencia, el contenido fue manipulado, recortado y editado con el fin de darle mayor peso probatorio contra la AFA. La filtración de los chats entre los personajes involucrados –Cúneo Libarona, Tofoni, Santillán, Vítolo y otros– se produjo de manera paralela a través de medios afines al gobierno, generando una cobertura que presentaba el pendrive como una revelación explosiva.

Sin embargo, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), organismo oficial dependiente del Poder Judicial, emitió un dictamen técnico. El informe indica que la información contenida en el pendrive no cuenta con cadena de custodia ni fue obtenida siguiendo el protocolo necesario para resguardar la validez de los datos. No es posible garantizar la integridad de la información. El organismo concluye que la copia del teléfono de Beacon fue adulterada con la intención de construir un relato falso sobre supuestas irregularidades en la AFA.

En definitiva, lo que se presentó como una prueba contundente contra la AFA resulta ser un material sin validez técnica, gestado en el seno de los propios organismos de inteligencia y justicia que debían garantizar su transparencia. La operación, que involucró a altos funcionarios, legisladores y empresarios, queda así desnudada como un intento por destruir institucionalmente a la institución para imponer las SAD, sin importar los medios utilizados.