"No destinar más recursos de lo que se requieren para que la sociedad esté informada (...) Queremos terminar con esto de consumir mucho recurso público y que no hace a que la gente esté enterada de lo que pasa" dijo el vocero presidencial mientras justificaba la nueva reglamentación y aclarando vehementemente que: "El acceso a la información pública debe servir para informar a la sociedad y no para invadir la privacidad, los funcionarios nacionales no están obligados explicar todo lo que hacen o ganan en su vida privada".

El decreto también realiza cambios sustanciales en la definición de "documento", indicando taxativamente que solo serán considerados documentos públicos aquellos generados, controlados o custodiados en el marco de la actividad estatal. Las deliberaciones preparatorias y los papeles de trabajo quedan excluidos de esta categoría.

Pese a las protestas y críticas de los medios periodísticos en general y amplios sectores y organismos de la vida pública argentina, Manuel Adorni confirmó que el Ejecutivo no dará marcha atrás con el decreto que menoscaba el derecho a la información pública. Un dato que explica la medida es que los pedidos de información aumentaron de 57 en 2020, a 558 hasta agosto de 2023, a lo que Adorni consideró como un uso excesivo de recursos del Estado y que claramente contrasta con la visión anarco-capitalista  de "achicar" el Estado para trabajar y gastar menos en estructuras que antes daban respuestas a lo que hoy no consideran necesidades. Que el pueblo acceda a la información de gobierno y sus gobernantes, no tiene relevancia en un gobierno que solo se habla a si mismo mientras se mira el ombligo. No les importa, o lo que es peor, consideran que atenta contra sus planes.

Entre los planteos de distintas organizaciones políticas, sociales y sindicales podemos resaltar la claridad sobre el tema que manifestó la Federación Argentina de trabajadores de Prensa y sus sindicatos adheridos en un comunicado público. En el mismo se establece que la nueva reglamentación incorpora restricciones en contra del espíritu de la ley de información pública atentando contra la transparencia en la gestión de los actos de gobierno cercenando a su vez, la tarea periodística de investigación y difusión limitando la libertad de expresión. Asimismo sostiene la FATPREN que esta decisión intenta controlar y oscurecer los actos de gobierno burlando toda crítica y control sobre su accionar y el de sus funcionarios. En esa línea, denuncia que "(la medida) fue una respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecha por una investigación periodística, la que reveló que el Ministerio de Capital Humano tenía toneladas de alimentos sin distribuir en un país donde la mitad de la población es pobre y un millón de chicos y chicas se van a dormir sin comer. Por eso, como representantes de quienes ejercen el periodismo, oficio que defendemos como fundamental para la democracia, nos alarma que todo esto tenga como objetivo impedir que se conozca información que podría poner en jaque el discurso oficial y garantizar la opacidad del accionar del gobierno."

Sin temor a exagerar podríamos decir que el viejo dicho: "en el país de los ciegos, el tuerto es rey", toma un especial significado en donde un gobierno quiere blindar a sus funcionarios además de invisibilizar los actos de una gestión plagada de escándalos ante la opinión pública.