“Haciendo que el futuro cobre vida”, se lee en el cartel de bienvenida de la página oficial de Josemaría, el proyecto que desarrolla la empresa canadiense Lundin Mining Corp, en el vértice noroeste de la provincia de San Juan. Resaltada con color naranja, la palabra “cobre” anuncia el metal insigne que se planea extraer —conjuntamente con oro y plata— en un plazo estimado de 19 años. Además, el juego de palabras relaciona el cobre con la vida y el futuro para aludir a la publicitada transición energética que precisa de este metal en grandes cantidades.

Resultaría un buen eslogan si no fuera tan perverso. Según reconoce el propio Informe de Impacto Ambiental (IIA) de la empresa y denuncia la Asamblea Jáchal No Se Toca, el proyecto amenaza ríos y glaciares, y con ellos, justamente, la vida y el futuro de la biodiversidad y poblaciones aledañas.

Pero hay otra paradoja y otra perversión. La paradoja: Josemaría precisa consumir más energía eléctrica que toda la provincia de San Juan para extraer el cobre que necesita la mentada transición energética. La perversión: la línea de extra alta tensión que requiere se financiará con dinero de las propias regalías que pagaría a la provincia. Un negocio sucio y redondo.

Energía sucia para la falsa transición energética

“El megaproyecto Josemaría va a ocupar un 115 por ciento más de energía eléctrica que toda la provincia de San Juan”, señala Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca. Según el IIA, en su etapa de operación, Josemaría consumiría 1.543.882.636 kilovatios por hora al año. Es decir, sólo esa minera insumiría más de 176.242 kilovatios por hora cada día durante 19 años.

En su página oficial, la empresa admite que “la industria del concentrado de cobre involucra un proceso electrointensivo, asociado principalmente a la conminución del mineral”. Precisamente, la molienda del mineral encabeza la lista de tareas que más energía consumiría, sobrepasando los 125 mil kilovatios por hora.

Según el IIA de Josemaría, “la energía sería suministrada con electricidad a través de una línea de transmisión de energía eléctrica de 250 kilómetros, con un circuito único de 220 kV (kilovatios)” y “la carga máxima de demanda se estima en 150 MW (megavatios)”.

Como grafica Zeballos, la construcción de la Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) implica gran cantidad de metales para la conducción de la electricidad y, a su vez, ésta se utilizará para la obtención de más metales. “O sea, me estás hablando de que vas a mejorar la matriz energética con un megaproyecto minero de cobre en donde vas a insumir muchísima energía eléctrica”, expone Zeballos y señala esta paradoja como “una contradicción en sí misma”.

Esta contradicción queda aún más clara al observar que “actualmente toda la actividad en el proyecto depende de energías no renovables provenientes de combustibles fósiles”, según afirma la Dirección de Recursos Energéticos de la provincia y cita el Informe Final Único (IFU) del proyecto.

Aunque la línea eléctrica se construiría específicamente para la explotación de Josemaría, la empresa se lava las manos: “En el presente informe de impacto ambiental no se evalúan los impactos de la construcción y funcionamiento de la línea de suministro eléctrico, por encontrarse fuera del sitio del proyecto”.

Josemaría y regalías de regalo

La construcción de la Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) que necesita Josemaría para extraer y procesar el mineral demandaría una inversión inicial de entre 280 y 344 millones de dólares. Aunque el IIA fue aprobado en abril de 2022 por el gobierno de Sergio Uñac, aún no hay certezas sobre quién la construirá ni de dónde saldrá el dinero.

Versiones periodísticas tambalean entre la propia Josemaría, Alemania e YPF como posibles responsables de la construcción. En cuanto al dinero hay, apenas, una certeza: la Legislatura de San Juan modificó una ley para que el costo de la obra eléctrica sea descontado de las regalías futuras.

El proyecto fue presentado por el propio Uñac y convertido en ley por la mayoría de los diputados en mayo de 2022. Con este paso administrativo, la flamante ley 2377-A derogó el artículo 11 de la ley 1181-A que prohibía, expresamente, la compensación de la inversión en obras de infraestructura energética con regalías de la actividad minera.

Además de financiar la línea eléctrica, las regalías se utilizarán para solventar el costo de 220 kilómetros de camino desde Rodeo, en el departamento Iglesia, hasta el yacimiento. Aunque la propia ley sanjuanina define a la regalía como una “retribución pecuniaria”, el beneficio directo, y ahora legal, es para la propia empresa.

A uno y otro lado de la vereda, se levantaron voces en contra de la renovada ley. Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca explicaron que, con este privilegio, “Josemaría no va a pagar nunca regalías, las va a descontar del costo de esa infraestructura. Es más, le va a quedar un saldo a favor de 100 millones de dólares a la canadiense Lundin”. Desde el otro lado, fue el diputado Juan Carlos Gioja —un férreo portavoz de la actividad— quien se opuso a la modificación de la ley: “Esto es una transferencia: se saca de un lado, del sector público, al sector privado”, dijo y especificó que “lo que estamos haciendo es ceder el derecho adquirido por el Estado a favor de dos proyectos: el de Josemaría y el de Pachón”.

Financiar el saqueo

Mientras la frase “no hay plata” se convierte en slogan del nuevo gobierno nacional, la versión de un posible préstamo para financiar la obra circula desde hace rato. “Nos enteramos hace unos meses que el gobierno de Argentina estaba buscando un crédito para hacer una línea eléctrica a Josemaría”, afirma Zeballos y opina: “O sea que es peor, el pueblo argentino le va a construir la línea eléctrica a Josemaría”.

En tanto los medios comerciales repiten la gacetilla que celebra el nuevo tendido eléctrico, Zeballos pone palabras a una indignación que no encuentra eco en las noticias: “Mientras hay beneficios, las corporaciones los privatizan y se los llevan en pocas manos, pero cuando hay que soportar costos, ahí tenemos que salir a pedir un crédito, todos nosotros, para cubrir esos costos”. Y resume: “Es un modelo donde se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias”.

Un negocio redondo

Además de leyes a medida, otros aspectos resultan por demás lucrativos para las empresas. Según consigna el IIA, “el costo de suministro de electricidad para actividad industrial resulta inferior en Argentina, respecto a Chile” y en otro pasaje puntualiza: “Los bajos costos operativos generales pueden atribuirse a un bajo coeficiente de extracción, a los bajos precios del combustible, al bajo costo de la electricidad y a los bajos costos de la mano de obra que en muchas otras jurisdicciones mineras establecidas”.

En el debate legislativo, el propio diputado Gioja había observado que “en modo alguno la empresa, supongamos Josemaría, va a dejar de venir a San Juan porque nosotros saquemos esta compensación porque la incidencia del costo de la obra respecto del proyecto total es mínimo”.

Para Zeballos se trata de “un saqueo cada vez mayor, ya que cada vez más las corporaciones piden y cada vez más nuestros funcionarios nos entregan”.

Maquillaje verde y transición energética

En nombre de la “transición energética”, Gobiernos y empresas intentan justificar proyectos de cobre y litio en el país. Lo que no dicen los anuncios es que la minería a gran escala es una de las actividades que más gases de efecto invernadero (GEI) emite a la atmósfera. Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (Ingei), el sector de la energía representó el 51 por ciento de las emisiones totales en el año 2018. Aunque este informe no explicita el consumo que realiza la megaminería metalífera, la Secretaría de Minería de la Nación admite en un documento que la minería es “un sector intensivo en energía” y que el consumo elevado se debe básicamente a que “por un lado, el constante movimiento de equipos de transporte requiere de combustibles y, por el otro, los procesos de concentración y refinación del mineral requieren abundante electricidad”. Ese mismo documento reconoce que “en la minería del cobre el proceso de concentración es el que insume más energía”.

Paradigmático es el ejemplo de Minera Alumbrera, que durante más de dos décadas extrajo cobre y otros minerales del oeste de Catamarca. En una investigación sobre este proyecto, publicada en 2020, Sebastián Gómez Lende consigna que “con 879,1 GWh (Gigavatios por hora), la compañía es el mayor consumidor privado individual de electricidad del país, demandando una energía equivalente a entre el 86 por ciento y el 170 por ciento del consumo anual de la provincia de Catamarca y al 56 por ciento de la electricidad provista en 2016 a todos los usuarios mineros del país”.

Según Minera Alumbrera, el yacimiento catamarqueño “produce” un promedio anual de 321 mil toneladas de concentrado que contienen unas 100 mil toneladas de cobre. Las estimaciones de Josemaría lo superan ampliamente. En su informe ejecutivo, la empresa asegura que “en promedio, se producirán 590.000 toneladas de concentrado de cobre por año” y que la producción anual de cobre metálico será de 131 mil toneladas. Sin contar el oro y la plata.

Todo el proceso requiere del uso de energía, ya sea electricidad o transporte. Sólo por citar algunos datos, consignados en el propio IIA, Josemaría precisará del funcionamiento de trituradoras, cintas transportadoras, máquinas de bombeo y “un número medio de viajes de 906 camiones cargados por día para el transporte de materiales hacia la trituradora primaria”.

Mientras los discursos oficiales se tiñen de verde y abogan por la transición energética, las asambleas discuten que los beneficios sean para las empresas y los costos sociales, ambientales y económicos queden a cargo de los pueblos. Como concluye Zeballos: “Esa ecuación no nos cierra”.