Un nuevo informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) desmonta una de las ideas más repetidas del sentido común económico: que la Argentina tiene una presión tributaria excesiva que ahoga la inversión privada. Los autores, Martín Schorr y Gustavo García Zanotti, analizaron la evolución del aporte fiscal de las 500 empresas más grandes del país entre 2012 y 2024 y llegaron a una conclusión que debería reconfigurar el debate público: los impuestos pagados por el gran capital cayeron un 28% en términos reales en ese período, mientras sus ganancias crecieron de forma sostenida.

El estudio, titulado “Las grandes empresas en la Argentina: baja carga tributaria y transferencias de ingresos”, se apoya en datos de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE) del INDEC, la CEPAL y el Banco Central. Su hallazgo central es contundente: el mito de la “asfixiante presión tributaria” no solo es falso, sino que ha servido como justificación para una transferencia regresiva de ingresos desde el Estado y los trabajadores hacia el capital concentrado.

Impuestos a la baja, ganancias al alza

Entre 2012 y 2024, los impuestos a la producción abonados por las 500 firmas no financieras más grandes de Argentina cayeron alrededor del 28%, en un período en el que su nivel de actividad declinó apenas un 2% en términos de valor bruto de producción. Es decir, las empresas produjeron prácticamente lo mismo pero aportaron significativamente menos al fisco.

Esta reducción no se explica por una menor generación de valor. Por el contrario, el excedente bruto de explotación de estas corporaciones se incrementó a lo largo de todo el período, con saltos particularmente intensos en los años de fuerte devaluación. En 2018, por ejemplo, el excedente de las 500 grandes empresas creció un 118% en pesos corrientes, muy por encima de la inflación anual del 47%, mientras que el resto de la economía apenas aumentó un 34%. Algo similar ocurrió en 2023, cuando la megadevaluación de diciembre disparó el excedente del gran capital un 142% frente a un 126% del resto de la economía.

Las devaluaciones no son un fenómeno meramente cambiario: son mecanismos de redistribución del ingreso que transfieren recursos desde los trabajadores y el conjunto de la sociedad hacia el capital concentrado.

Subsidios y exenciones: la otra cara de la transferencia

La relación fiscal entre el Estado y las grandes empresas no se agota en la recaudación. En 2024, las 500 mayores corporaciones recibieron 2.950 millones de dólares en subsidios y beneficios fiscales, equivalentes al 18% de sus ganancias antes de impuestos. En 2015, ese monto había llegado a 6.816 millones de dólares, impulsado por los mecanismos de estímulo para el desarrollo de Vaca Muerta.

Los beneficios se concentran en sectores estratégicos: minería y petróleo, industria manufacturera y servicios públicos. Durante el período 2013-2018, el Estado asumió parte del riesgo de la inversión en Vaca Muerta mediante subsidios millonarios a un reducido grupo de empresas como YPF, Pan American Energy, Tecpetrol y Compañía General de Combustibles. A ello se suman los regímenes promocionales para la industria de Tierra del Fuego, el sector automotriz y la petroquímica.

El informe destaca el caso de Mercado Libre, que acumuló 517 millones de dólares en beneficios fiscales entre 2014 y 2025 al amparo de la Ley de Promoción de la Industria del Software y luego del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Los autores cuestionan que una corporación que multiplicó sus ingresos en Argentina de 456 a 5.962 millones de dólares en apenas seis años siga recibiendo beneficios diseñados para sectores emergentes.

El RIGI: una nueva capa de privilegios

A estos mecanismos se suma el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que bajo el gobierno de La Libertad Avanza profundiza la reducción de la carga tributaria sobre el gran capital, especialmente en minería e hidrocarburos. El informe advierte que el RIGI no es un caso aislado sino la continuidad de una tendencia: las grandes empresas pagan menos impuestos, reciben más subsidios y el Estado resigna recursos que podrían destinarse a salud, educación e infraestructura.

Minería y petróleo: los grandes ganadores

El sector de minas y canteras —dominado por las petroleras— es uno de los grandes beneficiarios de esta dinámica. En 2012, las empresas hidrocarburíferas pagaron 3.146 millones de dólares en derechos de exportación; en 2024, apenas 114 millones. El impuesto a las ganancias del sector pasó de 1.899 millones en 2015 a 174 millones en 2024. La tasa efectiva de tributación del sector en 2023-2024 fue del 5%, muy lejos de la tasa teórica del 35%.

La minería sigue el mismo camino: en 2012, las empresas del sector pagaron 513 millones de dólares en impuesto a las ganancias; en 2023, apenas 46 millones. El “sacrificio fiscal” del Estado no se traduce en densidad industrial, desarrollo tecnológico ni soberanía económica.

La captura corporativa del Estado

El informe cierra con una advertencia: la reducción de la carga tributaria sobre el gran capital y la persistencia de los subsidios no son fenómenos aislados. Son parte de un proceso de captura corporativa del Estado, donde las políticas públicas quedan subordinadas a los intereses de los grupos económicos concentrados.

Mientras las grandes empresas pagan menos impuestos, el Estado se ve obligado a ajustar el gasto en áreas esenciales para las mayorías. La presión tributaria no baja: se redistribuye. Menos carga sobre el capital, más carga relativa sobre los trabajadores. La estructura fiscal argentina se vuelve cada vez más regresiva, y el esfuerzo de millones se traduce en ganancias para unos pocos.