Tres corporaciones radicadas en Silicon Valley concentran cerca del 70 % del mercado global de nube computacional en América Latina, Europa y buena parte del mundo árabe. Google Cloud, Amazon Web Services y Microsoft Azure no solo dominan la infraestructura digital, sino que avanzan sobre áreas estratégicas de gestión estatal y administración pública.

Mientras, la Unión Europea intenta amortiguar esa dependencia mediante regulaciones, América Latina enfrenta vulnerabilidades similares con menores capacidades institucionales y legislativas. La economía digital, la administración pública y parte creciente de la infraestructura crítica ya no pueden sostenerse sobre tecnologías que los Estados no controlan. La cuestión excede la protección de datos o las sanciones a las grandes plataformas: el problema central es quién decide qué herramientas resultan indispensables para el futuro de las sociedades.

Capitalismo digital y reorganización del poder

La actual fase del capitalismo, dominada por las fintech y las big tech profundiza la convergencia entre finanzas, digitalización y producción material. Ese proceso ya transformó sectores estratégicos como el agroalimento.

La combinación de big data, inteligencia artificial, redes 5G, biotecnología y nanotecnología impulsa una reorganización estructural de la producción. La agricultura de precisión, la robotización y el uso de drones automatizan tareas, mientras la edición genética, la genómica y el aprovechamiento del universo microbiano expanden los límites de la producción biológica.

La concentración global de la infraestructura digital en manos de unas pocas corporaciones redefine la capacidad de los Estados para gobernar sus economías, administrar datos estratégicos y garantizar autonomía política.

En este escenario, conocimiento, datos y capacidad de procesamiento adquieren un valor superior al de muchos capitales tangibles. Lo que se disputa ya no es solo qué se produce, sino quién controla los sistemas capaces de decidir cómo producir, distribuir y consumir.

La automatización industrial y la inteligencia artificial también modifican las relaciones laborales y sociales. La dinámica es conocida: concentración económica, expulsión de empleo y debilitamiento de las mayorías sociales. Sectores vinculados a telecomunicaciones, programación informática y servicios de información redujeron sus niveles de empleo en los últimos años, precisamente en áreas donde muchas tareas pueden automatizarse o acelerarse mediante IA.

El economista Adrián Rojze advierte que el capitalismo históricamente resolvió sus crisis mediante expansiones coloniales, guerras o grandes transformaciones tecnológicas capaces de absorber mano de obra. Sin embargo, sostiene que la actual revolución tecnológica presenta una diferencia decisiva: por primera vez, el sistema encuentra crecientes dificultades para generar nuevos empleos masivos capaces de integrar a las mayorías.

Cada salto tecnológico reorganizó las formas de acumulación: desde la máquina de vapor hasta la inteligencia artificial. Pero el modelo actual parece incapaz de incorporar socialmente a amplios sectores de la población.

Tecnología, geopolítica y conflicto

Sin intervención estatal y coordinación política internacional, la transformación tecnológica no conduce necesariamente a sociedades más equilibradas, sino a escenarios de mayor fragmentación social, concentración del poder y autoritarismo. La guerra, el control de datos, la vigilancia masiva y las disputas geopolíticas muestran que la tecnología se convirtió en un instrumento estratégico de poder.

La concentración tecnológica global crea condiciones para una dependencia estructural. Gran parte de la infraestructura que permite a gobiernos, empresas y ciudadanos conectarse a internet permanece bajo jurisdicción estadounidense y sometida a marcos regulatorios definidos en California o Washington.

En un contexto geopolítico inestable, esa dependencia habilita la posibilidad de suspender servicios esenciales o restringir tecnologías críticas a países enteros. El conflicto entre la empresa estadounidense Anthropic y el Pentágono expuso parte de esta problemática. La utilización de la Defense Production Act y de regulaciones vinculadas al desarrollo de modelos avanzados de IA demuestra que la infraestructura tecnológica ya forma parte de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos.

La revolución tecnológica impulsada por la IA no solo transforma la producción: también profundiza la concentración económica, desplaza empleo y acelera nuevas formas de desigualdad y conflicto.

Muchos gobiernos dependen de servicios alojados en infraestructuras controladas por corporaciones privadas extranjeras, cuyos términos de uso cambian constantemente y responden a legislaciones ajenas. Esa situación revela la ausencia de políticas públicas capaces de abordar integralmente la cuestión digital.

La dominación tecnológica adopta así rasgos cercanos al colonialismo. A más de cuatro décadas de la expansión de internet basada en el protocolo TCP/IP, la dimensión política de esta dependencia todavía ocupa un lugar marginal en buena parte de la agenda pública global, especialmente en el sur global.

El problema no es técnico, sino político

Las grandes fortunas tecnológicas y la especulación financiera global consolidan un modelo donde los datos producidos por millones de personas fortalecen plataformas privadas capaces de influir sobre gobiernos, mercados y sistemas de vigilancia. La discusión sobre soberanía digital, por tanto, no debe limitarse a la regulación o la innovación tecnológica. Implica debatir quién controla las infraestructuras críticas, los datos, los algoritmos y las capacidades de decisión automatizada que organizan la vida social.

La soberanía digital supone entonces recuperar capacidad colectiva de decisión sobre las tecnologías de las que dependen las sociedades. No se trata de aislamiento nacionalista, sino de construir formas de cooperación internacional capaces de limitar el poder corporativo y democratizar la infraestructura digital.

Propuestas para una alternativa democrática

Entre las iniciativas que buscan abrir un horizonte alternativo aparece la propuesta del economista argentino Adrián Rojze de crear un Fondo Global de Sociedad Multiactiva (FGSM), una herramienta supranacional orientada a redistribuir los beneficios de la automatización.

La propuesta apunta a financiar ingresos ciudadanos universales y garantizar condiciones materiales para una sociedad donde el trabajo asalariado deje de ser la única forma legítima de actividad socialmente reconocida. El planteo también implica una revalorización cultural de tareas socialmente útiles pero subestimadas por la lógica del mercado.

Frente al dominio de las big tech, emergen propuestas de soberanía digital democrática basadas en infraestructura pública, cooperación internacional y redistribución de la riqueza tecnológica.

Desde esta perspectiva, la riqueza concentrada en las grandes corporaciones tecnológicas no surge únicamente de innovaciones privadas, sino de conocimientos y desarrollos acumulados socialmente durante décadas. Sin embargo, mientras las ganancias se privatizan, los costos de la automatización —desempleo, precarización y exclusión— se socializan.

Para revertir esa dinámica, Rojze plantea avanzar hacia mecanismos de tributación global progresiva y nuevas formas de gobernanza capaces de superar los límites del Estado-nación.

En paralelo, la Coalición por la Soberanía Digital Democrática y Ecológica propone construir un ecosistema digital público, democrático y no lucrativo. Entre sus principales ejes se destacan:

• Infraestructuras digitales internacionales gestionadas por consorcios públicos y democráticos.
• Motores de búsqueda y modelos fundacionales de IA concebidos como bienes comunes.
• Mercados públicos de aplicaciones y servicios digitales abastecidos prioritariamente por los Estados.
• Agendas de investigación orientadas a resolver problemas colectivos y no únicamente a responder a la lógica del mercado.
• Una concepción de soberanía digital basada en el internacionalismo ecológico y no en la competencia tecnológica entre potencias.

La Coalición también plantea fortalecer organismos de defensa de la competencia, limitar fusiones y adquisiciones que profundicen la concentración corporativa, restringir la apropiación privada de datos y conocimientos colectivos, y aplicar impuestos efectivos a las grandes plataformas digitales.

Asimismo, sostiene que no todas las tecnologías son socialmente deseables: aquellas orientadas exclusivamente a reemplazar trabajo humano sin generar alternativas o a expandir mecanismos de vigilancia deberían ser reguladas o directamente prohibidas.

Soberanía digital o colonialismo tecnológico

La soberanía digital remite tanto a la capacidad de un Estado para ejercer autoridad sobre infraestructuras estratégicas como al derecho de las comunidades a controlar las tecnologías que condicionan su destino económico, político y cultural.

Ninguna sociedad puede considerarse plenamente soberana si depende completamente de plataformas, servicios y sistemas digitales administrados desde el exterior. Cuando la infraestructura crítica queda bajo control de corporaciones extranjeras, la democracia misma se vuelve un servicio sujeto a licencias revocables.

La disputa de fondo enfrenta dos modelos: uno basado en la industrialización digital y la construcción de capacidades tecnológicas propias; otro asentado en el colonialismo digital, donde regiones enteras quedan reducidas al papel de consumidoras de tecnología y proveedoras de datos.

En un mundo donde la tecnología opera también como instrumento de poder, los países del sur global enfrentan el desafío de construir herramientas capaces de subordinar el desarrollo digital a las necesidades sociales, democráticas y culturales de sus pueblos.

Artículo publicado originalmente en Esfera Comunicacional