El Presupuesto 2027 que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso no es una hoja de ruta hacia el desarrollo: es la profundización de un modelo que ya lleva cuatro años de ajuste permanente. Según el análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), el gasto proyectado para el año próximo representa una contracción del 26,7% en relación con 2023. No se trata de una corrección marginal: es la consolidación de una estructura estatal diezmada, con ganadores claramente identificados y perdedores que cargan con el costo del equilibrio fiscal.

El ajuste que no se reparte: provincias, educación y ciencia en la mira

El informe del OCEPP es contundente. La transferencia a provincias es la partida más castigada: perdió el 82,8% de su volumen respecto de 2023. Le siguen infraestructura y vivienda (-72,4%), educación (-44%), ciencia y tecnología (-37,9%), seguridad (-28,3%), discapacidad (-24,4%) y políticas sociales (-11,8%). Las universidades nacionales, uno de los sectores que más resistencia opuso a los recortes, vieron reducido su presupuesto un 25% en relación con 2023, y el bono previsional acumula una caída del 60,8%.

En términos de programas, el ranking de perjudicados es escalofriante. El Fondo de Compensación Salarial Docente perdió el 99,4%; Integración Socio Urbana, el 99,3%; Ingresos de la economía popular, el 98,8%. Las Becas Progresar se recortaron un 77,1% y los subsidios a la energía eléctrica un 75,2%. Programas enteros como Conectar Igualdad, ACOMPAÑAR y la Línea 144 de violencia de género directamente desaparecieron del Presupuesto.

La nota de El País es implacable al señalar la contradicción de fondo: "¿Cuál es la escala de prioridades de un Gobierno que quiere recortar partidas para educación, asistencia social o salud en 2027, pero busca aumentar los fondos para inteligencia y promueve endeudarse por hasta 3.500 millones de dólares para comprar tres submarinos y dos fragatas?".

Los ganadores del reparto: Defensa, Inteligencia y la estructura política

Mientras las áreas sociales se desangran, el Presupuesto 2027 tiene beneficiarios claros. El Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, recibirá $39.000 millones**, un **aumento real del 19,4%** respecto de 2026, el más alto de todas las dependencias. La **Jefatura de Gabinete**, encabezada por Diego Santilli, contará con **$2,87 billones, un incremento real del 14,8%.

El gasto en Defensa crece para financiar la compra de equipamiento militar: tres submarinos y dos fragatas, con un endeudamiento autorizado de hasta 3.500 millones de dólares. Los fondos para inteligencia también se incrementan, en un contexto donde el gobierno prioriza el aparato de seguridad por sobre la inversión productiva y social.

En la "torta" ministerial, Capital Humano se lleva el 59,3% del total, pero de ese porcentaje, el 76,38% se destina a prestaciones previsionales. El segundo lugar lo ocupan los Servicios de la Deuda Pública (9,2%) y el tercero las Obligaciones a cargo del Tesoro (7,3%). Salud (5,3%), Seguridad (5%), Economía (4,7%) y Defensa (4%) se reparten migajas en comparación.

La eliminación de la movilidad de la AUH: ajuste discrecional sobre los más vulnerables

Uno de los puntos más regresivos del proyecto es la eliminación de la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de ciertas asignaciones familiares. El Presupuesto habilita así ajustes discrecionales y una posible reducción real del gasto en un contexto donde la inflación proyectada —aunque subestimada— seguirá erosionando el poder de compra de los sectores populares.

La partida de Capital Humano crece un 2,1% real, pero ese incremento está mayormente destinado a cubrir prestaciones sociales (jubilaciones y AUH) que, sin movilidad automática, quedarán a merced de decisiones políticas. El gobierno de Milei apuesta a que el ajuste en los haberes previsionales —que representan cerca del 45% del gasto público total— no genere un conflicto social insostenible.

Las proyecciones macroeconómicas: una apuesta con riesgos

El Presupuesto 2027 se sostiene sobre proyecciones que generan serias dudas. El gobierno estima una inflación del 18%, un crecimiento del PBI del 4% y un dólar a $1.728. Sin embargo, las estimaciones privadas son menos optimistas: el consenso de analistas anticipa un crecimiento del 2,9% y una inflación promedio del 20,6% para 2027. El propio Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 2,9% y una inflación del 15,7%.

La experiencia de 2026 es una advertencia. El Presupuesto vigente fue confeccionado con una hipótesis de inflación del 11% que quedó muy por debajo de la evolución efectiva —cerca del 30%—. Esto obligó a compensar las cuentas con recortes en partidas no indexadas, como las transferencias a provincias, la obra pública y los salarios estatales. La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) calculó que, si el Gobierno no amplía el Presupuesto vigente, el gasto no previsional debería registrar una caída superior al 15% en términos reales.

El superávit fiscal como dogma: la meta que condiciona todo

El proyecto ratifica el equilibrio fiscal como norma rectora. El Gobierno sostiene que la meta de déficit cero es la condición para consolidar la baja de la inflación, y proyecta un superávit primario de entre 1,4% y 1,8% del PBI. Pero esa meta se construye sobre un ajuste que no es neutral: el gasto social, las provincias, las universidades y la ciencia cargan con el costo, mientras Defensa, Inteligencia y las estructuras políticas del oficialismo reciben incrementos reales.

El proyecto también incorpora un aumento de la presión tributaria de unos dos puntos, con una recaudación impositiva que crecería 27,9% nominal, por encima de la inflación prevista del 18%. Es decir, el ajuste no se financia solo con recortes: también con más impuestos, en un contexto donde la economía ya muestra signos de agotamiento.

Un presupuesto para consolidar el modelo, no para resolver los problemas

El Presupuesto 2027 no es una herramienta de desarrollo. Es la consolidación legal de un modelo regresivo que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la inversión social, la ciencia, la educación y el desarrollo productivo. Los ganadores son claros: Defensa, Inteligencia, los ministerios políticos del oficialismo y los acreedores de la deuda pública. Los perdedores también: provincias, universidades, docentes, jubilados, beneficiarios de programas sociales y el conjunto de la sociedad que ve cómo el Estado se retira de sus funciones esenciales.

El gobierno de Milei apuesta a que el crecimiento proyectado y la desinflación gradual validarán su estrategia. Pero las proyecciones no cierran, la experiencia del año anterior demuestra que el optimismo oficial es un mal consejero, y el ajuste acumulado ya dejó marcas profundas en el tejido social y productivo. El Presupuesto 2027 no resuelve los problemas de la Argentina: los profundiza. Y lo hace con la venia de un Congreso que, hasta ahora, ha sido incapaz de frenar la motosierra.