Dos nuevos informes —uno del Centro CIFRA de la CTA y otro del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP)— confirman lo que millones de argentinos ya viven en carne propia: el modelo económico que se aplica desde diciembre de 2023 no solo no genera bienestar, sino que destruye sistemáticamente las condiciones de vida de los trabajadores. Mientras el gobierno celebra la estabilidad macroeconómica, el empleo formal se desploma y el salario mínimo se hunde a niveles que no se veían desde la década de 1990.

El salario mínimo: un piso que ya no pisa nada

El informe del CIFRA sobre la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es lapidario: desde la asunción de Javier Milei, el salario mínimo acumuló una caída superior al 40% en su capacidad de compra. El fuerte impacto inflacionario de los primeros meses provocó un retroceso inicial del 30% que nunca fue revertido. Por el contrario, desde hace dos años se registran contracciones mensuales consecutivas.

El funcionamiento del Consejo Nacional del Salario Mínimo ha sido parte de este proceso de degradación. Ante la falta de acuerdos en las negociaciones, todos los incrementos nominales se definieron por laudo de la Secretaría de Trabajo, resultando en valores alineados con las propuestas empresariales que convalidaron la pérdida del poder adquisitivo. La única instancia nacional de diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y Estado ha quedado desdibujada y vaciada de contenido.

La magnitud del retroceso es histórica. Actualmente, el poder adquisitivo del salario mínimo resulta 60% menor que el de 2015 y se ubica 20% por debajo de los niveles de la década de 1990. Para dimensionarlo: si el salario mínimo hubiera acompañado la inflación desde 2015 sin perder poder adquisitivo, hoy se ubicaría en torno a los $955.000. En cambio, el salario mínimo del pasado mes de junio apenas cubrió poco más de la mitad de la canasta básica alimentaria que define la línea de indigencia para una familia tipo, y se necesitaron más de cuatro salarios mínimos para alcanzar la línea de pobreza.

La comparación con bienes concretos es aún más elocuente. Hace diez años, en junio de 2016, una hora de salario mínimo equivalía a un kilo de pan; hoy, con un valor horario de $1.839, se requieren dos horas y media de trabajo para el mismo bien. En el caso de la carne picada, se pasó de requerir dos horas de trabajo en 2016 a prácticamente seis horas en la actualidad. El salario mínimo ha dejado de ejercer su función de piso salarial y de ser una referencia en el mercado laboral: en junio de 2016 equivalía al 37,2% del salario promedio registrado del sector privado; hoy representa apenas el 16,6% de esa remuneración.

El empleo formal: crecimiento sin derrame

El informe del IPyPP, titulado "La economía libertaria no derrama: el empleo formal en caída libre", expone una de las contradicciones centrales del modelo económico actual. Desde el inicio de la gestión libertaria, la actividad económica acumuló un crecimiento del 5,5%, mientras que el empleo asalariado formal del sector privado cayó un 3,7%. La recuperación económica no genera empleo de calidad y, aun en los sectores más dinámicos, continúa la destrucción de puestos de trabajo.

En total, desde noviembre de 2023 se perdieron casi 330 mil empleos asalariados formales entre el sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares. El sector privado concentra el 71,4% de los puestos destruidos, con una pérdida acumulada de 235,4 mil empleos. Solo durante los primeros cuatro meses de 2026 se eliminaron cerca de 32 mil puestos privados. El crecimiento del monotributo incorporó aproximadamente 150 mil trabajadores, por lo que apenas compensó el 45,5% del empleo asalariado formal perdido, consolidando formas laborales con menores derechos y mayor precariedad.

Las "actividades ganadoras" también destruyen empleo

Uno de los hallazgos más reveladores del informe es que incluso las actividades consideradas "ganadoras" del modelo destruyen puestos de trabajo. En el último año, la producción minera creció un 17%, la agropecuaria un 10,9% y la intermediación financiera un 4,5%, mientras el empleo formal cayó en esas ramas un 5%, 0,1% y 4,6%, respectivamente. El crecimiento económico, cuando se sostiene sobre actividades poco intensivas en trabajo y sobre el debilitamiento de los derechos laborales, no mejora por sí mismo las condiciones de vida.

La industria manufacturera perdió 83 mil empleos y la construcción 60,6 mil. En conjunto, explican el 61% de los puestos privados destruidos durante la gestión. Al sumar transporte y comunicaciones, y actividades inmobiliarias y empresariales, cuatro ramas concentran el 82% de la pérdida.

A nivel provincial, el panorama es igualmente desolador: solo Neuquén y Río Negro crearon empleo privado formal, con 13,3 mil puestos entre ambas. Esa expansión equivale a apenas el 5% de los 246,7 mil empleos perdidos en el resto del país.

El modelo en su esencia: miseria planificada

La combinación de los datos de ambos informes dibuja el retrato de un modelo económico que no es producto del azar ni de factores externos. Es el resultado de decisiones políticas deliberadas: la desregulación del mercado laboral, la reducción de los salarios reales, la precarización del empleo y la destrucción del entramado productivo.

Mientras el gobierno celebra los récords de exportación, el superávit fiscal y la acumulación de reservas, la economía real sigue desangrándose. El salario mínimo no alcanza para cubrir ni siquiera la alimentación básica de una familia. El empleo formal se destruye a un ritmo que el crecimiento del monotributo no logra compensar. La industria y la construcción —los sectores que históricamente generaban empleo de calidad— son los más castigados.

La Argentina que emerge de este proceso no es una economía más competitiva, sino una sociedad más desigual y empobrecida. Un país donde el trabajo dejó de ser un derecho y se convirtió en un privilegio precario, donde el salario mínimo es apenas un número que no alcanza para vivir, y donde el crecimiento económico es un espejismo que no derrama sobre la mayoría. Ese no es un efecto colateral del ajuste. Es el núcleo del programa.