Los gobiernos abiertamente pro-mercado suelen promover una prédica de lucha contra la corrupción, circunscribiendo este fenómeno casi exclusivamente al Estado y sus funcionarios públicos. Así, procuran obtener legitimidad social para avanzar en la eliminación y reducción de muchas de las tareas, funciones y capacidades estatales.

Es una engañosa forma de legitimarse socialmente, proponiendo avanzar en la reducción y/o eliminación de cuantiosas funciones, tareas y hasta capacidad de trabajo estatal.

Lo anterior, describe lo ocurrido en el primer año de gestión de Milei, tratando de mostrar las particularidades del entramado de opacidad y corrupción que lo caracteriza. Particularidades que contienen eventuales casos de corrupción, violaciones a la Ley de Ética Pública, irregularidades o situaciones que alcancen el debilitamiento de las capacidades estatales.

Este conjunto de situaciones, posibilitan definir al gobierno de Milei como un Estado capturado, rehén de un selecto conjunto de empresas y grupos económicos que definen el sentido y la orientación de las políticas públicas y, más en general, del modelo económico y social, a su favor. Un Estado capturado implica un gobierno caracterizado por un tipo de corrupción de gran escala y enormes perjuicios.

Sobre la captura del Estado y la corrupción a gran escala

El fenómeno de la captura del Estado describe una situación en la que determinadas personas, instituciones, empresas o grupos económicos definen a través de medios corruptos las políticas, el marco jurídico y la economía de un país en su propio beneficio y en detrimento del interés general.

La acción -o inacción- estatal, se resuelven entonces tras un velo de legalidad que en realidad esconde la trampa y el negociado. La connivencia entre grupos políticos y económicos en la captura del Estado conduce a una distribución sesgada y concentrada del poder económico, permitiendo influir en el presente para consolidar su dominio en el futuro, que el propio Milei ha sintetizado eficazmente cuando sostuvo, en septiembre pasado, en el marco de una reunión con empresarios de la Unión Industrial Argentina: “Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo a ustedes”.

1-Conflicto de intereses

El actual Gobierno tiene una gran cantidad de áreas de relevancia política, económica y social, capturadas por parte de poderosas corporaciones de los más diversos rubros.

Primero es importante dimensionar que un tercio (29%) de los funcionarios de la Administración Pública Nacional ocupan cargos de dirección en empresas privadas (Informe del Observatorio de las Elites CITRA-UMET, 2024). Es decir, a Noviembre 2024 son 55 funcionarios con 182 participaciones en 171 empresas que operan en 17 sectores de actividad.

Es así como poderosos sectores económicos intervienen en la gestión de diversas áreas del gobierno al mismo tiempo. Un caso paradigmático es el de la Corporación América, la empresa en la que se desempeñó entre 2008 y 2021 el propio Presidente de la Nación.

Corporación América es una empresa con múltiples intereses en servicios, agroindustria, energía, minería, infraestructura, entre otras actividades que cotiza en la Bolsa de New York,. El holding es dirigido por Eduardo Eurnekian, exitoso en colocar a funcionarios en la máxima línea del gabinete. Nicolás Posse, el primer Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Milei, se desempeñó -de acuerdo con Linkedin- en la empresa desde 2009 hasta diciembre de 2023. El actual Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, fue Director de la Corporación América. También, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, prestó servicios en el grupo, lo mismo que el ya renunciado titular de Infraestructura Guillermo Ferraro.

Luis Caputo es otro de los altos funcionarios que figura con participaciones en la dirección de empresas de servicios tanto financieros como de consultoría. El mismo Luis Caputo que, durante la gestión de Cambiemos, arrastró diversas investigaciones judiciales por administrar sociedades offshore paralelamente en su rol de funcionario público. Tanto su secretario, José García Hamilton como el subsecretario Legal, Alejandro Speroni, también registran participación en la dirección de empresas: el primero, con 4 participaciones en empresas del rubro tecnológico y de servicios inmobiliarios y financieros.

Otro grupo que se quedó con espacios clave en la gestión es Techint. También cotiza en la Bolsa de New York, amén de estar radicada legalmente en un paraíso fiscal, a los efectos de evitar una mayor carga tributaria. Techint es la principal empresa industrial de Argentina. Distintos ejecutivos de la compañía ocupan cargos en el gobierno libertario, alguno de ellos en sectores directamente vinculados con el negocio de la firma, como por ejemplo YPF, donde colocó a quien ejerce la Presidencia de la petrolera de bandera con mayoría de acciones en manos del Estado. El presidente de YPF, Horacio Marín, se desempeñó hasta noviembre de 2023 como presidente de Tecpetrol, una de las empresas del grupo en la que se desempeñó por 35 años. Más allá de las motivaciones de Marín, la situación de conflicto de interés es objetiva: el estado nacional no debería “comprar” como presidente de su petrolera a quien lideró la competencia por 35 años. Techint así cruza sus intereses con YPF en inversiones y negocios multimillonarios. Esta designación se complementa con las del CFO de la compañía, Federico Barroetaveña, quien desempeñó igual cargo en Tecpetrol hasta diciembre de 2023; la de Matías Farina en la vicepresidencia ejecutiva Upstream-exploración y producción, quien se desempeñó en Tecpetrol desde 1996 y fue VP en Drilling and Completion hasta noviembre de 2023. La vicepresidencia de Infraestructura de YPF quedó en manos de Gustavo Gallino, ex director general de Techint Ingeniería y Construcción. El Código de Ética de YPF cuestiona las vinculaciones con competidoras en su capítulo sobre conflictos de intereses mientras que en Tecpetrol declaran en el suyo: ¨Las interacciones y relaciones con funcionarios públicos en nombre de Tecpetrol están restringidas y pueden estar sujetas al cumplimiento de ciertos requisitos, ya sea que estén contemplados en la legislación aplicable como en las políticas y procedimientos de Tecpetrol¨. ¿De qué manera calificarán la puerta giratoria que colocó a la alta dirección de Tecpetrol en la de YPF? A esto se suma la designación del Subsecretario de Combustibles Líquidos de la Secretaría de Energía a Luis Francisco De Ridder, ex Gerente de Ventas y Logísticas de Tecpetrol, y la del Secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien fue abogado del holding.

El área sanitaria fue también colonizada por intereses sectoriales: el titular de la Superintendencia de Salud, Gabriel Oriolo, trabajó durante décadas en OSDE. Mario Lugones, actualmente ministro de Salud de la Nación, antes de asumir era el presidente de la Fundación Sanatorio Güemes. De la misma institución proviene Liliana Graciela González, actual Directora Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos y conocida por su vinculación con el anuncio del cierre del Hospital Laura Bonaparte.

Energía e Hidrocarburos. Los funcionarios encargados de la política en el Ministerio de Economía, tienen claros vínculos y participaciones en empresas relacionadas con el sector al que deben regular. Por ejemplo, el ex-socio del estudio jurídico Marval, O'farrell & Mairal y actual secretario de Minería, Luis Lucero, es el funcionario con mayor cantidad de participaciones en sociedades comerciales, 28 de ellas en el exterior, que operan en diversos sectores de actividad (incluyendo varias participaciones en empresas mineras) (Observatorio de las Elites CONICET-CITRA, 2024).

Por otro lado, quien fue el primer secretario de Energía de esta gestión, Eduardo Rodríguez Chirillo fue socio fundador hasta enero de 2024 de ERC Consultores, una consultora en materia de energía con negocios en Argentina, México y España. Este antecedente y el rol desempeñado podría haberlo colocado en situación de conflictos de intereses. María Tettamanti es la Secretaria de Energía que, de acuerdo a crónicas periodísticas, llegó al cargo como parte del acuerdo político que Mauricio Macri cerró con Santiago Caputo a cambio de blindar el veto del presidente Milei contra un proyecto de ley que aumentaba los fondos para las universidades nacionales. Tettamanti fue Directora General de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur hasta mayo de 2023, por lo que se encuentra objetivamente en una situación de conflicto de interés.

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) –hoy ARCA-. La titular Florencia Misrahi, experta en impuestos, aduanas y agronegocios fue hasta asumir el cargo de socia del estudio Lisicki Litvin. Este bufete representa a muchos de los argentinos más poderosos en sus embates contra la AFIP o por demandas del fisco en su contra, como los litigios contra el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas.

2. Funcionarios offshore

En paralelo a la masiva gestión de los intereses públicos en manos de personas directamente interesadas en la defensa de recursos privados, se da otra situación inédita que afecta las instancias de control y la rendición de cuentas. Personas que gestionan áreas estratégicas del Estado como si fueran ministerio o secretarios, aunque no hayan sido nombrados como tales. Se trata de “asesores” que no se limitan a dar opiniones o consejos. Escriben leyes y decretos, organizan reuniones donde se gestionan importantes intereses públicos y administran, interpósitas personas, grandes cantidades de fondos. Se encuentran encumbrados en la gestión gubernamental.

¿Cuál es el propósito por el cual alguien no es designado o designada por el Presidente de la Nación? Evidente, se procura evitar las responsabilidades y deberes que implica el desempeño de funciones en la plataforma de la función pública para escapar a cualquier tipo de control.

Santiago Caputo es el asesor presidencial más importante. Participa del minúsculo círculo íntimo del poder y tiene una enorme influencia en la gestión cotidiana sobre asuntos y recursos públicos. También puso un pie en una caja por demás preciada: su socio en el ámbito privado, Guillermo Garat, fue designado como vicepresidente de YPF, a cargo del área de Comunicación y Marketing y es de público conocimiento que Caputo se vincula con la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Federico Sturzenegger antes de ser nombrado funcionario público en el cargo de Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, fue también funcionario offshore. Bajo esa modalidad elaboró en las penumbras el DNU 70/2023 y la denominada Ley Bases, textos legales de extraordinaria injerencia en la vida de los argentinos y con beneficios directos para poderosos grupos económicos.

Su nombramiento recién ocurrió el 5 de julio de 2024. Hasta esa fecha, no fue controlado por ninguno de los organismos encargados de prevenir la corrupción.

Lo propio respecto a otras personas que conformaron el equipo offshore del ahora ministro, quiénes en diversas crónicas periodísticas, son indicados como “asesores” del gobierno. Entre ellos: Lucas Llach, Shunko Rojas, Maximiliano Clemens Theodor Von Kesselstatt, Maximiliano Matías Narciso Fariña y Marcelo Julián Hernández. Úrsula Basset, abogada especializada en derecho de familia, fue incorporada, sin designación formal, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto incorporó como “fuente de consulta”. El rol de Basset ganó visibilidad a partir de la última reunión de cancilleres durante la 54° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realizó en Asunción, Paraguay, en junio. La asesora viajó junto a la delegación argentina que encabezó la propia Mondino. Desde allí, como en otros foros internacionales, el gobierno planteó su oposición a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las metas de desarrollo sostenible, las políticas de igualdad de género y acción climática.

Según se expresó en reiteradas ocasiones Javier Milei, este grupo de expertos le brinda valioso asesoramiento respecto de cuestiones de política económica y a decisiones de la gestión del gobierno. De acuerdo a las crónicas periodísticas está presidido por Damián Reidel e integrado por los empresarios Alec Oxenford, Eduardo Bastitta Harriet, Sebastián Braun, Ramiro Castiñeira, Miguel Boggiano, Julio Goldstein, Ariel Coremberg, Teddy Karagozian (quien fuera luego echado por declaraciones críticas) y Ramiro Marra (echado previo elecciones intermedias en CABA). De todos ellos, el único designado es Reidel, quien fue designado con carácter “ad-honorem”, en el cargo de Jefe de Gabinete de Asesores del señor Presidente de la Nación, con rango y jerarquía de Secretario. Vinculado a los conflictos de intereses, cabe destacar que ninguno de ellos ha presentado declaraciones juradas ni se les han hecho recomendaciones respecto a los temas que tienen vedado intervenir.

3. La incidencia de los estudios jurídicos en la elaboración de políticas públicas

En la gestión gubernamental, con importantes cargos, también se desempeñan dueños de grandes estudios de abogados, que cuentan entre sus clientes a grandes empresas y a sus principales accionistas o gestores. Cúneo Libarona, ministro de Justicia, es dueño de un estudio penalista que asesora a grandes empresas, además de narcotraficantes y acusados de crimen organizado. Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, el jefe de todos los abogados del Estado, es dueño del estudio jurídico que lleva su nombre y asesora y litiga contra el Estado para grandes y poderosos clientes.

Los principales estudios jurídicos, abogados de las grandes empresas, son en muchos casos vehículos de la captura descripta.

Lisicki Litvin, principal estudio tributarista del país, colocó a la titular de la AFIP. Al frente de la Secretaría de Minería y la Comisión General de Valores, quedaron socios de Marval, O'farrell & Mairal. De Cassagne, especialistas en derecho administrativo, tiene un lugar destacado en la gestión María Ibarzabal Murphy como Secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Presidencia de la Nación.

4. La condición necesaria: desmantelamiento del control y limitaciones en el acceso a la información

El plan para achicar el Estado para agrandar los bolsillos de los empresarios requiere de un elemento clave: el desarme de las instancias de control como garantía para desatar las manos de funcionarios y empresarios interesados en la captura y posterior vaciamiento del Estado. Como se indicó, el debilitamiento de aquellos organismos encargados de controlar y eventualmente sancionar las irregularidades administrativas y los delitos de corrupción constituye una dimensión crucial para completar el proceso de captura estatal.

5. La corrupción como excusa

En la Argentina, estamos presenciando nuevamente un relato de lucha contra la corrupción entendiéndose como un fenómeno que se da exclusivamente en el sector público y que omite todas las alternativas que hoy son estándar. Apoyado en la imagen difusa, vaga y ajustada a la conveniencia de la idea de una “casta”, el gobierno nacional ha optado por eliminar políticas públicas, áreas gubernamentales, equipos de trabajo y hasta ministerios como forma de erradicar eventuales riesgos construidos a partir de campañas de desinformación deliberada.

El argumento de la corrupción para achicar no es nuevo. La idea de “menos Estado, menos corrupción” fue pregonada por el menemismo como solución que veía a la gestión privada como más eficiente y racional. Sin embargo, los escándalos de corrupción sacudieron de tal modo el proceso de vaciamiento del patrimonio público que se hicieron masivos e indisimulables.

6. Políticas públicas que expresan beneficios a intereses particulares

A lo largo de este documento se ha podido constatar que el gobierno de Milei, a pesar de su prédica antipolítica y anticorrupción, se encuentra atravesado estructuralmente por irregularidades administrativas, situaciones reñidas con la Ley de Ética Pública, conflictos de intereses y casos de corrupción. Es desde esta óptica que emerge un patrón de conducta en las principales políticas públicas adoptadas hasta el momento que, sin exagerar, remiten en su esencia a conferir privilegios y oportunidades de rentabilidad extraordinarias, con nombre y apellido, a un grupo pequeño de empresas y grupos económicos.