Un puñado de días atrás, el Boletín Oficial dio cuenta de la publicación del decreto 340/2025 a través del cual, bajo la fachada de estar regulando un régimen de excepción de la Marina Mercante Nacional, se camufla en su articulado una profunda reforma laboral a la ley 25.877, limitando el derecho a huelga con una catarata de actividades declaradas esenciales y trascendentales en las que se le exige a las organizaciones gremiales garantizar prestaciones del servicio que se afecta en el marco del conflicto.

Una gran cantidad de actividades que sólo son esenciales en miras de la rentabilidad de la corporación económica que desarrolla el negocio, y que afectan principalmente a las actividades vinculadas a la exportación de materias primas de nuestro país, son alcanzadas con esta nueva iniciativa tomada por la élite económica que conduce la planificación política del país con la fachada del gobierno de Javier Milei.

Limitación al derecho a huelga que, por otro lado, vuelve a insistir con el fracasado intento que ya se realizara con el DNU 70 con el que se pretendió inaugurar la gestión de gobierno hace un año atrás y, cuyo capítulo laboral, fue frenado en el Poder Judicial de la Nación.

Restricciones al conflicto gremial, limitaciones a la negociación colectiva, precarización de las condiciones laborales, desmantelamiento de los puestos de trabajo en la industria nacional, constituyen la tónica salvaje con la que se planifica el futuro del trabajo desde la perspectiva de los grupos económicos que han subordinado su éxito económico a la primarización de nuestra economía y a la extranjerización de la integración de las cadenas productivas del país.

Una estrategia para la subordinación nacional que no trae novedades y que avanza en su ejecución sólo en la medida que no encuentra un proyecto que antagonice con sus fundamentos, desde una perspectiva soberana, comunitaria, productiva, industrial y de fuerte protagonismo del Estado para la construcción del futuro nacional.

La tarea de reconstruir un proyecto

Más allá de las notables diferencias que existen entre las expresiones políticas que gobernaron la Argentina en los últimos cincuenta años, existe un denominador común, una política de Estado que se mantuvo estable en todo el período, gobierne quien gobierne: la vigencia del modelo exportador y, por ende, la ausencia de un proyecto de industrialización nacional.

Desde la imposición a sangre y fuego del modelo exportador a manos de la dictadura cívico militar de 1976, y su posterior consolidación en la neoliberal década de 1990, las distintas expresiones políticas que gobernaron la Argentina se orientaron a administrar, de distintas formas, una misma matriz productiva sin intentar modificar su esencia netamente exportadora, extranjerizada y, por lo tanto, dependiente.

Sin volver a las bases de un modelo de desarrollo industrial, sin administrar el comercio exterior ni el flujo financiero nacional, el Estado delegó la planificación de la economía local a corporaciones transnacionales y se dedicó exclusivamente a distribuir las migajas que las mismas estaban dispuestas a dejar. En consecuencia, los sucesivos gobiernos pasaron a ser administradores de un modelo productivo impuesto desde el extranjero y sus vaivenes se produjeron más por cambios en el contexto geopolítico que por aciertos o errores en decisiones propias.

En términos de política económica, hace 40 años que en la Argentina se aplican medidas ajustando la demanda (con fines distributivos) y no se toca el factor oferta (producción) desde una planificación centralizada.

Los gobiernos más alineados a los intereses corporativos aplicaron el manual de ajuste ortodoxo para facilitar la concentración y el saqueo de las riquezas nacionales (1989/2003 – 2015/2025) mientras que los cercanos al campo popular se limitaron a fortalecer el mercado interno y reforzar el poder adquisitivo del salario mediante medidas que fomentaron el consumo, subsidios sectoriales e impuestos redistributivos (2003/2015). A pesar de que estas medidas resultaron un bálsamo en comparación con el ajuste neoliberal, en ambos casos se mantuvo en crecimiento la matriz productiva primarizada, dependiente y extranjerizada.

Esta situación fue limitando la capacidad de acción de los gobiernos de turno dado que no manejan las variables que surgen del modelo productivo vigente. Estas son: precios internos, salarios, capacidad de generar empleo, nivel de formalidad, pobreza, condiciones laborales, etc.

En definitiva, quien ostenta la propiedad de los medios de producción y la logística, de facto, gobierna el país; y el modelo productivo impuesto es el que define las condiciones de vida generales del pueblo.

De la misma manera, son las corporaciones transnacionales las que, según el interés geopolítico de sus casas matrices, definen el acompañamiento o destrucción de las alternativas políticas locales anulando cualquier matiz democrático en el sufragio universal que rige, desde 1983, en nuestra Patria.

Por todo esto es que recuperar el trabajo, volver a militar un proyecto industrialista en la Argentina, es sinónimo de luchar por la conquista de la soberanía nacional.

La imposición del modelo exportador destruyó el trabajo argentino.

Los datos del comercio exterior son elocuentes: hacia 1980, el monto de exportaciones era de 8,021 millones de dólares y pasados 42 años de esas políticas, aumentó más del 1,100%, a 88,445 millones. Sin embargo, el enorme aumento de divisas (que generó un superávit comercial de 220,000 millones de dólares en ese período) no se tradujo en desarrollo económico y social; por el contrario, la apertura de importaciones ocasionó que la ocupación formal cayera de 77,4% a 40% de la población económicamente activa. Los resultados a la vista: Un gran aumento del ingreso de dólares, y una drástica caída del trabajo.

¡Por esto es que el problema de la Argentina no es de escasez de divisas ni falta de dinero! Es el modelo productivo, la liberación y la extranjerización de su economía.

El modelo exportador supone un crecimiento económico en base a lo que el mercado global y las potencias económicas determinan para nuestra región: el aumento de las exportaciones primarias o con poco valor agregado (granos, cereales, forraje, energía, minería, alimentos). Este principio trae aparejado un aumento natural de las importaciones y, por ende, una destrucción sistemática del trabajo local.

Sucede que, todos los países del mundo tienden a comerciar de manera equilibrada en dólares con su contraparte para que esa relación no genere insuficiencia de divisas en su economía. A modo de ejemplo, si la Argentina vende 100 millones de dólares en porotos de soja al extranjero, en su cadena de producción emplea a menos de 200 trabajadores. Sin embargo, cuando por el mismo importe Argentina compra automóviles al extranjero, en la industria y empresas proveedoras del país de origen se emplean a 3,000 trabajadores. El resultado de la relación comercial es una igualdad en divisas, pero un quebranto exponencial en puestos de trabajo. A groso modo, de esta manera funciona el mundo de las relaciones comerciales bilaterales.

Por lo tanto, cuando la Argentina busca acrecentar sus exportaciones de materias primas al mundo, en simultáneo abre sus puertas al ingreso de productos manufacturados de origen industrial.

Así, Argentina cada vez que vende más materias primas, compra más desempleo, año tras año.

El trabajo es el futuro. Comunidad, soberanía y desarrollo

El contexto geopolítico actual, de clara emergencia de la multipolaridad y caída hegemónica del imperio norteamericano, brinda un escenario de oportunidad excepcional para emprender un proyecto de industrialización nacional. La existencia de nuevos polos de poder y el debilitamiento de los Estados Unidos como gendarme global, genera el marco ideal para entablar relaciones comerciales que promuevan el desarrollo nacional en comunión con potencias y economías emergentes.

La propia historia industrial, los antecedentes exitosos en sectores de alta complejidad (naval, automotriz, satelital, nuclear) y la amplia capacidad instalada en desuso, también son señales de que es posible reindustrializar el país si existe la organización política, nacional, popular y revolucionaria que el tiempo amerita.

En principio, resulta indispensable un proceso de industrialización por sustitución de importaciones para recuperar la producción nacional que fue destruida por la incesante apertura comercial. Desde el ineludible control del comercio exterior, existe un horizonte de, mínimo, 5,000,000 de puestos de trabajo a nacionalizar. Esto es el equivalente en empleo a los 67,000 millones de dólares que, aproximadamente, Argentina importa anualmente (fuera de recesión).  

Analizando por rubro, la gran mayoría corresponde a manufacturas industriales, que implican gran cantidad de mano de obra, y excluyendo los grandes bienes de capital y productos de alta tecnología, el 55% pueden clasificarse como “bienes de baja o mediana complejidad de sustitución”, dado que la Argentina cuenta con la capacidad instalada ociosa y mano de obra calificada para su producción. Estos, suman un total de 36,000 millones de dólares, equivalentes a 1.500.000 puestos de trabajo directos y otros 2.150.000 por reflejo social: Un total de 3.650.000 empleos a generar. Los rubros más destacados son:

• Industria Automotriz (Automóviles y Autopartes): 305.000 puestos de trabajo.
• Material Eléctrico y Electrodomésticos: 208.000 puestos de trabajo.
• Industria del Plástico, Caucho y Papel: 137.000 puestos de trabajo.
• Industria Textil, Cuero y Calzado: 82.000 puestos de trabajo.
• Manufacturas de hierro, Acero y Aluminio: 78.000 puestos de trabajo.

Del análisis general de las estadísticas del comercio exterior argentino, y la radiografía de su industria, surge la posibilidad concreta de generar trabajo a través de una planificación económica centralizada. La inversión inicial, que en reiteradas ocasiones se manifiesta como un escollo insalvable, tiene que estar asegurada por el estricto control de las riquezas nacionales y la administración del ahorro nacional.  

Sin ir más lejos, los datos oficiales del INDEC (que no contemplan la enorme evasión, el tráfico ilegal ni la brutal subfacturación de exportaciones) declaran que en los últimos 40 años existió un superávit comercial de 220,000 millones de dólares que, a causa de la legalización de la fuga de capitales y el pago de deuda externa espuria, se esfumaron del país sin dejar un solo centavo a la producción, ni el desarrollo nacional. Esto quiere decir que, en condiciones soberanas, la Argentina es un país rico en divisas, producto de su capacidad productiva y bienes comunes naturales altamente demandados por el mundo.

La plata alcanza y sobra, falta la política.

Abandonar las disputas triviales y egoístas, mostrar un horizonte de desarrollo posible ante las demandas insatisfechas, lograr que la política vuelva a recuperar capilaridad ante las traiciones recurrentes, volver a unir y conducir a la militancia atomizada… para todo ello: Militar un proyecto concreto de desarrollo nacional.