La arena de Mar del Plata es el recurso más preciado de la ciudad y se ha convertido en el campo de batalla de una disputa que enfrenta al modelo del lucro privado contra el interés comunitario. Mientras el gobierno municipal, comandado por Guillermo Montenegro, acelera la entrega de concesiones millonarias a empresas con contratos que se extienden hasta el año 2046, los clubes de barrio, históricos articuladores de la vida social y deportiva, son sistemáticamente marginados de la posibilidad de gestionar estos espacios públicos.

El conflicto estalló cuando el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) lanzó la Licitación Pública N°08/25 para la concesión de la Playa Acevedo. El pliego establecía una veda absoluta para entidades civiles sin fines de lucro, fideicomisos y uniones transitorias de empresas. Esta cláusula, además de ser calificada como discriminatoria, resultaba incoherente con los propios antecedentes de la ciudad, donde el Yacht Club Argentino y el Mar del Plata Golf Club administran balnearios en Playa Grande, demostrando que la capacidad de gestión no está reñida con la naturaleza comunitaria de una institución.

El club Once Unidos, con más de once mil socios y una trayectoria de 86 años en el norte de la ciudad, se convirtió en el símbolo de esta resistencia. Su proyecto de “Playa deportiva” contemplaba actividades de beach voley, handball, tenis y futbol playa, como también propuestas culturales abiertas a socios y vecinos. Sin embargo, la restricción legal los dejó afuera del proceso, generando un fuerte repudio en la comunidad que veía cómo se privilegiaba el negocio de las sombrillas por sobre el desarrollo deportivo de los barrios.

Ante la negativa del EmturyC de modificar el pliego, el club interpuso un recurso de revocatoria, argumentando que la prohibición vulneraba los principios de libre concurrencia, igualdad y razonabilidad, afectando el derecho a trabajar y contratar. La presión social, sumada al riesgo inminente de una medida cautelar judicial, forzó al municipio a dar marcha atrás. Finalmente, el proceso original fue suspendido, abriendo una ventana de esperanza para las asociaciones que históricamente fueron relegadas de la gestión turística.

Luego de meses se relanzó la licitación con una modificación sustancial, se incorporó la posibilidad de participación de asociaciones civiles sin fines de lucro. La resolución, firmada por las autoridades del ente, estableció que era conveniente adecuar el alcance subjetivo del llamado licitatorio, privilegiando la capacidad real de los oferentes para cumplir con las obligaciones contractuales por sobre su específica naturaleza jurídica. Fue un triunfo de la razón y el derecho.

Sin embargo, esta aparente apertura no debe leerse como una concesión graciosa del poder político, sino como el resultado de una lucha sostenida de los clubes de barrio y la comunidad organizada. Once Unidos demostró que la exclusión era jurídicamente indefendible y que las instituciones intermedias tienen mucho que aportar en términos de inclusión y actividad social durante todo el año.

La lucha de Once Unidos trasciende los límites de una simple licitación. Es la disputa por la identidad de Mar del Plata, por definir si sus playas serán un espacio de encuentro comunitario o un negocio exclusivo para pocos inversores. Los clubes de barrio, como instituciones intermedias, construyen tejido social y merecen ser protagonistas. Cuando se abran los sobres de la licitación, estará en juego el modelo de ciudad que los marplatenses quieren para el futuro: privilegio para algunos o derechos para todos.