La actual administración nacional que para los años 2024 y 2025 readaptó la ley de presupuesto 27.701 del año 2023, con la premisa de priorizar el pago de los servicios de la deuda, acción que plasmó en el artículo 1ero. de la ley 27.798 de presupuesto nacional 2026 que afirma: “Establécese que el Presupuesto General de la Administración Nacional, al cierre del Ejercicio Fiscal 2026, deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario”, con lo que obliga a todo el gasto primario (que es la función pública) a ajustarse con ese fin, llevando a cabo políticas de austeridad fiscal extremas, sin comprender el efecto multiplicador del gasto público y que profundiza la regresividad del sistema tributario, con consecuencias directas en una baja de la recaudación impositiva.

En lugar de fortalecer el sistema impositivo y cobrar a los sectores de manifiesta riqueza y renta, optan por financiar al Estado mediante el endeudamiento, una estrategia que tiene como objetivo declarado la reducción de la inflación, pero que en la práctica está transformando nocivamente la estructura económica y social del país y que, al capitalizar todos los meses los intereses que no puede pagar, generan una deuda pública cada vez mayor.  

En primer lugar, es obvio que el IPC (Índice de Precio al Consumidor) del INDEC no refleja la realidad. Nadie puede creer que en junio 2026 “Alimentos y Bebidas” se haya incrementado solamente 1,3% en el mes, y que el IPC total mensual lo haga en 1,9%. ¿En qué comercios toman los datos? Pero esa mentira le sirve para ajustar el gasto previsional (que significa el 45% del presupuesto público) y demás erogaciones sociales que se ajustan por ese índice con dos meses de atraso, en desmedro de la capacidad adquisitiva de los mismos (efecto licuadora le llaman los ajustadores).  Igual con la deuda en pesos ajustadas por inflación como es el caso de los BONCER por 103.949 millones de pesos a junio 2026, y los CuasiPar y Discount por CER[1].  

El total de la recaudación tributaria incluso se incrementa en promedio un 25,9% con respecto al primer semestre del año pasado, por lo que disminuye en términos reales los ingresos al fisco nacional y, a la coparticipación de impuestos a las provincias, siendo el principal recurso de todas las jurisdicciones.

En la Administración Nacional la caída se agrava por la reducción de los derechos de exportación que, en términos nominales es negativo en un 20,3% con respecto a igual lapso del año 2025.

Observando el total de recursos de todo el Sector Público Nacional, se percibe la importancia de la recaudación de impuestos y los aportes a las Seguridad Social, en segundo lugar, las Rentas de la Propiedad generadas por las utilidades del BCRA y por los rendimientos del FGS de la ANSeS.

En el primer semestre 2026 en Ingresos de Capital se suman los 706.885.298 dólares por la concesión a 25 años de las cuatro represas del Comahue (Alicurá, Chocon, Piedra del Aguila, y Cerros Colorados), que en el presupuesto ejecutado se contabiliza en pesos.

Los ingresos totales del Sector Púbico Nacional (SPN) en el semestre, contabilizando la concesión de las cuatro represas del Comahue, alcanzaron los $ 80.255.936 millones (+23,1% i.a.) porcentaje menor al IPC del INDEC, y muy menor a la verdadera realidad.

La disminución del ingreso del SPN obliga a realizar un ajuste mayor del gasto primario, máxime que por el mecanismo de que no se puede pagar ni tan siquiera la mitad de los intereses que la deuda pública devenga y  demanda, que se capitalizan en las LECAP y BONCAP y en las renovaciones de los vencimientos de los distintos títulos de deuda, la deuda pública se incrementa sin límite, que la Secretaría de Finanzas disfraza y esconde con transferir deudas del Tesoro al BCRA, como son los casos de los REPOS por 6.000 millones de dólares y los BOPREAL por 5.300 millones de dólares y otros pases contables.

Al 30 de junio de 2026 según informa la Secretaría de Finanzas de la Nación, el total de las LECAP ascienden a 30.467 millones de dólares, y el total de los BONCAP a 53.903 millones de dólares (en ambos casos es deuda en pesos que contabiliza la Secretaría de Finanzas de la Nación en dólares), por lo que la actual administración nacional en 30 meses de gestión, acumula intereses no pagados de la deuda por 84.370 millones de dólares. Y el total de la deuda bruta declarada es de 474.192 millones de dólares, cuando era de 370.673 millones de dólares en diciembre de 2023.

El gasto total del sector público nacional

El total de las erogaciones ejecutadas base caja (esto es, se contabiliza solamente lo abonado y/o cancelado, no las obligaciones a pagar, por más que se hayan realizado en el ejercicio) para el primer semestre 2026 del SPN fue de $ 78.799.741,9 millones, sin contemplar los gastos figurativos, que son transferencias internas de fondos entre distintas jurisdicciones y entidades dentro del Sector Público Nacional.

A su vez el total de ingresos percibidos en el primer semestre del año 2026 del SPN fue de $ 80.255.936 millones de pesos, por ende, el forzado superávit financiero fue de solamente de $ 1.456.194,1 millones (significa el 0,1% del PIB), superávit obtenido tras haber pagado intereses netos de la deuda en el período por $ 5.870.835,1 millón (equivalente a 4.050 millones de dólares, el 0,6% del PIB), capitalizando intereses en el período, solo en LECAP y NOCAP, por 3.467 millones de dólares.

El presupuesto de la Administración Nacional del año 2026 representa solo el 15,4% del PIB, cuando en, por ejemplo, el año 2010, fue del 25,2% del PIB (y era un PIB mayor que el actual).

La paralización de las obras públicas se evidencia que el Gasto de Capital total sobre el presupuesto nacional es del 1,57% del presupuesto del Sector Público Nacional, cuando en el año 2010 fue del 13,49% del gasto total. Por ende, ni siquiera se hace el mantenimiento a las rutas nacionales y, se frenan partidas para obras en general y para vialidad provincial. Se realiza muy poco y en forma deficiente las obras hidráulicas, viviendas, y obras públicas en general, como lo demuestra que en un presupuesto que se reduce drásticamente, el Gasto de Capital decrece aún más.

El gasto previsional es ajustado por el IPC del INDEC con su efecto de licuación del poder adquisitivo de los haberes en términos reales. Sin embargo, ante un gasto público que se reduce sistemáticamente, significa el 45% del presupuesto.  De allí que el FMI considera que el sistema previsional argentino es "fiscalmente insostenible", y propone para reducir el peso del gasto, cinco medidas claves:

1. Separar las pensiones contributivas de las no contributivas, y darle un trato y un ajuste de haberes distinto;
2. Fortalecer la relación entre aportes y beneficios;
3. Eliminar las moratorias (La última moratoria previsional perdió vigencia el 23 de marzo de 2025, en que el gobierno de Javier Milei decidió no prorrogarla tras el vencimiento del plazo establecido por la Ley 27.705);
4. Unificar los regímenes especiales, y
5. Ajustar la edad de retiro.

Propuestas en las que la administración de Milei trabaja y acuerda con el organismo internacional tras la “Segunda revisión del programa Extended Fund Facility (EFF) con el FMI”, que fuera aprobado en abril 2025.

El ajuste es también severo en los subsidios a la energía, en los salarios públicos (por reducción del personal y por licuación de salarios), y, en las transferencias a las provincias.

Se han dado de baja pensiones por invalidez, se han desmantelado programas de salud contra todo tipo de enfermedades. Se desfinancia al Instituto Malbrán, a la ANMAT, a la Superintendencia de Servicios de Salud, se ha reducido y se reduce las partidas para los hospitales nacionales, se ha desfinanciado al PAMI y por falta de pago muchos prestadores dejaron de serlo.

Igual pasa en educación y en ciencia donde no se cumple con la ley de financiamiento universitario y se le quita funciones a la CONEA, al INTA, al INTI, al CONICET, al Servicio Meteorológico Nacional, al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) etc.

Lo de la CONEA, con el despido de 100 trabajadores y el abandono de Atucha II, para concedérsela a la empresa Meitner Energy de capitales iranies residente en EEUU tras el derrocamiento del Sha de Persia en enero de 1979, para desarrollar el reactor modular compacto de mediana potencia ACR-300 con capacidad para generar 300 MW que fue creado por el INVAP en 2024.  Debe sumarse el desfinanciamiento del proyecto CAREM que consistía, justamente, en construir un reactor nuclear modular pequeño en Atucha II por la CONEA.

En el caso del INTA que en los últimos años perdió cerca de dos mil trabajadores mediante retiros voluntarios y jubilaciones, muchas agencias de extensión quedaron reducidas a su mínima expresión, programas destinados a la agricultura familiar y las economías regionales fueron desarticulados y finalmente el Gobierno avanzó con una reforma que modificó la estructura de conducción del organismo, profundizando un proceso de ajuste funcional a un modelo productivo extractivista y primarizante, porque principalmente exporta materia prima. Hace diez años atrás había 200.000 productores agropecuario en el país, y hoy 3 mil grandes empresas explican casi el 85% de la producción de soja, trigo y maíz, por ende, sobra un INTA que desarrolle economías regionales, valor agregado o muchas otras producciones que incluso hoy se están importando.

En síntesis

El presidente Javier Milei cree que la función del Estado es pagar deuda (que no se investiga ni audita), y que crece por intereses y comisiones que benefician a los acreedores y a los funcionarios que determinan acuerdan esos intereses y comisiones.

Para ello, impulsa un proyecto de ley para implementar un sistema de shutdown (cierre o "apagón" del Estado), inspirado en el modelo de Estados Unidos. La medida busca frenar el déficit fiscal estableciendo que, una vez agotada la partida presupuestaria anual, el Estado no podrá seguir gastando y suspenderá sus funciones, sean estas de salud, educación, asistencia social, seguridad, defensa, etc. dado que los beneficiados del modelo tienen acceso a los servicios y a los bienes privados.