El Capitán General José de San Martín y su comando estratégico idearon llegar al Perú por Chile, donde a fines del año 1811 se había logrado constituir un gobierno autónomo encabezado por el patriota chileno José Miguel Carrera, cuyo principal ministro fue el abogado Manuel Rodríguez. Pero mientras San Martín preparaba su ejército en Mendoza, el gobierno provisional de Chile fue atacado por las fuerzas realistas que provenían del Perú y, tras una serie de refriegas y batallas es derrotado en Rancagua el 2 de octubre de 1814.

Carreras y su gente son entonces los que se trasladan a Mendoza y se unen a las fuerzas de San Martín, es allí donde juega un rol destacado Manuel Rodríguez y sus hombres, que cruzan permanentemente al suelo chileno y en guerra de guerrillas  sorprende al ejército realista, basado en su admirables dotes de jinetes y baqueanos, pero fundamentalmente en un coraje y audacia sin par, como la de Rodríguez que disfrazado de fraile, le abre la puerta de la carroza al Capitán General español Casimiro Marcó del Pont, quién había puesto precio por su cabeza.

El ejército de los Andes cruza la cordillera y tras el triunfo en la Batalla de Chacabuco en febrero de 1817, desaloja al gobierno español y, un año más tarde, declara la independencia, el 12 de febrero de 1818.

Al caer la noche del 18 de marzo de 1818, el ejército aliado fue atacado por el General José Ordóñez en Cancha Rayada, produciéndose una gran confusión (las tropas patriotas llegaron a dispararse entre ellos) y se genera un clima de derrota y desazón, y no fueron pocos los miembros del ejército aliado que sugerían volver a Mendoza, cuando retumbó la voz del joven Manuel Rodríguez. “Aún tenemos Patria” y su discurso vehemente logró que se conformara un gobierno provisorio que el encabezó, hasta que días más tarde llegaron San Martín y O Higgins, se reorganizó el ejército y el 5 de abril de 1818, en los llanos de Maipú, se derrota definitivamente a las tropas enemigas expulsándolas de Chile.

Fue necesario tener una mirada estratégica y un inconmensurable amor a la patria para que los criollos se den cuenta del verdadero estado de situación, dado que el enemigo parece fuerte y consolidado, pero es débil en tanto y en cuanto tiene como prioridad dominar a la población para apropiarse de su riqueza, de su trabajo, y de su producción, mientras reside la fortaleza del pueblo en romper las cadenas de la subordinación y de la dependencia, e iniciar el camino de construir una sociedad para todos.

Salvadas las distancias sucede algo similar en la situación actual, un gobierno elegido con el voto popular ejecuta un plan sistemático de endeudamiento y fuga de capitales, y paralelamente, la enajenación del patrimonio argentino, marginando y expulsando a la población a la pobreza en el presente, y sin futuro.

ENDEUDAR Y FUGAR

La deuda bruta (en pesos y en divisas) que en el fin del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (diciembre 2015) era de 240.665 millones de dólares, al 30 de septiembre de 2025 alcanzó a 454.031 millones de dólares, incluso tomando deuda con el FMI (por un total de 57.292 millones de dólares a esa fecha)[1].

Cuando se discutió el 6 de marzo de 2016 en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Finanzas de Cámara de Diputados de la Nación, para reconocer los títulos de deuda presentados por los llamados fondos buitres (que no habían querido participar en los canjes de los años 2005 y 2010), se invitaron a profesionales y cámaras para su consideración. En esa reunión el economista Jorge Gaggero aseveró que el gobierno de Mauricio Macri “inicia un tercer ciclo largo de endeudamiento en el país”, a la vez que calculó que la nueva deuda que se generará para pagar a los buitres “va a estimular la fuga estructural del dinero ilegal que nuestro país sufre”, como efectivamente fue. Y la Dra. Magdalena Rúa, preparó a posteriori, un gráfico donde demuestra lo planteado por el Profesor Gaggero, hasta diciembre 2019, que sigue vigente en la actualidad.

STOCK DE DEUDA EXTERNA Y FUGA DE CAPITALES ACUMULADOS DESDE 1980 A 2019 (En millones de dólares corrientes)

El gobierno de Alberto Fernández no solo no investigó la deuda contraída por la gestión de “Cambiemos”, sino que se limitó a negociar con los acreedores y el FMI la prolongación de los plazos de la deuda, y para pagar solamente los intereses durante el período 2015 -2019:

En su inicio el gobierno de Milei enfrentó el problema de déficit fiscal de la administración anterior (que en gran parte se incurrió por dar respuesta al covid), y de la “bomba” de las Leliq (Letras de liquidez del BCRA) que fue generada por garantizarle a los grandes bancos una ganancia extraordinaria para que no pasen un porcentaje de los depósitos que captan a dólares, el gobierno de Milei la solución que encontró fue transformar el déficit fiscal que es en pesos y la deuda del BCRA con las entidades financieras, en títulos del Tesoro de la Nación, por 28.200 millones de dólares y 43.500 millones de dólares respectivamente, convirtiendo ambos factores en deuda pública nacional.

En la primera parte del año 2025, el BCRA, ante la constante compra de divisas perdió 6.300 millones de dólares de sus reservas internacionales, eran de 31.000 millones el último día hábil de diciembre de 2024 y solo sumaban 24.700 millones al día 11 de marzo de 2025, es más ese día el BCRA vendió a los bancos amigos 398 millones de dólares y, a las 17,30 horas de esa jornada, el ministro Luis Caputo y el titular del BCRA Santiago Bausili, anunciaron la ampliación del acuerdo con el FMI por 20.000 millones de dólares.

El lunes 14 de abril de 2025 se firmó la ampliación del acuerdo con el FMI, y vino para tal fin el Secretario del Tesoro de los EEUU, Scott Bessent, en su carácter de ser el principal Gobernador de ese organismo internacional de crédito. Que el gobierno acompañó ese día, con la “liberación del cepo” para las personas físicas (levanta las restricciones para comprar divisas), que Javier Milei pregonó que los argentinos éramos más libres

El Balance Cambiario del BCRA del mes de septiembre de 2025 informa que se fugaron capitales (lo denominan FAE – Formación de Activos Externos) en ese mes por 6.890 millones de dólares, y que, si se toman los datos desde el 14 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025, la fuga (FAE) totalizan 24.500 millones de dólares.

Esa fuga se financió de hecho, desde el 14 de abril al 31 de agosto 2025, con los préstamos del FMI de 14.000 millones de dólares, y del BID y del Banco Mundial por 5.000 millones de dólares más.  Y los 6.890 millones de dólares de septiembre 2025 se obtuvieron por la liquidación de los grandes acopiadores y comercializadores de granos que vendieron soja, sus derivados y otros productos, por 7.000 millones de dólares que no pagaron derechos de exportación (retenciones) beneficiados por el Decreto 862/25. Dólares que el país no va a contar en el resto del año y en el 2026 y que significó una merma de ingresos para el fisco de no menos del equivalente a 1.400 millones de dólares.

El procedimiento base de la fuga de capitales comienza con la devaluación de nuestra moneda, por ejemplo, con el “rodrigazo” en junio de 1975, y luego se frena el precio del dólar mal vendiendo reservas del BCRA (la “tablita cambiaria” de Martínez de Hoz).

En la actual gestión, devaluaron más de un 100% el 12 de diciembre de 2023, permitiendo que los que tienen excedentes en pesos (las grandes empresas formadoras de precios y los bancos) comprar dólares y fugarlos.  En el caso de septiembre 2025, los mayores compradores de dólares fueron los acopiadores y comercializadores de granos que se ahorraron de pagar las retenciones (que en el grano de soja era del 26%, y para el aceite y el pellets de soja del 24,5%).

LA ENAJENACION DE NUESTRO PATRIMONIO

Como el Estado Nacional es el que se endeuda, también es el responsable de su pago, y este gobierno para ello, propicia la venta vil de nuestro patrimonio.

El viernes 7 de noviembre se abrieron los sobres de la licitación de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue, sobre los ríos Limay y Neuquén. En primer lugar y desde agosto de 2023 en que se terminaron las concesiones de las mismas, se le prorrogó su uso a sus administradores, y en el interín, las cuatro se convirtieron en sociedades anónimas: Alicurá Hidroeléctrica Argentina SA, El Chocón Hidroeléctrica Argentina SA, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina SA y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina SA

Al ser SA se le permite la venta de sus acciones, por ende, la propiedad de la represa es del Estado, pero los adjudicatarios pueden vender sus acciones por la concesión. Por la Resolución 1569/2025 y mediante la Circular Modificatoria N° 4 se introdujeron cambios al pliego del concurso en que se establece que los nuevos operadores privados acceden a la explotación de estas represas por un período inicial de 30 años, con opción de prórroga. A cambio, deberán abonar un canon anual y comprometerse al mantenimiento y cuidado ambiental de los complejos. Sin embargo, el proceso no tiene un marco regulatorio claro, y no contempla garantías reales de control público efectivo.

Las empresas que presentaron oferta fueron: IPS Renewal, Central Puerto (administra Piedra de Águila y es una sociedad conformada por Nicolas Caputo, la familia Bemberg, la familia Escasany, y la familia Ruete Aguirre), Central Costanera, Hidroeléctrica Futaleufú (Genneia, Aluar y Futaleufú), BML Inversora (MSU Green Energy), Enel Argentina (empresa estatal italiana que administra Chocón), AES (empresa norteamericana que le ganó a la Argentina un juicio en el CIADI por 750 millones de dólares y administra Alicurá, cuyo precio base de licitación es de 50 millones de dólares), Pampa Energía, y Edison Inversiones

Paralelamente, el lunes 3 de noviembre2025 se llevó a cabo la audiencia sobre el impacto ambiental de concesionar nuevamente y aumentar el calado del Río Paraná. Representantes de organizaciones sociales, productivas, ambientalistas, técnicas y de la Iglesia Católica impugnaron el proceso de convocatoria, principalmente por la ausencia de un estudio de impacto ambiental serio y fundado. Luciano Orellano del “Foro por la Recuperación del Paraná” sostuvo que “La Argentina, de sus 100 puertos, no controla, no gestiona, no administra ninguno”. El complejo portuario de Rosario es una UTE (Unión Transitoria de Empresas), que con sus 31 terminales en los 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco en el sur hasta Timbúes en el norte, es el mayor exportador de granos y productos agro industriales del mundo. El Capitán de la marina mercante Oscar Verón, planteó un memorándum firmado entre Argentina y Estados Unidos, en el cual el Cuerpo de Ingenieros Militares de EE. UU. intervienen en la gestión de los puertos y las cuencas hídricas del país, personificando a la OTAN y los intereses internacionales sobre los recursos naturales de Argentina.

Por sus más de 3.400 kilómetros del Río Paraná circulan anualmente más de 100 millones de toneladas de mercadería: el 81% de las exportaciones de granos, harinas y aceites de la Argentina; el 91% de la carga contenerizada; 750 mil vehículos; minerales, combustibles, biocombustibles, productos forestales, fertilizantes y otros. Todos los años llegan 4.500 buques extranjeros a cargar nuestras exportaciones, pero ninguno de esos 4.500 buques que ingresan por el Río Paraná a cargar las mercaderías que exporta nuestro país, es de bandera argentina, ni pertenece a armadores/empresarios argentinos, ni son tripulados por trabajadores argentinos.  A su vez, el 80% de los remolcadores y barcazas que navegan por los ríos Paraguay y Paraná son mayoritariamente de nacionalidad paraguaya, pero los mismos sectores que tienen hegemonía en el comercio exterior argentino, dominado por empresas norteamericanas como ADM, Viterra (Bunge-Glencore), Cargill, Dreyfus y las locales Aceitera Gral Deheza, Molinos Agro, y las cooperativas ACA y FACA, son los que también poseen hoy gran parte de la flota que presentan la bandera del país hermano.

El gobierno anunció que se van a concesionar las rutas nacionales 12 y 14 y se va a privatizar el tren Belgrano Carga, AySA, Correo Argentino, ENARSA, Trenes Argentinos, y NASA (Nucleoeléctrica Argentina S.A).

Esta última, es la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece la venta del 44% del capital accionario mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado conservará el 51% y cederá el 5% a los trabajadores.  La experiencia de YPF SA, donde el Estado Nacional cuenta con el 51% del paquete accionario, hace que en su nombre sea dirigida por el grupo Techint, que nombró a su presidente y CEO, Horacio Marín, al vicepresidente de infraestructura, Gustavo Gallino, y al director financiero, Federico Barroetaveña. Y seguramente que ese 44% v ca a ser adquirido por una empresa norteamericana, por la sencilla razón que los EEUU es el mayor importador de uranio (Scott Bessent dixit)

Cuando se le pregunta al Ministerio de Economía en cuanto estiman el total de ingresos al erario público por la concesión y privatización de los que le costó a generaciones enteras de argentinos, hablan en torno a los 5.000 ó 5.500 millones de dólares, cuando el costo para hacer Atucha III[2] ronda los 6.500 millones de dólares.  Y la fuga de capitales del mes de septiembre 2025 fue de 6.890 millones de dólares según informa el Balance Cambiario del BCRA.

EN SINTESIS

La realización de privatizaciones y concesiones por imposibilidad del Estado de gestionar bienes y servicios públicos (energía, infraestructuras, transportes), debido a su naturaleza monopolística y a una demanda rígida, terminan proporcionando rentas extraordinarias a los inversores, a menudo gracias a los pagos del propio Estado.

Se trata de sectores claves, como es el agua, la energía y el transporte, que la Constitución Nacional considera bienes públicos, y se los remata a precio vil para beneficiar a un sector parasitario y rentista del país y del extranjero.

La diferencia con Cancha Rayada es que se tenía claramente identificado al enemigo, y había patriotas como Manuel Rodríguez