El DNU presentado por el Presidente en cadena nacional afecta profundamente el día a día de la sociedad y los trabajadores. Entre sus puntos principales se destaca la derogación de la Ley de Alquileres. En un contexto de seria crisis habitacional, el Gobierno Nacional decretó que las propiedades puedan alquilarse en moneda extranjera, con actualizaciones semestrales según el índice elegido, reduciendo la duración de los contratos y aumentando la cantidad de aumentos. Estas medidas, que apuntan a una desregulación del mercado inmobiliario, dejan a infinidad de inquilinos en una situación de indefensión frente a propietarios e inmobiliarias que de ahora en más pueden exigir alquileres en dólares con el índice de aumentos que prefieran.

Asimismo, el decreto desregula los aumentos de las prepagas que, a partir de ahora, podrán aumentar sus cuotas libremente. También modifica las leyes de góndolas y de remedios genéricos. Con respecto a las obras sociales, el decreto permite que los trabajadores decidan aportar directamente a coberturas prepagas, rompiendo el sistema de aportes solidarios y afectando directamente a los ingresos de las obras sociales de los sindicatos.

Los sindicatos y los trabajadores se ven fuertemente afectados por el decreto, que en sus más de 300 artículos incluye una reforma laboral y sindical. En materia de legislación laboral, algunos de los puntos principales son la modificación de los períodos de prueba, que ahora serán de 8 meses en lugar de los 3 previamente estipulados por la ley. Además, se habilita el pago de indemnizaciones en doce cuotas, y se avala la modificación del sistema de indemnizaciones que de ahora en más se valdría de descuentos en el salario de los trabajadores para financiar las mismas. También se autorizan los despidos discriminatorios “por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política o gremial”, estableciendo una indemnización especial en estos casos, lo cual difiere de la reglamentación previa que prohibía este tipo de despidos de plano.

En cuanto a los sindicatos y la organización gremial, el DNU plantea profundas modificaciones. El derecho a huelga se pone en cuestión en este decreto desde varios ángulos. En primer lugar, se incorpora el ejercicio del derecho a huelga como “injuria grave”, lo que habilita al despido sin indemnización. Por otro lado, se establece que solo se podrá llamar a asambleas, huelgas u otras medidas de fuerza “sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”, lo cual impide que los trabajadores tomen medidas de fuerza tales como cese de tareas al amparo de la figura de la asamblea.

Por otro lado, una gran cantidad de tareas fueron decretadas como 'de emergencia'. Entre las actividades afectadas se encuentran trabajadores docentes, telefónicos, portuarios, de dragado y balizamiento, aeronáuticos, marítimos, fluviales, trabajadores de colectivos y subtes, de radio y televisión, obreros siderúrgicos, químicos, camioneros, de la industria alimenticia, de aluminio y cementera, construcción, minería, frigoríficos, correos, agropecuaria, trabajadores bancarios, aceiteros y actividades vinculadas a la exportación. De ahora en adelante, en caso de que el DNU quede en efecto, los trabajadores de estas actividades verán limitado su derecho a huelga, debiendo permanecer un 75% de los trabajadores en actividad en todo momento.

La magnitud de las reformas planteadas en el decreto ha despertado las alarmas de numerosos sectores. La CGT movilizará el miércoles de la semana que viene y no descarta la posibilidad de llamar a un paro general a tan solo diez días de asumir el presidente Milei. Asimismo, numerosos sectores de la política y también vinculados a los Derechos Humanos han cuestionado la constitucionalidad de un decreto de semejante magnitud. Resta ver si el Presidente podrá seguir adelante con el decreto y qué sucederá cuando el mismo pase por el Congreso. Mientras tanto, los cuestionamientos persisten y la incertidumbre flota en el aire.