Durante años defendimos la función social de los clubes: contienen, educan, forman ciudadanía, promueven salud, identidad y pertenencia. Todo eso sigue siendo cierto. Pero llegó el momento de avanzar: los clubes no solo contienen, también producen.

Producen trabajo, servicios, consumo y formación deportiva. Generan demanda de indumentaria, alimentos, transporte, comunicación, mantenimiento, salud y tecnología. Producen valor social, pero también económico.

La Selección campeona en Qatar, Las Leonas o Los Pumas son parte de una tradición sostenida por una red centenaria de clubes. Ahí aparece el movimiento de pinzas de nuestro modelo: el deporte de élite inspira desde arriba y los clubes absorben esa demanda desde el territorio.

En la Argentina existen 11.870 clubes y entidades deportivas, con casi cinco millones de participantes activos. Entre 2024 y 2025, un 40% declaró estar peor que en 2023; en el primer semestre de 2025, la ejecución presupuestaria nacional destinada a clubes habría sido del 0%; y el apoyo estatal cayó 61,4% en términos reales respecto de 2023. Para 2026, el presupuesto deportivo presenta una caída real interanual del 8% y del 66% frente a 2023.

Los clubes crecen a pesar del abandono

Durante demasiado tiempo romantizamos la precariedad: la rifa, la cuota subcobrada, el dirigente que pone plata, el profesor que espera para cobrar, la beca sostenida a pulmón. Habla de compromiso, pero también de un problema estructural. Resistir a pulmón no puede ser un modelo.

El fútbol y la actividad vinculada a los clubes representan alrededor del 0,22% del Valor Agregado Bruto argentino, cifra que asciende al 1,11% con sectores asociados. Mueve unos 1.300 millones de dólares al año, genera entre 35.000 y 40.000 empleos directos y, por cada peso generado por los clubes, moviliza 3,7 pesos en actividades asociadas.

Los clubes son la base de un sistema que no los incluye. Se los invoca para hablar de infancia, valores e identidad, pero se los deja solos ante la infraestructura, las tarifas, el empleo y la gestión.

Por eso, la pregunta no debería ser cuánto "cuestan” los clubes. La verdadera pregunta es cuánto le costaría al Estado reemplazar lo que hacen y cuánto podría ganar el país si, en lugar de dejarlos resistir, potenciara su capacidad productiva.

Ahí está el cambio de paradigma: pasar del subsidio defensivo al desarrollo deportivo-productivo. No se trata solo de ayudar al club a pagar la luz, sino de construir una economía social del deporte, con el club como centro de una red de trabajo, producción y servicios.

En un artículo anterior propusimos transformar tareas que ya existen —entrenamiento, administración, mantenimiento, comunicación y coordinación deportiva— en empleos reconocidos, formalizados y sostenibles. Esa agenda debe integrarse a algo más amplio: tratar a los clubes como infraestructura social y productiva.

Una política nacional podría apoyarse en cuatro decisiones

Primero, fortalecer los eventos deportivos barriales. Cada torneo activa trabajo, consumo, comercios, profes, árbitros, alimentos, indumentaria, transporte y servicios. Cuando un club organiza deporte, también organiza economía.

Segundo, profesionalizar la gestión. La Ley 27.211 sobre derechos de formación permite recuperar parte del valor generado cuando un deportista formado en el club es transferido o contratado. Una ficha o constancia federativa puede convertirse en derechos, recursos y futuro. El Estado podría aportar infraestructura digital para la gestión y el registro de deportistas.

Tercero, crear un régimen de Compre Deportivo Nacional. Si el Estado invierte en clubes, debería priorizar indumentaria, equipamiento, servicios y tecnología de pymes nacionales, cooperativas y proveedores locales. Cada peso fortalecería al club y dinamizaría trabajo argentino.

Cuarto, crear incentivos fiscales para pymes, micropymes, cooperativas y empresas nacionales que inviertan en clubes. Ese es el capital que interesa potenciar: el de la economía comunitaria del deporte, no el que llega para capturar tierra, ubicación, marca o renta futura.

Esas inversiones podrían ser deducibles o computables contra impuestos, con topes y controles. El esquema debería ser progresivo: mayor beneficio para micropymes, cooperativas y comercios locales; intermedio para pymes nacionales; menor para grandes empresas; y limitado para multinacionales. Si es igual para todos, lo capturan quienes tienen más espalda económica.

Así puede construirse desde abajo una cadena de valor deportiva nacional. El club deja de ser pensado solo como una institución que necesita ayuda y pasa a ser una unidad productiva social: una plataforma de empleo, consumo, servicios, salud, cultura, comunicación y economía local.

No sería caridad, sino inversión. No sería asistencia, sino planificación

La Argentina tiene un diferencial histórico en sus clubes de barrio. Frente al individualismo, la fragmentación social y el consumo problemático de pantallas, siguen ofreciendo pertenencia, comunidad y futuro.

No alcanza con celebrarlos en los discursos mientras se los abandona en la política pública. No son una carga para el Estado: son infraestructura social existente, con legitimidad comunitaria y potencia económica subutilizada.

Un país que desfinancia a sus clubes abandona mucho más que una política deportiva. Abandona una herramienta de desarrollo nacional. Porque allí donde hay un club funcionando, hay comunidad organizada. Y donde hay comunidad organizada también puede haber trabajo, producción, valor agregado y futuro.