“Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme a la legislación argentina, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento” sostuvo el viernes 27 de marzo la Corte de Apelaciones de Nueva York, que en un fallo de 56 páginas, revocó la sentencia de primera instancia de la jueza Loreta Preska contra Argentina por la expropiación de YPF.

Ni en Nueva York las decisiones de la Corte de Apelaciones deben tener la repercusión que tuvo ésta decisión en Argentina. No hay portal de noticias que no tocara el tema para elogiar a un rincón u otro de los matices que habitan la vida institucional de la clase política en nuestro país. No hay rincón de los análisis políticos virtuales de funcionarios, ex funcionarios, autoridades actuales o pasadas, que no hayan puesto el tema en comentario para afianzar una posición en blanco o negro.

Síntoma de deterioro de la capacidad de autodeterminación de una Nación, es otorgar tamaña atención a un fallo de un órgano jurisdiccional de una potencia extranjera. En definitva, el retroceso en materia soberana. La atención termina por desnudar que todo el arco político estaba dispuesto a acatar un fallo en contrario dictado en los Estados Unidos, aún si perjudicara el destino político y económico de la mayoría que habita éste suelo.

Mientras la Corte de Apelaciones de Nueva York tomaba la decisión de dejar sin efecto la condena en 16.000 millones de dólares fijada por una ignota jueza de primera instancia yanqui, y algunos desempolvaban la palabra soberanía para vincularla a YPF, a unos miles de kilómetros, en el Houston, Texas, se desarrollaba hasta el día de ayer el CERAWeek 2026, el encuentro energético que los yanquis consideran “el SuperBowl” de la energía.

Allí, en el mismo momento en que celebrabamos la soberanía que nos asegura la propiedad estatal de YPF, su presidente Horacio Marín, compartía evento con Doug Lawler, presidente y CEO de Continental Resources, una de las compañías más poderosas del desarrollo del petróleo no convencional en Estados Unidos, que anunció su desembarco en forma reciente en la provincia del Neuquén.

“En 5 a 10 años, la producción de EE.UU. se va a estabilizar o declinar y ese gap va a ser cubierto por Vaca Muerta” dijo Doug Lawler. Las declaraciones de Lawler se producían al cierre del panel financiado por el IAPG Houston que, para los que no lo conocen, es el Instituto Argentino de Petróleo y Gas en Houston, Texas, que promueve la subordinación de nuestros resortes energéticos a los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

Lawler reclamó “No hagan nada que desincentive la inversión. Porque si se desincentiva la inversión, eso perjudica a los ciudadanos argentinos y retrasa la contribución sustancial del petróleo y el gas al panorama energético mundial.”

Algún chango o alguna doña en un barrio cualquiera de nuestro país, juntaba el mango para pagar el aumento de la garrafa de gas licuado de petróleo porque no tiene conexión domiciliaria a la red de gas, y tiene atada la posibilidad de cocinar o calefaccionarse a los precios internacionales que se elevan por la aventura bélica desatada en el mismo país donde se discutía el destino de YPF. Mientras arrastraba la garrafa, seguro le resonaba eso de “si se desincentiva la inversión, eso perjudica a los ciudadanos argentinos” y pensaba en lo grave que sería su situación si alguien pretende cobrarle algún impuesto al Sr. Doug Lawler y echarlo del país por pedirle algo a cambio del saqueo.

 

Un fallo en EEUU a favor de YPF

El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York revoca una decisión de la jueza Loreta Preska, una jueza elegida por el fondo buitre Bufford para litigar contra la República Argentina tras haberle comprado a la familia Eskenazi los derechos litigiosos tras la expropiación de la empresa YPF decidida en el año 2012, cuando gobernaba nuestra Patria Cristina Fernandez de Kirchner.

En el plano jurídico, Bufford pretendía desconocer el ordenamiento jurídico argentino y aferrarse a las normas estatutarias de YPF para enderezar un reclamo contra el país, soslayando la vigencia de la Constitución Nacional, la ley de expropiación y el conjunto del derecho público, además de la autonomía nacional para tomar decisiones soberanas.

A lo largo del recorrido judicial, Argentina fue acumulando cachetazos y condenas por parte de la jueza Preska. Cada agravio contra la soberanía nacional era celebrado tanto por el entonces ecosistema político que acompañaba en la presidencia a Mauricio Macri, que es el mismo que ahora finge ser dirigido por el retrasado mental de Milei y su circo de subnormales, que también exhibió escenas de cipayismo explícito al señalar que su gobierno tenía vocación de pagar, y que estudiaba crear un impuesto permanente para que los ciudadanos argentinos pagaran al fondo buitre y sufrieran las consecuencias de una expropiación juzgada en el extranjero.

De ese delirio nacido en sus atribulados pensamientos, a envolverse en mamelucos de YPF para dar vuergüenza ajena en su exhibición pública, pasaron algunos meses. El otario ahora se adjudica una victoria jurídica que no conoce, no comprende y mañana -seguramente- confundirá con otro evento.

En lo real, la postura argentina que sostenía que la decisión soberana de recuperar YPF atendía a normas de carácter constitucional y legislación de derecho público, finalmente terminó siendo receptada por la Corte de Nueva York.

“A pesar del intento de los demandantes de presentar este caso como una disputa ordinaria por incumplimiento de contrato entre dos accionistas corporativos, es evidente que no es tan sencillo. Las reclamaciones de los demandantes —aunque se presenten como reclamaciones contractuales típicas— surgen de la renacionalización de YPF por parte de la República mediante un acto de expropiación. Por lo tanto, necesariamente implican el régimen de derecho público de la República, además de sus códigos civiles de derecho privado”

El tribunal recuerda que el artículo 17 de la Constitución argentina dispone que el gobierno puede expropiar bienes si dicha expropiación ha sido autorizada por ley y los propietarios han sido previamente indemnizados. Además, aclara que “los procedimientos, condiciones y recursos para la expropiación se rigen por la Ley General de Expropiación”.

“No se trata de una disputa contractual civil común entre dos partes privadas. Por el contrario, las reclamaciones de los demandantes contra la República surgen de una expropiación gubernamental y se litigan en el contexto de dicha expropiación. Estas demandas por daños y perjuicios —incluso si se presentan como demandas para reparar daños contractuales— implican necesariamente la Ley General de Expropiación, que, por su redacción y propósito, constituye el marco jurídico principal que rige la expropiación según la legislación argentina”, subrayó.

El fallo puede ser recurrido por Bufford ante la Corte de Estados Unidos, aunque difícilmente logre que lo tomen para su resolución en el máximo tribunal de aquel país, lo que constituye un alivio jurídico para el país, que dejará de pagar estudios norteamericanos en dólares, y se saca un peso de encima ante la eventualidad de encontrar los eternos buenos pagadores en el sistema político argentino, siempre dispuestos a mostrarse obedientes ante las pretensiones surgidas en Estados Unidos.

Pero claro, la soberanía no se decreta judicialmente. Ni en Argentina, ni mucho menos en tribunales de una potencia extranjera. Y la soberanía energética es algo mucho más complejo que un simple fallo.

 

Acerca del fallo, recomendamos leer: YPF SA: Miserias y miserables detrás de un reclamo

 

Una YPF a favor de los EEUU

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, junto a los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa y de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el presidente de YPF, Horacio Marín, participaron el día jueves pasado en Houston, seguramente mientras se rubricaba la sentencia conocida un día después, del ya mencionado evento promocionado por el IAPG Houston para poner a Vaca Muerta en venta ante los intereses norteamericanos.

El panel lo terminaba de conformar Ernesto López Anadón, presidente del IAPG, que paradójicamente, ocupó el cargo de Director de Repsol YPF en los tiempos de la privatización de la empresa.

“El mensaje fue claro: existe una estrategia coordinada para escalar el desarrollo del shale y consolidar a la Argentina como proveedor global de energía” señalaron desde el portal EconoJournal acerca de los mensajes que nutrieron los distintos paneles.

Fue allí que el antes mencionado Doug Lawler, CEO de Continental Resources, sostuvo “La producción shale de EE.UU. ya alcanzó un plateau y probablemente empiece a declinar en cuatro o cinco años. Estoy convencido que una parte de esa declinación puede ser cubierta con nuevos desarrollos de Vaca Muerta”.

Lo escucharon referentes del sector energético local como Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, Alejandro Bulgheroni, chairman de Pan American Energy, José Luis Manzano, presidente de Integra Capital, Horacio Turri, Director Ejecutivo de Pampa Energía y el propio Horacio Marín, un poco en nombre de YPF, otro poco en nombre de Tecpetrol.

“El evento nació con un objetivo concreto: fortalecer el vínculo entre el shale desarrollado de Estados Unidos y el shale en expansión de la Argentina” sostuvo Nicolás Gandini de EconoJournal, y agregó “Ese puente —que comenzó a construirse con acuerdos como el de YPF y Chevron hace más de una década— busca ahora consolidarse en una nueva etapa caracterizada por la cooperación entre empresas para escalar la producción y llevar la energía argentina al mundo. En palabras de los organizadores, el desafío ya no es competir por un mercado doméstico limitado, sino coordinar esfuerzos para posicionar a Vaca Muerta como un proveedor global de petróleo y gas.”

El “puente” al que se hace referencia entre Texas y Vaca Muerta, nacido al calor del acuerdo Chevron YPF del año 2013, no es otra cosa que un esquema de subordinación de nuestros recursos estratégicos a la pretensión de política energética de los Estados Unidos.

Es saludable recordar, por cierto, que a la necesaria recuperación estatal de YPF, le sucedió un acuerdo firmado el 16 de julio de 2013 con la petrolera nortemericana Chevron, el cual fue hecho público muchos años después, y de su negación, se ufanaba el germen del pragmatismo que condenó al peronismo a un desierto ideológico.

Aquel acuerdo, suscripto hace diez años, marcaba un nuevo modelo de dependencia económica que aún no entró en etapa de revisión crítica. En su oportunidad fue suscripto entre YPF y la Compañía de Hidrocarburo No Convencional SRL (CHNC), una empresa desconocida y creada con el único objetivo de encubrir la presencia de Chevron en el acuerdo.

El Observatorio Petrolero del Sur realizó un análisis oportuno del acuerdo y determinó que:

• El 1 de julio de 2013, YPF creó en el Estado de Delaware (EE.UU.), reconocido paraíso fiscal, a las empresas YPF Shale Oil Investment I e YPF Shale Oil Investment II. El agente de registración de dichas estructuras jurídicas offshore fue Corporate Service Company, mismo representante de Chevron en el Estado de Delaware.
• El 8 julio de 2013, YPF creó CHNC en la Argentina, firma que es controlada por YPF Shale Oil Investment I y II.
• El 16 de julio de 2013, YPF anuncia públicamente que firmó el supuesto contrato con Chevron.
• Chevron crea Chevron Overseas Finance I en Islas Bermudas, otro paraíso fiscal.
• En diciembre, YPF le transfirió el 50% de la concesión de Loma Campana a CHNC fruto de un acuerdo firmado por YPF Shale Oil Investment I y Chevron Overseas Finance I.
• En marzo de 2014, la provincia del Neuquén convalida el nuevo acuerdo (YPF y CHNC) mediante el decreto 2420/13 (publicado en el Boletín Oficial con un retraso de casi tres meses).

Si bien YPF posee indirectamente el 100% de CHNC, no posee la potestad sobre su destino, ni percibe ningún beneficio. Es más, en el balance del año 2016 y como lo repitió durante años “La Sociedad [YPF] mantiene indirectamente el 100% del capital social de CHNC, pero dado que en virtud de los acuerdos contractuales existentes, no ejerce las decisiones financieras y operativas relevantes de CHNC ni financia sus actividades, no se encuentra expuesta a riesgos ni beneficios por su participación en CHNC.”

Y lo que parece un debate teórico, académico o atrapado en aspectos técnicos, es un problema soberano que nos arrastra hasta una actualidad en la que nuestra Patria produce riqueza con la explotación de Vaca Muerta, pero su rentabilidad encuentra reflejo en los balances de un puñado de grupos económicos, mientras la realidad cotidiana marca las idénticas dificultades que sólo esperan que la promesa de seguir exportando hasta el cansancio, traiga algún beneficio para nuestra Patria.

Pero claro, el problema no es un simple evento, o una decisión. El dilema es una forma de pensar la Patria. Y para ello, en el sistema político, no abundan los matices.

 

Recuperar la nuestro, una asignatura pendiente

Nuestra Patria atraviesa tiempos de aceleración de la implementación más brutal del saqueo extractivista en materia de recursos energéticos.

En enero de 2026, la producción en Vaca Muerta alcanzó un máximo histórico de 610.715 barriles de petróleo diarios, empujando los 882.200 barriles diarios (bbl/d) que extrajimos en todo el país.

“Hay, sin embargo, dos récords adicionales de los que poco se habla y expresan aspectos nodales de la crítica situación de la economía. Nos referimos al aumento exponencial del endeudamiento externo del sector y a la aceleración de la salida de dólares al exterior por razones financieras” señalan desde EJES (Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental) en un informe reciente.

En efecto, con rigor estadístico, señalaron que “El sistema energético terminó de revertir su condición deficitaria en materia de comercio exterior característica de los últimos 15 años. Entre enero y octubre de 2025, el intercambio de bienes energéticos dejó un saldo favorable de 4.792 millones de dólares. Sin embargo, dos tercios de ese saldo comercial favorable se perdió por diferentes mecanismos financieros. La dolarización de excedentes económicos que realizó el sector en estos primeros 10 meses del año alcanzó su máximo caudal histórico: se perdieron así 3.222 millones de dólares.”

Además de las variables financieras, se materializa el record histórico de endeudamiento externo de las empresas del sector energético. Hay un dato adicional que no debe saltarse: según los registros oficiales, dos de cada tres dólares de la "nueva deuda" bajo la gestión Milei corresponden a contratos intrafirma. Es decir: empresas que se deben dinero a sí mismas. Una maniobra de valorización financiera que garantiza ganancias a estos actores hipotecando el equilibrio externo del país de los próximos años.

El otro fenómeno que caracteriza Vaca Muerta es la marcada concentración económica que se produce en su forma de reproducción.

“Al cierre del año 2025, apenas cinco empresas explicaron más del 80% de la producción no convencional. Es un avance voraz: hace solo doce meses, esa misma cuota de mercado se repartía entre ocho compañías. El avance de la concentración económica se replica en el comercio exterior. Cada vez menos empresas concentran un mayor porcentaje de las exportaciones de crudo: sólo cinco firmas, encabezadas por VISTA, acapararon el 75% de las exportaciones de petróleo en 2025” señala EJES.

Sin lugar a dudas, el crecimiento exportador de Vaca Muerta, el marcado incentivo a las inversiones externas, la extranjerización del destino de nuestra riqueza energética, sólo puede consolidarse si la contracara de ese modelo ofrece un destino de miseria para el país. Al menos, es lo que los resultados del modelo que se celebra en Houston, Texas, arrojan como indicadores inobjetables.

Cuanta menos plata queda en el país, cuanto menos rinde el salario en los trabajadores, cuanto más cara es la energía para el mercado interno y cuanto menos industria demande energía, mejor para el éxito de las inversiones externas que tanto se alientan desde el conjunto del sistema político argentino.

“La industria y la producción local retroceden y el proyecto de reprimarización de la economía avanza. Los sectores extractivos, mientras tanto, de la mano de la concentración económica y del cambio tecnológico, ya están mostrando serias limitaciones para la creación de nuevos puestos de trabajo. No todos y no todas tienen lugar en la Argentina potencia exportadora de energía, minerales, cereales y oleaginosas” sostienen desde EJES.

Enorme tarea la de defender la Patria en este tiempo aciago de nuestra historia. Una tarea que acompañe el gran desafío de pensar la Patria en un tiempo convulso en clave geopolítica, pero rico en oportunidades para construir un país que vaya en el sentido absolutamente contrario al que lo empuja un sistema político que sólo tiene para ofrecerle las ruinas de su propia impotencia.