El ataque del gobierno de Javier Milei contra las universidades nacionales públicas, libres y gratuitas comenzó desde el inicio mismo de su mandato. A tal punto, que la parte más feroz del ajuste tuvo lugar durante los primeros seis meses de su administración.

La respuesta de la comunidad universitaria frente al ahogo presupuestario y el ajuste salarial fue iniciar un sendero de lucha que dio lugar a varias marchas universitarias multitudinarias, una de ellas, de las más grandes que se tenga memoria. A su vez, también se avanzó por la vía legislativa con el objetivo de lograr una ley que obligue al Poder Ejecutivo a entregar los recursos necesarios para que el sistema pueda seguir funcionando.

La perseverancia tuvo su premio y el 21 de agosto de 2025 el Congreso sancionó la Ley 27.795 de “Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”. El gobierno decidió vetarla inmediatamente y devolverla al Poder Legislativo. Sin embargo, primero Diputados y luego Senadores lograron los dos tercios necesarios para insistir con su aprobación. De esta manera, la norma quedó definitivamente sancionada.

A pesar de haberse cumplido con todos los pasos legislativos, el 21 de octubre, día de su publicación en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 759/2025 y suspendió su aplicación con el argumento de que la ley no establecía en forma explícita de dónde saldrían los fondos para financiarla. Sin embargo, la propia ley establece que el gobierno puede realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar su cumplimiento.

En diciembre, el Ejecutivo en su empecinamiento, incluyó de manera subrepticia en el proyecto de presupuesto 2026 un artículo en el que se proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Ese artículo, el número once, fue rechazado una vez más por la Cámara Baja.

A todo este devenir legislativo, se le sumó, el 23 de diciembre, un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 que, a partir de una presentación del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), le ordenó al Estado Nacional cumplir de manera inmediata con la ley. Este amparo, además, fue ratificado recientemente por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que rechazó la apelación que había presentado el gobierno.

Despreciando lo dispuesto por los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo sigue adelante con su  cruzada de no aplicar la ley e insiste con un proyecto que presentó en febrero de este año –que aún no fue tratado por el Congreso– para modificar la Ley de Financiamiento Universitario. Lo concreto es que el gobierno lleva más de 160 días evitando cumplir con la norma.

En este marco, el CEPA (Centro de Economía Política Argentina) elaboró un documento en el que analiza la degradación presupuestaria de las universidades nacionales y la caída del poder adquisitivo de los salarios del personal docente y no docente. Además, proyecta lo que puede ocurrir este año comparando el impacto de la aplicación de la ley insistida con las consecuencias bien diferentes en caso de que se aprobara el nuevo proyecto del gobierno.

El tamaño de la motosierra

De acuerdo con el trabajo del CEPA, el presupuesto de las universidades nacionales registró un fuerte ajuste durante la gestión libertaria. Así, entre 2023 y 2025, la caída en términos reales alcanzó el 28,7%. A su vez, si se toma el presupuesto vigente para 2026 que asciende a 4,87 billones de pesos calculados a precios constantes, al compararlo con 2023 implica una reducción del 45,6%.

En cambio, si se hubiera aplicado la ley insistida, el presupuesto de las universidades a diciembre de 2025 hubiera ascendido a 8,63 billones de pesos (a valores de 2026). Esto hubiera significado un crecimiento real del 35,1% respecto del presupuesto 2025, con lo que hubiera quedado solo 3,6% por debajo del nivel 2023.

La situación sería muy diferente de aplicarse el proyecto del gobierno. En ese caso, el presupuesto de la universidades para 2026 se incrementaría solo un 12,4%, alcanzando los 5,48 billones de pesos (a valores 2026). El resultado sería una caída real del 14,2% frente a 2025 y de un 38,8% respecto de 2023.

De esta manera, según el análisis de los integrantes del CEPA, “la Ley insistida permitiría prácticamente recuperar el nivel presupuestario previo al ajuste realizado por el Gobierno, mientras que el Proyecto del Gobierno consolida ese recorte en términos reales lo que implica un presupuesto de Universidades Nacionales 36,5% inferior al que hubiera correspondido bajo la Ley insistida”.

Más adelante, el trabajo fija su atención en los últimos cuatro presupuestos (2023-2026) para precisar que el gasto en salarial del personal docente y no docente representa el 86,9% del total presupuestario, mientras que los gastos de funcionamiento explican el 13,1%. De allí que, si bien el  ajuste en estos últimos es bastante mayor, con una caída del 57,1% frente al 43,2% de la masa salarial, en realidad su peso en el presupuesto total es bastante inferior.

La reducción presupuestaria en los gastos de funcionamiento se explica fundamentalmente por la virtual desaparición de varias áreas. Así, entre 2023 y 2026, las Acciones Universitarias para el Desarrollo Nacional y Regional (FUNDAR) se redujeron 89,7%; el Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades, 77,4%; el Desarrollo de Proyectos Especiales, 91,6%; el Desarrollo de Institutos Tecnológicos de Formación Profesional, 71,6%; y la Promoción de Carreras Estratégicas, 77,4%.

En contraposición, el único renglón presupuestario que registró un aumento en términos reales desde 2023 fue Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios, cuyo presupuesto para 2026 se incrementa 19,8%. Sin embargo, su peso dentro del gasto total en universidades nacionales es muy reducido, ya que representa apenas el 2,3% del presupuesto universitario en 2026.

¿Qué pasaría con los gastos de funcionamiento de aplicarse la ley insistida? El presupuesto 2026 registraría un crecimiento real de 25,7% respecto a 2025. Pero este aumento solo reduciría parcialmente la brecha respecto de 2023, ya que el nivel del gasto seguiría siendo 37,5% menor. Esto se explica –según el documento– porque varias partidas vinculadas a programas de desarrollo universitario y a actividades de ciencia y técnica no fueron incluidas dentro de la recomposición prevista por la ley.

Los salarios del terror

Prácticamente desde el momento mismo de su asunción, el gobierno libertario ejecutó un drástico recorte en el poder adquisitivo de los salarios universitarios.  La mayor parte de esa caída se concentró en los primeros meses de 2024, cuando entre diciembre 2023 (inclusive) y julio 2024 la inflación acumulada alcanzó el 134,6%, mientras que los salarios aumentaron un 80,4%. Esto dio como resultado una reducción salarial del 23,1% en términos reales respecto de noviembre 2023. Tomando ese mes como base, el salario real siguió reduciéndose hasta caer un 24,4% en diciembre del 2024. En 2025 volvió a registrarse una contracción adicional del 10,1%, acumulando así una caída total del 32,1%. Finalmente, en enero 2026 se produjo una nueva reducción en términos reales, llevando la pérdida de poder adquisitivo al 34,0% en comparación con noviembre 2023.

Inmediatamente, el informe toma la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) correspondientes a un Hogar Tipo 2, elaboradas por el INDEC, y las compara con los  salarios básicos brutos (sin antigüedad) del personal docente y no docente de las universidades nacionales.

Para enero 2026 la CBT alcanzó los 1.360.299 pesos, mientras que entre los docentes únicamente los titulares con dedicación exclusiva superan ese umbral, con un salario bruto de 1.380.084 pesos, apenas 95.792 por encima de la línea de pobreza. En el caso del personal no docente, solo los cargos de los niveles 1 y 2 superan la CBT, con ingresos que la exceden en $518.138 y $205.068 respectivamente. Es decir, que sólo una pequeña porción de los cargos cuenta con ingresos suficientes para no ser considerados pobres.

La situación es aún más crítica entre los docentes con dedicación semiexclusiva y simple. Considerando que la CBA en enero 2026 fue de 623.990 pesos, solo los titulares y asociados con dedicación semiexclusiva perciben salarios básicos brutos por encima de la línea de indigencia. El resto de los cargos docentes (incluyendo todos los de dedicación simple) se ubica por debajo de ese nivel.

¿Qué habría pasado si se hubiera aplicado la ley insistida? La norma establecía que los salarios universitarios debían recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre 2023 (inclusive) hasta el mes de su publicación en el Boletín Oficial (octubre 2025). Esto significaba un incremento de los ingresos del 44%. De haberse aplicado sobre los sueldos de noviembre 2025, el salario real del personal universitario se habría posicionado apenas 1,3% por debajo del nivel registrado en noviembre 2023, recuperando la mayor parte del poder adquisitivo perdido durante la gestión del presidente Milei. 

En contraposición con este escenario, el proyecto del gobierno establece una recomposición de los salarios que solo toma en cuenta lo perdido en 2025, a partir de tres cuotas trimestrales no acumulativas del 4,1%, lo que da un total del 12,3%. Según los economistas del CEPA, este esquema, por un lado, ignora la parte más significativa del ajuste, que tuvo lugar en 2024, cuando los salarios perdieron un 24,4%.

Por otro lado, la recomposición propuesta resulta insuficiente frente a la dinámica inflacionaria del 2026. Según las proyecciones del REM, la inflación acumulada durante el los primeros cinco meses de 2026 alcanzaría 13,1%, lo que ya supera el aumento total previsto de 12,3%. Además, para septiembre de este año, la inflación acumulada alcanzaría 20,3%, ocho puntos porcentuales por arriba de la recomposición dispuesta en el proyecto del Ejecutivo. Por lo tanto, “si bien el incremento se presenta como una recomposición de lo perdido durante 2025, esa mejora se diluye a lo largo de 2026”.

Sobre el final, el trabajo amplía su línea de tiempo y toma el salario de un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva y sin antigüedad de noviembre 2015 para compararlo con los ingresos por ese cargo en enero de 2026. Medido en pesos constantes, ese salario era de 1.154.094 pesos en noviembre 2015, mientras que en enero 2026 se ubicaba en 570.470 pesos. Esto implica una reducción del 50,6% en términos reales.

Si se hubiera aplicado la ley insistida, la pérdida de poder adquisitivo respecto de noviembre de 2015 se habría recortado sustancialmente, dado que el salario habría alcanzado los 852.229 pesos  lo que implicaría una caída del 26,2%.

Mientras se extienden los paros en las universidades y se profundiza el éxodo de docentes, el gobierno anunció que seguirá resistiendo la aplicación de la ley y que apelará el fallo mediante un recurso extraordinario para que el caso llegue a la Corte Suprema. La batalla continúa.