Dos años después del inicio de la gestión de Javier Milei, el mercado de trabajo argentino atraviesa una mutación silenciosa pero estructural. Lejos de la promesa de una recuperación en forma de "V", los indicadores laborales dibujan un escenario de ajuste permanente donde la precarización y la pérdida del poder adquisitivo se convierten en el rasgo de una nueva normalidad, consolidada a través de políticas activas y una reforma laboral que amenaza con profundizar aún más el deterioro.

Dos informes recientes -el del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) y el del Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CIFRA-CTA)- coinciden en un diagnóstico alarmante: el empleo que se genera y se expande es, mayoritariamente, de subsistencia. La economía no expulsa trabajadores al desempleo abierto, sino que los empuja hacia un colchón de actividades micro-informales, changas y cuentapropismo sin cobertura social. Al mismo tiempo, los salarios registrados se desploman en términos reales, castigados por la inflación, un techo a las paritarias y una capacidad de negociación sindical que el gobierno se ha encargado de desmantelar.

El informe de la UCA, titulado precisamente "La informalidad laboral, la nueva 'normalidad' argentina", cuantifica el fenómeno con crudeza. Entre 2023 y 2025, el sector que denomina "micro-informal" —que incluye a asalariados no registrados, cuentapropistas informales y trabajadores por cuenta propia de subsistencia— pasó de representar el 53,2% al 55,8% del total del empleo. Es decir, casi seis de cada diez personas ocupadas en Argentina sobreviven hoy al margen de cualquier derecho laboral o previsional. Esta expansión se apoyó casi exclusivamente en los "no asalariados" (changas, autoempleo precario), que saltaron del 33,4% al 35,9% de la población ocupada. Como subraya el estudio, ante la crisis estructural inducida por las políticas de ajuste, "la población no queda desocupada, sino que se vuelca al refugio de las actividades del sector micro-informal".

Este diagnóstico se complementa con el dato demoledor sobre la falta de registración. El porcentaje de trabajadores sin aportes a la seguridad social se incrementó del 51,9% al 54,5% entre 2023 y 2025. Una mayoría de argentinos que trabaja ya no tiene acceso a jubilación, obra social o asignaciones familiares. El documento de la UCA detecta además una dinámica perversa: entre los asalariados del sector privado formal, aquellos que teóricamente deberían estar en blanco, la ausencia de aportes aumentó del 22,4% al 26% entre 2024 y 2025. Esto indica que incluso en el mercado formal las nuevas contrataciones se realizan sin declaración, una práctica que las actuales políticas no solo toleran sino que, como se verá, alientan.

Pero la precarización no es solo informalidad. Incluso para quienes conservan un empleo registrado, el bolsillo se encoge. El informe N°18 sobre la situación del mercado de trabajo del CIFRA, de mayo de 2026, es lapidario: "Los salarios registrados muestran una importante contracción desde agosto de 2025, en un contexto de mayor inflación, techo a las paritarias y menor capacidad de negociación sindical". La pérdida salarial real promedio alcanza el 9% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. Pero la cifra se vuelve más aterradora si se utiliza un Índice de Precios al Consumidor (IPC) "reponderado" para reflejar una canasta de consumo más actualizada: la caída llega al 13%.

El ajuste castiga con saña particular al sector público, un blanco explícito del gobierno de Milei. Según CIFRA, en febrero de 2026 el salario real estatal se ubicó un 18,3% por debajo del nivel de noviembre de 2023. Y dentro de este, los trabajadores nacionales sufrieron un descalabro del 37,2% en el mismo período. El documento contextualiza estas cifras en una tendencia de largo plazo que la actual gestión ha acelerado: el poder adquisitivo del salario registrado privado resulta hoy 25,5% inferior al de noviembre de 2015, mientras que el salario público está 40,8% por debajo de ese mes.

Estos dos fenómenos -informalidad creciente y salarios en caída- no son un accidente del ciclo económico. Son el resultado deliberado de políticas macroeconómicas y laborales que privilegian el ajuste fiscal y la flexibilización por sobre cualquier consideración social. El propio gobierno de Milei ha impulsado una reforma laboral que profundiza la desprotección: extiende los períodos de prueba, promueve esquemas de contratación independiente para encubrir relaciones de dependencia, limita la indemnización por despido y debilida el accionar sindical. Todo ello bajo el dogma de que "desregular" el mercado de trabajo genera más empleo.

Sin embargo, los números muestran lo contrario. El informe del CIFRA señala que, a pesar de que el PIB creció un 5,2% entre el último trimestre de 2023 y el de 2025 (una recuperación tras la fuerte caída inicial), los puestos de trabajo totales aumentaron apenas 113.000, un magro 0,5%. Más aún: se perdieron 265.800 empleos asalariados registrados con plenos derechos, mientras que crecieron 345.700 los no asalariados informales. La actividad económica se ha vuelto extremadamente desigual: sectores como la intermediación financiera o el turismo se expandieron, pero la industria y la construcción, pilares del empleo de calidad, destruyeron casi 228.000 puestos. La administración pública y la enseñanza, por su parte, expulsaron 51.600 trabajadores.

El panorama actual es, por lo tanto, el de una economía que genera muy poco empleo genuino, y el que genera es cada vez más precario y peor remunerado. Pero lo peor está por venir. La reforma laboral impulsada por el oficialismo —que se encuentra en diversas etapas de implementación, ya sea por decreto, por ley o por la vía de la "liberación de facto" de las relaciones laborales— promete agravar todos estos indicadores. Al abaratar el despido y facilitar la contratación no registrada, se estimulará aún más la sustitución de empleo formal por trabajo autónomo precario. Al debilitar la negociación colectiva, se acelera la caída del salario real. Al eliminar multas y sanciones efectivas por trabajo no declarado, la informalidad se expandirá hasta abarcar cómodamente más del 60% de la fuerza laboral.

El título de la UCA no es una exageración, sino una profecía autocumplida: la informalidad y el salario devaluado son la nueva "normalidad" que el gobierno de Milei no solo ha instalado, sino que ahora se apresta a blindar por ley. El resultado será una sociedad partida en dos: una pequeña elite que se beneficia del ajuste y una mayoría de trabajadores condenados a la changa y a la pérdida sistemática de su poder de compra. Mientras tanto, el discurso oficial celebra el control del déficit y la baja de la inflación, sin mencionar que esa "estabilidad" se construye sobre los hombros de seis de cada diez argentinos que trabajan sin red, y sobre los salarios de los pocos que aún tienen aportes, en una caída libre que ya no distingue entre lo público y lo privado.

La reforma laboral, cuando termine de implementarse, no traerá más trabajo registrado. Sellará la precariedad como regla. Y la Argentina, que alguna vez supo tener una de las clases trabajadoras más protegidas de la región, se habituará a ver en el changarín o en el trabajador sin obra social el rostro cotidiano del empleo. Esa es la nueva normalidad que ya está aquí, y que las políticas actuales se encargan de perpetuar.