Los portales especializados en energía que financian las grandes corporaciones del sector no se cansan de celebrar. Récord de producción en Vaca Muerta, megaproyectos de exportación, llegada de gigantes internacionales. El discurso es siempre el mismo: “inversiones”, “desarrollo”, “empleo”. Pero detrás de la pirotecnia mediática, el modelo que se está consolidando es el de una Argentina cada vez más subordinada, donde los recursos estratégicos se entregan a cambio de nada, la infraestructura se privatiza y las ganancias se fugan al exterior. Es el colonialismo energético del siglo XXI.

El RIGI como vector de la entrega

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es la herramienta central de este proceso. El gobierno lo presenta como la “zanahoria” para atraer capitales. En la práctica, es un mecanismo para asegurar rentabilidad extraordinaria a las corporaciones a costa del Estado y los recursos naturales. Según el portal oficial, ya hay 18 proyectos aprobados por más de USD 22.500 millones. El 95% de las inversiones se concentran en minería e hidrocarburos, consolidando un modelo extractivista que profundiza la dependencia de la venta de materias primas sin valor agregado.

El “Súper RIGI”, que ya tiene media sanción, profundiza esta lógica. Ofrece alícuota de Ganancias del 15%, exención de derechos de exportación desde el inicio, libre disponibilidad progresiva de divisas, estabilidad normativa por 30 años y arbitraje internacional frente al propio Estado argentino. Las provincias y municipios adheridos quedan sometidos a topes del 0,5% en Ingresos Brutos y no pueden aplicar Impuesto de Sellos. Incluso si una jurisdicción revoca su adhesión, los beneficios ya otorgados no pueden ser afectados. El Estado resigna recursos fiscales millonarios, estimados en alrededor de USD 1.800 millones anuales, sin garantías de transferencia tecnológica o desarrollo de proveedores locales.

Infraestructura en manos privadas

Mientras tanto, las obras de infraestructura clave se construyen bajo control privado. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), con una inversión de USD 3.000 millones y un avance del 73%, permitirá evacuar crudo desde la Patagonia. Se estima que estará operativo a fines de 2026 con una capacidad inicial de 180.000 barriles diarios. Shell y Chevron ya confirmaron su incorporación al proyecto. El gasoducto Tratayén-Punta Colorada, de 437 kilómetros, recibió luz verde del Ministerio de Economía para unir Vaca Muerta con la costa rionegrina.

Estas obras no son para abastecer el mercado interno o fomentar la industrialización del gas y el petróleo. Son para exportar. Para convertir a la Argentina en una plataforma de provisión de recursos al mundo, mientras las empresas extranjeras se quedan con el control de la logística, los costos y las decisiones estratégicas.

La extranjerización de Vaca Muerta

El desembarco de las multinacionales es el otro frente de esta ofensiva. En junio de 2026, YPF firmó acuerdos con la italiana ENI y la emiratí ADNOC para que adquieran el 32% cada una de tres bloques de Vaca Muerta (Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas). YPF retiene apenas el 36%. El objetivo es abastecer el proyecto Argentina LNG, que prevé exportar 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado a través de dos buques flotantes.

El problema no es la inversión extranjera en sí misma. Es que el Estado argentino no exige nada a cambio. No hay compromisos de transferencia tecnológica, no hay desarrollo de proveedores locales, no hay soberanía sobre los datos o las capacidades que se generan. Las corporaciones se llevan el gas, las ganancias y el control. La Argentina se queda con el pasivo ambiental, la infraestructura que debe mantener y la promesa de un empleo que nunca llega en la magnitud prometida.

La fuga de divisas: el modelo que sangra

El resultado de este esquema es una fuga de divisas que no tiene precedentes. El IPyPP documentó que la economía real generó 52.223 millones de dólares entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, pero la economía financiera consumió 81.215 millones. El agujero se tapó con deuda: 40.984 millones de dólares conseguidos por mecanismos financieros (nueva deuda pública y privada, blanqueo, ayuda de Estados Unidos). En el primer cuatrimestre de 2026, el giro de utilidades y dividendos al exterior sumó 567 millones de dólares, y el pago de intereses por deuda externa del sector energético representa una pérdida millonaria todos los meses.

El superávit comercial es un espejismo. Los dólares que entran por las exportaciones no alcanzan para cubrir la sangría financiera. El modelo solo sobrevive gracias a un endeudamiento creciente que hipoteca el futuro del país.

La soberanía en venta

El gobierno de Milei ha alineado explícitamente la política energética con los intereses de Estados Unidos. El respaldo de Washington al RIGI y a las políticas de desregulación no es casual. Es parte de una estrategia geopolítica para asegurar el control de los recursos estratégicos de la región. La Argentina, en este esquema, cumple el rol de proveedor de materias primas, subordinado a las decisiones que se toman en Washington, no en Buenos Aires.

El modelo energético de Milei es la culminación de un plan que lleva décadas en marcha: desindustrializar, primarizar, endeudar y subordinar. Los récords de producción y los megaproyectos son la cortina de humo. Detrás, la soberanía energética se desvanece. Y con ella, cualquier posibilidad de un desarrollo genuino que beneficie a las mayorías.