La “Revolución de Mayo” denominó al Virreinato del Río de la Plata como “Provincias Unidas”, oficializándose su nombre al declararse la independencia en 1816.

La disputa con Buenos Aires y su puerto se arrastraba desde la época de las colonias, se potenció con la revolución de mayo, el enfrentamiento llevó a la guerra civil y, tras el triunfo de Estanislao López y Francisco Ramírez en la Batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820, se firma el Tratado de Pilar por el cual las provincias se pronunciaban por la federación, y se llamaba a un congreso general que se reuniría en San Lorenzo (Santa Fe). Los comerciantes porteños representaban a la British Comercial Room, conformada por ingleses y criollos (familias como los Sáenz Valiente, Almagro, Santa Coloma, Rodríguez Peña, Bosch, etc.), y también en defensa del puerto los dueños de saladeros y permisos de vaquerías.

Por eso, el puerto y su aduana se lo diputaban los comerciantes porteños (encabezados por Rivadavia) y las estancias y saladeros (Juan Manuel de Rosas), es más, este último corrompe a Estanislao López en el Tratado de Benegas (24 de noviembre de 1820) en que  acordaron Santa Fe y Buenos Aires el libre comercio de armas, municiones, y todo artículo de guerra entre las partes contratantes, y Juan Manuel de Rosas, de sus estancias, le entrega a López 25 mil cabezas de ganado en resarcimiento de la guerra entre ambas provincias.

En 1824 El Gobernador era Martín Rodríguez y su ministro Bernardino Rivadavia, tomaron el crédito con la banca inglesa Baring Brothers. Como garantía del empréstito Rivadavia hipotecó todas las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública (incluida las minas de Famatina – La Rioja).

Las provincias del interior enterados del hecho, exigieron destituir a Martín Rodríguez, entonces los autotitulados federales de Buenos Aires, encabezados por Manuel Dorrego y Juan Manuel de Rosas lo derrocan, y se lo nombra al primero Gobernador. Pero Juan Galo Lavalle, vencedor del Imperio de Portugal en Brasil en las batallas de Ituzaingó y Camacuá, con sus tropas se puso al servicio de los unitarios, y vence y fusila a Manuel Dorrego en la batalla de Navarro (13 de diciembre de 1828).

Juan Manuel de Rosas que había hecho la campaña del desierto como segundo de Martín Rodríguez, y el presidente Rivadavia lo nombró comandante de los ejércitos de campaña a fin de mantener pacificada la frontera con la población indígena de la región pampeana.  Rosas, muerto Dorrego, se unió a Estanislao López y derrotó en Puente de Márquez a Lavalle a principios de 1829.

Pero la rubia Albión que juega siempre a ganador, no tardó en acordar con los triunfadores, al fin y al cabo, dueños de las grandes estancias, para asegurarse la provisión de carne y de tasajo (para el consumo de los esclavos), mientras que los comerciantes porteños necesitaban intermediar con las importaciones extranjeras convirtiéndose en un apéndice de esa industria.

En 1853 cuando tras la derrota de Rosas se declara la Constitución Nacional, si bien se respetan los pactos preexistentes[1], persiste la división entre el puerto (los porteños encabezados por Bartolmé Mitre) y la Confederación Argentina (encabezada por Justo José de Urquiza), que terminó con el triunfo del primero en Pavón en 1861.

El predominio de Inglaterra y la política de endeudamiento de los sucesivos gobiernos conservadores, consolidan el modelo agropecuario exportador, donde una minoría se apropia de grandes extensiones de tierra y hace trabajar como peones a los gauchos, y persigue y mata o destierra a quienes lo enfrentan, munidos de armas y municiones de Inglaterra.

En recién el 4 de junio de 1943, cuando el GOU (Grupo de Oficiales Unidos) derroca al presidente Ramón S. Castillo e impone un nuevo modelo de producción y distribución de ingreso, basándose en el consumo interno y sustituyendo las importaciones por producción local, esencialmente en la industria y en la construcción.

Ese modelo mal o bien, rigió hasta el golpe militar del 24 de marzo de 1976, que genera una nueva configuración del poder.

“A partir del golpe de Estado del 24 de marzo 1976 se produjeron profundos cambios en la estructura económica argentina, que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales, y el disciplinamiento social. La dictadura militar se propuso restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros”[2]

La dictadura favoreció las elites agrarias y de grandes grupos económicos (patria contratista) y financieros locales e intermediarios de capitales externos, cercenando la industria nacional y el mercado interno, base de la fuerza del movimiento obrero y de los sectores empresarios vinculados a su desarrollo.

El plan económico consistió en el control de las industrias básicas, las finanzas y el comercio exterior, que se logra si esas actividades están en manos privadas, que por la ley de concentración y centralización de capitales termina en monopolios. Apoderarse de la tecnología y del conocimiento, complementado con la dependencia de importar insumos industriales estratégicos (coeficiente técnico de importación) y, financiar dicha reestructuración mediante el endeudamiento externo, condicionando  el presente y el futuro del país, deuda que parcialmente invirtieron para quedarse con los principales activos del país, pero que lograron transferir en su mayor parte al Estado (pueblo argentino) mediante los seguros de cambio.

 

LA SUBORDINACION DE LAS PROVINCIAS

 Se conforma en todos los casos un “bloque de poder” subordinado al gran capital que opera en el país (local o extranjero), que tiene su centro de decisión en la Argentina en la administración nacional, pero que logran que se le asocien o subordinen las provincias.  Así fue tras los ejércitos de Mitre y de Roca, que impusieron sus hombres y crearon una nueva elite en el interior del país (Partido Autonomista Nacional), y lo prosiguieron las administraciones conservadoras, con el freno del radicalismo que debió recurrir a la intervención para desplazar a esas administraciones, que volvieron con el primer golpe militar del siglo XX y la llamada “Década Infame”, para ser desplazados desde el 4 de junio de 1943 hasta el 16 de septiembre de 1955 al poder genera un nuevo modelo de producción y distribución, que prosiguió hasta la dictadura cívico-militar de la que se cumplen 50 años.

Pese al retorno de la democracia y con la debida excepción del año de gestión del ministro Berardo Grinspun y los 12 años y siete meses del gobierno de los Kirchner, la política de endeudamiento y fuga de capitales que beneficia a una minoría parásita y rentista, no solamente continuó sino que se fortaleció, como lo demuestra el aumento de la deuda bruta nacional  y la compra de divisas por personas físicas desde diciembre de 2015 a enero de 2026 (último dato publicado por la Secretaría de Finanzas de la Nación) que en este último caso se debe sumar la subfacturación de exportaciones, la sobre facturación de importaciones, los intereses que se pagan por deuda que son auto préstamos, la compra de bienes y turismo de lujo, etc.

 

 

La deuda se torna exponencial y las reservas netas del BCRA son negativas en 14.100 millones de dólares según informe del FMI de enero del 2026.  A su vez, la acumulación de vencimientos de títulos del Tesoro (incluido Bopreales y Repo) para lo que resta del año 2026 (en pesos y en divisas contabilizado por la Secretaría de Finanzas de la Nación) es de 10.723 millones de dólares, y para el año 2027, de 22.615 millones de dólares.

Si bien en la Balanza de Pagos la cuenta mercaderías es positiva (las exportaciones de bienes superan a las importaciones) sumado el superávit de los años 2024 y 2025, más el mes de enero 2026, totalizan 32.172 millones de dólares. sin embargo la Cuenta Corriente Cambiaria que contabiliza el BCRA en el mismo lapso (acumulado de enero 2024 a enero 2026 inclusive) fue negativo en 1.447 millones de dólares, fruto esencialmente de la compra de dólares por personas humanas (componente principal de la fuga de capitales) por 46.424 millones de dólares.

 

 

Cifra que supera holgadamente el monto de posible inversión los 12 proyectos del RIGI (Régimen de Incentivos a las , Grandes Inversiones) aprobados por el Comité Evaluador presidido por Luis Caputo y del que el presidente Milei se jactó en su discurso del 1 de marzo de 2026, en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, y cifra similar al total de los ingresos coparticipados que percibieron el conjunto de las provincias en igual período.

Y es peor, porque mientras la compra de dólares por “personas humanas” supera los 3.000 millones de dólares por mes, lo que perciben las provincias en enero 2026 fue de 5,5 billones de pesos, para febrero bajó a 5,2 billones de pesos y si lo convertimos en dólares al ser su precio oficial menor que el del 2 de enero ($ 1.495) es una cifra algo mayor, pero la recaudación de impuesto de la Nación y de las provincias descienden mes a mes a medida que se frena la industria, la construcción, el comercio, etc.  que repercute básicamente en el IVA a nivel nacional, y en el IIBB (Impuesto a los Ingresos Brutos) en las provincias y en la CABA.

 

 

La recaudación nominal de febrero es menor que la de enero 2026 y que la de diciembre 2025.  Comparando interanualmente la inflación medida por el IPC del INDEC (no modificado) a enero 2026 es de 32,4% y la recaudación promedio creció solo en un 20,1%.

El único impuesto que creció interanual en febrero es el de Combustibles (un 58%), que tiene asignación específica y que debería a ir a obras de construcción (vialidad, a energía eléctrica, y a viviendas) que se deben llevar a cabo en el territorio nacional y del cual, este desgobierno de Milei no ejecutó un solo peso, empleó la totalidad de los recaudado por el impuesto para pagar los intereses de la deuda.

El FMI propició en la administración de Macri la Ley de Responsabilidad Fiscal que ajustaba el gasto primario, que es el gasto en educación, salud, asistencia social, obra pública, son todos los gastos antes del pago de los servicios de la deuda.

También en la Ley de Responsabilidad Fiscal estableció que a las 13 provincias[3] que conservan su sistema previsional, deben recibir un auxilio del gobierno nacional para paliar sus déficits que se incrementarán "en la misma proporción en que se incremente el resto de las prestaciones previsionales liquidadas por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)".

En un marco de fuerte ajuste del gasto, la Nación cumplió con los compromisos asumidos con las provincias, principalmente el del pago de las jubilaciones y pensiones.

Que hace Milei, no solo incumple con no girar los fondos previsionales correspondientes, que hace que, por ejemplo, el gobierno bonaerense presentara siete demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una deuda de 1,6 billones, sino que por la falta de inversiones y recortes de obras públicas la Nación le debe a la provincia de Buenos Aires, desde enero 2024 a febrero 2026, la suma de 15,6 billones de pesos.

Recordemos también que este gobierno al no renovar el Impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria) que fue creado en 2019 como medida de emergencia, imponiendo un recargo del 30% sobre el tipo de cambio oficial en la compra de divisa (después se redujo su alícuota al 25%) en diciembre de 2024, dejó de recaudar en el año 2025 el equivalente a 9.701 millones de dólares que se asignaban un 70% al sistema previsional nacional (SIPA) y el 30% al RENABAP (RegistroNacional de Barrios Populares) que es era para urbanizar las viviendas de emergencia.

Si a eso le sumamos que la ley 27.802 de “Modernización Laboral” crea el FAL (Fondo de Asistencia Laboral) que detrae de los aportes patronales un 3% de la remuneración bruta del trabajador, para que financie su despido, en una clara violación de nuestra Constitución Nacional, de los tratados contenidos en la Convención de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que obliga a los Estados a ampliar derechos y nunca disminuir la tutela o los derechos ya reconocidos.

Es más, el solo hecho de constituir un fondo con dinero público (es para pagar las jubilaciones y pensiones) para que lo administre el sector privado en comprar de títulos y acciones, apoderándose de lo que no les pertenece.  Y el mismo ministro de economía Luis Caputo, cuenta con ese fondo que estima en torno a los 3.000 millones de dólares anuales.  Va a pagar interés por un fondo que es público que le pertenece al aporte previsional.

Es más, el aporte previsional patronal actual es del 16% de la remuneración bruta (lo bajarían a 13%). Pero en la ley 27.802 crean un sistema para el primer empleo cuyo aporte es del 8% (y 3% va al FAL), con lo que van a echar a los empelados más viejos y toman nuevos en su lugar, desfinanciando aún más al sistema previsional.    

A eso sumémosle la mentira del IPC  del INDEC con lo que se ajustan los haberes previsionales

 

EN SINTESIS

La recaudación tributaria desciende mes a mes, con ello la coparticipación a las provincias.  Las que tienen su propio sistema previsional no reciben el giro que le corresponde, no se hacen obras en las mismas, las rutas nacionales colapsan por falta de mantenimiento, etc. etc.

Sin embargo, ocho gobernadores, Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta), junto a Javier Milei, van a la llamada “Semana Argentina”, que se realizará entre el 9 y el 11 de marzo 2026, en las sedes de JP Morgan y del Bank of America de Nueva York, a vender y/o licitar a precio vil los yacimientos que le pertenecen al pueblo argentino, que las grandes empresas mineras internacionales van a explotar a cielo abierto, que consiste en dinamitar las montañas, moler las rocas hasta reducirlas casi a polvo y, finalmente, rociarlas con químicos para producir la separación del metal de la roca (lixiviación), y termina con un cóctel de desechos encerrados en un gran dique de cola, donde corre el riesgo de contaminar el agua que nace de los glaciares. El primero de ellos se instaló en el año 1997 en la mina Bajo la Alumbrera, ubicada en suelo catamarqueño. Duró dos décadas y, aún así, Catamarca sigue siendo una de las provincias más pobres del país[4].

Es la deuda externa y la extranjerización y concentración económica en nuestro país la que impone una matriz extractivista, agropecuaria-exportadora, razón por la cual no se desarrollan industrias que sustituyan importaciones, no genera trabajo y no se integra a la sociedad. Al contrario, se subordina toda la economía a satisfacer la demanda del exterior.