La Argentina está pasando por un período de desindustrialización muy fuerte impulsado explícitamente por las políticas del Gobierno nacional. Durante esta gestión, el desempleo se mantuvo errante entre el 5,7% de diciembre de 2023 al actual 6,7%, aunque llegó a tocar el 7,9%. El dato más importante es dónde se está concentrando ese problema, que mayormente se está dando en las regiones que más empleo industrial tienen, como el gran Buenos Aires, que llegó a 9,1%, mientras que en las ciudades pequeñas es de 5%. El sector con mayor desocupación es el de las mujeres jóvenes, con un 19,2%.

Para poder analizar la distribución de estos números y conocer mejor las consecuencias que tienen en el país el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) desarrolló un mapa con los despidos y suspensiones de trabajadores que se anunciaron este año en grandes empresas. Esto permite analizar las ramas más afectadas de la industria y los lugares del país en los que la situación laboral es más compleja. En diciembre del año pasado, el Centro CEPA también había presentado un recuentro gráfico de los 629 conflictos laborales y cierres de empresas registrados durante el Gobierno de Javier Milei.

La autora de este proyecto es Julia Irupé, colaboradora del CEC y estudiante de Economía y de Matemática, que en diálogo con TSS dijo: “Vemos que la mitad de los despidos se dan en la provincia de Buenos Aires, especialmente en los polos industriales, pero también en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, La Pampa y Tierra del Fuego. Dentro de la provincia de Buenos Aires, los lugares más afectados son los polos industriales de Ezeiza y Pilar, y cuando le va mal a una empresa grande también caen sus proveedores”.

Con esta herramienta se puede ver que no se trata de casos aislados, de alguna sucursal con problemas, sino que se está dando un efecto dominó sobre muchas empresas en el mismo rubro. “Los problemas se empiezan a ver como suspensiones en empresas como General Motors o Toyota y después siguen en otras como Bridgestone o FATE”, dijo Irupé.

El CEC genera herramientas para la participación ciudadana. Se involucra en temas sociales y ambientales usando como base, generalmente, estadística pública. En esta caso, los datos debieron ser recabados de los medios y la colaboración ciudadana, ya que los datos públicos llegan con retraso y lo que se busca es que se pueda debatir sobre la pérdida de empleo y el cierre de empresas en el contexto de la discusión pública sobre la implementación de la reforma laboral, sobre la que se están presentando diversos amparos judiciales desde los gremios.

Desde el Gobierno se procuró solucionar el problema de la desocupación y la productividad mediante una reforma laboral que facilite despedir trabajadores y baje las cargas sociales para que, supuestamente, los empresarios puedan contratar más personal con menor riesgo. Según Irupé, esto es una falla del diagnóstico ya que “la reforma laboral se centró la discusión en el llamado “costo laboral”, cuando vemos que las empresas están sufriendo por la caída de la demanda, del poder adquisitivo de los compradores, y eso se ve acentuado por los despidos y las suspensiones de los trabajadores. Hoy el Gobierno no tiene ninguna propuesta clara para estas empresas con problemas. Si se quisiera fomentar la productividad del trabajo se debería invertir más en educación, en la formación técnica y en el sistema científico, pero nunca quitando el derecho a los trabajadores y atacando el sistema previsional”.

La caída del empleo industrial trae problemas más serios, ya que se trata de ramas en las que es mayor el porcentaje de asalariados en blanco que en otros sectores. Las ramas de servicios generalmente tienen mayor porcentaje de trabajadores no registrados o monotributistas, que tienen una relación de dependencia encubierta. Sin embargo, la nueva legislación laboral elimina las multas al trabajo no registrado, por lo que ya no hay incentivos para regularizar la situación.

Además, los encadenamiento que se dan en las industrias y que agregan valor a la producción se ven afectados cuando alguna de esas empresas entra en crisis, ya que se afecta toda la cadena de pagos. “En muchas localidades hay una empresa que es la principal fuente de empleo y, cuando tiene problemas, esto genera consecuencias en el resto de las economía de la zona, hay dinámicas con mucha interdependencia. El Gobierno dice que cuando se despide a un empleado enseguida consigue trabajo en otro lado pero no es lo que estamos viendo”, dijo Irupé. “Hoy la reforma laboral no está apuntando a los problemas que tienen las empresas. Se deberían atacar más los problemas de demanda y la pérdida de poder adquisitivo”, concluyó.