La actividad en las aguas australes se remonta al siglo XVIII, en la región vinculada al Virreinato del Río de la Plata, donde comenzaron a desarrollarse actividades de caza de focas, lobos marinos y ballenas. Los llamados “foqueros”, autorizados por el Consulado de Buenos Aires, navegaban por los mares antárticos atraídos por el valor comercial de esos recursos.

Es en el marco de la disputa por el control y la apropiación de estos recursos, que la corbeta estadounidense USS Lexington atacó y destruyó las instalaciones de Puerto Soledad, en las Islas Malvinas, el 31 de diciembre de 1831, desconociendo la autoridad del gobernador argentino Luis Vernet. Hecho que favorecería la usurpación del archipiélago por fuerzas militares británicas dos años después.

La explotación económica impulsó nuevas expediciones y abrió el camino a lo que la historiografía denominaría posteriormente la “era heroica” de la Antártida. En ese escenario comenzó a construirse la historia antártica argentina.

Nace el Sector Antártico Argentino

Uno de sus primeros capítulos se escribió en 1902, cuando la expedición sueca encabezada por Otto Nordenskjöld quedó aislada en el continente. El buque Antarctic, enviado para recoger a los expedicionarios, quedó atrapado por los hielos y terminó hundiéndose. El retorno se demoró y los integrantes de la expedición quedaron incomunicados. Entre ellos se encontraba el argentino José María Sobral, alférez de la Armada, incorporado a la misión por sus conocimientos científicos. El rescate, finalmente, fue realizado por el Estado argentino mediante la corbeta ARA Uruguay, comandada por Julián Irízar, que logró poner a salvo a los expedicionarios a fines de 1903.

Dos meses después, nuestro país izaba la bandera en la isla Laurie, perteneciente a las Orcadas del Sur, inaugurando la presencia antártica argentina ininterrumpida hasta el día de hoy.

El 29 de febrero de 1904 se creó la Compañía Argentina de Pesca, empresa conformada con capitales argentinos y reconocida por el Estado nacional. Sus instalaciones se ubicaron en Grytviken, en la isla San Pedro, perteneciente al archipiélago de las Georgias del Sur. La empresa funcionó hasta 1964.

Estos primeros asentamientos fueron dando forma a la presencia argentina en el continente y aportaron elementos a la doctrina jurídica de la “ocupación efectiva” para el derecho internacional. Para una mayor y profunda comprensión de esta etapa, recomendamos la lectura del libro escrito por Pablo Fontana “La pugna antártica. El conflicto por el sexto continente 1939-1959”; obra realmente imprescindible para el pensamiento nacional.

La combinación de actividad científica y económica, junto con la intervención directa del Estado mediante rescates, instalaciones y asentamientos permanentes, permitió construir los fundamentos de una política antártica nacional que hoy se encuentra profundamente herida por el desmantelamiento del Estado y sesión de soberanía que viene realizando el gobierno de Javier Milei.

La disputa por la soberanía

Las guerras mundiales despertaron el interés de nuevos Estados por la Antártida. Las expediciones comenzaron a multiplicarse y siete países formularon reclamos territoriales: Argentina, Chile, Reino Unido, Francia, Noruega, Australia y Nueva Zelanda. De esos siete reclamos, tres se superponen: los de Argentina, Chile y el Reino Unido. La pretensión británica abarca la totalidad del sector reclamado por la Argentina y una parte considerable del sector chileno.

Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la Antártida forman parte de un espacio geopolítico estrechamente vinculado, donde las posiciones de las potencias se proyectan sobre un mismo escenario estratégico.

Desde mediados de la década de 1940 se sucedieron demostraciones navales de fuerzas argentinas, chilenas y británicas. Buques y efectivos comenzaron a acercarse a lugares donde anteriormente habían permanecido fuerzas de otro país, retirando instalaciones y objetos e incluso destruyendo en determinadas ocasiones las posiciones establecidas por los Estados sudamericanos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la denominada “Operación Tabarín”, un operativo naval británico, buscó reforzar la presencia del Reino Unido en el Atlántico Sur estableciendo bases y se destruyeron banderas y objetos argentinos.

La disputa favoreció entonces una aproximación entre Buenos Aires y Santiago, quienes entre 1947 y 1948 suscribieron declaraciones conjuntas en las que acordaron defender sus derechos sobre la denominada “Antártida sudamericana”, reconociéndose mutuamente en sus reclamos de soberanía, dejando para el futuro la delimitación específica de la frontera.

La política antártica como política de Estado

La creciente disputa llevó a jerarquizar la política antártica argentina durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y la participación del general Hernán Pujato. Durante esos años se multiplicaron las expediciones científicas y se instalaron numerosas bases, varias de las cuales continúan funcionando. En 1951 se creó el Instituto Antártico Argentino, primer organismo del mundo dedicado específicamente a la investigación antártica.

En un contexto marcado por las tensiones de la Guerra Fría y el reordenamiento de las prioridades geopolíticas, los Estados que habían formulado reclamos territoriales sobre la Antártida —Argentina, Chile, Reino Unido, Francia, Noruega, Australia y Nueva Zelanda—, junto con Estados Unidos, Bélgica, Japón, la Unión Soviética y la Unión Sudafricana, suscribieron el Tratado Antártico el 1 de diciembre de 1959. El acuerdo dejó en suspenso la resolución de las disputas de soberanía y estableció un régimen destinado a preservar el continente para fines pacíficos, además de prohibir las explosiones nucleares y la eliminación de residuos radiactivos en la Antártida.

De este modo, el Tratado no eliminó la disputa territorial, la congeló. El área de aplicación quedó establecida al sur del paralelo 60° Sur, incluidas las barreras de hielo flotantes.

A lo largo de las décadas se fueron incorporando nuevos instrumentos jurídicos destinados a regular diferentes aspectos de la actividad antártica. Entre ellos se encuentran la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, de 1972; la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, de 1980; el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, de 1991, con sus seis anexos; y el Acuerdo de Sede para la Secretaría del Tratado Antártico, de 2004, cuya sede se encuentra en Buenos Aires.

El Tratado no establece una fecha de vencimiento, pues continúa vigente mientras los Estados Parte lo sostengan, aunque contempla mecanismos para su revisión y modificación. Una de esas instancias se presentará en el 2048.

Una nueva disputa en un mundo en transformación

El Sistema del Tratado Antártico logró adaptarse a las transformaciones del orden internacional mediante nuevas regulaciones negociadas dentro de sus propios mecanismos institucionales.

Pero el cambio en el escenario contemporáneo plantea nuevos desafíos que hacen que la presencia de un Estado en la Antártida ya no depende exclusivamente de la ocupación territorial, la ciencia y la diplomacia. Son las capacidades logísticas y militares las que se están volviendo instrumentos centrales de la escena contemporánea.

Analizar el futuro antártico exige observar las transformaciones del poder mundial y, especialmente, las disputas vinculadas con los recursos naturales, que, en el escenario argentino implica, además, resolver la ocupación colonial británica sobre nuestro territorio austral que es visto por Londres como cabecera de playa en la conquista por la Antártida y su riqueza.

Por esto mismo, la presencia en las últimas horas del petrolero británico amarrado en el puerto de Ushuaia bajo permiso del gobierno nacional y el silencio atronador de la oposición política, constituye un hecho escandaloso de sesión de soberanía, cuando no de traición a la Patria.

Cuestión no menor frente a eventuales modificaciones del escenario antártico, la posición argentina dependerá menos de lo que señale un mapa que de las capacidades reales que el país consiga construir para respaldar sus intereses nacionales. Si las declaraciones de gobierno se riñen con las acciones efectivas dando mensajes ambiguos, la respuesta que se obtenga no será beneficiosa para los intereses nacionales.