A las 16:02hs del 2 de mayo de 1982, el ARA General Belgrano se sacudió violentamente como consecuencia de una poderosa explosión provocada por el impacto del primero de tres torpedos MK-813 lanzados desde el submarino británico HMS Conqueror.

A las 16:23hs el comandante Héctor Bonzo daba la orden de abandonar la nave. A las 16:50hs la escora de 60° preanunciaba el hundimiento y en 10 minutos el crucero fue tragado para siempre por las aguas aproximadamente en el punto 55°24′S 61°32′O del Océano Atlántico.

Una vez que la noticia del hundimiento de la nave llegó al continente, se dispuso un operativo de rescate que se extendió hasta el día 9 de mayo recogieron un total de 793 de los 1.093 tripulantes, de los que resultaban 323 fallecidos en alta mar.

Han transcurrido 43 años y quiero exponer aquí cuatro líneas argumentativas que demuestran que el hundimiento del ARA General Belgrano fuera un crimen de guerra.

La primera de ellas está dada por el marco jurídico internacional. El marco regulatorio de la ONU, los diferentes Convenios de Ginebra (1949) y sus protocolos adicionales posteriores (1949 y 1977) que ataban por voluntad expresa a ambas naciones al momento de la escalada bélica de 1982. De tal manera, que Gran Bretaña al recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU reconocía su cuerpo normativo y se veía obligada a regular las acciones bélicas bajo los principios de “necesidad” y “proporcionalidad”.

En tal sentido, el ARA Gral. Belgrano al desplazarse a baja velocidad con rumbo al Continente, al encontrarse a una distancia tal en la cual sus armas no revestían una amenaza a las fuerzas británicas y al estar fuera del teatro de operaciones bélico delimitado por la propia Gran Bretaña (zona excusión), no podía ser considerado un buque hostil. Por lo cual, su hundimiento violo el Artículo 51 de la Carta de la ONU quebrando los principios de necesidad, proporcionalidad e inmediatez.

La segunda línea argumental se encuentra presentada en el Boletín del Centro Naval de octubre de 1983. En ella, el capitán Héctor Bonzo describe el escenario de actos de agresión que van configurando una situación de guerra no declarada, en la cual la orden de hundir al ARA Gral. Belgrano respondería a una decisión política del gobierno británico y no por una consideración militar (la cual hubiera dado cuenta de una amenaza real de no ser, volvemos a señalar: por el rumbo del ARA Gral. Belgrano, su distancia del teatro de operaciones bélicos y su posición con respecto a la zona de exclusión).

El tercer argumento deviene de la declaración de Gran Bretaña del 7 de abril que establecía una zona de exclusión que cubriría 200 millas con centro en las Islas Malvinas (la cual entró en vigor el 12 de abril). El hundimiento del ARA Gral. Belgrano se realiza por fuera de dicha zona, lo cual refuerza el argumento de que no fue por una necesidad militar de contener una amenaza.

Por último, la cuarta línea argumentativa se basa en presentaciones realizadas por el diputado británico laboralista Tam Dalyell, quien fue uno de los pocos parlamentarios que junto a John Tulley y Andrew Faulds, se opusieron primero contra la guerra en sí y luego denunciaron que el hundimiento del ARA Gral. Belgrano respondió a una necesidad política de Margaret Thatcher. Ciertamente, que una minoría parlamentaria, pero parte constitutiva de la estructura del Estado británico, reconozca y denuncie el hundimiento como un crimen de guerra refuerza y sustenta las otras líneas argumentales ya expuestas.

De esta manera, podemos sostener que sin la existencia de una necesidad del orden militar para hundir al ARA Gral. Belgrano, el cual no configuraba ni una amenaza ni se encontraba en la zona de exclusión fijada por los británicos, se procedió a hacerlo violando normativas jurídicas internacionales y respondiendo a cuestiones de índoles política. Lo cual, lo configura claramente como un crimen de guerra.

A 43 años del crimen, nuestros 323 héroes esperan que se les haga justicia.