En Argentina, la industria agropecuaria genera la mayor cantidad de divisas que ingresan al país. Regularmente se discute alrededor de la liquidación de la cosecha, y cómo esto impacta en el precio del dólar y la economía en general. De lo que no se habla con tanta regularidad es del impacto que tiene esta industria en el medio ambiente y la salud, así como de la desigualdad que la misma genera.

Impacto ambiental de la agroindustria

El extractivismo es definido como “el proceso de extracción de recursos naturales y materias primas de la tierra para vender en el mercado mundial”. En el caso del campo, esta extracción se realiza usufructuando la fertilidad extraordinaria del suelo argentino para producir materias primas de exportación.

Este proceso, sin embargo, trae aparejado prácticas que son altamente perjudiciales para el medio ambiente y la salud, con el objetivo de reducir costos y maximizar ganancias. Durante décadas las poblaciones aledañas a grandes plantaciones en todo el país se han organizado contra el uso de pesticidas contaminantes, la aridización de los suelos, la escasez de agua y los incendios intencionales. Sin embargo, todas estas prácticas continúan en mayor o menor medida.

En 2023 se incendiaron casi 60.000 hectáreas en áreas protegidas, y la gran mayoría de estos incendios tienen origen en campos aledaños. Así, miles y miles de hectáreas, muchas veces protegidas contra el avance del campo, son devastadas y convenientemente quedan aptas para ser plantadas. Estos incendios ponen en peligro ecosistemas enteros, amenazan humedales que son claves para la diversidad de la fauna y flora local y para la regulación hídrica.

El problema de los incendios intencionales se volvió tan serio, que en 2012 se aprobó la Ley de manejo del fuego. Esta ley, si bien resulta insuficiente en detener estos hechos, es un primer paso en intentar controlar el avance desmedido de la superficie puesta a “trabajar”. En diciembre de 2023, el presidente Javier Milei anunció que tenía intención de derogar esta ley.

El tema del agua es también central para muchas poblaciones que conviven con el agronegocio. Muchas plantaciones demandan enormes cantidades de agua y se encuentran en lugares donde el ésta escasea. Es el caso del pistacho en San Blas de los Sauces en La Rioja por ejemplo, donde la población se organiza para reclamar contra estas plantaciones que están dejando sin agua a toda la región.

Al peligro que representan los incendios, la escasez de agua y la destrucción de los humedales hay que agregarle los efectos que el agronegocio tiene en la salud de la población. Los pesticidas son una fuente de conflicto permanente con las poblaciones locales, que observan muchas veces cómo se fumiga con avionetas en zonas aledañas a colegios o viviendas y sufren unos índices de enfermedad alarmantes si se los compara con el resto de la población producto de estas prácticas.

Concentración y desigualdad en el campo argentino

A pesar de todas las señales de alarma con respecto a la manera de llevar adelante la producción agraria, el campo sigue siendo uno de los principales actores en nuestra economía. La superficie sembrada no para de crecer desde hace décadas, así como crece la concentración de las mismas en cada vez menos manos, y cada vez menos manos argentinas. En Argentina, tan sólo 15 pooles de siembra reúnen el 5% de la tierra cultivable (unas 60.000 hectáreas).

La posesión de la tierra también está altamente concentrada y un sector importante de ella se encuentra en manos extranjeras. El DNU presidencial de diciembre intentó derogar la Ley de Tierras, que pone un freno a la cantidad de tierra que puede venderse a manos extranjeras. Sin embargo, ese artículo fue declarado inconstitucional por la Justicia.

Ahora bien, más allá de quiénes tienen la tierra y la siembra, otro factor de desigualdad en el campo son las condiciones de trabajo. En un sector notorio por el trabajo estacional y migrante, así como prácticas laborales que rayan el esclavismo en el SXXI, la Ley Bases que cuenta con media sanción incluye una modificación del régimen de trabajo en el campo.

De aprobarse la ley, los empleadores no tendrán la obligación de utilizar mano de obra de las bolsas de trabajo reguladas por el sindicato. Al mismo tiempo, se extiende el período de prueba a seis meses. Así, los empleadores podrían contratar gente para la cosecha, y deshacerse de ella cuando termine la temporada con la excusa de que terminó el período de prueba. Asimismo, al poder obviar las bolsas de trabajo, se facilita la irregularidad para los empleadores, que estarán en mejores condiciones para imponer sus términos.

En una economía que depende de los ingresos del campo, y en un país que permite tal volumen de ingresos debido a su rinde extraordinario, las poblaciones reclaman una y otra vez que los gobiernos y la sociedad de conjunto se den una discusión al respecto de quiénes se quedan con la riqueza de la tierra y a qué costo.