El anuncio de Milei invocando el espíruto de Galtieri, utilizando las Malvinas como ariete colonial, tiene un capítulo contra las petroleras que operan en Malvinas. Suena a soberanía, pero esconde una estrategia más profunda: la subordinación de los recursos argentinos a la cadena de suministro hemisférica que diseña Estados Unidos.

Mientras el discurso oficial se envuelve en la bandera, el ecosistema de negocios que conecta a Navitas y Rockhopper con Vaca Muerta sigue intacto a pesar de la larga vigencia de la legislación que desencadenó en las sanciones a dichas empresas, y le impediría a un universo muy grande de empresas, seguir abasteciendo logísticamente el proyecto de la ocupación colonial en Malvinas.

Las mismas firmas que proveen tecnología crítica en Malvinas son las que operan en Neuquén. Los mismos fondos que financian el saqueo en el Atlántico Sur invierten en el shale argentino. El colonialismo no es una amenaza externa: es el modelo.

El presidente Javier Milei habló el jueves en cadena nacional. El anuncio parecía contundente: sanciones contra las empresas que explotan hidrocarburos en las Islas Malvinas. La amenaza, igualmente directa: las compañías que participen en actividades en el archipiélago deberán optar entre continuar allí o mantener sus negocios en Argentina, incluyendo su participación en Vaca Muerta.

“Las empresas van a tener que decidir si operan en Malvinas, en una zona disputada con una legalidad incierta, o vienen a Argentina a hacer sus negocios”, afirmó el canciller Pablo Quirno. El objetivo principal es Navitas Petroleum (65%) y su socia británica Rockhopper Exploration (35%), que lideran el proyecto Sea Lion, un megayacimiento offshore que planea extraer 300 millones de barriles en 30 años, con ganancias estimadas en 25 mil millones de dólares. La primera extracción está prevista para el primer trimestre de 2028.

Pero el verdadero significado del anuncio no es el que aparece en los titulares.

La excusa soberanista y el redespliegue de EE.UU.

Los anuncios de Milei trascienden la cuestión Malvinas. Detrás de la cortina de humo patriótica, hay una pretensión geopolítica de Estados Unidos: desplazar a Gran Bretaña y a la OTAN en el redespliegue de sus intereses en el Atlántico Sur, Malvinas, Tierra del Fuego, la Antártida y el Pasaje de Drake.

El dato decisivo es el contexto estratégico. La Estrategia de Defensa Nacional estadounidense de 2026 declara como prioridad restaurar la primacía militar de Estados Unidos en el hemisferio occidental y proteger el acceso a posiciones estratégicas. En ese tablero, Malvinas adquiere relevancia porque su ubicación conecta el Atlántico Sur con las rutas australes, el acceso hacia la Antártida y un espacio marítimo de creciente valor estratégico.

El exgobernador bonaerense Carlos Ruckauf lo sinceró sin eufemismos: “Donald Trump está armando la organización del Tratado del Atlántico Sur” y podría abrirse una instancia de negociación impulsada por Estados Unidos. La revisión de la posición estadounidense sobre Malvinas, anunciada por Trump el 31 de agosto, debe leerse dentro de esa reorientación. Aunque siempre pasible de modificarse sin explicación alguna.

Lo más importante de los anuncios de Milei, sin embargo, no repercute sobre un acercamiento para la recuperación de las Islas —lo que sigue lejano en el tiempo y subordinado a EE.UU.—. Tampoco apuntan a fortalecer la capacidad de defensa y logística de Argentina, sino a integrar lo que queda de ella al redespliegue norteamericano.

Malvinas es, tristemente, la excusa soberanista que esgrime Milei —un admirador confeso de Margaret Thatcher— para esconder detrás la profundización del colonialismo y la subordinación a Estados Unidos.

El ecosistema compartido: las mismas empresas, los mismos intereses

Las sanciones anunciadas por Milei suenan duras en los titulares. Pero en la práctica, no van a importar sanciones serias a las corporaciones petroleras, que van a seguir explotando bajo licencia británica. La razón es simple: la industria offshore de Malvinas requiere servicios que solo provee un grupo selecto de firmas multinacionales, las mismas que operan en Vaca Muerta.

Proveedores globales de Oilfield Services:

• Halliburton firmó con YPF un contrato multimillonario por varios años para servicios de completación no convencional en Vaca Muerta, incluyendo el despliegue internacional de su tecnología de fractura eléctrica ZEUS. También firmó un contrato plurianual con Pampa Energía para la transformación digital de sus operaciones no convencionales.
• Baker Hughes acordó con YPF un contrato de tres años para la provisión de tecnología de perforación en Vaca Muerta.
• TechnipFMC trabajó asociada con YPF en el establecimiento de récords de fractura en Vaca Muerta, proveyendo stacks de fractura y equipos de flowline.
• SLB (ex-Schlumberger) y Tenaris (que incorporó los activos de Baker Hughes en 2021) también operan en el segmento de servicios críticos para el shale.

Estas mismas firmas —SLB, Halliburton, Baker Hughes, Saipem, TechnipFMC— son las que proveen tecnología crítica de perforación de aguas profundas, tendido submarino y cabezales para proyectos offshore como Sea Lion, y se encuentran en las mejores condiciones logísticas para el abasto del proyecto.

El bloqueo legal y logístico impide que Navitas o Rockhopper utilicen infraestructura o astilleros argentinos, forzándolas a buscar apoyo logístico en Europa, África o puertos regionales alternativos, encareciendo el Capex del proyecto. Pero eso no rompe el vínculo corporativo: las mismas firmas que proveen a Sea Lion son las que facturan millones en Vaca Muerta.

El circuito financiero: los mismos fondos, las mismas deudas

El anuncio de Milei incluyó advertencias a bancos y aseguradoras. Pero el circuito financiero que conecta ambos mundos es igualmente sólido. En el eje de la banca y financiación de deuda, Navitas y Rockhopper se encuentran en plena búsqueda de sindicatos bancarios y project financing internacional para viabilizar el Capex de Sea Lion, estimado en unos 1.200 a 1.500 millones de dólares. Al mismo tiempo, varios bancos internacionales que estructuran emisiones de deuda o financiamiento para proyectos en Vaca Muerta enfrentan apercibimientos judiciales en tribunales argentinos si financian a Navitas y Rockhopper, lo que evidencia la superposición de actores y riesgos en ambos escenarios.

En el plano de los fondos de inversión y accionistas, el capital que respalda el proyecto Sea Lion proviene de fondos institucionales británicos como Aedos Advisers e israelíes como Brosh Funds e ION Fund Management, que tienen participación en Rockhopper y Navitas. Pero esos mismos fondos globales —BlackRock, Vanguard y Fidelity, entre otros— también poseen participaciones simultáneas en los gigantes que operan Vaca Muerta: Chevron, Vista, YPF y otras firmas clave del shale argentino, además de vehículos de deuda y capital global vinculados a la industria energética en ambas regiones.

Finalmente, en el rubro de seguros y clasificadoras, los activos costa afuera del proyecto Sea Lion están cubiertos por P&I Clubs y reaseguradoras de Lloyd's de Londres. Sin embargo, las advertencias diplomáticas y regulatorias argentinas ya señalaron los riesgos de litigio ambiental y reclamos de soberanía sobre las pólizas de buques e instalaciones de perforación, un factor que agrega incertidumbre a la operatoria aseguradora, pero que hasta ahora no ha disuadido a las firmas londinenses de seguir cubriendo el proyecto.

El periodista Diego Genoud señaló en el Observatorio Malvinas: “Es muy preocupante la situación. ¿Son bancos internacionales los que financian a Navitas, los mismos que financian a Luis Caputo en este espiral de deuda?”.

La respuesta es afirmativa. Los mismos fondos que compran deuda de YPF y financian a las petroleras en Vaca Muerta son los que respaldan el saqueo en Malvinas.

El costo de la dependencia

La incapacidad del gobierno argentino para frenar el saqueo de Malvinas es el síntoma de una enfermedad más profunda: la dependencia estructural del capital extranjero que opera en Vaca Muerta. El RIGI —que Milei defiende como herramienta para atraer inversiones— garantiza a las corporaciones extranjeras estabilidad fiscal, exenciones impositivas y facilidades cambiarias durante tres décadas.

Las mismas petroleras que el gobierno amenaza con sancionar son las que el RIGI recibe con alfombra roja en Neuquén.

El anuncio de Milei es, por lo tanto, una contradicción en sí mismo. Por un lado, se presenta como un defensor de la soberanía nacional frente a la ocupación británica. Por el otro, su modelo económico profundiza la entrega de los recursos estratégicos del país a las mismas corporaciones que saquean el Atlántico Sur.

Conclusión: el colonialismo no es un accidente

La conexión entre Navitas, Rockhopper y el ecosistema de Vaca Muerta no es una casualidad. Es el resultado de un modelo que concibe a la Argentina como un territorio de recursos al servicio del capital global.

Mientras el gobierno de Milei celebra sus anuncios soberanistas, las mismas empresas que saquean Malvinas siguen operando en Neuquén, financiando los mismos proyectos que el RIGI promueve, contratando a los mismos proveedores de servicios, utilizando los mismos bancos y fondos de inversión.

En materia de geopolítica energética, el gran anuncio es lo que aún no se sabe: los proyectos de subordinación de los recursos estratégicos de nuestro país a las cadenas de suministro hemisféricas que se diseñan en EE.UU. El despojo colonial no es un fenómeno del pasado. Se reproduce todos los días, en cada contrato, en cada inversión, en cada decisión política que subordina los intereses nacionales a los del capital extranjero.

La exclusión de Vaca Muerta a las empresas que operan en Malvinas suena bien en los titulares, pero en la práctica es una medida tardía, débil y desarticulada de una política soberana integral. Mientras esa lógica no se revierta, el saqueo continuará, tanto en el Atlántico Sur como en la Patagonia.