La empresa petrolera británica Rockhopper aseguró un financiamiento de 140 millones de dólares, a través de la colocación de acciones en el mercado financiero, para la primera fase de la explotación ilegítima del León Marino, el yacimiento de la Cuenca Norte de las Islas Malvinas que contiene 1.700 millones de crudo, indicó el en un comunicado.

Rockhopper tiene el 35% de la participación en el proyecto, mientras que la empresa israelí Navitas Petroleum tiene el otro 65%. A este ritmo, la explotación del petróleo de las Islas Malvinas orquestado por el Reino Unido podría comenzar a fines de 2026, aseguró la compañía con participación mayoritaria.

La Secretaría de Energía de la Nación sancionó en abril de 2022 a Navitas Petroleum por las operaciones ilegales en torno al León Marino y la inhabilitó por 20 años a desarrollar actividades en el territorio argentino, de acuerdo a la Ley N° 26.659.

Argentina declaró desde 2011 como ilegal la operación de empresas en la plataforma continental de las Islas Malvinas sin el permiso de las autoridades locales. Frente al incumplimiento de la legislación, llevó adelante una serie de sanciones entre 2012 y 2015.

La empresa Harbour Energy recibió en julio de 2021 el inicio de un proceso de sanción por la exploración ilegal del León Marino. Dos meses después, abandonó el proyecto bajo el argumento de que no encajaba con su estrategia a largo plazo.

Harbour Energy resultó de la fusión en 2020 entre Chrysaor Holding y Premier Oil, inhabilitada desde 2013 por las operaciones ilegales en el mismo proyecto. El retiro de la compañía evidenció el fracaso de la maniobra llevada adelante para eludir la legislación de Argentina.

Es posible afirmar que la serie de sanciones impulsadas por la gestión de Cristina Kirchner, en especial entre 2012 y 2015, funcionó a modo de trabas para la explotación de los hidrocarburos de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido.

La política de sanciones contrasta con el silencio del gobierno de Javier Milei respecto al avance británico en el Atlántico. Esta sumisión quedó reflejada el 29 de julio: decidió callar frente a la asunción del diplomático británico Colin Martin-Reynolds como gobernador ilegítimo de las Islas Malvinas y comisionado de las Georgias y Sándwich del Sur.

Javier Milei, alineado a la estrategia imperial anglo norteamericana-sionista, regresó a la política menemista de seducción a la población implantada de las Islas Malvinas. “Siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos a nosotros”, dijo el 2 de abril en el acto oficial por el Día del Veterano llevado a cabo sin la presencia de veteranos.

El acuerdo firmado por la excanciller Diana Mondino y el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido David Lammy en septiembre de 2024 favoreció la logística y la explotación de los recursos en las Islas Malvinas por parte de los británicos. El director ejecutivo de Rockhopper Samuel Moody festejó dos días después el comunicado de la Cancillería argentina.

De esta forma, el gobierno de Javier Milei restableció el pacto de entrega firmado en 2016 por el vicecanciller argentino Carlos Foradori y el ministro de Estado para Europa y las Américas del Reino Unido Alan Duncan, cancelado en marzo de 2023.

Los antecedentes inmediatos son los Acuerdos de Madrid, firmados entre 1989 y 1990 por el gobierno de Carlos Menem. Se trató del punto de inflexión para que Reino Unido acelere sus negocios en las Islas Malvinas sin abordar la cuestión de la soberanía de Argentina. En ese sentido, el gobierno ilegítimo del archipiélago habilitó en 1991 la explotación hidrocarburífera offshore.

La lógica entreguista de la década de los noventa continuó con el Acuerdo de Petróleo de 1995 y la Comisión de Hidrocarburos del Atlántico Sudoccidental, vigente hasta el año 2000, y regresó primero con Mauricio Macri y ahora de forma acelerada con Javier Milei.

El Reino Unido, conducido por Keir Stamer, avanza en la explotación de los recursos del territorio argentino colonizado. El Partido Laborista prometió prohibir nuevas exploraciones hidrocarburíferas en aguas declaradas británicas, pero no detuvo las operaciones en Malvinas bajo el argumento de que las islas “se gobiernan a sí mismas”.

Reino Unido busca ocultar que el territorio usurpado en ultramar es parte de su dispositivo estratégico desde la era imperial clásica, pese a los intentos de darle legitimidad mediante la Constitución de 2008 y el referéndum de 2013.

Para avanzar en la explotación petrolera, el gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas necesita una mejora de la infraestructura, más personal, inversiones de gran monto y alto riesgo, condiciones impositivas favorables y seguridad jurídica.

La pesca representó el 58,6% del PBI de las Islas Malvinas en 2023, de acuerdo a los datos del gobierno ilegítimo. La economía de la población implantada está basada en la exportación primaria hacia España, Marruecos, Namibia y Alemania.

Desde la década de 1970 Argentina avanzó con fuerza en los foros diplomáticos internacionales en torno a la justa reivindicación de Malvinas y estableció enlaces aéreos, marítimos y de provisión de servicios en materia de energía y transporte en las islas a través de sus empresas estatales YPF, Gas del Estado, ELMA y LADE.

Reino Unido temió perder el enclave estratégico en el Atlántico Sur y delineó un plan para modernizar la economía de las islas. Proyectó pasar de la lana a la pesca, y después al petróleo. Entonces los informes Griffiths y Shackleton, entre 1974 y 1976, permitieron a los británicos tomar conciencia de las riquezas en materia de hidrocarburos y minerales estratégicos que había en las aguas circundantes a Malvinas.

A raíz del péndulo que caracterizó la política exterior de Argentina respecto a los reclamos de soberanía por las Islas Malvinas, el momento del petróleo llegó de la mano de un gobierno entreguista como el de Javier Milei y una revalorización del espacio geopolítico por parte del Reino Unido.

El gobierno ilegítimo del archipiélago planea construir un nuevo puerto. “La inversión en el proyecto y este acuerdo para pasar al Diseño Detallado también reflejan la importancia de las Islas Malvinas como puerta de entrada clave a la Antártida y al Atlántico Sur; una posición que ha ganado prominencia en los últimos años”, señaló a través de un comunicado.

El descubrimiento de hidrocarburos en la Antártida data de la década de 1980, pero su exploración y explotación está prohibida por el Sistema del Tratado Antártico. En 2024, Rusia hizo el “hallazgo petrolero del siglo” en el Mar de Wedell, zona de disputa de soberanía entre Argentina, Chile y Reino Unido.

Esta etapa, propia de un capitalismo depredador, ocurre en el marco de una carrera creciente por el acceso y la disponibilidad de los recursos naturales estratégicos, agravada por conflictos geopolíticos como la guerra en Ucrania.

La crisis del petróleo hacia 1970 sembró el germen de la transición del sistema mundial y provocó la búsqueda de la llamada transición energética. Sin embargo, los hidrocarburos continúan siendo la principal fuente de energía en el mundo.

El León Marino contiene seis veces más barriles de crudo que Rosebank, el mayor yacimiento de Reino Unido. De la mano del consorcio británico israelí vislumbran ganancias de hasta 3.500 millones de dólares a lo largo del proyecto, de acuerdo a las estimaciones.

En ese sentido, las Islas Malvinas podrían ser un punto de abastecimiento energético mundial con exportaciones hacia el Reino Unido, Europa, Estados Unidos y Asia. Se trata de un punto de interés también para Israel mientras realiza su campaña genocida para extraer las reservas gasíferas de la Franja de Gaza y anexar el territorio.

En julio el gobierno de Javier Milei reanudó el diálogo militar con Reino Unido para avanzar en la compra de armas, indicó el diario británico The Economist. Sucedió mientras aumentaba el flujo de pesca ilegal china en el Estrecho de Magallanes y Estados Unidos intensificaba esfuerzos por contrarrestar la influencia asiática en el Atlántico Sur.

Hace dos semanas Reino Unido realizó una serie de ejercicios militares en Malvinas, liderados por efectivos del Tercer Batallón del Regimiento de Paracaidistas. No fue un hecho aislado: los británicos mantienen una política de rotación de unidades y ocupación permanente en las islas desde 1982.

Cabe destacar que Javier Milei forma parte de la cadena formada por el Comando Sur en la región para la estrategia geopolítica estadounidense. Tanto Laura Richardson como Alvin Holsey impusieron el “keep China out” (mantengan lejos a China).

El declive estadounidense como potencia mundial antecede al redespliegue de su política internacional intervencionista junto al desarrollo de las guerras híbridas. Washington presiona en Tierra del Fuego para evitar la construcción, junto a Beijing, de una base en Río Grande, con acceso directo al Atlántico Sur y que potenciaría la capacidad de la Argentina para monitorear las operaciones de Reino Unido en las Islas Malvinas.

Los países de Sudamérica, enfrascados en una disputa interna dentro del Mercosur, no responden a la amenaza de una base militar británica en las Islas Malvinas. Una política de Argentina opuesta a la de Javier Milei, orientada a reanudar un reclamo serio por la soberanía, necesitaría la cooperación de las naciones cercanas.

El origen de la Nación Argentina se enmarca justamente en el rechazo popular a las invasiones inglesas de 1806 y 1807. La causa de la soberanía en las Islas Malvinas es un aglutinador de fuerzas sociales, contra un enemigo común, con enorme potencial para la construcción política interna.