El Artículo 22 de nuestra Constitución Nacional afirma que el pueblo no delibera ni gobierna si no es por sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Mayoritariamente los miembros de los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo, y Judicial) se han encargado de degradar día a día la representación y la autoridad conferida por nuestra Carta Magna, salvo honrosas excepciones siempre minoritarias y, por ende, subordinándose a las decisiones de la mayoría y/o de sus superiores.

El caso flagrante de la incompatibilidad manifiesta entre la ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos, y la ley 27.799 de Inocencia Fiscal. La primera establece que ciertos "sujetos obligados" como bancos, escribanos y entidades financieras deben identificar a quienes revisten la categoría de PEP (Persona Expuesta Políticamente) y que es la UIF (Unidad de Información Financiera), el organismo nacional encargado de reglamentar quiénes son considerados PEP, el alcance del parentesco y cómo debe presentarse la declaración jurada. La segunda norma jurídica cambió el enfoque de la fiscalización en Argentina e invierte la carga de prueba, el contribuyente se presume inocente (cumplidor) y el fisco (ARCA) debe demostrar la culpabilidad del contribuyente.

En clara connivencia del Poder Legislativo se aprueba el proyecto el Poder Ejecutivo, presentado por José Luis Espert y por Juan Pazo en ese momento titular del ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), para convertirse en la ley 27.799 que incluye de hecho a ellos mismos y a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, obviamente para esconder ingresos y patrimonios ilícitos que perciben y/o poseen.

Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es un individuo que cumple o ha cumplido funciones públicas prominentes en el Estado o en organizaciones internacionales. Debido a la influencia y el acceso a recursos que estos cargos otorgan, son considerados por los sistemas financieros como vulnerables a riesgos de corrupción, soborno o lavado de activos.

El alcance exacto lo define el organismo regulador de cada país, que en la Argentina es la UIF (Unidad de Información Financiera) e incluye a:

• Funcionarios de alto rango: Presidentes, ministros, legisladores, jueces de altas cortes, gobernadores o intendentes.
• Autoridades de control: Embajadores, miembros de tribunales de cuentas o fuerzas armadas de alto rango.
• Autoridades de instituciones: Directivos de bancos centrales y altos funcionarios de organismos internacionales (ej. ONU, FMI, OEA).
• Otros sectores: Autoridades prominentes de partidos políticos, sindicatos o cámaras empresariales.

La normativa suele extender esta condición a los familiares y allegados directos, ya que pueden ser utilizados para movilizar fondos de origen ilícito. Esto incluye a: cónyuges o convivientes, familiares en línea directa (ascendientes y descendientes, hasta un grado determinado), allegados cercanos (socios comerciales o testaferros).

La normativa en Argentina, regulada por la Unidad de Información Financiera (UIF) bajo la Resolución 35/2023 y su modificatoria posterior (Resolución 192/2024), establece que, durante los 24 meses posteriores a dejar el cargo, el exfuncionario y sus familiares directos o allegados continúan bajo las mismas reglas de control financiero estricto que tenían cuando ejercían la función pública. Pasados esos dos años, el estatus de PEP concluye de forma automática.

La ley 27.799 de Inocencia Fiscal y su reglamentación mediante el Decreto 93/2026, si bien en ningún momento se refiere expresamente a que las Persona Expuesta Políticamente pueden adherirse al régimen simplificado de ganancias, al no prohibirlo, posibilita su incorporación.

Por lo tanto, Manuel Adorni y su mujer, Federico Sturzenegger, y el ex diputado y candidato libertario investigado por vínculos narcotráfico, José Luis Espert, y otras Personas Expuestas Políticamente se adhieren al régimen que les permite blanquear dinero y bienes sin declarar, es decir que incluye una confesión de haber evadido tributos que el Estado ahora perdona por la ley sancionada en el Congreso, a pedido del mismo gobierno libertario.

En los casos en que la denuncia penal exista antes de que se acojan al régimen simplificado de ganancias (como son los casos del matrimonio Adorni y de José Luis Espert) si el evasor acepta la pretensión fiscal y paga una multa del 50% de lo demandado (multa que es inferior a la de omisión y a la de defraudación fiscal), por la ley 27.799, queda librado de las obligaciones fiscales. Pero no de la justicia, por la que el fiscal Gerardo Pollicita está a cargo de la investigación sobre el origen de los fondos que Manuel Adorni y su esposa utilizaron para solventar gastos. En el expediente judicial hay distintos registros de prueba que acreditan pagos por un total de 408.662 dólares y gastos de consumo de sus tarjetas de crédito por 85.000 dólares solo en el año 2025, sin contemplar las casas y departamentos, autos, crédito dado por jubiladas, etc. etc.

Paralelamente, la ley 25.188 de Ética Pública exige que los funcionarios presenten y hagan públicas sus declaraciones de bienes patrimoniales al asumir y al dejar el cargo. Manuel Adorni que reconoce que mintió, que fueron falsas sus declaraciones anteriores ante la Oficina Anticorrupción (organismo desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo Nacional), y que las rectifica para incorporar lo que maliciosamente omitió informar, por lo tanto, dicho organismo debe formular la denuncia correspondiente ante el sistema judicial.

El pretexto

La estrategia oficial es incentivar que los ahorros no declarados ingresen al circuito formal de la economía. “Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a generar mayor crecimiento”, afirma el inefable ministro Luis Caputo ante el periodismo, sin contemplar el origen de los fondos.

Y pese a que la ley 27.799 “perdona” los impuestos no pagados, ratificó que el Gobierno continuará avanzando con reducciones impositivas y aseguró que ya se bajaron tributos por el equivalente a 20.000 millones de dólares anuales.

Lo que no dijo es que los impuestos, derechos y obligaciones que se reducen es a los sectores de altos ingresos, mientras aumenta la presión impositiva sobre la población.

Se eliminó el Impuesto para un País Solidario (PAIS) que era a la compra de divisas y que en el último año que tuvo vigencia (2024) recaudo 6,3 billones de pesos al tipo de cambio oficial 6.700 millones de dólares. Se reduce sistemáticamente el impuesto a los Bienes Personales hasta su extinción[1]. Se redujo y se reduce los derechos de exportación. Se eliminaron y/o redujeron aranceles a la importación, Se crea el RIGI para grandes empresas que reduce la alícuota del impuesto a las ganancias, al quinto año no tienen obligación de liquidar las exportaciones en el país (y no pagan retenciones) y le da estabilidad fiscal por 30 años.

Paralelamente ni siquiera se propone la devolución del pago del IVA sobre bienes esenciales de jubilados, trabajadores de bajos ingresos, personas con discapacidad u otros sectores vulnerables.

Es más, la ley 27.802 de Modernización Laboral, crea el FAL (Fondo de Asistencia Laboral) que es un sistema de capitalización obligatoria en que “cada empleador deberá conformar una cuenta como un patrimonio separado, de afectación específica, independiente, inajenable e inembargable, en uno de los fondos administrados por una de las entidades habilitadas a tal fin por la Comisión Nacional de Valores, a elección del empleador” detrayendo entre el 1% (grandes empresas) y 2,5% (Pymes) sobre las remuneraciones a través de ARCA (ex AFIP) que descuenta de sus aportes previsionales, desfinanciando aún más al sistema y presionando a la baja de sus haberes.

La falta de controles, de leyes y regulaciones, incluso advertido por la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en la que Argentina forma parte, pone al país en riesgo de ser considerado lavador de activos, máxime cuando el Jefe de Gabinete del gobierno reconoce ingresos no declarados.

Y es más cierta la recategorización del país cuando se observan que ingresaron más de 120.000 millones de dólares en 28 meses, que una parte importante egresa y otra parte no se sabe su destino final, y que se cede en concesión o directamente venta de activos públicos a un precio muy menor al real.

Ingresan divisas pero se vende el 45% de las mismas a personas físicas (para pago de tarjetas de débito y de créditos en el exterior, turismo, la compra del auto tesla por el diputado nacional de Jujuy, depósitos de divisas en los bancos, compra puerta a puerta, y fuga de capitales), que incluso va a ser mayor porque a partir de este año 2026 dejan que las empresas extranjeras giren sus utilidades a sus casa matrices, como reconoció el FMI y se auto elogió el presidente del BCRA, Santiago Bauisli, al decir que después de seis años se giraron al extranjero 1.600 millones de dólares  (no lo dijo, pero casi 1.000 millones transfirieron Chevron, Total, y Shell ).

Obviamente las concesiones como las cuatro centrales del Comahue, el dragado y balizamiento del del Río Paraná, la licitación de las rutas nacionales, y la privatización de las empresas públicas de la ley 27.742 llamada “Ley Base” (ENARSA, NUCLEOELECTRICA ARG., YCRT, AYSA, BELGRANO CARGA, SOFSE) implican no solo ingreso de dólares para pagar los intereses de la deuda, sino su apoderamiento por un sector beneficiado del modelo, que seguramente paga un precio oficial por la empresa o la concesión, pero que “adorna” por debajo de la mesa a los funcionarios que las adjudican.

En ese marco de ingreso y salida de capitales, con generosos intereses y comisiones que cobran en blanco y en negro, la deuda pública nacional sigue creciendo.

Un nivel de deuda que crece exponencialmente mes a mes y que una devaluación no atenúa porque el pass through[2] haría que los títulos en pesos se beneficiarían con la inflación.

En síntesis

La impagable deuda pública, sigue acrecentándose generando una exorbitante suma que el gobierno, el FMI y las grandes empresas locales y extranjeras se están cobrando y pretenden cobrar más con las empresas públicas y los recursos naturales que le pertenecen al pueblo argentino. Así lo asevera nuestra Constitución Nacional y el Pacto Americano de DDHH de San José de Costa Rica, que define que los recursos naturales son propiedad del pueblo y no de los representantes y las administraciones.

La corrupción, los ingresos y patrimonios no declarados, son la evidencia de la estafa de una deuda que beneficia a una minoría parásita y rentista en desmedro del pueblo y de la Nación argentina.