Durante la realización entre el 10  y el 21 de noviembre de la llamada  “COP de la selva”  de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realiza en Belen de Para, en el norte de Brasil, la metrópoli que es considerada la puerta del Amazonia , donde el rio y el mar se juntan, las organizaciones indígenas de Brasil están reclamado un papel protagonista en las decisiones climáticas globales y han lanzado la campaña “La respuesta somos nosotros”, con la que llaman a una movilización mundial liderada por los pueblos indígenas para enfrentar la crisis climática y proteger sus territorios, incluidos los de los pueblos en aislamiento. La campaña indígena, en la COP30,  pretende visibilizar el papel esencial de los pueblos originarios en la mitigación del cambio climático. La campaña también destaca la necesidad de garantizar los derechos de los pueblos indígenas que cuidan algunos de los lugares con mayor biodiversidad del planeta.

Decenas de manifestantes, miembros de comunidades indígenas y jóvenes activistas, irrumpieron el martes 11 en la sede donde se desarrollaba la segunda jornada de las negociaciones y se enfrentaron con los guardias de seguridad que les bloquearon el acceso. Su acción tuvo como objetivo exigir medidas climáticas y protección de los bosques y ríos de la selva. Los manifestantes exigieron su acceso a la cumbre climática de la ONU, donde delegados de países de todo el mundo asisten a la cita anual que por primera vez se celebra en el corazón de la Amazonia. Los manifestantes  ondeaban banderas con lemas que reivindicaban los derechos territoriales y  portaban carteles que decían: “Nuestra tierra no está en venta”. “No podemos comer dinero”,  Gilmar, un líderesa  indígena de la comunidad Tupinamba, cercana al curso bajo del río Tapajós plantoó. “Queremos nuestras tierras libres de la agroindustria, la exploración petrolera, la minería ilegal y la tala ilegal” y agrego  “Quisimos entrar al lugar justamente para demostrar cuáles son los pueblos que deberían estar en este evento”, Helen Cristine, de Juntos, movimiento juvenil del partido PSOL, señalo  “Creemos que la COP30 no representa a los pueblos originarios. La organización está hecha para los empresarios y puntualizo “la exploración de petróleo en el delta del Amazonas va a destruir el medio ambiente”

“Nadie cometió ningún acto de vandalismo,  fue para llamar la atención” declaro Dona Neves Arara Vermelha durante una conferencia de prensa. “Nadie tenía la intención de romper, de vandalizar”, agregó reprochando a las acciones de la seguridad.

El mensaje, difundido desde Belém, subraya la necesidad de garantizar los derechos de las comunidades indígenas que custodian algunos de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta, en un momento en que las negociaciones internacionales sobre el clima se ven influidas por iniciativas económicas que, según denuncian, “ponen precio a la naturaleza”.

Las organizaciones advierten que los planes para mercantilizar las selvas y promover falsas soluciones climáticas, como los proyectos de compensación de carbono,  violan los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los grupos no contactados que dependen completamente de sus territorios Según denuncian, los proyectos de compensación basados en la naturaleza permiten a las empresas seguir contaminando mientras proclaman su “neutralidad de carbono”, lo que constituye una “estrategia engañosa” que perpetúa la degradación ambiental y el despojo de tierras ancestrales.

La directora de campañas para Asia y el Pacífico de Survival International, Sophie Grig, afirmó que “el consumo excesivo y el capitalismo son los motores de la crisis climática, así como de la explotación maderera, la minería y otras formas de extracción que amenazan a más del 90 % de los pueblos indígenas en aislamiento”.“Los mercados no resolverán la crisis climática, al igual que no protegerán a los pueblos no contactados”, añadió.

Los efectos de estos proyectos sobre las comunidades indígenas son graves y documentados, entre las principales consecuencias se encuentran las violaciones de derechos humanos y expulsiones forzadas vinculadas a la creación o ampliación de áreas protegidas destinadas a generar créditos de carbono. Asimismo, la mayoría de los beneficios de los créditos de carbono terminan en manos de intermediarios —consultoras, certificadoras o grandes ONG conservacionistas— mientras las comunidades locales apenas reciben apoyo. Uno de los manifestantes fue contundente al señalar que “en la conferencia hay más lobbistas que representantes genuinos de los pueblos afectados.

Otro punto crítico señalado por las organizaciones indígenas es la falta de claridad legal sobre quién posee los derechos de carbono almacenado en los suelos y bosques. En muchos casos, los proyectos no cuentan con el Consentimiento Libre, Previo e Informado, de las comunidades afectadas, un principio fundamental del derecho internacional que protege la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Como  ejemplo, no muy lejos de Belém, en el corazón del Amazonia. el Territorio Indígena Kawahiva do Rio Pardo, hogar de un grupo en aislamiento, lleva más de veinte años esperando su demarcación oficial. Estos pueblos han sobrevivido a masacres e invasiones, y su supervivencia depende por completo de la protección de su selva. La situación se repite en otras regiones del mundo  y refleja la  la vulnerabilidad de los 195 pueblos indígenas aislados documentados en el mundo, el 96 % de los cuales ven amenazadas sus vidas y culturas por las actividades de industrias extractivas, ganaderas y forestales. La mitad de estos grupos podría desaparecer en los próximos diez años si no se adoptan medidas de protección urgentes. Raoni Metuktire, el líder indígena más influyente de Brasil y defensor mundialmente conocido de la Amazonía, también  cuestiono el proyecto de construcción de Ferrogrão, una vía férrea de casi 1.000 km destinada a atravesar Brasil de oeste a este para transportar la producción de cereales. ”Si estas malas acciones continúan, tendremos graves problemas”.

Muchas organizaciones cuestionan la creación del Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), impulsado en el marco de la COP30, al considerar que “dependería de los beneficios de las mismas empresas responsables de la destrucción de los bosques”. El fondo solo destinaría un porcentaje minino de sus recursos a los pueblos indígenas, pese a que son ellos quienes han demostrado ser los más eficaces en la conservación de los ecosistemas selváticos.  El movimiento rechaza que sus territorios sigan siendo utilizados como “instrumentos de compensación” para sostener el consumo excesivo del Norte global. En su lugar, demanda el reconocimiento pleno de sus derechos territoriales y de su papel como guardianes ancestrales de la naturaleza.

Los gobiernos y las grandes empresas utilizarán la COP para promover proyectos de compensación basados en la naturaleza, lo que permitirá a las empresas seguir contaminando mientras proclaman su neutralidad en materia de carbono.

Los   pueblos indígenas, se enfrentan en distintos territorios del sur global  a violaciones de los derechos humanos, expulsiones forzadas, detenciones y torturas y expulsiones de sus tierras ancestrales .Les arrebatan sus medios de subsistencia, o son destruidos como consecuencia del cambio climático ante el cual son los más vulnerables. Las expectativas sobre cómo esta COP 30 pueda proteger sus derechos van desde moderadas a nulas.

Es necesario un cambio radical para  defender los derechos territoriales de los pueblos indígenas que habitan en  los lugares con mayor biodiversidad del planeta,  que no sobrevivirán si sus tierras no se protegen.