Pero conviene distinguir entre dos tipos de construcción del enemigo: la discursiva e ideológica, y la material y operativa. El Imperio Romano etiquetaba de bárbaros a pueblos que existían con independencia de esa etiqueta; el Imperio Británico llamaba salvajes a quienes conquistaba. Gran Bretaña en China fue más lejos: no solo nombró al otro, sino que creó materialmente las condiciones de la dependencia del opio en la sociedad china a través de las Guerras del Opio, y luego usó esa dependencia como palanca de dominación. Eso es construcción material del problema que después se administra como instrumento.

Es exactamente el patrón que el Imperio norteamericano reproduce con el narco y con el terrorismo llamado yihadista. No como metáfora ni hipérbole retórica, sino como descripción operativa verificable de cómo las agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos —CIA, DEA, DIA, NSA y sus redes de contratistas privados— producen, sostienen y reciclan estructuras de violencia que justifican, naturalizan y facilitan su presencia, su presupuesto, su penetración territorial y su control sobre los estados periféricos.

Existe una constante en la política exterior norteamericana que trasciende administraciones, partidos y retóricas: la producción deliberada de un enemigo que justifique intervención, presencia militar, penetración de inteligencia y reconfiguración de los estados nacionales en función de los intereses de Washington. Esa constante no es una conspiración sino una doctrina operativa verificable, documentada en sus propias fuentes, en sus propios escándalos, en sus propias contradicciones. El enemigo declarado —el terrorismo llamado yihaidista en Asia y África, el narcoterrorismo en Nuestra América— no es un fenómeno autónomo que las agencias combaten, sino un fenómeno que dichas agencias producen, sostienen y administran estratégicamente.

El esquema tiene una arquitectura reconocible. En África y Asia el enemigo construido lleva el nombre del yihadismo. En Nuestra América lleva nombre de narco. En todos los casos el proceso es estructuralmente idéntico: se arma, se financia, se protege operativamente a una organización criminal o paramilitar; esa organización crece hasta volverse amenaza real para los estados; la amenaza justifica la presencia imperial, la cooperación coercitiva, la entrega de soberanía. El ciclo se cierra y se reinicia. La violencia no es el problema que los estados deben resolver: es el dispositivo a través del cual se ejerce el control imperial y se moldean estados securitarios autoritarios cuyo objetivo real es el control social.

 

El espejo africano

En Afganistán, la CIA financió y armó a los muyahidines entre 1979 y 1989, semilla directa de Al-Qaeda. En Irak y Siria, documentos desclasificados de la Defense Intelligence Agency de 2012 revelaron que Washington sabía que su intervención crearía las condiciones para el surgimiento de un Estado Islámico y lo consideraba una oportunidad estratégica. DAESH (y cualquiera de sus derivados) no emergió pese a la política norteamericana; emergió mediante ella. La evidencia de armamento de origen occidental, de financiamiento facilitado a través de redes que las propias agencias conocían y monitoreaban, el traslados de combatientes en momentos estratégicos, no es producto de la especulación sino de investigaciones parlamentarias, de filtraciones documentadas y de reportes periodísticos de primer nivel. DAESH fue una herramienta de presión geopolítica sobre Siria, Irak e Irán, y cuando dejó de ser útil como tal, se activó su liquidación, que a su vez generó nuevas justificaciones de intervención.

El escenario africano completa el cuadro. Las misiones de pacificación desplegadas en el Sahel y en el África central por fuerzas occidentales no redujeron la violencia ni estabilizaron los estados. Hicieron exactamente lo contrario. Cada intervención dejó estructuras de violencia más complejas, arsenales más abundantes en manos de actores irregulares, y estados más dependientes de la presencia militar extranjera para su propia subsistencia. El AFRICOM fue creado en 2007 para estabilizar el continente y dos décadas después los países con mayor presencia de fuerzas especiales norteamericanas presentan sistemáticamente más inestabilidad.

Mali es el caso más visible. La intervención francesa que comenzó en 2013 para detener el avance del llamado yihadismo terminó generando el terreno para el golpe de 2021, la expulsión de las fuerzas francesas y la llegada del grupo Wagner. No hubo ningún momento en ese proceso en que la lógica occidental de intervención produjera estabilidad. Burkina Faso y Níger siguieron el mismo patrón. En cada caso, el llamado yihadismo —financiado en parte con dinero del tráfico de cocaína latinoamericana que atraviesa el Sahel en su camino hacia Europa— creció en los intersticios que dejó la intervención, no a pesar de ella. La expulsión de las tropas entre 2022 y 2024 e inicio de procesos de reconstitución soberana no generó el colapso que predijo Occidente. La correlación entre presencia militar occidental y desestabilización no es una coincidencia estadística.

El Estado Islámico en el Gran Sáhara, Boko Haram, Al-Shabaab en Somalia son organizaciones que operan en ecosistemas que el propio orden internacional creó. Estados débiles o fallidos como resultado del ajuste estructural de los años noventa, fronteras artificiosas heredadas del colonialismo, economías de subsistencia desarticuladas por la competencia de los mercados globales. El llamado yihadismo llenó ese vacío. Igual que el narco en América Latina. La funcionalidad de ese vacío para las potencias que dicen combatirlo es demasiado consistente para ser casual.

La DEA como dispositivo de gestión

La Drug Enforcement Administration no es, en términos de resultado histórico, una agencia antinarcóticos. Es una agencia de gestión del mercado ilegal de drogas en función de los intereses geopolíticos y económicos de los Estados Unidos. Esa afirmación no es una provocación sino el resultado de leer sus propios operativos, sus propios informantes, sus propias operaciones encubiertas.

El caso más documentado es la Operación Rápido y Furioso, desarrollada entre 2009 y 2011 bajo supervisión de la ATF y con participación de la DEA. Agentes federales estadounidenses permitieron deliberadamente el tráfico de más de dos mil armas hacia México —incluyendo fusiles AK-47, AR-15 y rifles de francotirador Barrett calibre .50— sin informar al gobierno mexicano. Esas armas aparecieron en escenas de crimen en ambos lados de la frontera. La operación no fue un accidente ni un exceso de campo; fue una política. Y Fast and Furious no fue un episodio aislado sino el último de al menos ocho operativos similares que comenzaron en 2004 bajo la denominación general de “Gun-runner”.

El dispositivo dilecto es el informante protegido, el capo que opera porque tiene cobertura, el cartel que crece porque sirve a un propósito de inteligencia. El Cartel de Sinaloa tuvo, durante años, una relación operativa con la DEA que no puede describirse como simple infiltración de las fuerzas del orden. Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo Zambada, declaró ante cortes federales estadounidenses que el Cartel de Sinaloa había llegado a acuerdos de inmunidad con agentes de la DEA a cambio de información sobre organizaciones rivales. La DEA eligió ganadores y perdedores en el mercado del narco mexicano, y esa elección tuvo consecuencias directas en la geografía de la violencia.

Genaro García Luna (hombre amparado por Fox), secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón —el mismo gobierno que declaró la guerra al narco y recibió miles de millones de dólares en cooperación estadounidense a través de la Iniciativa Mérida— fue condenado en 2023 por tribunales de Nueva York por haber trabajado directamente para el Cártel de Sinaloa durante toda su gestión. Combatir el narco con protocolos construidos por el narco, a través de funcionarios que son el narco, no puede producir otra cosa que más narco. No hay un solo país nuestroamericano, salvo Nicaragua y Cuba, que no aborde el combate al narco en cooperación con la DEA. Ese fracaso sistemático no es un fallo de implementación; es el objetivo.

La doctrina del narcoterrorismo —que fusiona crimen organizado y terrorismo— funciona como herramienta política que habilita medidas de excepción, militariza la seguridad interna y justifica intervenciones fuera del territorio norteamericano. El flujo de dinero narco que penetra en el sistema financiero legal lo hace a través de bancos que son demasiado grandes para ser procesados penalmente, como quedó demostrado en el caso HSBC, que pagó una multa equivalente a menos de un mes de ganancias por lavar miles de millones de dólares del Cártel de Sinaloa y de los Zetas.

Colombia y la matriz histórica del narco-Estado

Colombia no puede pensarse como un ejemplo más del narco porque Colombia es la matriz histórica de la que emergen buena parte de las estructuras que hoy operan en el continente. El proceso que llevó al narco a colonizar el Estado colombiano no fue súbito ni simple. Fue un proceso de décadas que atravesó el Cartel de Medellín, el Cartel de Cali, los paramilitares de las AUC financiados con dinero del narco y con permisividad activa de sectores del Estado y del Ejército, la relación entre las FARC y la economía cocalera, y el Plan Colombia, que fue el primer ensayo a gran escala del modelo que se replicaría en toda la región.

El Plan Colombia recibió entre 2000 y 2015 más de diez mil millones de dólares de financiamiento estadounidense, mayoritariamente en componentes militares y de inteligencia. El resultado fue una reducción temporal de los cultivos de coca en Colombia, pero no la desaparición del narcotráfico, sino su desplazamiento hacia Perú, Bolivia, Ecuador y la propia recomposición del cultivo colombiano. Las organizaciones criminales que emergieron del desmonte de los paramilitares —las BACRIM, los Rastrojos, los Urabeños, el Clan del Golfo— no son el residuo del proceso de paz sino su producto no deseado, o perfectamente deseado según se mire.

Lo que el caso colombiano ilustra con mayor claridad es que el narco, cuando coloniza un estado durante suficiente tiempo, deja de ser un problema de seguridad para convertirse en un problema de economía política estructural. Los veinte o treinta mil millones de dólares que genera anualmente el narcotráfico en Colombia no son solo dinero ilegal: son el motor de economías regionales enteras, el financiamiento de la política local, la razón por la que ciertas zonas del país tienen hospitales y escuelas que el Estado nunca construyó. Cuando el narco se convierte en proveedor de Estado, su eliminación se vuelve socialmente imposible sin una política de sustitución económica y construcción institucional que ningún gobierno ha tenido la voluntad de implementar. El CJNG aprendió de Colombia su modelo de franquicias, su diversificación hacia minerales, combustible, aguacate y turismo, su gestión de la corrupción como sistema antes que, como excepción, son el refinamiento de décadas de experiencia colombiana traducida al contexto mexicano y proyectada al mundo.

México en llamas: soberanía perforada y el patrón de las entregas

México es el laboratorio más completo de esta dinámica. No porque sea el caso más extremo sino porque es el más documentado, el más largo en el tiempo, y el que mejor ilumina la relación entre las agencias norteamericanas y el crimen organizado transnacional. El Cártel Jalisco Nueva Generación emergió en 2010 desde las entrañas del Cártel de Sinaloa, en el contexto de la guerra calderonista que fragmentó el mapa criminal mexicano y produjo, en lugar de debilitamiento del narco, una multiplicación de organizaciones más violentas y más territorializadas.

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, construyó en quince años una organización que la propia DEA describe en su Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025 como presente en más de cuarenta países, con alianzas operativas en China e India para obtención de precursores, en Colombia para el trasiego de cocaína, y en Guatemala, Ecuador, Venezuela y Paraguay para el control de rutas. Fue abatido el 22 de febrero de 2026 en un operativo en el que el Departamento de Defensa de Estados Unidos admitió participación de inteligencia. La consecuencia predecible no es el fin del CJNG sino su fragmentación. Las organizaciones estructuradas en torno a liderazgos personales no desaparecen: explotan en facciones que compiten con mayor violencia. El Estado mexicano y la DEA lo saben. La fragmentación es el resultado buscado: más actores, más inestables, más dependientes de protección externa para sobrevivir.

El patrón de las entregas es la clave para entender la relación entre Washington y el narco mexicano. No se trata de capturar capos sino de entregar selectivamente a aquellos que ya no resultan útiles, o cuya captura produce más valor político que su continuidad. El Mayo Zambada fue entregado en julio de 2024 en una operación que las propias versiones de los hechos describen como engaño y traición por parte de su socio Joaquín Guzmán López. La captura no desmanteló el Cártel de Sinaloa: produjo una guerra interna de consecuencias todavía incalculables.

La DEA sigue teniendo oficinas en todo el país, acceso irrestricto a las bases de datos de inteligencia mexicana, capacidad de operación discrecional en territorio soberano, y un presupuesto que duplica al de cualquier agencia antinarcóticos latinoamericana. En ninguno de los cuarenta años de presencia de la DEA en México el flujo de drogas hacia los Estados Unidos disminuyó de manera sostenida. Lo que sí aumentó, consistentemente, es la violencia en México.

El Mundial de Fútbol de 2026, que México coorganiza con sedes en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, representa una oportunidad de penetración de inteligencia sin precedentes. La coordinación de seguridad que Washington exige para el evento —protocolos, acceso a sistemas de cámaras, presencia de agentes del FBI y la DEA en zonas de operación— es, en términos funcionales, la construcción de una infraestructura de vigilancia permanente bajo el disfraz de la seguridad del torneo.

 

El CJNG como caso de internacionalización criminal

Las redes internacionales del CJNG ilustran con precisión la escala alcanzada por la economía criminal transnacional que el dispositivo antinarcóticos dice combatir. Según la evaluación de la DEA de 2025 y los reportes de Europol, el cartel tiene conexiones operativas en China e India para precursores químicos destinados a la producción de fentanilo y metanfetaminas; en Colombia para el suministro de cocaína; en Ecuador a través de Los Lobos y Los Tiguerones para el control de la cadena logística portuaria; en Guatemala con Los Huistas para el control de corredores fronterizos; en Paraguay, donde fue detenido en septiembre de 2025 un exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco vinculado a sus redes; y en España, donde en 2025 fue desmantelada una oficina del cartel articulada con la Camorra italiana para la distribución en Europa.

En África, las rutas del CJNG pasan por Nigeria, Ghana y Senegal como corredores hacia el continente europeo, con dos vías documentadas: una que atraviesa Mauritania, Mali, Argelia y Marruecos hacia España, y otra que sube desde Ghana y Burkina Faso hacia Francia e Italia. La infraestructura aeroportuaria africana, la diversidad de rutas terrestres y la corrupción institucional de varios estados —corrupción que en muchos casos fue instalada o profundizada por las mismas fuerzas de pacificación y ajuste estructural que decían remediarla— son los factores que facilitan esa penetración.

Este nivel de expansión no se construye en secreto ni en silencio. Se construye con dinero que fluye a través de sistemas bancarios que lo aceptan, con precursores que se exportan desde China e India sin que ninguna agencia de inteligencia occidental haya podido o querido detener ese flujo, con armas que salen de los Estados Unidos y aparecen en los arsenales de los carteles sin que el gobierno norteamericano haya implementado ningún control efectivo sobre sus propias armerías. La DEA sabe con exactitud dónde está cada red del CJNG porque las cartografía con detalle en sus informes anuales. El problema es que cartografiar no es lo mismo que desmantelar.

 

Ecuador y la colonización criminal del Estado

Ecuador es el caso más dramático y más acelerado de colonización criminal del Estado en el continente. No en el sentido de que el narco haya capturado un estado débil o fallido, sino en el sentido de que un estado que tenía institucionalidad fue sistemáticamente desguazado desde adentro y desde afuera hasta quedar disponible para esa captura. En 2019 tenía una tasa de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2025 esa tasa llegó a 51 por cada 100.000, con más de 9.200 homicidios registrados. Según la organización ACLED, el 71% de la población ecuatoriana vive en zonas de alta exposición a la violencia narco.

La cronología tiene una lógica. En 2009, el gobierno de Rafael Correa expulsó a los Estados Unidos de la Base Naval de Manta —la única base militar norteamericana en Sudamérica para operaciones antinarcóticos— y la nueva Constitución prohibió bases militares extranjeras en el país. Ecuador recuperó el control de aduanas, puertos y fuerzas de seguridad. En ese período la tasa de homicidios cayó y el país fue considerado uno de los más seguros de la región. La llegada de Lenín Moreno revirtió progresivamente esas políticas, reabrió la coordinación con la DEA y facilitó el ingreso de los carteles mexicanos. Con Lasso el proceso se aceleró y en noviembre de 2023 una adenda al acuerdo militar firmada tras bastidores otorgó a Washington operatividad plena en el territorio, con supervisión personal de la General Laura Richardson, Jefa del Comando Sur.

Varios medios reportaron que habría sido la propia DEA quien facilitó el ingreso del Cártel Jalisco Nueva Generación al mercado ecuatoriano, que hasta entonces era territorio del Sinaloa. El resultado inmediato fue la guerra entre ambas organizaciones por los puertos, con la población convertida en territorio de disputa. La consolidación del crimen organizado ecuatoriano no es el resultado natural de la dolarización, la pobreza costera o la cercanía geográfica con Colombia y Perú —aunque todos esos factores son reales. Es el resultado de una ruptura deliberada del equilibrio que existía entre estructuras criminales subordinadas a los carteles. El achicamiento del Estado, la privatización de puertos y la radarización deficiente no son efectos colaterales del ajuste; son las condiciones que el crimen organizado necesita para operar.

El caso Metástasis, revelado en diciembre de 2023 por la fiscal Diana Salazar, mostró jueces de alto nivel, fiscales, oficiales de policía, funcionarios del sistema penitenciario y abogados defensores operando como parte de una red criminal articulada. No es corrupción dispersa: es captura orgánica del sistema de justicia. Y esa captura no se produce en el vacío; se produce cuando hay dinero suficiente para comprar todos los eslabones, cuando el Estado no tiene voluntad o capacidad de resistir, y cuando las fuerzas externas que dicen combatir el narco tienen sus propios intereses en mantener ciertas estructuras intactas.

El gobierno de Daniel Noboa respondió a los estallidos de enero de 2024 —la toma de un noticiero en vivo, las explosiones en ciudades, los policías secuestrados— con la declaración de conflicto armado interno y la militarización del espacio público. Ese dispositivo securitario, construido sobre el espanto real de la población, instaló un régimen de excepción normalizado donde las fuerzas armadas operan en calles y prisiones, donde la figura del enemigo interno justifica la suspensión de garantías, y donde la presencia de asesores y contratistas militares estadounidenses se vuelve parte del paisaje institucional. La militarización no redujo la violencia sino que la aumentó: en 2025, Ecuador registró la mayor tasa de homicidios de su historia. En noviembre de ese mismo año, Noboa convocó un referéndum buscando habilitar bases militares extranjeras en el país. Las cuatro preguntas fueron rechazadas. Los ecuatorianos entendieron que la pérdida de soberanía no resolvería la violencia, sino que la profundizaría.

Brasil y el caso del Comando Vermelho

En Brasil, la lógica de la fabricación del enemigo tiene una historia más larga y una arquitectura más compleja. El Comando Vermelho no nació del vacío criminal: nació del sistema penitenciario de la dictadura militar de los años setenta, donde presos políticos de izquierda fueron recluidos junto a presos comunes, y donde los primeros transmitieron a los segundos no solo una cultura de resistencia y organización sino también una comprensión política de su situación. La creación del Comando Vermelho es, en su origen, un producto de la contrainsurgencia del Estado. El CV no sobrevivió pese al Estado, sino gracias al Estado.

La colonialidad racial estructura este proceso de manera determinante. La dirección histórica del CV y del PCC ha sido predominantemente negra y mulata. Las favelas donde operan son comunidades cuya conformación demográfica refleja el legado de la esclavitud. La violencia —tanto la criminal como la policial— está racialmente codificada. La Operación Contención del 28 de octubre de 2025 en los Complejos da Maré, Alemão y Penha dejó más de 130 muertos, en lo que organismos de derechos humanos calificaron de masacre.

Lo que sucedió con el CV a lo largo de las décadas importa para entender el presente. Creció, se extendió desde Río de Janeiro hacia el noreste brasileño y después hacia América del Sur, estableciendo alianzas con el Primer Comando de la Capital, con organizaciones paraguayas y con redes de tráfico que conectan el Mato Grosso do Sul con los puertos del sur. Esa expansión no fue contenida: fue gestionada. El sistema penitenciario brasileño, masivo y desbordado, funcionó como incubadora y escuela de organización criminal durante décadas, sin que ningún gobierno tuviera la voluntad política de resolver las condiciones estructurales que lo hacen funcional para el crimen.

Las operaciones policiales no tienen como objetivo desarticular al CV —que en décadas de represión no ha sido eliminado— sino regular el negocio mediante violencia selectiva, eliminar facciones disfuncionales y reordenar jerarquías internas. La violencia policial funciona como herramienta de gestión narco. La presión de Washington para que Brasil declare al CV y al PCC organizaciones terroristas encontró en la militarización de favelas una respuesta que satisface simultáneamente a Washington y a los sectores más conservadores de la política de seguridad brasileña. El Complexo do Alemão, la Maré, el Jacarezinho no son territorios liberados por el tráfico: son territorios donde el Estado decidió no estar de ninguna manera útil y donde la violencia sirve para mantener a la población pobre bajo un régimen permanente de terror que impide su organización política.

Brasil además ilustra cómo la penetración del financiamiento narco condiciona el poder judicial y el poder político. La corrupción sistémica muestra que la frontera entre finanzas legales e ilegales en Brasil es una construcción jurídica que no refleja ninguna realidad económica. El narco financia campañas, compra jueces, sostiene medios. Combatirlo con operativos de la DEA, con listas de sanciones del Tesoro estadounidense, con cooperación de inteligencia bilateral que no pasa por ninguna instancia de control democrático, es reproducir exactamente el problema bajo el nombre de la solución.

 

El Salvador y Argentina: modelos del Estado securitario

El Salvador de Nayib Bukele circula como el modelo exitoso para la región. Los datos superficiales parecen sostenerlo: la tasa de homicidios cayó de la más alta del mundo a cifras comparables con otros países de la región andina. Lo que el relato oficial omite es que la violencia no se redujo, sino que se desplazó. Más de ochenta mil personas fueron encarceladas sin proceso judicial en condiciones de hacinamiento brutal. La extorsión de las maras fue sustituida por la violencia del Estado. Y Bukele firmó un acuerdo operativo con la DEA. Bukele no derrotó a las pandillas: negoció con ellas y después las encarceló cuando la negociación ya había producido sus dividendos electorales. La paz de Bukele es la paz del administrador que sustituyó al subcontratista disfuncional.

Lo relevante del caso salvadoreño no es su éxito en reducir homicidios —que es real aunque construido sobre bases jurídicamente ilegítimas— sino la utilidad que tiene como narrativa para otros gobiernos de la región que quieren instalar estados securitarios autoritarios con el narco como pretexto. El modelo no es exportable porque su verdadero producto no es la seguridad: es el estado de excepción permanente como forma de gobierno. Muestra que es posible suspender el estado de derecho con respaldo popular si el enemigo está bien construido.

Argentina, bajo la actual gestión, sobreactúa la amenaza del narcotráfico y de la violencia política de una manera que no se corresponde con los datos objetivos de inseguridad del país pero que resulta funcional para la construcción de un relato de emergencia que justifique la concentración del poder, la criminalización de la protesta social y la adopción acrítica de protocolos de seguridad de origen norteamericano. Milei y Bullrich declararon al CV y al PCC organizaciones narcoterroristas cuando ninguna opera significativamente en el país, y ampliaron la presencia de la DEA. El gesto no responde a ninguna necesidad concreta de seguridad: es una señal de alineamiento geopolítico, la sobreactuación del periférico que pide ser reconocido por el hegemón.

La penetración del financiamiento narco en el poder judicial, la policía y las instituciones políticas argentinas existe y es creciente, como en toda la región. Pero su visibilidad mediática y su uso político siguen la lógica de la conveniencia: se denuncia el narco cuando sirve para atacar al adversario político, se silencia cuando está demasiado cerca del propio espacio. Esa convivencia selectiva con las estructuras criminales es también un modo de gobernanza.

 

Cuba y Nicaragua: la contraprueba

Hay en Nuestra América dos países que no participan del dispositivo DEA, que no coordinan su política de seguridad con Washington, que no aceptan presencia de inteligencia norteamericana en sus territorios: Cuba y Nicaragua. Ambos tienen problemas reales de diversa índole. Pero ambos tienen algo que ningún otro país de la región puede mostrar de manera comparable: una tasa de homicidios entre las más bajas del continente y una ausencia relativa de los niveles de penetración narco que devastan a sus vecinos.

Si la penetración narco es proporcional a la penetración de las agencias norteamericanas, deberíamos encontrar que los países con mayor soberanía sobre sus estructuras de seguridad presentan menor penetración narco. La evidencia empírica confirma esa hipótesis. Cuba y Nicaragua son los únicos países de América Latina sin presencia operativa de la DEA en su territorio y son también los únicos sin organizaciones de crimen organizado equivalentes a los carteles mexicanos, el CV brasileño o las bandas ecuatorianas.

Eso no es una coincidencia. Es el resultado de que el narco, como cualquier otra empresa, necesita protección institucional para operar a escala. Esa protección en la mayor parte de la región la proporciona, directa o indirectamente, la cooperación con las agencias norteamericanas. Donde esa cooperación no existe, el modelo de negocio del narco transnacional no encuentra el mismo suelo fértil. La moraleja es incómoda pero verificable: la soberanía plena en materia de seguridad es la condición necesaria —no suficiente, pero necesaria— para no reproducir el ciclo.

 

El narco como forma de gobierno global

La violencia narco no es el fracaso del Estado latinoamericano. Es el éxito de una forma de gobierno global que necesita Estados débiles, instituciones penetradas y poblaciones aterrorizadas para mantener el control de las cadenas de suministros, los recursos naturales, las rutas comerciales y los mercados financieros del continente. Los conflictos por el narcotráfico exhiben características de luchas interburguesas locales, regionales y mundiales. No se trata de criminales contra el Estado sino de fracciones del capital compitiendo por rentas extraordinarias, con el Estado actuando como árbitro y socio de las facciones más funcionales al proyecto hegemónico.

La conclusión que emerge de este recorrido no señala a las agencias norteamericanas como malvadas ni a los gobiernos latinoamericanos como simples marionetas. La realidad es más compleja y más inquietante. Se trata de un sistema de intereses mutuamente reforzados que se re produce con caotización y narcotizacion. Los estados latinoamericanos que cooperan con la DEA lo hacen porque reciben recursos, legitimidad internacional y capacidad operativa que de otra manera no tendrían. Los capos que sobreviven décadas lo hacen porque tienen valor para el sistema de inteligencia norteamericano. Los ejércitos que reciben equipamiento y entrenamiento de Washington lo usan, entre otras cosas, para controlar a sus propias poblaciones. Cada fracaso produce más presupuesto para la DEA, más justificación para la presencia militar, más demolición de soberanías nacionales.

La respuesta a esta situación requiere, en primer lugar, reconocer la naturaleza estructural del problema: no es un fallo de implementación sino un diseño funcional. En segundo lugar, recuperar la soberanía sobre los aparatos de inteligencia, eliminando la coordinación operativa con la DEA. En tercer lugar, atacar el lavado de activos antes que a los eslabones débiles de la cadena. Y en cuarto lugar, desactivar la economía política que genera el reclutamiento; la precariedad que convierte a los jóvenes en material disponible para el crimen organizado. La guerra contra las drogas es, funcionalmente, la guerra contra los estados latinoamericanos independientes. Y mientras no se nombre ese problema con esa claridad, no existe política de seguridad posible que no sea, en último término, una gestión del caos en beneficio ajeno. La fábrica del caos tiene dueños. Y sus trabajadores son los que pagan el precio.