A principios de abril, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, anunció que se hará una inspección en la base espacial china ubicada en la provincia de Neuquén. Las declaraciones coincidieron con la visita a la Argentina de Laura Richardson, generala del Comando Sur de los Estados Unidos, quien se reunió con Petri. También anunció que se realizaría una inspección en la base europea de Malargüe.

Anteriormente, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, había dicho al diario La Nación: “Me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué”.

En respuesta a las declaraciones del gobierno y del embajador, la Embajada de China en la Argentina emitió un comunicado en el que indicó que “la Estación de Espacio Lejano en Neuquén es una instalación de cooperación tecnológica espacial entre China y Argentina. En lugar de los llamados militares mencionados, los científicos tanto de Argentina como de China tienen acceso al uso de esta estación para investigación científica”.

 

Los convenios

El 20 de julio de 2012, la Agencia Estatal China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC, por sus siglas en inglés) firmó un acuerdo con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), para establecer las condiciones que rigen para la implementación de una base “de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, incluida una antena para investigación del espacio lejano en la provincia de Neuquén”.

Meses después la CLTC, la CONAE y la provincia de Neuquén firmaron un segundo acuerdo con el mismo fin. En 2014 se aprobó otro “acuerdo de cooperación”. En este caso fue un acuerdo del gobierno argentino, con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, y el chino, con Xi Jinping como mandatario, para instrumentar los beneficios impositivos, aduaneros, migratorios y consulares de los acuerdos firmados en 2012.

Este acuerdo pasó por el Congreso durante el 2015, que lo convirtió en ley.

 

Características de la base espacial china de Neuquén

La estación está instalada en Bajada del Agrio, una localidad de 800 habitantes en el departamento de Picunches, a 250 kilómetros de la capital de la provincia de Neuquén. Es un predio de 200 hectáreas, cedido para este fin por 50 años, con una antena parabólica de 35 metros de diámetro “dirigida fundamentalmente a misiones denominadas de espacio profundo, ubicadas a distancias que superan los 300.000 km de distancia de la Tierra”, según explica la CONAE en su página web. Esta es la primera base instalada por China fuera de su territorio.

En el acuerdo se estableció que la CONAE obtiene el beneficio de acceder al 10% del tiempo de uso de la antena para el desarrollo de proyectos de investigación científica nacional y de cooperación regional e internacional. Además, la CONAE tiene la posibilidad de instalar equipos en el predio para la realización de proyectos de interés para la Argentina. En 2019 la CONAE informó que investigadores de la Comisión y del Instituto Argentino de Radioastronomía habían comenzado a realizar observaciones radioastronómicas.

La estación brinda soporte de telemetría, seguimiento y control de las misiones del Programa Chino para Exploración de la Luna (CLEP, por sus siglas en inglés). En operación desde abril de 2018, es una de las 3 estaciones en el mundo, junto a otras 2 que están en China, dedicadas a dar soporte terrestre a la misión Chang’E 4, que descendió en la cara oculta de la Luna en 2019, y a Chang’E 5, que exitosamente trajo muestras lunares de regreso a la Tierra en 2020.

 

Rumores y sospechas sobre el uso de la base

Las principales críticas al establecimiento de la base china es que realiza tareas militares. Incluso, de forma informal, se habla de esta estación como una “base militar” china. El acuerdo original celebrado entre ambos países no incluía una prohibición explícita y taxativa sobre las tareas militares de la base.

En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina y China firmaron un “protocolo adicional” al acuerdo suscripto en 2014. Allí se estableció que el acuerdo “se implementará exclusivamente con miras al uso civil en el campo de la ciencia y la tecnología, y la información resultante de sus investigaciones de ninguna manera podrá ser utilizada con propósitos militares”.

Durante el gobierno del Frente de Todos (2019-2023), se hizo la aclaración de que el acuerdo que el protocolo adicional exigido por la gestión anterior fue innecesario ya que ambos países adhieren al “Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes” redactado en 1967.

“Por ende, ejecutar y sostener, en la práctica, acciones contrarias a dichos postulados, implicaría la violación de las reglas del derecho internacional, escenario impropio desde varios puntos de vista, a saber: en términos políticos, en términos jurídicos (siendo que daría lugar a la rescisión directa), y también en términos técnicos, ya que, además, las frecuencias autorizadas por las Autoridades de Aplicación de nuestro país no son de uso militar”, señaló la Jefatura de Gabinete en uno de sus últimos informes al Congreso en 2023, ante una consulta de un legislador por presuntos incumplimientos del no uso militar de las instalaciones.

Ese informe señala que existe un “control y supervisión permanente sobre el predio” por parte de la CONAE, el Enacom y la provincia de Neuquén, “con visitas permanentes a la estación, el intercambio de documentos informativos de diferente tenor, la coordinación de actividades conjuntas”, aunque aclara que “no conllevan una auditoría en términos de la conceptualización clásica de la misma”, sino que “el control se trasunta en un control colaborativo inter-partes, para la consecución de los objetivos primarios de dicha cooperación”.

De más está decir que los rumores esparcidos por el mismo gobierno de La Libertad Avanza son infundados. Las declaraciones respecto tanto del ministro Petri como del embajador estadounidense Stanley son tan solo estrategias mediáticas para levantar sospecha y seguir alejándose simbólicamente de lo que Milei denominó como el “eje del mal” encabezado por China y Rusia.