El 1 de marzo, en contexto de apertura de las sesiones legislativas, Javier Milei pronunció un discurso a la altura de su estatura mental. Pueril, divagante, mentiroso y esquizofrénico, entre las tantas barbaridades que pronunció sostuvo “La deuda consolidada de la Nación bajó en US$ 30.000 millones”, algo que no se compadece con ningún tipo de información pública chequeable.

La contabilidad que expone Milei consiste en exhibir una planilla y esconder la otra. Como lo explica la redacción del portal Canal Abierto “Su método para que la cuenta le dé en baja radica en cuantificar el endeudamiento bruto de la Administración Central, los pasivos del Banco Central (BCRA) y la evolución de las reservas netas. Pero el gobierno de La Libertad Avanza ha traspasado gran parte del pasivo del BCRA al Tesoro para luego alardear de un presunto saneamiento. En otras palabras: la movida sólo traslada la deuda de un organismo público a otro cuyo pasivo, lejos de bajar, se multiplicó.”

Christian Buteler es un liberal recalcitrante, votante de Milei y analista financiero. Hace menos de un año atrás, sus cuentas le daban el siguiente resultado “a pesar de lograr superávit financiero en los primeros cinco meses del año, la deuda consolidada entre Tesoro + BCRA subió US$ 53.721 millones”.

El organismo que preside Luis Toto Caputo dice que el stock de deuda bruta aumentó en forma escandalosa.

Los datos muestran que la deuda total nacional -no incluye la del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ni la asumida por las provincias- aumentó en el último año en un equivalente a 86.531 millones de dólares. Esto es el doble a la contraída por el gobierno de Mauricio Macri. Esos 45.000 millones de dólares tomados en 2018 ya habían marcado un hito histórico en los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) a un país.

Para “sanear” esta deuda, el presidente anunció que contraerá más deuda pública. Una vez más, la dolarización de carteras de multinacionales expresada en los balances del BCRA que desembocará en más fuga de capitales, llegará con dólares del bolso -una vez más- del Fondo Monetario Internacional.

Este año el gobierno deberá afrontar pagos por 16.758 millones de dólares de los cuáles 2.700 millones corresponden al FMI. El organismo internacional es el principal acreedor dentro de los organismos multilaterales. Por eso se vuelve crucial, para el organismo y el Gobierno, sellar un nuevo acuerdo. Hasta ahora, muchas versiones y pocas certezas que terminan exponiendose en las contradicciones sobre el formato en que va a instrumentarse la legalización de acuerdo que, cuando se contrajo el préstamo, se lo hizo sin un asiento contable que lo respalde, ni acto administrativo que lo autorice.

Al FMI, la legalidad de los acuerdos, le importa poco y nada. Peor aún, teniendo la certeza de que el conjunto de las fuerzas políticas que integran el sistema institucional argentino va a terminar reconociendo el préstamo, pagando religiosamente sus intereses y aceptando a rajatabla los condicionamientos impuestos.

Los acuerdos políticos del FMI con el gobierno de Alberto Fernández, con la totalidad de sus componentes, al momento de legalizar la deuda contraída por Mauricio Macri, son un testimonio demasiado nítido que puede eludir la subracionalidad que impera en la política doméstica, pero no se les escapa a aquellos integrantes del organismo de crédito que diseña los instrumentos necesarios para condicionar los destinos económicos de nuestro país.

Desde el periódico cooperativo El Megáfono recopilan información trascedente:

El pasado jueves 20 de febrero, en Washington, Javier Milei con miembros de su gabinete y autoridades del FMI mantuvieron una reunión.

Según la directora del organismo, Kristalina Georgieva, Argentina está mostrando “resultados significativos”.

Además, el gobierno nacional informó que “los equipos técnicos del gobierno argentino y del FMI continuarán trabajando de manera constructiva en un nuevo programa”.

Días después, el ministro de Economía Luis Caputo se reunió con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

En un comunicado, el Tesoro norteamericano informó que “Bessent elogió al Ministro de Finanzas Caputo por las medidas de reforma macroeconómica y estructural que reducen la carga de la regulación sobre el sector privado, y que reducen el tamaño y la influencia del gobierno”.

Estos elementos conjeturales surgidos por voluntad de Estados Unidos, tienen más peso que las opiniones locales de dirigentes políticos que pulsan intrigas domésticas para alcanzar la administración de la colonia.

El endeudamiento externo es un yunque sobre la potencialidad económica nacional. Es una rueda interminable en el que se reciben dólares para consolidar ganancias de las grandes corporaciones y se devuelven esos dólares con el sacrificio de los trabajadores y la entrega de soberanía política en la generación de nuestra riqueza.

“Sea a organismos multilaterales o a bonistas, Argentina tiene asignado para los próximos 5 años (incluido el 2025), 106.000 millones de dólares de vencimiento en deuda. Cuando hoy sus reservas son alrededor de 28.000 millones. Solo en enero los organismos del sector público realizaron pagos a bonistas por 3.654 millones de dólares y 147 millones a organismos internacionales” sostienen desde el Megáfono, y ponen en evidencia el enorme esfuerzo nacional que significa sostener la estafa de la deuda.