El 19 de octubre de 2026, Milei habló en la exposición “Argentina Oil & Gas Expo 2026” en la ciudad de Neuquén, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), entidad creada en 1957 que, en la actualidad, está conformada por 157 empresas asociadas (tanto nacionales como extranjeras) dedicadas a la exploración, producción, refinación, transporte, comercialización y distribución de hidrocarburos.

Si bien el presidente y el vicepresidente del IAPG son designados por YPF S.A., en su seno conviven las principales empresas extractivistas de petróleo y gas que operan en el país: Tecpetrol (Techint); Compañía General de Combustibles (Eurnekian); Pan American Energy (familia Bulgheroni junto al grupo chino CNOOC y la multinacional BP - British Petroleum); Pampa Energía (Mindlin, Joseph Lewis y BlackRock); Pluspetrol (Rodríguez de Rey e hijos); Vista Oil & Gas (Miguel Galuccio); Compañía Asociada Petrolera; Chevron (la principal empresa petrolera de EE. UU.); Shell[1]; Total Austral S.A.; Apache Corp.; LF Company; Wintershall; y Phoenix Global Resources (empresa representada por José Luis Manzano, cuyo 50% del capital fue adquirido a comienzos de este año 2026 por Continental Resources, presidida por Harold Hamm).

El periodista Mariano Luna afirma que Harold Hamm es conocido en el establishment norteamericano como el «rey del fracking». Fundador de Continental Resources y artífice de la explotación a gran escala en la formación Bakken (Dakota del Norte), Hamm fue una pieza decisiva para que Estados Unidos alcanzara el autoabastecimiento y se proyectara como exportador neto global de hidrocarburos. Financista central de las campañas de Donald Trump y asesor de cabecera en materia energética, fue el ideólogo del concepto de Energy Dominance (Dominio Energético). Esta doctrina no concibe la energía como un vector de industrialización o bienestar social para los pueblos, sino como una herramienta de control de los mercados internacionales.

En el encuentro también estuvieron presentes el embajador de los EE. UU., Peter Lamela; el entonces viceministro coordinador de Energía y Minería, Daniel González[2]; la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti; gobernadores; funcionarios; intendentes; y legisladores nacionales y provinciales de Neuquén y Río Negro. En definitiva, una nómina de quienes se apropian de aquello que por mandato de la Constitución Nacional pertenece a todos los argentinos, y que este desgobierno de Milei, en connivencia con los administradores provinciales, adjudica con total impunidad a las grandes corporaciones extractivistas del país y del mundo.

En su mayoría, se trata de proyectos que se acogen al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), el cual, a partir del tercer año de explotación, les otorga la libre disponibilidad de divisas. Al tratarse de recursos naturales no renovables, esto constituye un acto criminal de administración fraudulenta, pues significa el vaciamiento del patrimonio minero y de hidrocarburos nacional sin recibir nada a cambio. No tienen la obligación de abastecer al mercado interno, cobran en Argentina a precio internacional, no transparentan sus costos de producción y operan sin un debido control sobre el impacto ambiental de su actividad. Los países que gozan de altos niveles de bienestar son aquellos que han sabido constituir Fondos Soberanos de Inversión para compensar la extracción de recursos no renovables con la capitalización de activos destinados a las futuras generaciones.

Ante ese público privilegiado del modelo, Milei se refirió a una encuesta de la consultora Zentrix que señala que dos de cada tres familias se quedan sin dinero a más tardar el día 20 de cada mes:

«Entiendo que a veces los eslóganes suenan lindos, pero que suenen lindos no los convierte en algo razonable. Una pelotudez, por más que la digan de manera linda, es una pelotudez. Voy a usar una pelotudez emblemática que impulsó el kirchnerismo: ya operaron con eso, este fin de semana volvieron a tirarla y ahora la estaban moviendo desde los corruptos de los medios de comunicación».

A partir de allí, cambió el tono y empleó una voz burlona:

"La gente no llega a fin de mes". "Dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes". "No llegan al día 20". ¿Podemos pensar un poquito lo que significa? Les hago una pregunta [al público selecto que lo escuchaba]: si verdaderamente se quedan sin plata al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen diez días sin comer y sin beber? ¿Nadie se hizo la pregunta?

Milei debería saber que, según el INDEC, en el primer semestre de 2026 la pobreza creció en 2.100.000 personas, alcanzando a 15.500.000 de compatriotas. Que el 44% de los menores de 14 años son pobres. Que la Canasta Básica Total para que una familia tipo (matrimonio y dos hijos) no caiga en la pobreza fue, en septiembre de 2026, de $1.632.500 (sin contemplar el costo del alquiler de la vivienda). Que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es inferior a los $400.000 mensuales (menos de $2.000 por hora). Y que la jubilación mínima, aun con el bono de $70.000, no llega a los $500.000 por mes.

Las familias se endeudan para alimentarse, comprar medicamentos o pagar la luz, el gas y los servicios de comunicación, cayendo en situaciones de morosidad: la irregularidad crediticia de los hogares se ubica en el 12,8% en la banca tradicional y alcanza el récord del 33,9% en las fintech y billeteras virtuales. En tanto, el precio de los combustibles (nafta, gasoil, gas) no ha dejado de subir, abonándose en el mercado local a paridad internacional —al igual que en países desprovistos de hidrocarburos— gracias a los privilegios concedidos a estas empresas, frente a las cuales el mandatario se burla de la pobreza para beneplácito de los dueños de los recursos naturales.

Esta misma lógica de concesión rige en la minería, donde operan las mayores corporaciones del planeta bajo proyectos fiscalizados por el Estado nacional y las provincias únicamente a partir de declaraciones juradas sobre volúmenes y metodologías de extracción. Dicho marco se agravó tras la sanción de la Ley 27.804, que modificó la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (sancionada en 2010), la cual protegía estas reservas estratégicas de agua dulce prohibiendo de forma expresa las actividades mineras e industriales contaminantes. Con la reforma, se facultó a las provincias a determinar qué masa de hielo o permafrost cumple una «función hídrica efectiva», decidiendo discrecionalmente qué áreas permanecen protegidas y cuáles se habilitan a la explotación minera o hidrocarburífera.

La reforma de la Ley de Glaciares responde a una disputa por el control del agua, del territorio y de las condiciones de inserción del país en la división internacional del trabajo: se abandona la tutela del agua como bien común y se la subordina a la valorización económica y financiera. Las firmas favorecidas figuran entre las más concentradas del mundo: comenzando por BHP —la de mayor valuación global—, asociada a la canadiense Lundin Mining en el proyecto Vicuña Corp (San Juan) para la extracción de cobre, oro y plata; Barrick Mining (ex Barrick Gold) en Veladero (San Juan); McEwen Copper en el yacimiento Los Azules (San Juan); la transnacional Glencore (con BlackRock como principal accionista) en El Pachón (San Juan) y en Catamarca, donde gracias a la Ley 27.804 reactiva Bajo de la Alumbrera y proyecta Agua Rica; Rio Tinto en el Proyecto Rincón (Salar del Rincón, Salta); y la alianza entre Ganfeng (China) y Lithium Americas (Canadá) en Cauchari-Olaroz (Jujuy), entre otras.

Todas estas concesiones se amparan en la Ley 27.742 («Ley Bases») y su régimen RIGI, omitiendo la obligatoriedad de convocar a consultas vinculantes a las poblaciones locales tal como prevé la Constitución Nacional. Todo ello con el fin de captar divisas para afrontar el pago de intereses de una deuda pública jamás auditada. El endeudamiento de la Administración Nacional es opaco y sumamente concentrado —liderado por JP Morgan—, elevando el pasivo a niveles cercanos al 100% del PBI y respaldándolo implícitamente con activos estratégicos, tal como sinceró Scott Bessent en septiembre de 2025 al negociar el swap de monedas: «Para pagar, la Argentina tiene uranio, cobre y tierras raras».

PARA QUÉ SIRVE LA DEUDA

Resulta evidente que el ciclo de endeudamiento desatado desde la gestión de Cambiemos hasta el presente se utiliza para captar divisas y facilitar la fuga de capitales por parte de una minoría privilegiada. Así lo demostró Luis Andrés Caputo durante su presidencia en el Banco Central (18 de junio al 25 de septiembre de 2018), cuando ingresó el primer desembolso del préstamo del FMI por 15.000 millones de dólares, fondos volcados al mercado cambiario en favor de las entidades financieras para las que operaba. Así lo denunció en su momento el propio Javier Milei, acusándolo de haber dilapidado irresponsablemente más de 15.000 millones de dólares de las reservas del BCRA para contener el tipo de cambio[3]. Esos mismos recursos, adquiridos por los beneficiarios del esquema, son transferidos a Manhattan y a otras plazas financieras internacionales para financiar el extractivismo global.

A su vez, la deuda funciona como instrumento de cooptación política y mecanismo para costear el despido masivo de empleados públicos, bajo la premisa de desarticular el rol del Estado en beneficio exclusivo de las grandes corporaciones. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) formalizó el 20 de octubre de 2026 una denuncia penal y administrativa contra el Gobierno nacional tras advertir que se recurrió a un crédito internacional para financiar el régimen de retiros y ceses laborales en la administración pública (Decreto 1023/2026). De acuerdo con la presentación gremial, el Ejecutivo pactó un préstamo de 300 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), correspondiente al primer tramo de una línea de hasta 800 millones.

Esta operatoria no solo vulnera la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional —que prohíbe de forma taxativa contraer deuda en moneda extranjera para financiar gastos corrientes del Estado—, sino que hipoteca a las próximas generaciones sin generar infraestructura ni desarrollo científico, con el único fin de desmantelar la función pública.

Como advertía Germán Abdala:

«El Estado no es un simple conjunto de oficinas burocráticas, sino la trinchera política y la herramienta fundamental de los sectores populares para equilibrar las desigualdades económicas».

Y agregaba:

«Un Estado en un país dependiente, que sirve, que cumple su rol, que planifica, que fiscaliza, que dirige, que da asistencia, ubica al liberalismo fuera de contexto, porque entonces el liberalismo no puede desarrollar su viejo proceso de acumulación en base a la competencia despiadada, a la política monopólica».