Violencia: una herramienta política

El golpe de Estado de marzo de 1976 implicó un corte abrupto en el devenir del país. Bajo el supuesto de combatir la corrupción del gobierno peronista y la subversión de orientación marxista, a fuerza militar se avasallaron las instancias republicanas y los derechos constitucionales.

Bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional, no solo se procuró la detención, tortura, exilio y desaparición de miles de compatriotas, sino que se logró construir un consenso al interior de la sociedad en el que la violencia desatada tenía su origen en el desenfreno de las organizaciones populares. Particularmente el discurso de la Junta Militar apuntaba a la guerrilla, pero golpeaba sobre el conjunto del cuerpo social, sobre todo en el movimiento obrero.

Con la restauración del sufragio en 1983, Raúl Alfonsín en el gobierno construye -con elementos ciertos y conclusiones falsas- un relato reduccionista y lineal presentando a la violencia política como producto del enfrentamiento de Dos Demonios. Bajo esta teoría, el Terrorismo de Estado quedaba justificado por el extremismo izquierdista. Al Decreto 158/83 ordenando el procesamiento de los integrantes de las tres primeras juntas militares, le correspondió en espejo el Decreto 157/83 solicitando lo mismo para las conducciones de Montoneros y el ERP.

Rodolfo Walsh, en su “Carta Abierta a la Junta Militar”, expone el vínculo existente entre “libertad económica” y “terror político” perpetrado por una banda encaramada en el Estado surgida de las propias instituciones del gobierno que habían depuesto. Con una mirada similar, Rodolfo Fogwill, en “Herencia Cultural del Proceso”, rompe con los supuestos determinismos conceptuales entre “dictadura” y “democracia” señalando que el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional no comienza donde dice que comienza, 24 de marzo de 1976, sino que lo hace antes como parte de una política represiva y económica anterior: Masacre de Trelew, Triple A, Ezeiza y el Rodrigazo, a los que se le puede agregar los Operativos Independencia y Serpiente Roja.

Así damos cuenta que la organización temporal de los procesos políticos y los relatos construidos en su rededor escapan al corte propuesto por las categorías democratizantes que obnubilan la memoria colectiva y tergiversan el hecho histórico. ¿Cómo puede ser que se termine aceptando las crónicas del genocidio sin recaer que en nuestro presente siguen operando las causas que le dieron origen? ¿Acaso la actual democracia que en su restauración prometió curar, educar y dar de comer es mejor en todos sus aspectos de la que fue depuesta en 1976? ¿A partir de cuándo pasó a ser intolerable la lucha por subvertir las estructuras de la injusticia y se prefirió el orden que todo lo desordena? La presentación de las causas como efectos no es producto de una confusión analítica, sino la deliberada forma en que el Capital, por intermedio de sus derivas políticas, trae consigo no como ensayo de respuesta, sino como práctica habitual de construcción de hegemonía cultural.

Para Horacio González, en “El discurso presidencial y la crisis argentina”, el reduccionismo y la falta de historicidad de Alfonsín volvía a quedar de manifiesto con la caracterización que realiza del levantamiento carapintada de Semana Santa (1987) al marcarlo como contracara del proyecto democrático donde “la sociedad toda ha visto a donde conducen los atajos, las desviaciones institucionales […] la democracia debe asumir que hay certidumbres sobre las reglas de resolución de conflictos pero no sobre los resultados de los mismos”[1]. Al señalar al golpismo como un “atajo” se asistía a la operatoria de sindicarlo como error en el camino por llegar a un mismo e inexorable lugar: la actual democracia liberal con sus formas, prácticas, contenidos, reglas y horizontes a los que todos aceptan sin importar sus posiciones ideológicas. Es como si la restauración del sufragio, leída en clave de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, trajera a colación la célebre frase de su novela El Gatopardo, “Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie”.

Necesitamos volver a intervenir militantemente sobre el pasado una y mil veces más desentrañando los mecanismos que han vuelto tolerable las consecuencias de la dictadura e intolerantes las formas de oposición y resistencia. Hay que dar cuanta de los reales alcances que tiene el Nunca Más como paradigma de los derechos democráticos y no eludir el debate sobre el uso de la violencia como herramienta política popular.

La violencia no comienza en los 70, como la narrativa de la ultraderecha sostiene. Solamente por tomar de referencia el siglo XX, la violencia comienza con las matanzas obreras de la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde prosiguiendo con el bombardeo a Plaza de Mayo, la proscripción, los fusilamientos de José León Suarez, el Plan CONINTES, el profanamiento y desaparición del cadáver de Evita, entre otros episodios aberrantes. Hechos de violencia perpetrados desde arriba que explican en parte la respuesta, aunque asimétrica, de los de abajo. Es falso plantear que la sociedad argentina no conocía la violencia política antes del surgimiento de las guerrillas, solo que la misma había emanado siempre desde el Estado y las patronales.

La identidad y los actos de los agrupamientos de los 70 tampoco se piensan a sí mismos desanclados del pasado. Montoneros, uno de los actores fundamentales, elige su nombre evidenciando su vínculo como parte de las tensiones irresueltas y surgidas desde el mismo momento de fundarse la Nación. ¿Acaso no ponían de manifiesto estas tensiones autores epocales como Arturo Jauretche, Julio Irazusta, Hernández Arregui, Fermín Chávez, Silvio Frondizi o Milcíades Peña, que hurgando en el pasado buscaban insumos políticos para su presente? El Aramburazo, fue planteado (es) como un hecho de reparación histórica por los fusilamientos de militantes peronistas. La montonera volvía a levantarse impartiendo justicia ahí donde la prepotencia del poder central arreciaba contra el pueblo.

Similar justificación, desde otra latitud, pero sin estar necesariamente desvinculada, fue utilizada por Fidel Castro en su alegato de defensa (1953) frente a los hechos del Moncada al señalar que “Santo Tomás de Aquino, en la Suma Theologica, rechazó la doctrina del tiranicidio, pero sostuvo sin embargo la tesis de que los tiranos debían ser depuestos por el pueblo”. Y así, de Argentina a Cuba y de Argelia a Vietnam, se pasaba de razonar críticas a la crítica de las armas, despertando del sopor conservador al conjunto de Nuestra América ávida de concretar utopías.

No se trata de ensalzar a priori la lucha armada de las organizaciones populares de los 60 y 70, sino de entenderlas en su consciente accionar frente a la injusticia y genuinas intenciones emancipatorias. Ningún militante fue arrastrado por el destino o alguna fuerza inefable a tomar ese camino, el mismo fue una opción consciente de ética y política revolucionaria. Todo análisis, toda crítica o toda reflexión sobre los desenlaces históricos debe evitar la heroicidad del bronce, que todo lo vuelve inalcanzable, y la victimización, que todo lo vuelve fútil.