Una dolorosa derrota que desnuda la crisis del Movimiento Nacional

El miércoles 11 de febrero de 2026 será recordado como un día de fuerte retroceso en la historia de las luchas populares de nuestra Patria; y no solo por la reducción de derechos y pérdida de conquistas que significa la reforma laboral impulsada por la administración colonial de turno, sino por la expuesta debilidad e impotencia de quienes nos encontramos del otro lado de la mecha.

La crónica de la derrota comienza con una marcha convocada por dirigentes que habían pactado, de antemano, una movilización pacífica, testimonial y sin paro general alguno, a cambio de que se no se toquen las cajas de las obras sociales y la obligatoriedad del aporte sindical dentro de la reforma. Dirigentes sindicales convertidos en empresarios capitalistas cuidando sus bolsillos, traicionando a la base popular y trabajadora que le otorgó su lugar de poder político. Mercenarios, cuidando su rentabilidad cortoplacista (a largo plazo, sin trabajadores no hay sindicatos), sin medir consecuencias sociales ni, mucho menos, defender un modelo de Argentina con industria, trabajo, salarios y condiciones laborales dignas.

Del lado de la militancia política, la ausencia total de proyecto político que contraponga con el modelo de saqueo vigente, hace imposible que emerja una conducción que aglutine la mayoritaria bronca contra el gobierno colonial.

Más de una década de desideologización, de inculcar la militancia por el cargo y no por el proyecto político, de hacer seguidismo electoralista en vez de fortalecer convicciones y certezas colectivas, terminó por desmovilizar y atomizar al campo nacional, dejándolo débil e impotente para contrarrestar los ataques de las corporaciones extranjeras sedientas por las enormes riquezas de nuestro suelo en un contexto de tensión por el nuevo reordenamiento geopolítico.

La movilización del miércoles fue un ejemplo nítido de lo anteriormente narrado; la CGT haciendo de policía contra todo aquel militante que tenga voluntad de lucha contra el aparato represor que custodiaba el recinto, enorme columnas de delegados gremiales entre Sáenz Peña y 9 de Julio, con plaza congreso a medio llenar, permanencia promedio de una hora, y la genuina militancia política totalmente desarticulada, desorganizada, quedando expuesta a la represión de policías y patotas sindicales en comunión (solo divididos por los uniformes, pero igualmente enajenados por las drogas y su instinto de preservar el puesto de trabajo).

Del lado de adentro ninguna novedad. Traición que, por recurrente, se encuentra naturalizada y visibiliza cada vez más que las elecciones son solo un trámite formal, de una democracia tutelada, y que las soluciones reales que necesita nuestro pueblo están muy lejos de las urnas. Que no comienzan por allí, sino en la calle, cubriendo esa vacancia de proyecto nacional y organización política revolucionaria con voluntad y vocación de poder.

Viendo esta realidad en la calle, y las postales del palacio, un compañero, Agustín Sosa, decía que “el enemigo crece en número comprando voluntades, pero también crece la bronca”.

Y es exactamente así, la tarea es nutrir esa bronca de ideología, proyecto emancipador y canalizarla hacia la organización política popular para ponerle un freno a este modelo saqueo colonial.

 

Las estructuras de la dependencia que nadie se animó a cambiar

Mientras se publica esta edición, se cumple un nuevo aniversario de la Ley de Entidades Financieras (Ley 21.526) sancionada el 14 de febrero de 1977, hace 49 años, durante la dictadura cívico-militar encabezada por Jorge Rafael Videla. No fue una norma aislada ni una pieza técnica: constituyó el corazón jurídico del nuevo régimen de valorización financiera, cuyo objetivo estratégico era desarticular el modelo industrialista construido entre 1945 y 1975, y reemplazarlo por una estructura de economía primarizada, y especulación financiera, subordinada a los mercados internacionales.

La ley firmada por Martinez de Hoz y el presidente de facto, constituye una pieza estructural en la arquitectura de la Argentina colonial; motivo por el cual ningún gobierno desde el retorno de la democracia se atrevió a modificar sus objetivos y efectos fundamentales. Esto habla de la importancia del análisis profundo de la misma, y también de los estrechos límites de la democracia formal y tutelada que rige desde 1983.

La ley se trató de una profunda reforma financiera que se integró a la apertura comercial, la liberalización del tipo de cambio, la desregulación del flujo de capitales y el endeudamiento externo. Su núcleo fue el desplazamiento del Estado como ordenador del crédito y planificador del desarrollo, para ceder ese rol a los bancos y agentes privados. Durante casi cinco décadas, ese marco jurídico permaneció vigente, atravesando gobiernos democráticos y dictaduras económicas de facto, consolidando un sistema financiero anti-industrial, pro-especulativo y desnacionalizado.

La tasa de interés como ordenador del sistema económico

La ley modificó radicalmente el papel de la tasa de interés, que dejó de ser un instrumento estatal de asignación del crédito para convertirse en el criterio dominante de valorización.

Hasta ese momento, la tasa de interés esa administrada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) asegurándose que sea beneficioso, más rentable, invertir en producción que conservar el ahorro en una herramienta financiera. En otras palabras, el crecimiento productivo, y de consumo, siempre era superior a la tasa de retorno asignada por la planificación estatal. De esta forma, el empresario podía tomar crédito e invertir en producción, con total seguridad de estar haciendo lo más conveniente. De igual manera, el particular, la familia argentina, podía entrar en un crédito hipotecario con una certeza de posibilidad de pago que, posterior a la imposición del nuevo régimen financiero, nunca más existió.

Bajo la nueva lógica de la ley de facto, donde el privado reemplaza a la planificación estatal e impone la tasa de interés, solo aquellas actividades con retornos superiores a la misma acceden a financiamiento productivo y, el resto, opta por cerrar la fábrica y dedicarse a la especulación financiera que comienza a ser más rentable que producir. De esa manera se comenzaron a relegar sectores estratégicos como la industria, tecnología, infraestructura o ciencia.

La consecuencia es que el sistema financiero pasó a dirigir la producción, cumpliendo una función típicamente estatal: decidir qué sectores crecen y cuáles desaparecen. El cálculo financiero reemplazó a la planificación estratégica y a la política industrial, desplazando al Estado de una de sus funciones esenciales: coordinar la estructura productiva.

Desde una perspectiva política, este mecanismo implica la privatización de la política de desarrollo. La decisión de qué país se construye —agrario, industrial, científico o primarizado— quedó subordinada a un diferencial de tasas y no al interés de un proyecto nacional.

Garantía de depósitos: socializar pérdidas y promover la concentración del negocio

La ley debilitó las funciones del BCRA y desreguló el sistema financiero, a tal punto que se estipuló, en la misma, un régimen estatal de garantía de depósitos para que el fraude bancario no sea moneda corriente. Este cambio estimuló una competencia agresiva por captar fondos, que derivó en alza de tasas y expansión del crédito de corto plazo. El resultado fue una burbuja financiera que terminó en múltiples quiebras (BIR, Los Andes, Ganadero, Rural, Oddone, etc.) y en una mayor concentración del sistema.

Este modelo privatizó las ganancias y socializó los costos: cuando hubo crisis, el Estado absorbió pérdidas; cuando hubo excedentes, se los apropiaron los bancos. Es la matriz del capitalismo rentístico periférico, donde la sociedad financia el riesgo y el sector financiero captura la renta.

Secreto financiero y opacidad estructural (art. 39)

El secreto financiero establecido por la ley convirtió al sistema bancario argentino en una caja negra. Ni siquiera el Banco Central puede difundir cierta información sin autorización. Este nivel de opacidad favorece:

• fuga de capitales
• triangulación offshore
• elusión fiscal
• planificación financiera extranjera
• debilitamiento de la supervisión
• desinformación estatal

En términos de soberanía, un país cuyo Estado no conoce la composición de su propio crédito, de sus pasivos externos ni de sus circuitos de fuga es un país administrado desde afuera.

Banca universal: deslocalización del ahorro nacional

La implementación de la banca universal autorizó a los bancos a operar en todos los segmentos (comercial, bursátil, cambiario, inversión) eliminando barreras funcionales y regulatorias. Esto permitió poner depósitos del público al servicio de la especulación financiera nacional y extranjera, desviando ahorro argentino hacia operaciones sin vínculo con la producción.

El efecto fue la desnacionalización del ahorro interno: los fondos captados territorialmente no se transformaron en crédito local sino en instrumentos de valorización especulativa. De este modo, el sistema financiero se volvió argentino en su superficie, pero extranjerizado en su función. Desde 1977 a la fecha, la mayoría de dinero puesto en el mercado bursátil fueron a herramientas financieras extranjeras o directamente liquidados en custodias externas (fuera del país).

Exclusión del carácter de servicio público

La ley excluyó expresamente al crédito del ámbito de los servicios públicos, eliminando la obligación de:

• promover desarrollo
• garantizar acceso
• financiar sectores estratégicos
• cumplir objetivos productivos

Desde el punto de vista institucional, esto es excepcional: en las economías capitalistas desarrolladas, la actividad bancaria se considera servicio público de interés nacional, dado que administra el dinero y el ahorro del conjunto social.

En la Argentina pos-1977, el crédito dejó de ser un instrumento de política económica para convertirse en mercancía financiera. Sin crédito orientado, no hay industrialización posible.

Fomento del mercado de corto plazo y carry trade

La combinación de tasas altas, libre movilidad de capitales y expectativas de atraso cambiario promovió el carry trade, mecanismo por el cual operadores internacionales entran dólares, los colocan a tasa en pesos y recompran dólares con ganancias extraordinarias.

Este proceso generó:

• apreciación cambiaria
• desindustrialización
• volatilidad macroeconómica
• endeudamiento externo
• fuga de capitales
• pérdida de reservas

No es un efecto colateral: es la lógica central del régimen financiero argentino desde 1977 hasta la actualidad dado que genera necesidad de aumento de exportaciones permanente, toma de deuda, insuficiencia de divisas crónica; en síntesis: dependencia al poder extranjero.

Consecuencias: Desindustrialización y consolidación de la valorización financiera

Los efectos sobre la estructura productiva fueron evidentes:

• contracción de la participación industrial en el PBI
• cierre de fábricas
• desarticulación del empleo calificado
• reprimarización de exportaciones
• dependencia tecnológica
• debilitamiento del mercado interno

La valorización financiera es el antagonista directo de la industrialización. No coexisten: cuando domina una, se retrae la otra.

Un nuevo marco financiero para el desarrollo nacional

Un sistema financiero que promueva el trabajo y el desarrollo nacional debe asumir tres principios básicos:

1. La banca es un servicio público.
2. El Estado orienta el crédito.
3. El ahorro nacional se transforma en la principal Fuente de financiamiento de la producción nacional.

Ejes principales

1. Derogación integral de la Ley 21.526 y sanción de una Ley de Sistema Financiero para el Desarrollo Nacional.
2. Reconocimiento del carácter de servicio público del crédito y la intermediación financiera.
3. Orientación sectorial del crédito mediante políticas públicas y planificación económica (industrial, tecnológica, energética, agroindustrial y PyME).
4. Creación o fortalecimiento de banca pública, desarrollo, vivienda e infraestructura.
5. Prohibición estricta de operaciones especulativas con depósitos del público.
6. Orientación del ahorro a herramientas financieras asociadas al crédito productivo.
7. Reforma del secreto financiero para habilitar trazabilidad de flujos, supervisión estatal y acciones contra fuga y evasión.
8. Regulación de la movilidad de capitales para evitar ciclos de carry trade y volatilidad externa.
9. Banca regional y federal, para corregir asimetrías territoriales dentro del plan de desarrollo económico.
10. Participación social y parlamentaria en la supervisión, para democratizar la información económica. Participación de los trabajadores en los directorios de todo el sistema financiero.

Este modelo de sistemas financiero regulado no es utópico ni aislado: es similar al que aplicaron Corea del Sur, China, Brasil, Israel, Alemania, Francia y Japón en sus etapas de mayor expansión industrial. A su vez, se aparenta con el modelo aplicado localmente entre 1945 y 1976 que llevó al país en ser, indiscutidamente, la nación con mayor desarrollo industrial y mejor poder adquisitivo del salario de toda Nuestra América.

El caso argentino es una muestra más de que no hay industrialización sin crédito, no hay crédito sin banca pública, y no hay banca pública sin Estado planificador. La ley 21.526 aseguró exactamente lo contrario: mercado sin planificación, banca sin Nación, crédito sin producción.

En otras palabras, se trata de destruir los pilares estructurales de un esquema de Argentina colonial y volver a pensar en la posibilidad concreta de retomar un proyecto de desarrollo nacional, soberano y socialmente justo.