Un modelo que no cierra por ningún lado

No importa las remanidas frases del gobierno que están cumpliendo todas las etapas y que, al tener superávit fiscal, garantizan tener recursos para comprar las divisas que sean necesarias para cumplir con los pagos de los servicios de la deuda. Y no solamente porque son mentiras, sino porque no tienen fundamentos teóricos ni evidencia empírica de que alguna vez haya pasado.

En lo que respecta a las tres etapas mencionadas por Luis Caputo, la primera la de déficit fiscal 0 (cero), la cumplieron hasta mayo 2025 a costa de capitalizar intereses en Lecap, Nocap, y LeFi, que son títulos de deuda que abonan su rendimiento al vencimiento. El superávit financiero acumulado de los primeros cinco meses del año 2025 fue de 1.786.128 millones de pesos, cuando los intereses que se capitalizaron en las letras y notas capitalizables en igual período 2025 fue por un total de 4.759.823 millones de pesos, de haberse abonado los mismos se incurría en déficit financiero.

Pero en el mes de junio, según informa la OPC (Oficina de Presupuesto del Congreso) que tiene acceso al SIDIF[1]  el déficit primario (antes del pago de los intereses de la deuda) fue de 1.019.024 millones de pesos que, al pagarse intereses por 1.724.756 millones de pesos, generó un déficit en el mes de 2.743.780 millones de pesos.

La segunda etapa que llamaron de emisión 0 (cero), y si bien es cierto que el BCRA no financia directamente al Tesoro de la Nación, pero no es menos cierto que la Base Monetaria (que es la cantidad de dinero creado y puesto en circulación por el BCRA) creció con la actual administración mucho más que la inflación y que del incremento de los distintos tipos de cambio, dado que el BCRA emitió para comprar dólares que después no conservó (fuga de capitales). 

El mismo ministro de Economía, Luis Caputo, sintetizó en que, hasta mayo 2025, redujeron el gasto público en 5,5% del PIB (era de 22,5% en el año 2023 y pasa a ser del 17% del PIB en mayo 2025). Es en pesos, pero el ajuste del gasto es equivalente a unos 27.500 millones de dólares. Y plantean después de las elecciones nacionales del 26 de octubre 2025, obligar a las provincias y municipios del país, con menos transferencias y con la reforma tributaria, reducir sus ingresos.

Tanto en las dos licitaciones de deuda de la Secretaria de Finanzas de la Nación del mes de junio 2025, como la del lunes 7 de julio 2025, se convalidaron tasas en pesos hasta del 39% nominal anual, y la mayor parte se renovó a 30 y a 60 días, que es una tasa muy mayor respecto a la inflación y al ajuste cambiario que espera el gobierno hasta el 26 de octubre 2025.

El ajuste fiscal debe ser cada vez mayor porque los intereses a pagar son cada vez mayores, ante una deuda que se expande, y porque los ingresos tributarios dejaron de crecer al ritmo de una economía en donde cae fuertemente el consumo de los llamados bienes salarios que conforman la "canasta salarial", son los bienes necesarios para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores, como alimentos, ropa, vivienda, transporte, etc. y por ende resiente el ingreso del IVA demás impuestos al consumo, que significó siempre en torno al 75% de los ingresos impositivos nacionales.

El fuerte ajuste fiscal sobre los salarios de la Administración Nacional, salud, educación obra pública, subsidio a la energía y al transporte, transferencias a las provincias implicó una menor erogación y con ello menor emisión de dinero ante un menor gasto, pero es contrarrestada por una política monetaria expansiva, que aumenta la Base Monetaria y las distintas ofertas de dinero por el carry trade (bicicleta financiera).  Detrás del relato de disciplina fiscal se esconde, en realidad, una redistribución regresiva del ingreso: menos pesos en los bolsillos de los sectores populares producto del ajuste, y más pesos para quienes apuestan a la renta financiera.

Es más, el gobierno se dispone a vetar la ley de aumento previsional, en la que la OPC estima que el bono mensual de $110.000, y su posterior actualización por inflación tendría un costo fiscal de alrededor de 0,26% para lo que resta del año, y  el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026, cuando se eliminó la recaudación del Impuesto PAIS (a la compra de dólares u otra divisa en billete) que en el año 2024 significó el 1,45% del PIB.

La tercera etapa que Caputo definió como recapitalizar al BCRA, que se instrumentó con el abandono del cronograma cambiario por una banda de flotación desde el lunes 14 de abril de 2025, donde se fija el piso y el techo de la misma, se logra con una mayor deuda.

El incremento de las reservas brutas del BCRA es porque el Tesoro de la Nación acrecentó la deuda pública nacional hasta el 30 de junio 2025, en15.300 millones de dólares, de los cuales 12.000 millones de esa moneda fue con el FMI, 1.300 millones con el Banco Mundial, y 2.000 millones por un REPO[2].

El ingreso externo es fundamentalmente por colocación de títulos de deuda, que es funcional a los acreedores, porque la Argentina va camino a un default y que ellos plantean cobrar  con nuestras empresas públicas y nuestros recursos naturales, y no trepidan hasta en burdas maniobras de estafa judicial, como fue el pago a los fondos buitres (holdouts), por 4.650 millones de dólares en el año 2.016, encabezados por el fondo Elliot de Paul Singer, quién fue fotografiado pescando en alta mar con el miembro de la Corte Suprema de los EEUU, Samuel Alito, el 20 de junio de 2014, Corte que ese año, al rechazar tratar el tema argentino, convalidó el fallo adverso del juez del Distrito Sur de Manhattan, Thomas Griesa.

Ahora incluso es peor, cuando la jueza Loretta Preska que sustituye al fallecido Thomas Griesa, aceptando lo propuesto por los estudios, Burford Capital, y Eton Park, falla que la Argentina le pague 16.100 millones de dólares (más los intereses el 4,52% anual en dólares desde el 4 de diciembre de 2023), al comprar el primero de los nombrados, a principios de 2015, el 70% del juicio a la familia Eskenazi (el 30% sigue en poder de la familia) que era socia de YPF SA cuando Repsol tenía la mayoría accionaria. La demanda principal de Burford Capital se sostiene en que, según el artículo 7° del Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol. Además, se alega perjuicio porque tras entrar en la compañía el Estado (con un nuevo Directorio YPF SA) decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y la familia Eskenazi, con la que la familia Eskenazi compraba las acciones de YPF SA.

La jueza Loretta Preska ordenó la realización de una audiencia de descubrimiento el próximo martes 15 de julio a las 10:00 (hora local) en la sala 12A del tribunal federal del distrito sur de Nueva York. La convocatoria responde a un pedido de los demandantes en el caso YPF, que buscan obtener información sobre entidades estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA, Nucleoeléctrica, y el Banco Central de la República Argentina, con el objetivo de avanzar en embargos.

Paralelamente, el ministro de economía Luis Caputo mantiene conversaciones con su amigo el argentino, es CEO del HSBC de Nueva York, residente de ese Estado, y ahora lobista de Buford Capital, Gerardo “Gerry” Mato, para arribar a un acuerdo extra judicial.

Luis Caputo va a aducir que, si no se “arregla” el pago a YPF SA, la Argentina no va a poder acceder al mercado de capitales, que es obviamente su interés principal y funcional a los grandes tenedores de títulos de deuda argentino, que saben que tarde o temprano el país que no puede abonar la totalidad de los intereses que la misma devenga, menos va a poder afrontar el pago del capital.  Y ante el default, van a pedir a cambio las empresas públicas y nuestros recursos naturales.

Gerardo “Gerry” Mato, fue quién convocó en su casa de Nueva York a los “cajeros” de la campaña presidencial de Javier Milei en el año 2023, Juan Napoli y Darío Epstein[3], a fin de recolectar fondos.

 

En síntesis

El gobierno de Milei, trata de llegar como sea al domingo 26 de octubre de 2025 en que se realizan las elecciones de legisladores nacionales, pretende que la población se desanime y no vaya a votar y, los que sí lo hacen, lo hagan por ellos. Y van a usar esos votos para profundizar el ajuste fiscal y económico en desmedro de la mayoría de la población, como lo realiza desde el 10 de diciembre de 2023. 

El camino no parece fácil. Por un lado, a fines del mes de junio, el JP Morgan (Banco donde los principales accionistas son Vanguard Group y BlackRock y donde trabajaron muchos años Luis Caputo y Santiago Bausili) aconsejó esperar antes de seguir comprando títulos de deuda argentinos, esencialmente por las mismas condiciones que afirmó BlackRock en septiembre de 2024, que el tipo de cambio estaba sobrevaluado y reflejaba mal el valor de los activos argentinos. Otro fondo PIMCO (Pacific Investment Management Company), que es estadounidense con base en Manhattan, informó que se va a ir desprendiendo de títulos de deuda del país.

En el frente interno el constante cierre de empresas y la suspensión de trabajo, más el ajuste y cierre de importantes entidades públicas, la falta de inversión en la obra pública demostrada palpablemente en el corte del suministro de gas en Mar del Plata y en otras localidades de la Argentina, en pleno invierno, cuando han fijado las tarifas que quisieron, como también dejaron a las grandes empresas establecer los precios de los alimentos, ropa, combustibles, transporte, medicamentos, etc., y los bancos determinan tasas del 50% anual de interés para los descubiertos en cuenta corriente y del 85% y más para financiar los saldos de las tarjetas de créditos, y abonan por sus depósitos a plazo fijo tasas del 30% nominal anual. Los que fijan precios y tasas han acumulado una fortuna y se pasan a divisas y fugan capital, máxime con la falta de controles vigentes.

Las provincias que salvo honrosas excepciones se subordinaron desde el 10 de diciembre de 2023 al gobierno central, en la sesión del jueves 10 de julio 2025 exigieron (con la sanción del Senado de la Nación) el reparto automático de los ATN (Aportes del Tesoro de la Nación), que se conforma con el 1% del total de los impuestos coparticipables, más el 2% de la distribución del impuesto a las ganancias. Fondo que se debe destinar a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los distintos gobiernos provinciales. Durante todo el año 2024 se le giró al conjunto de las provincias solo el 7,3% de dicha recaudación (por ejemplo, no se apoyó con los ATN a las inundaciones en Bahía Blanca), y en los primeros seis meses de 2025 el 11,4% de lo recaudado.

 

La teoría y la práctica

La necesidad de dólares en los próximos años será muy alta, con lo cual el ingreso de capitales debería ser notable, no solo por lo que se demandará vía Cuenta Capital sino también por Cuenta Financiera (grandes vencimientos de deuda pública y privada en moneda extranjera). El gobierno en lugar de priorizar el ajuste fiscal, que reduce aún más la economía nacional, debe apuntalar el ingreso de divisas por inversión y por exportaciones, y debería tomar todas las medidas necesarias para ese fin, la primera es investigar cómo se conforma la deuda, y la segunda, controlar estrictamente la salida de capitales.

Los grandes grupos financieros lo saben, solo que quieren hacerlo ellos, una vez que la deuda pública colapse y exigir a cambio de sus tenencias nuestros activos y recursos naturales.