Tierra en venta: La extranjerización avanza y la derogación de la ley abre el territorio al capital de EE.UU.

Más de 13 millones de hectáreas, una superficie equivalente a toda Inglaterra, están hoy en manos extranjeras dentro del territorio argentino. Esta cifra, que representa casi el 5% del país, es el resultado de un proceso silencioso de acaparamiento de tierras que las políticas de desregulación actuales amenazan con acelerar de manera irreversible. Mientras el gobierno de Javier Milei impulsa una reforma que busca derogar la Ley de Tierras Rurales —presentada como una “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”—, dos observatorios dependientes del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierten que se trata, en realidad, de una "ley de extranjerización" que pondrá los bienes comunes de la Patria al servicio de los intereses geopolíticos de Estados Unidos y el gran capital extractivista.

El primer informe, elaborado por el Observatorio de Tierras integrado por investigadores del CONICET y la UBA, presenta un mapa interactivo que revela la verdadera dimensión del fenómeno. Lejos de ser un problema menor, la extranjerización de la tierra no solo es masiva, sino que ya viola los límites legales vigentes en decenas de territorios. El estudio contradice de manera contundente el argumento oficial de que ninguna provincia supera el 15% de propiedad extranjera sobre sus tierras rurales. Al analizar la distribución por departamentos, los investigadores detectaron 36 distritos donde la presencia foránea excede ese umbral establecido por la ley.

Los casos más críticos se registran en puntos neurálgicos del país. En el departamento de Lacar, en Neuquén, corazón de la cordillera y sus recursos hídricos, la extranjerización supera el 50%. En General Lamadrid, La Rioja, y en Molinos y San Carlos, Salta, la proporción también se eleva por encima de la mitad del territorio departamental. Asimismo, se detectaron altos porcentajes en zonas estratégicas del río Paraná, una arteria fluvial clave para la hidrovía, la energía y el abastecimiento de agua. Según el relevamiento, Estados Unidos lidera el ranking de propietarios extranjeros con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España.

El segundo informe, publicado en abril de 2026 por el Observatorio de Tierras del Programa de Investigación sobre Historia Agraria (PRIHA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, profundiza en el peligro que representa la derogación de la ley. Señala que la propuesta de modificación del régimen de tierras rurales "marca un punto de inflexión regresivo en materia de soberanía territorial". Lejos de fortalecer derechos —como argumenta el Ejecutivo al hablar de inviolabilidad de la propiedad—, el proyecto "debilita las capacidades estatales de regulación y abre el territorio a una lógica de mercado sin resguardos suficientes". Por eso, los investigadores sostienen que, más que una ley de protección, se trata de una "ley de extranjerización que pone en riesgo el acceso del pueblo argentino a los bienes comunes".

El debate actual no es un hecho aislado. De hecho, los informes advierten que esta embestida sobre la Ley de Tierras se inscribe en una ofensiva más general del gobierno de Milei contra todos los marcos regulatorios que protegen el territorio y los recursos naturales. En el mismo paquete de reformas enviado al Congreso —en medio del escándalo por los viajes del jefe de gabinete y la estafa con la criptomoneda $LIBRA— se incluye la modificación de las leyes de Expropiaciones, de Manejo del Fuego y la regularización dominial, además de la ya conocida avanzada contra la Ley de Glaciares. En palabras del Observatorio del PRIHA, "se propone profundizar la expansión extractiva y la creciente extranjerización".

¿Cuál es la amenaza concreta para la soberanía nacional? La ley vigente, sancionada en 2011, establece un límite del 15% de tierras rurales en propiedad de extranjeros por provincia y exige que los compradores foráneos acrediten residencia o radiquen su empresa en el país. Su derogación eliminaría estos techos, permitiendo que fondos de inversión, corporaciones agroindustriales y Estados extranjeros —con Estados Unidos a la cabeza— puedan adquirir extensiones ilimitadas sin ningún tipo de control. Los informes son claros: derogar la ley no apunta a fomentar inversiones productivas genuinas, sino a facilitar la apropiación de recursos estratégicos: agua, minerales, bosques, glaciares, y territorios enteros donde el capital internacional quiere instalar megaproyectos extractivos.

La sombra en el horizonte es el modelo de desposesión que ya se aplica en otras regiones de Latinoamérica, con el benepiácito de Washington. Argentina posee la tercera reserva de litio del mundo, agua dulce abundante, la Patagonia como reservorio de petróleo y gas por fracking, y una frontera agropecuaria codiciada. Derogar la ley de tierras es el paso previo para que corporaciones estadounidenses y sus aliados europeos tomen el control de estos bienes comunes sin contrapeso estatal. El mapa del CONICET ya muestra que EE.UU. es el principal actor extranjero con 2,7 millones de hectáreas. Sin ley de por medio, esa superficie puede multiplicarse exponencialmente en pocos años.

Los observatorios advierten, además, que esta desregulación profundizará los conflictos sociales. El aumento del valor de la tierra en zonas de alta demanda —especialmente aquellas con recursos estratégicos o belleza escénica— expulsará a las poblaciones locales, pequeños productores y comunidades indígenas que históricamente habitaron esos territorios. La concentración de la tierra en pocas manos extranjeras no solo atenta contra la soberanía nacional, sino que vulnera el derecho al acceso a la tierra, al agua y a un ambiente sano, principios que nuestra Constitución y tratados internacionales protegen.

Vivimos un momento crítico. Mientras el gobierno de Milei, alineado explícitamente con los intereses de Estados Unidos y el capital financiero global, impulsa la derogación de esta ley bajo el velo de la "libertad" y la "propiedad privada", los informes técnicos de CONICET y la UBA demuestran lo contrario: se trata de un saqueo planificado. No es casualidad que esta ofensiva se lance cuando la extranjerización ya supera el 50% en departamentos enteros y cuando EE.UU. ya es el mayor terrateniente foráneo. Derogar la ley de tierras significa entregar la soberanía territorial sin disparar un solo tiro. Significa que el agua, el litio, los bosques y la tierra fértil dejen de ser un patrimonio colectivo para convertirse en una mercancía más al servicio de las potencias.

La derogación de la ley de tierras no es una reforma técnica. Es la puerta de entrada al extractivismo a gran escala, la expulsión de los pueblos y la consolidación de un modelo neocolonial. Como advierten los investigadores, esta ley de "inviolabilidad" es en los hechos una ley de "extranjerización". El Congreso debe frenar este retroceso. La defensa de la tierra y los bienes comunes es la defensa de la Nación.